El fiscal que interviene en la causa por la ocupación de un predio de cuatro hectáreas en Mar del Plata pidió que las 30 familias que llevan adelante la toma desde la última semana sean desalojadas del lugar, tras el fracaso de la instancia de mediación abierta con los propietarios, informaron fuentes judiciales.
Juan Pablo Lódola, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 12 especializada en usurpaciones, solicitó a la justicia de Garantías que disponga la liberación y restitución de los terrenos, ubicados en la zona sudoeste de la localidad balnearia.
El pedido del fiscal se produjo tras el fracaso de la instancia de mediación penal abierta entre las familias que intervienen en la toma y las personas que presentaron títulos de propiedad del lugar.
Las partes habían sido citadas por la UFI 12 el último viernes, para participar en una audiencia que contó con la presencia del coordinador general de mediación penal, Sergio Irigoin, y en la que intervinieron además representantes de las áreas de Desarrollo Social y Niñez municipales, tal como prevé el protocolo de la Suprema Corte bonaerense para casos que involucren a grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
El encuentro no tuvo buenos resultados, y se dispuso un cuarto intermedio hasta este lunes, pero la segunda audiencia también finalizó «sin acuerdo», según fuentes judiciales, y las familias que llevan adelante la ocupación aseguraron que continuarán en el predio, ubicado en Avenida Fortunato de la Plaza y Tettamanti.
Según precisó el fiscal en su escrito de 8 páginas, al que tuvo acceso Télam, la ocupación se inició entre la tarde del último martes y la del miércoles, y de acuerdo a un relevamiento realizado por la Secretaría de Desarrollo Social comunal, intervenían al menos 28 familias, integradas por 94 personas.
Lódola aseguró que la toma se realizó a través del uso de «violencia y amenazas», ya que consideró acreditado que en el lugar fue arrancado un cartel de venta del predio, colocado por una inmobiliaria, y que «los ocupantes tomaron los terrenos a sabiendas de que los mismos no les pertenecen y en distintos horarios incluyendo la noche».
Tras la ocupación de los lotes, según precisó el titular de la UFI 12, las personas que intervinieron «comenzaron a delimitarlos con cables, alambres y palos, permaneciendo en el lugar a pesar de la intervención del personal policial perteneciente a la comisaría Distrital Decimosexta».
Señaló, además, que actuaron «amenazando a vecinos de la zona, quienes pretendían denunciar el hecho, para que no llamaran a los medios de comunicación y que de lo contrario les prenderían fuego sus viviendas».
El fiscal aseguró que los propietarios de los terrenos «además de acreditar su carácter de titulares», probaron también «que ejercen la posesión efectiva y pacífica a través de terceras personas».
A partir de estos elementos y tras el fracaso de la instancia de mediación, pidió al Juzgado de Garantías 5, a cargo de Gabriel Bombini, que disponga el desalojo y la restitución del predio.
Solicitó en ese sentido que se cumplan con los protocolos provinciales, que indican que el procedimiento debe realizarse de día y que en caso de solicitar intervención de la fuerza pública debe actuar «con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de sus bienes».
Precisó a su vez que debe hacerse «uso de la fuerza solo en caso de que resulte indispensable» y «en la menor medida posible».
En noviembre último, se produjo una toma en un predio municipal ubicado a unos 500 metros, que se desactivó de manera pacífica, luego de que la justicia de Garantías ordenara el desalojo por tratarse de un terreno inundable, utilizado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado como reservorio en caso de lluvias. (Telam)