Los integrantes del Programa de Investigación y extensión sobre Producción social del espacio y Derecho a la ciudad, de la Universidad Nacional de Mar del Plata expresaron su opinión en relación a la acuciante y heterogénea problemática habitacional de Gral. Pueyrredon, cuya más visible y reciente manifestación quedara plasmada en la toma de posesión de un predio en el barrio Las Heras, desde el domingo pasado.
En este marco, reiteraron que desde el año 2013 está en vigencia la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, y que se basa en cuatro principios rectores indivisibles: el derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada, la función social de la propiedad, el reparto equitativo de cargas y beneficios y la gestión democrática de la ciudad.
Estos cuatros principios otorgan derechos y obligaciones, dentro de las cuales prima el urbanismo como función pública y social, es decir, debe bregar por el bienestar colectivo, por sobre intereses individuales.
Asimismo, la Ley otorga, entre otras consideraciones, fundamental protagonismo a las organizaciones sociales en todos los procesos que atañen a la producción de un habitar digno, en los términos que lo establece el Pacto DESC, un tratado internacional que tiene raigambre constitucional en nuestro país.
«Entendemos que el ámbito de diálogo y debate sobre la problemática de tierra, habitacional y del derecho al territorio, para la gestión democrática de la ciudad y su urgente necesidad de cristalizarse en políticas públicas, es el multi e interactoral Consejo Local de Tierra y Hábitat, estipulado en la Ley 14449 y que, lamentablemente, aún no se ha conformado en nuestro Partido», expresó Ana Núñez, Profesora Titular de la FAUD/UNMDP, investigadora y extensionista, especialista en políticas de tierra y barrios.
«No obstante, desde este Colectivo universitario, hemos presentado el anteproyecto de ordenanza para su creación en junio de 2021 (Exp. NP-65/2021), y asombrosamente se encuentra demorado en su tratamiento», confesó.
Por último, es de señalar que a partir del convenio recientemente firmado entre la MGP y la FAUD para trabajar en conjunto en el diseño de estas políticas públicas, «nos ponemos a disposición para que el derecho a la ciudad y a la vivienda adecuada sea ejercido y cumplido por todxs y para todxs, como el derecho a la vida plena».
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