Maria Antonia Muñoz es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) e indaga las formas en que la acción colectiva, la organización y la formación de sujetos impacta sobre las transformaciones sociales.
El 1 de mayo se recuerda la lucha particular de quienes trabajaban en la ciudad de Chicago en 1886 y buscaban reducir su jornada laboral, de más de diez horas a ocho horas pactadas. El resultado de esos conflictos fue la represión y el asesinato de muchas de estas personas que reclamaban, quienes se convirtieron en “los Mártires de Chicago”. “Es algo que en Argentina conocemos de sobra. La represalia a través de la violencia, la represión y la desaparición física siempre es un recurso utilizado para apagar las luchas. No obstante, como numerosos sociólogos y politólogos sostienen, el conflicto es el motor de la sociedad. La jornada de ocho horas es un derecho que actualmente gozamos en nuestro país gracias a las luchas que se dieron aquí”, indica la investigadora.
Muñoz explica que los derechos laborales no son solo el resultado de propuestas legislativas y negociaciones parlamentarias. Las luchas, las acciones contenciosas, las protestas son las formas en que el movimiento de la sociedad actúa sobre estas políticas. “Son sobre todo el resultado de las luchas que nos hemos dado las y los trabajadores para generaciones presentes y futuras”, sostiene la científica.
Para la socióloga esta fecha siempre ha sido importante en Argentina por el protagonismo del movimiento de trabajadores y trabajadoras, pero considera que actualmente tiene un valor singular. “Nos recuerda que, si queremos mejorar nuestras condiciones de vida, mejorar nuestros salarios, generar convenios colectivos pautas de relación con nuestro empleador, ampliar las perspectivas de género de nuestras instituciones laborales, tenemos que organizarnos y actuar colectivamente. No solamente para mejorar lo propio, sino también mejorar las condiciones de conjunto”, añade Muñoz.
Trabajadores populares
La especialista explica que trabajar en la economía popular se traduce en no tener una relación asalariada ni un empleador o patrón visible, o sea que quienes trabajan en estos espacios no cuentan con un salario privado y aunque su actividad beneficia a un sector de la población, no hay contratación directa. Y ejemplifica con la actividad de quienes realizan la recolección y reciclado de materiales en la vía pública, comúnmente conocidos como cartoneros. “Juntan latas que luego son vendidas a marcas como Coca Cola que usan en su producción de gaseosas abaratando sus costos. A diferencia del trabajo socio-comunitario, que son actividades como cocinar o trabajar la huerta que reducen los costos de reproducción social que debería ser pagadas por el Estado y el sector privado”, ilustra la socióloga.
Muñoz se pregunta entonces si estas personas trabajan, pero no tienen salario o empleador directo ¿Por qué no se llaman independientes o autónomos? “Mi respuesta es que el trabajo en la economía popular es una realidad sociolaboral pero también es un nombre político”, refiere la socióloga. En este sentido, recuerda que el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular surgió en Argentina luego de la crisis del 2001 en el contexto de revitalización del empleo y de la economía, luego de una década de reestructuración social que cambió radicalmente los salarios, las formas de crear trabajos y su contratación. En aquel contexto el mercado laboral no lograba absorber a toda la fuerza de trabajo disponible y entonces se “inventaron” trabajos en un mercado laboral que los excluía.
“Era posible pensar que los trabajos comunitarios, la recolección de residuos de manera cooperativa, las actividades agrícolas familiares, la venta en espacios públicos, los trabajos de construcción cooperativo, no eran trabajos pasajeros. Habían llegado para quedarse y era necesario que se le asignen los derechos laborales correspondientes”, advierte Muñoz. Y señala que actualmente esta situación alcanza a más de tres millones de personas, de las cuales el 58 por ciento son mujeres, pero que, según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, este valor asciende a seis millones de personas.
El trabajo después de la pandemia
Muñoz explica que la pandemia causada por la COVID 19 visibilizó un conjunto de actividades que, si bien producen riquezas y son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, no se les asignaba el valor de trabajo. “Me refiero a los trabajos de sostenibilidad de la vida o de cuidados tanto al interior de los hogares como en el espacio comunitarios. Durante el período en que regía el aislamiento preventivo obligatorio, al cerrarse las escuelas y las instituciones de cuidados de las personas dependientes, las mujeres cumplieron un rol central. Y también fueron protagonistas de los procesos alimentarios en espacios comunitarios: comedores, merenderos y huertas. Si bien sigue siendo materia de discusión política qué tareas se reconocen como “trabajo”, esas actividades fueron sustantivas en la pandemia” sostiene la investigadora.
“A pesar de que existen algunos reconocimientos institucionales, simbólicos y sociales a esas actividades en su condición de trabajo, luego de la pandemia, los derechos asociados al trabajo todavía son precarios”, indica Muñoz. Esto se debe a que las trabajadoras de los espacios comunitarios si bien reciben un ingreso, suele ser la mitad de un salario mínimo, mitad y móvil y no tienen las otras garantías y protecciones que supone una relación social asalariada formalizada. Aunque el Estado reconoce a las mujeres que han trabajado en el cuidado de sus hijos para alcanzar una jubilación y hay un conjunto de discursos públicos políticos que ponen sobre el tapete la necesidad de reconocer el trabajo que se realiza al interior de los hogares. Estas trabajadoras todavía viven una precarización en materia de acceso a bienes materiales, según explica la investigadora.
Muñoz menciona que en este sentido la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género dependiente del Ministerio de Economía, indicó a través del informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto” la estimación del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al sistema productivo. El mismo representa el 16 por ciento del Producto Bruto Interno del país y en su mayoría lo realizan mujeres, un valor semejante al informado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para América Latina.
“Actualmente el movimiento feminista y el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular apuntan a ampliar las bases de comprensión de los que son los trabajos y lo que significa su reconocimiento. Para superar esa injusticia se propone pagar un salario convirtiéndolas en trabajadoras”, advierte la socióloga.
Muñoz explica que la consigna de las trabajadoras de la economía popular más reciente se enmarca en un nuevo paradigma: “es amor y es trabajo”, en particular formulado por las cocineras populares. En ella se sostiene el mismo argumento del aporte específico de los cuidados en la riqueza nacional y al decir es “amor” visibilizan otro elemento, la idea de que en ese trabajo se contiene un modelo social diferente, donde el cuidado supone otra perspectiva en torno al bienestar social al que se establece en las sociedades actuales.
“Este modelo supone poner a las personas en el centro de la organización social y no a la acumulación, el crecimiento, las ganancias o la productividad, dando cuenta de su bienestar y construyendo un conjunto de instituciones que apunten a sostener en primera instancia a los más vulnerables como defensa de la sociedad en su conjunto. El trabajo entonces adquiere otra significación, no se trata solamente de las actividades para conquistar un ingreso, sino una transformación del entorno para el beneficio colectivo. Desde ese punto de vista, el feminismo no solamente permitió construir otro valor para el trabajo de cuidados, sino del trabajo en general”, concluye la investigadora.
Por Daniela Garanzini para el CONICET Mar del Plata