A través de un proyecto de ordenanza, el bloque oficialista de la Coalición Cívica ARI propuso derogar la actual conformación de 3 miembros de la Defensoría del Pueblo, volver al formato original de un Ombudsman, y utilizar los recursos resultantes de dicha reducción para crear una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal, que tendría como objetivo velar por el correcto desempeño de los funcionarios públicos y denunciar actos de corrupción.
Al respecto, la autora de la iniciativa, la concejal Angélica González manifestó que “con esta iniciativa buscamos tornar más eficiente el gasto que realiza el municipio y, a su vez, incorporar un nuevo organismo de control que aporte más transparencia a la gestión pública. Consideramos que muchas de las tareas que se les encomiendan a los defensores del pueblo corresponden originariamente a los concejales.
La actual conformación de la Defensoría del Pueblo con tres miembros, creada por ordenanza 21430, respondió en su momento más a una situación de reparto de cargos políticos que a una necesidad concreta, planteó la edil.
«Entendemos que con la estructura de un Defensor del Pueblo es suficiente para el correcto desempeño de las tareas que tiene ese organismo. En ese sentido, proponemos que con la reducción presupuestaria que implicaría reducir dos de los tres miembros, se podría avanzar en la creación de una Oficina de Transparencia y Anticorrupción, con independencia funcional, que tenga como objetivo prevenir y perseguir hechos de corrupción”, explicó la concejal del partido de Elisa Carrió.
No es nuevo el planteo del bloque de la Coalición Cívica. El año pasado ya habían propuesto separar el presupuesto de la Defensoría del ámbito del Concejo Deliberante de acuerdo a “la necesidad de ordenar y transparentar sus recursos”. Además, en aquel momento sostuvieron que el presupuesto estaba “escondido, evitando así que la ciudadanía tome real dimensión del gasto que implica sostener dicho organismo” que, aseguran “se superpone con la tarea de los ediles”. Sumado a este antecedente, fue la propia concejal Angélica González y su compañera de bloque, la edil Liliana Gonzalorena, quienes sostuvieron la postura más dura para sancionar al Defensor del Pueblo, Luis Salomon, por el plazo de un año. Finalmente la penalidad votada por el HCD contra el funcionario involucrado en un escándalo que incluyó denuncias de la policía y de agentes municipales, fue de tan solo 2 meses.
Según se consigna en el proyecto, “la OTA (Oficina de Transparencia y Anticorrupción) podrá actuar de oficio en el ejercicio de sus funciones y ademas tendrá competencia para recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos; investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hechos contrarios a la Ley Nº 24.759; analizar preliminarmente a toda Institución o Asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta; denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos; constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Municipio; llevar el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos municipales; evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos municipales y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función; participar en el control y fiscalización de los estudios de costos del boleto de transporte público de colectivos, concesiones y licitaciones del Municipio, contrato de licitación y toda otra materia relativa al servicio de recolección y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, contratos de otorgamiento de obra pública; elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública; asesorar a los organismos del Estado municipal para la implementación de políticas o programas preventivos de hechos de corrupción y articular y coordinar con organismos provinciales y nacionales cuyas funciones sean del mismo carácter que los de la “O.T.A.”, programas, políticas y líneas de acción para el desempeños de su cometido.»
Finalmente, el proyecto establece que «se adopten criterios de igualdad de género para la designación de los funcionarios tanto de la OTA (Oficina de Transparencia y Anticorrupción) y en la Defensoría, no solo para los cargos jerárquicos sino también para quienes desempeñen funciones dentro de los organismos.»