La Justicia prohibió el corte del servicio eléctrico a asociaciones civiles afectadas por la pandemia

Tras un pedido de la Defensoría y de la Dirección provincial que las nuclea, ordenan que no se interrumpa el suministro a entidades con deudas

La Justicia ordenó a las empresas de energía eléctrica que operan en la Provincia que se abstengan a limitar, suspender o cortar el servicio por deudas a asociaciones civiles y mutuales protegidas por ley ante el impacto de la pandemia, luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Dirección que nuclea a estas entidades.

La intervención del organismo que conduce Guido Lorenzino y la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales, a cargo de Maite Alvado, estuvo relacionada a los reclamos de estas entidades por los incumplimientos de las compañías eléctricas a los beneficios dispuestos por una ley provincial -de autoría del diputado Facundo Tignanelli- para protegerlas de los efectos económicos relacionados a la pandemia.

Puntualmente, las quejas tuvieron que ver con que las distribuidoras no aplicaron la tarifa cero que debían facturar durante el tiempo que durara la emergencia sanitaria a asociaciones civiles declaradas de interés público provincial, entre las que figuran clubes de barrio, centro de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y organizaciones de comunidades migrantes, entre otras.

«A pesar de que la ley es clara en cuanto a los beneficios, nos encontramos que las empresas no sólo la cumplieron sino que siguen facturando normalmente e incluso las han intimado con cortes por falta de pago. Estamos ante un grave incumplimiento de las normas y una clara afectación de los derechos de las personas que son contenidas por estas asociaciones”, indicó Lorenzino.

Ante esta situación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, dictó esta medida para que las empresas se abstengan de suspender, limitar o cortar el servicio por falta de pago, hasta tanto se resuelva de fondo el asunto o hasta que se venzan los plazos legales de la emergencia sanitaria establecidos para el beneficio de tarifa cero.

«Esta decisión representa un apoyo a los amplios sectores de la ciudadanía que asisten a estas asociaciones civiles no solo como espacios de socialización y esparcimiento, sino que debido a la pandemia también recurren a ellas para contención y auxilio, para recibir alimentos y vacunas, y que se han transformado hasta en centros de aislamiento”, puntualizó Alvado.

El Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó a todos los imputados por el Plan Qunita

Por unanimidad, los jueces aceptaron los argumentos de la fiscal Gabriela Baigún, quien desistió de impulsar la acusación en la etapa de juicio.

El tribunal oral federal número uno resolvió por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún, sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como “Plan Qunita”.

“Al no existir en el caso parte privada acusadora que coloque al tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde sobreseer” a todos los imputados, entre ellos el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su segundo, Nicolás Kreplak.

La fiscal desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas omitidas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.

Los funcionarios y empresarios estuvieron acusados por presuntos sobreprecios pagados para la integración de los kits que componían el Plan Qunita, destinado a los hijos de madres de bajos recursos.

“En ausencia de contradictorio entre las partes, la única facultad con la que el tribunal cuenta ante la postura desincriminante de la Fiscal de juicio es la de verificar que actuación; es decir, que el dictamen se halle debidamente motivado”, explicaron los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.

“No caben reparos sobre la construcción argumentativa de la fiscal Baigún, quien, además de exponer sus fundamentos en forma coherente, ha sabido respaldarlos en derecho y en los datos y elementos probatorios incorporados a la presente causa”, añadieron.

El fallo recuerda que ante la falta de querella, el dictamen desincriminante de la fiscal es vinculante y obliga al tribunal a seguir su criterio.

“No existiendo tampoco en el presente caso parte acusadora particular (querella) que coloque al Tribunal como árbitro de un contradictorio, corresponde dictar el sobreseimiento de los encausados, en cuanto al hecho por el cual fueron intimados en el respectivo requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio”, sostiene el fallo, de 38 páginas.

La lista de los sobreseídos está integrada por Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete;  Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud de la Nación; Nicolás Kreplak,  ex viceministro;  Juan Carlos Piccolini, ex director general de Recursos Humanos;  Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de Contrataciones;  Fanny Herrera Clemente Lamas, ex directora de Compras; y Elisa Marta Gulberti, ex directora de Asuntos Legales.

También les cupo el sobreseimiento a Alicia Raquel Escobar Atensio y Claudia Ángela Esteban,  de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; Carlos Tejada, ex jefe de la Análisis Legal; y los ex  funcionarios Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, y Alelí Claudia Pilar García.

Finalmente, también fueron sobreseídos los empresarios María Victoria Flores,  Diego Luis Romero,  Martín Miranda,  Leandro Nicolás Flores,  Sergio Alejandro Lupi,  Jorge Omar Artazcos,  Gustavo Oscar Cilia,  Oscar Alejandro Micheli y Dora María Ruocco. (NA)

Condenan en Mar del Plata a 15 años de cárcel a un hombre por abusar de su hijo menor de edad

El imputado abusó en reiteradas ocasiones de su hijo, que actualmente tiene 10 años, y con el que vivía en la ciudad desde 2013, cuando se lo llevó sin permiso de la provincia del Chaco y lo alejó desde entonces de su madre.

Un hombre fue sentenciado a la pena de 15 años de prisión acusado de haber abusado sexualmente en reiteradas ocasiones de su hijo menor de edad, con el que vivía en un asentamiento de la ciudad de Mar del Plata, informaron fuentes judiciales.

El acusado (37), cuya identidad no fue difundida para evitar la revictimización del niño, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC 4) de la localidad balnearia.

Los magistrados Gustavo Fissore, Alfredo Deleonardis y Ricardo Perdichizzi consideraron que en el juicio que se realizó entre el 6 y el 8 de julio quedó probada la responsabilidad penal del hombre y le impusieron una pena de 15 años de cárcel, como autor del delito de «abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal y por un ascendente de la víctima».

Los jueces fallaron en línea con el planteo realizado durante el debate por el fiscal que llevó adelante la investigación, Leandro Arévalo, aunque el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 7 había solicitado una pena de 18 años.

El hombre había sido denunciado en agosto de 2018, y tras conocerse en aquel momento la acusación fue atacado a golpes por un grupo de vecinos que intentaron lincharlo, y debió ser hospitalizado.

Según se estableció en el juicio y en los distintos peritajes realizados en el marco de la causa, el imputado abusó en reiteradas ocasiones de su hijo, que actualmente tiene 10 años, y con el que vivía en la ciudad desde 2013, cuando se lo llevó sin permiso de la provincia del Chaco y lo alejó desde entonces de su madre.

De acuerdo a la instrucción, los abusos fueron descubiertos luego de que el niño comentara a un amigo de «La Palangana», un asentamiento ubicado en la zona oeste marplatense, lo que le hacía su padre.

Ese niño relató esto a su vez a una familiar suya, y la mujer llevó en primer término a la víctima a una sala de salud del barrio, lo que derivó luego en la intervención de la Dirección de la Niñez municipal y finalmente interpuso la denuncia penal ante la Comisaría de la Mujer.

Tras conocerse la sentencia, el hombre fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal 15 de Batán, donde se encontraba alojado desde el inicio de la causa. (Telam)

La justicia bonaerense ordenó vacunar de manera urgente a las personas detenidas que integren grupos de riesgo

La medida cautelar, en el marco de una acción de amparo, había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Estado bonaerense que, en un plazo de 5 días, arbitre las medidas necesarias para vacunar a las personas detenidas en unidades penitenciarias que integran los grupos de riesgos frente al coronavirus.

La medida cautelar, en el marco de una acción de amparo, había sido pedida por la Comisión Provincial por la Memoria, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

El fallo del Tribunal reconoce que las personas privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación y demanda que con carácter urgente se implemente un plan de acceso «en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial Buenos Aires Vacunate».

Con el voto del juez Gustavo Scaparotel y la jueza Claudia Milanta, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó que se vacune de manera urgente a las personas privadas de libertad, que integren los grupos de riesgo frente al COVID.    

La medida cautelar, solicitada por la CPM en el marco de una acción de amparo, reclamaba que las personas detenidas bajo la órbita del SPB o en dependencias del Ministerio de Seguridad reciban la vacuna contra el Covid 19, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos bonaerenses.    

El planteo reconocía también que las personas privadas de su libertad no se encontraban en condiciones de inscribirse y asistir sin más al turno asignado en el plan de vacunación. Y que incluso, existieron casos de personas detenidas que pudieron gestionar la pre-inscripción y la asignación de turno pero no se consiguieron ni la autorización ni el traslado por parte del SPB a la posta de vacunación.    

En línea con los argumentos de la CPM, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata coincidió en que las personas detenidas “pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial, tanto al momento de inscribirse al mismo, como de concurrir –al serle asignado su turno- a las postas de vacunación”.    

El Tribunal también reconoció que, en el contexto de pandemia, “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad en atención a las condiciones habitaciones en las que viven, máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”.    

Durante el año 2020, 29 personas murieron de Covid-19 en las cárceles bonaerenses. El sistema de encierro se encuentra colapsado con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 111 % de sobrepoblación.    

En sus fundamentos, la Cámara platense también advirtió la notoria distancia entre los alcances del plan de vacunación provincial y el alcance que tuvo en los lugares de encierro. En ese sentido, remarcó que la vacuna contra el Covid-19 ya es de libre acceso para las personas que integran los grupos de riesgo, por lo cual inocular a las personas detenidas alcanzadas por esta disposición de la autoridad sanitaria no implica una alteración o modificación del programa provincial de inoculación. Bajo estas condiciones, dice el Tribunal, la desatención de este reclamo compromete elementales derechos, a la salud y la vida, inherentes a la condición humana.    

El fallo de la Cámara demanda que, en el plazo de cinco días, el Estado provincial arbitre con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar un plan de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgos, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en el que se encuentra el programa provincial.    

Por su parte, en disidencia, el juez de la Cámara Gustavo De Santis rechazó hacer lugar a la medida cautelar. Su voto se sustentó en un argumento estrictamente procesal sin adelantar opinión sobre el fondo el asunto.  Asimismo, cabe recordar que la medida cautelar había sido rechazada en primera instancia por el juez de garantías platense Nicolás Raele sin atender los argumentos y derechos comprometidos.

Un fallo autoriza el regreso excepcional de dos viajeros, pero avala el cupo de 600 pasajeros diarios

El permiso tiene carácter excepcional ante el riesgo que corre la salud de ambos. Una vez en la Argentina, deberán someterse a todos los protocolos sanitarios.

La Cámara del Crimen ordenó, de manera excepcional, el regreso de dos argentinos varados en Estados Unidos por razones humanitarias, pero al mismo tiempo avaló las medidas restrictivas del retorno de  hasta 600 viajeros diarios que impuso el gobierno para prevenir el ingreso de la cepa Delta del coronavirus.

La Sala Séptima del tribunal descartó “la pretendida inconstitucionalidad de la Decisión Administrativa cuestionada”, esto es el cupo de 600 regresos diarios.

No obstante, le ordenó al gobierno que en el plazo de 24 horas organice el regreso de dos viajeros, uno con problemas cardíacos y el otro con una dolencia neurológica, para que retornen a la Argentina como garantía de continuidad de sus tratamientos.

“La propia norma cuestionada contempla la posibilidad de ciertas excepciones, fundadas en razones humanitarias, extremo que debe someterse al escrutinio de la concreta situación que se ventila en estos autos”, dijeron los camaristas Mauro Divito y Esteban Cicciaro.

La permanencia de ambos viajeros en el extranjero “implica un serio riesgo para su salud, porque no cuentan, en los lugares en que se hallan, con posibilidades de acceder al tratamiento médico o farmacológico que sus respectivos cuadros requieren”.

El fallo aclara que “el regreso de tales personas, en razón del carácter excepcional de la medida, no puede vislumbrarse como un menoscabo del propósito de protección de la salud general de la población”.

Uno de los viajeros presentó el pedido de regreso excepcional porque “se vería privado de su medicación ya que no puede adquirirla en los Estados Unidos porque no cuenta con una prescripción médica válida ni tampoco podría obtenerla allí pues no conoce a ningún médico y, en su caso, se le dificultaría solventar el pago de una consulta cardiológica en el extranjero”.

El otro viajero “hizo saber que es un paciente con antecedente de hematoma cerebral secundario a cavernoma cerebral, que se encuentra con tratamiento neurológico estricto, ya que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas durante los años 2010 y 2011, y que debe tomar tres dosis por día de la medicación Fenitoina”.

En resumen, el fallo rechazó la declaración de inconstitucionalidad pero autorizó los dos regresos reclamados mediante sendas acciones de hábeas corpus, “disponiendo que la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la intervención de los ministerios u organismos que correspondan, dentro del término de 24 horas de notificada, proceda a coordinar el urgente ingreso al territorio argentino”.

Los viajeros deberán “someterse a los controles -previos y posteriores al viaje- que disponga la autoridad administrativa y, una vez en el país, cumplir con el aislamiento que pudiera corresponder”. (NA)