La justicia bonaerense ordenó vacunar de manera urgente a las personas detenidas que integren grupos de riesgo

La medida cautelar, en el marco de una acción de amparo, había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Estado bonaerense que, en un plazo de 5 días, arbitre las medidas necesarias para vacunar a las personas detenidas en unidades penitenciarias que integran los grupos de riesgos frente al coronavirus.

La medida cautelar, en el marco de una acción de amparo, había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

El fallo del Tribunal reconoce que las personas privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación y demanda que con carácter urgente se implemente un plan de acceso «en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial Buenos Aires Vacunate».

Con el voto del juez Gustavo Scaparotel y la jueza Claudia Milanta, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó que se vacune de manera urgente a las personas privadas de libertad, que integren los grupos de riesgo frente al COVID.    

La medida cautelar, solicitada por la CPM en el marco de una acción de amparo, reclamaba que las personas detenidas bajo la órbita del SPB o en dependencias del Ministerio de Seguridad reciban la vacuna contra el Covid 19, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos bonaerenses.    

El planteo reconocía también que las personas privadas de su libertad no se encontraban en condiciones de inscribirse y asistir sin más al turno asignado en el plan de vacunación. Y que incluso, existieron casos de personas detenidas que pudieron gestionar la pre-inscripción y la asignación de turno pero no se consiguieron ni la autorización ni el traslado por parte del SPB a la posta de vacunación.    

En línea con los argumentos de la CPM, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata coincidió en que las personas detenidas “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir –al serle asignado su turno- a las postas de vacunación”.    

El Tribunal también reconoció que, en el contexto de pandemia, “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitaciones en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”.    

Durante el año 2020, 29 personas murieron de Covid-19 en las cárceles bonaerenses. El sistema de encierro se encuentra colapsado con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 111 % de sobrepoblación.    

En sus fundamentos, la Cámara platense también advirtió la notoria distancia entre los alcances del plan de vacunación provincial y el alcance que tuvo en los lugares de encierro. En ese sentido, remarcó que la vacuna contra el Covid-19 ya es de libre acceso para las personas que integran los grupos de riesgo, por lo cual inocular a las personas detenidas alcanzadas por esta disposición de la autoridad sanitaria no implica una alteración o modificación del programa provincial de inoculación. Bajo estas condiciones, dice el Tribunal, la desatención de este reclamo compromete elementales derechos, a la salud y la vida, inherentes a la condición humana.    

El fallo de la Cámara demanda que, en el plazo de cinco días, el Estado provincial arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgos, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial.    

Por su parte, en disidencia, el juez de la Cámara Gustavo De Santis rechazó hacer lugar a la medida cautelar. Su voto se sustentó en un argumento estrictamente procesal sin adelantar opinión sobre el fondo el asunto.  Asimismo, cabe recordar que la medida cautelar había sido rechazada en primera instancia por el juez de garantías platense Nicolás Raele sin atender los argumentos y derechos comprometidos.

Privados de la libertad repararon mobiliario para escuelas de General Pueyrredón

Personas privadas de libertad de la Alcaidía de Batán (Unidad 44) repararon y acondicionaron 12 pupitres y 64 sillas para escuelas del partido de General Pueyrredón luego de poner en práctica los conocimientos adquiridos en carpintería y herrería.

Personas privadas de libertad de la Alcaidía de Batán (Unidad 44) repararon y acondicionaron 12 pupitres y 64 sillas para escuelas del partido de General Pueyrredón luego de poner en práctica los conocimientos adquiridos en carpintería y herrería.

La experiencia se enmarca en el programa “Más Trabajo, menos Reincidencia”, que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, desde donde se fomentan acuerdos con los municipios con el fin de vincular a las personas privadas de libertad con entidades comunitarias.

La entrega del mobiliario escolar se efectuó este martes en la Alcaidía Batán, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde se presentaron autoridades de la Secretaría de Educación del municipio de General Pueyrredón. Se trató de la entrega de la primera de varias reparaciones.

Cabe destacar que la mano de obra de los internos fue a modo de donación para este proyecto educativo y en esta instancia es donde los internos ponen en práctica sus conocimientos y formación realizada en los cursos de herrería y carpintería que se dictan en el establecimiento.

El director de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Roberto Astete, expresó su contento con este trabajo que colabora con el sector educativo de la ciudad.Este proyecto fue supervisado por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario que depende de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB, y contó con el aporte de quien fuera jefe de la Sección Talleres, Ramiro Schmal, Hernán Fontana, a cargo de la Sección Talleres en la actualidad, el oficial Martín Murcia, el Coordinador de Trabajo y Capacitación Laboral, Hernán Núñez  y con la coordinación del jefe del Departamento Regional de Cultura Laboral del Complejo Penitenciario Zona Este, David Villarreal.

Desde el municipio acompañaron el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, el Subsecretario, Marcelo López y el director general de Infraestructura, Víctor Paredes, los que se encargaron de establecer los vínculos, la entrega de materiales y la logística para que pudieran efectuar el trabajo en el establecimiento penitenciario.

DNI en la cárcel: “Hoy vuelvo a ser una persona con identidad”

En el marco del Plan de Documentación que lleva adelante el Ministerio de Justicia, junto a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, se realizó el acto de entrega de DNI a personas privadas de libertad y agentes penitenciarios, en la Unidad 15 Batán.

El encuentro estuvo presidido por la Jefa del Servicio Penitenciario, María Florencia Piermarini, acompañada por la Defensora Oficial General del Departamento Judicial de Mar del Plata, Cecilia Margarita Boeri, integrantes de la Mesa coordinadora de violencia institucional, del Patronato de Liberados y del Registro Provincial de las Personas, entre otras autoridades.

El acto se desarrolló en el SUM de la escuela que funciona en el Penal, luego de que se gestionaran 550 DNI para internas y detenidos, todos pertenecientes al Complejo Penitenciario Este, del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

Agustín, una de las personas privadas de libertad que recibió su DNI nos contó que simboliza el haber completado este trámite: “Para mí significa poder ser alguien más de la sociedad, para que el día que me vaya, hacer trámites, poder tener salud, trabajo, sin documentos no se puede hacer nada, yo no tengo DNI desde que nací, hoy vuelvo a ser una persona con identidad”.

La identificación de la persona es el primer paso para garantizar el derecho a la identidad. Registrar nuestro nacimiento y obtener el DNI nos permite acceder a otros derechos fundamentales.

En tal sentido se destaca que con la obtención de sus documentos, las personas privadas de libertad podrán acceder a distintos programas formales educativos y laborales y participar con su voto en la elección de representantes en los poderes ejecutivos y legislativos.