La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que lidera Sonia Alesso, ratificó la organización de un paro nacional para el próximo miércoles en rechazo a «la criminalización y judicialización de la protesta social y a la condena del dirigente chubutense Santiago Goodman», a quien el sindicato considera víctima de «una causa armada con espionaje ilegal».

La medida de fuerza tendrá fuerte impacto en los niveles de la educación pública en Mar del Plata, ya que las conducciones de SUTEBA y de Docentes municipales confirmaron que la adhesión.

En diálogo con Télam, Alesso pronosticó que habrá «una gran adhesión» de los docentes de todo el país al paro convocado en repudio a la condena «vergonzosa» de Goodman y en reclamo de «apertura de paritarias provinciales».

«Creemos que habrá una gran adhesión de los docentes a esta medida», dijo Alesso a Télam sobre el tenor de una huelga que involucrará a una veintena de «gremios de base» de todo el país y que también fue convocada para pedir la «resolución de conflictos docentes» en otras cinco provincias.

Para Alesso, la protesta tendrá impacto porque existen varias situaciones a resolver en muchos distritos y, de hecho, «ya están de paro» los docentes de Mendoza, Santa Fe y Río Negro.

«Hay provincias que ya están de paro por temas salariales y hay otras que reclaman la apertura salarial y el aumento de salarios», explicó.

Uno de los puntos centrales de la huelga es el rechazo a la «vergonzosa» condena de Goodman, extitular de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) y exsecretario gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), de Hugo Yasky.

«Hay una gran solidaridad por la lucha que llevan adelante los docentes de Chubut en un contexto muy difícil», expresó Alesso.

Días atrás, la jueza María Tolomei declaró a Goodman «coautor» de incendios y daños durante protestas ocurridas el 17 y 18 de septiembre de 2019 a las afueras de la Legislatura de Chubut, en el marco de un reclamo salarial docente.

Los incidentes comenzaron cuando se conoció la noticia del fallecimiento de los profesores Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, de 52 y 55 años, respectivamente, quienes murieron cuando regresaban a Comodoro Rivadavia desde Rawson tras una jornada de protesta.

«En 2019 hubo una gran persecución, represión y situaciones de no cobro de salarios durante muchísimo tiempo, a pesar de los reclamos y demandas», señaló Alesso en alusión al momento en el que se dieron los incidentes en las inmediaciones de la Legislatura chubutense.

Por su parte, Goodman denunció que con su condena «quieren criminalizar la protesta social» y advirtió que la pena prevé entre «5 y 10 años de prisión».


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