Tras rechazar presentaciones de la defensa de los imputados, el Juzgado Federal N 2 de San Martín confirmó el cierre de la etapa de instrucción y elevó a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas en 1981. Siete agentes de inteligencia están imputados y deberán enfrentar un juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad; entre ellos, se encuentra el ex agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello.
La gravedad de los delitos y la instancia procesal alcanzada no admite más margen político ni jurídico: Fernández Garello debe ser apartado inmediatamente de su cargo como funcionario público de la democracia y debe avanzarse sin demoras en el juicio político.
La titular del Juzgado Federal en lo criminal y correccional N 2 de San Martín, Alicia Vence, rechazó una serie de nulidades presentada por la defensa, declaró clausurada la instrucción de la causa y elevó a juicio oral y público la causa por crímenes de lesa humanidad que tiene entre sus imputados al actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello. La medida había sido solicitada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia en marzo pasado. Ahora sólo resta que se sortee el tribunal para la realización del juicio.
Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y el entonces Jefe del destacamento de inteligencia 201 del Ejército Jorge Apa serán juzgados por su participación en el secuestro y torturas de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.
En su decisión, la jueza Vence destacó el valor de la prueba del expediente y reafirmó que los hechos imputados constituyen delitos de lesa humanidad que se perpetraron en el marco del terrorismo de Estado.
Asimismo, el Juzgado Federal N 2 de San Martín rechazó cada uno de los planteos técnicos realizados por la defensora oficial, que sólo buscaban entorpecer y dilatar los tiempos de la justicia.
Por un lado, la defensa de los siete imputados se había opuesto a la elevación a juicio hasta tanto se resuelva un recurso de queja que tramita en la sala II de la Cámara de Casación. Para rechazar este planteo, la jueza Vence sostuvo que el mismo Código Procesal Penal estipula que “la existencia de recursos pendientes de resolución […] en ningún caso impedirá la elevación a juicio”. Además, existen directivas emanadas por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal en esta misma línea.
El otro gran planteo defensista fue el pedido de sobreseimiento por entender que los delitos imputados no se trataban de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, la acción penal estaría prescripta. La jueza se limitó a remarcar que la cuestión ya había sido discutida y la calificación confirmada por la Cámara. “este argumento demuestra que el planteo no obedece a otro motivo que el de entorpecer y evitar de cualquier modo que sus defendidos sean sometidos al debate oral y público”.
De acuerdo a las pruebas que existen en el expediente, para la jueza Vence se encuentra acreditada, con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, la responsabilidad de los siete imputados en el secuestro y tortura de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.
Según consta en los documentos del archivo de la DIPPBA presentados por la CPM, y valorados profundamente en la resolución de la jueza, la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.
Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.