Cinco personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos fueron procesadas y embargadas por más de 200 millones de pesos en la ciudad de Mar del Plata, aunque continuarán en libertad, informaron fuentes judiciales.
La investigación que permitió desbaratar esta banda está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federal 1 de la localidad balnearia, y se inició marzo de 2019 tras la denuncia de un empresario.
A partir de las actuaciones en el marco de la causa, se estableció que esta organización, que operaba con oficinas en el centro marplatense, se dedicaba a la «intermediación financiera no autorizada», en infracción al Régimen Penal Cambiario y a la Ley Penal Tributaria.
Las pruebas reunidas y el resultado de una serie de allanamientos dispuestos en 2019 permitieron al juez federal Santiago Inchausti avanzar en los procesamientos de las cinco personas que según la fiscal forman parte de la asociación ilícita, que funcionó «durante al menos tres años».
El magistrado dispuso además un embargo de 67 millones de pesos para el hombre acusado de liderar la asociación ilícita, y de 42 millones para el resto de los acusados.
La denuncia que marcó el inicio de la causa había sido realizada por un empresario del transporte de la ciudad, quien se constituyó como querellante y relató que en 2016 había tomado contacto con la organización «a fin de obtener financiamiento».
De acuerdo a la instrucción del caso, el 30 de agosto de agosto de ese año el hombre firmó «un contrato de mutuo» por la suma de 100 mil dólares en la sede de una escribanía, y le requirieron como contraprestación «una tasa de interés altísima que estaba por fuera de las regulaciones del mercado financiero».
La fiscalía encomendó tareas de campo a la División Unidades Operativas de Investigación Criminal de la Policía Federal Argentina, se incorporó prueba documental, se recibieron declaraciones testimoniales y se recabaron informes al Banco Central de la República Argentina.
Tal como indica el procesamiento, los acusados «se valían de los fondos que captaban», y luego los otorgaban «a terceros que también buscaban financiamiento, todo ello sin contar con la debida autorización legal, actuando como banca de hecho».
El magistrado dio por acreditado que esta organización tenía «una distribución de roles» y destacó además una posible vinculación con una casa de cambio de la ciudad, sin descartar posibles maniobras de lavado de activos. (Télam)