El ministro de Salud, Ginéz González García, adelantó que el proyecto de legalización del aborto que el Ejecutivo enviará al Congreso permitirá la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y que incluirá la «objeción de conciencia».
Al explicar los motivos por los cuales se propondrá que sean 14 semanas, dijo que «van a ir muchas chicas, pero las que más me interesan son las que llegan tarde, mal, que no tienen acceso. Tenés que darle un par de semanas más porque después de eso no se puede. Esa es la razón, no es una pelea biológica del tamaño del embrión, es un problema de accesibilidad, nada más».
En referencia a la despenalización, el ministro señaló que «el proyecto va a ser muy explícito, pero va a tener penas, no sobre la mujer, pero sí con el que cobre, el que salga fuera de la norma, el que lo haga después de las 14 semanas, con el médico que lo haga, el que usufructúe económicamente, el que no cumpla con las las causales como riesgo de vida de la mujer o violación».
González García adelantó que incluirá la posibilidad de «objeción de conciencia individual», pero también apuntó que «hasta ahora no está escrito» que pueda haber objeciones institucionales.
«La batalla no está ahí, la batalla está en que salga y que salga con los aspectos centrales como éste, totalmente resueltos. Va a salir también con despenalización absoluta. Acá hay que irritar lo menos posible y preservando de fondo todas las cosas que son importantes, que es la accesibilidad, el derecho a la información», finalizó Ginés, en declaraciones al diario Clarín.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 5 de febrero pasado, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de «una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en los centros de salud pública».
Luego, en declaraciones públicas, el Presidente amplió: «Hay que despenalizar y legalizar el aborto, las dos cosas, porque de otro modo no puede funcionar, para que todas las mujeres tengan la posibilidad de acceder a la salud pública para tener la atención adecuada», aunque dijo que «legal, no significa que sea obligatoria». (TELAM)