Uno de los referentes gremiales del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA) Ariel Greco puso un plazo de 90 días a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para que articulen la registración de los trabajadores.
“Nuestras familias llevan más de 40 años esperando respuestas de nuestros funcionarios. Han pasado décadas de abandono, discriminación, persecución y falta de respuestas para un sector totalmente vapuleado. Le damos 90 días a los funcionarios de los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal para que articulen la registración de nuestros trabajadores”, manifestó.
Ariel Greco sostuvo que “no podemos permitir que miles de familias sigan trabajando en la total precariedad, sin el acompañamiento del estado para erradicar derechos vulnerados como el acceso a la salud, a una jubilación digna y a reglas claras para quienes le dan mercaderías para comercializar a nuestros trabajadores generando una relación de dependencia encubierta con un estado ausente, que sabe lo que sucede pero mira para otro lado».
En ese sentido, el dirigente reiteró que «si para Noviembre de este año no hay una regulación a nuestra actividad este verano que se aproxima montaremos lugares de protesta en todas las playas de la ciudad para que se visibilice nuestro reclamo. Tienen 3 meses para ponerse a trabajar en una solución los distintos funcionarios, como así también los legisladores nacionales, provinciales y municipales”, añadió.
Desde Sivara Mar del Plata el referente gremial, Ariel Greco, subrayó que “nunca pedimos planes sociales ni limosnas a los distintos gobiernos que han pasado desde el 83 a ésta parte. Queremos que nos escuchen, que se sienten a trabajar con nosotros en pos de encontrar un camino que nos lleve a una regularización de nuestra actividad».
Los trabajadores vendedores ambulantes tienen una historia de mucha lucha en la ciudad de Mar del Plata, donde en los años 80 y 90 han sido perseguidos y hasta encarcelados por el sólo hecho de querer realizar una actividad que se encuentra prohibida por ordenanza pero reclaman ser escuchados para que esa prohibición se convierta en una registración, regulación y ordenamiento de una actividad, llamada comúnmente informal pero que mueve un gran porcentaje de dinero en las economías de los países.