La disminución en la velocidad de propagación de los casos de coronavirus, el incremento de la capacidad diagnóstica y la detección precoz, y la mejora en la capacidad de asistencia del sistema de salud del país son algunas de las razones esgrimidas por el Gobierno nacional para comenzar, a partir de hoy, una flexibilización del aislamiento social y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, con una apertura escalonada de actividades.
Las razones están detalladas en los considerandos del decreto 605/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández y todo el Gabinete nacional, que prorroga hasta el 2 de agosto el aislamiento en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en Jujuy y el departamento chaqueño de San Fernando; y la fase de distanciamiento social en el resto del país.
Los argumentos
• Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional han permitido mitigar la expansión de la pandemia en el país, lo que evitó la saturación del sistema de salud, a diferencia de lo sucedido en otros lugares del mundo.
• El Estado no sólo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de salud sino que dispuso medidas para morigerar el impacto económico y social.
• La tasa de incidencia acumulada para Argentina es de 245 casos cada 100.000 habitantes, de las más bajas de la región americana, y se redujo el tiempo de duplicación de casos.
• La efectividad del aislamiento ha logrado que más del 85% del país se encuentre en la fase de reapertura programada, progresando día a día con cada actividad que se va habilitando como excepción.
• Se incrementó un 41% la dotación de camas de terapia intensiva para adultos, y se dispusieron «29.485 millones de pesos a la atención de la emergencia.
• Se desarrollaron más de 350 estudios de investigación en el país de los cuales 63 corresponden a ensayos clínicos así como cuatro dispositivos de diagnóstico con empresas y científicos nacionales; y se estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección.
• Se reforzaron las acciones territoriales y de atención primaria y se incrementó la capacidad diagnóstica.
• Se consolidó y se capacitó a más de 13.000 voluntarios (profesionales y trabajadores de la salud, estudiantes universitarios y empleados estatales) que desarrollan acciones territoriales de atención; y se implementó el plan nacional de cuidado de los trabajadores de la salud.
• Se implementó como estrategia de control de contactos estrechos “DetectAr” en provincias y municipios de todo el país.
• Protección económica: los instrumentos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP). Y el pago de bonos especiales para los sectores más vulnerables y los que trabajan cotidianamente para prevenir y contener la epidemia. (Télam)