El convenio de la Municipalidad de General Pueyrredon con la Universidad Nacional de San Martín para aplicar fotomultas, fue nuevamente defendido por el intendente Guillermo Montenegro, luego que fuera aprobado en la comisión de Seguridad del Concejo Deliberante.
El cuestionado expediente pasó a la Comisión de Movilidad Urbana luego que recibiera los votos favorables del oficialismo y el concejal Nicolás Lauría, que despertó la indignación de la oposición.
En diálogo con el programa Vencedores y Vencidos, el Intendente destacó respecto al proyecto de las Fotomultas que «presentamos un proyecto que creemos bueno para la seguridad vial. Si es bueno es bueno y no me importa quien es el que lo apoya. Estas son herramientas que se necesitan para cuidar la vida de los marplatenses”, agregó.
Sobre su rol y contacto con la oposición de la ciudad, el intendente expresó: “Estamos trabajando con el presupuesto participativo que fue una medida de Acción Marplatense y está buena. Yo diferencio la posición política de lo personal. Tengo una gran relación con Nico Lauria nos preguntamos por nuestras familias cada vez que nos vemos. El mismo día que lo designaron director en Aerolíneas Argentina lo llamé a Ariel Ciano para felicitarlo. Si aceptó el cargo es porque puede ayudar a los marplatenses. Que el Cholito este en ese lugar es bueno y ya le dijimos que queremos trabajar en conjunto”.
Cabe señalar que el funcionamiento y control del sistema de fotomultas en el Municipio de General Pueyrredón genera controversias entre el oficialismo de Juntos por el Cambio (JxC) y la oposición representada por los concejales del Frente de Todos (FdT) y Crear Juntos, a partir de la decisión del intendente local, Guillermo Montenegro, de cancelar un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y suscribir otro en forma directa con la Universidad Nacional de San Martín (UnSam).
Se trata de un sistema compuesto por 200 cámaras instaladas mayoritariamente en la ciudad de Mar del Plata y que hasta el momento, según el convenio firmado en 2017, le aportaban el 50 por ciento de la recaudación al municipio por esta vía.
De ese porcentaje, un 20 por ciento se destinaba a la provincia de Buenos Aires (por el uso del sistema SACIT de Juzgamiento y Cobranzas) y otro 30 por ciento a la UTN «por la provisión de equipos, servicios de educación y concientización, procesamiento de información, mantenimiento de los equipos, pago del correo para despacho de las infracciones y provisión de vehículos», indicaron fuentes de la Universidad Tecnológica.
De acuerdo al proyecto de ordenanza que está en tratamiento, la distribución de los fondos que se recauden a partir de las infracciones es diferente: la Provincia será acreedora de un monto equivalente al 20% del total de las sumas que se abonen, que serán distribuidas por intermedio del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Transito, en tanto que del resto de lo recaudado le corresponderá un 70% a la Universidad y sólo el 30% a la Municipalidad.