Por: Roberto Garrone
La Cámara Federal de Mar del Plata destrabó el proyecto de exploración off shore sobre la Cuenca Argentina Norte que esta semana tuvo promotores y detractores en la consulta pública celebrada en el Concejo Deliberante.
El fallo tiene sus singularidades: le pidió a Equinor un nuevo estudio de impacto ambiental acumulativo, es decir, algo difícil de lograr porque la petrolera ni siquiera recorrió el área para determinar la línea de base in situ.
Lo hará recién cuando se ponga en marcha el estudio y acompañado de científicos de diversas áreas y organismos públicos para relevar la presencia de todo ser vivo que pueda ser afectado por la exploración sísmica.
Hasta ahora lo de Equinor se limitó a recolectar información y antecedentes de lo ocurrido en otras partes del mundo y suponer que ante similares estímulos habrá idénticas respuestas. Lo novedoso es que se explorará a más de mil metros de profundidad.
En un estudio de 37 páginas elaborado por Otto Wöhler, la industria expuso la falta de una identificación previa del estado y caracterización biológica de los recursos vivos marinos, sobre todo los ictícolas que habitan en la zona, así como del impacto que las actividades hidrocarburíferas generan sobre esas mismas especies en esa área.
Si bien es cierto que la flota no pesca en el área, el hecho que no lo haga no releva la necesidad de sumar certezas sobre la presencia de especies o ciclos biológicos que se deban preservar. Hoy todas son suposiciones y buenas intenciones.
En el documento presentado por la Intercámara de la Pesca consideraron que se deberá identificar el impacto acumulativo de las actividades de todos los proyectos de prospección que se pretenda ejecutar en el Mar Argentino. “Es poco probable que una acción tenga un único efecto o impacto ambiental”, aseguraron.
Equinor no tiene manera de revelar estas incógnitas sin realizar algo que hasta ahora no hizo: realizar una campaña de investigación en el área que comprende la CAN 100. O al menos la determinada por el Pozo Argerich, el primero a perforar.
Lo volvió a señalar Sofía Wöhler, de la Consultora Resilience, asesora de CAPECA, en la audiencia pública en el HCD. “Si bien se ha mejorado en el desarrollo de la información que contiene la línea de base ambiental, todavía se observa la falta de información primaria para poder obtener datos confiables”.
Mientras se despliega todo este proceso, el puerto que supuestamente le daría abrigo a la industria de la exploración off shore se mantiene al margen de las grandes obras. Promesas tuvimos varias…todos nos acordamos del muelle 9. Ya van 18 meses del acto en la Escuela Nacional de Pesca.
Con la merluza sin sobresaltos, el ritmo de trabajo lo marca el calamar: una zafra más abundante como la de este año hace crecer las descargas totales y maquilla la fuerte caída del variado costero. Una merma como la del año pasado, los números quedan en rojo para el resto del año.
La falta de espacio, la privatización de hecho de la sección décima, el reino de Pototo, y la carga pesquera que mayoritariamente se exporta por las terminales porteñas se mantienen como rasgos distintivos de una terminal marítima que se codea con la intrascendencia en el plano portuario provincial.
La semana pasada se sumaron 38 meses desde el anuncio del acuerdo entre la Provincia y el Ministerio de Defensa para utilizar el varadero de la Base Naval para convertir en chatarra los barcos inactivos en el muelle 2.
Ahora dicen que el nuevo acuerdo que permitirá destrabar el ayuno de actividad en el varadero está a la firma de los organismos de control que prevé la Constitución bonaerense. Hasta hace dos meses estaba a la firma de la Armada. Ahora, cuando no haya objeciones, firman las tres dependencias en simultáneo: Armada, Producción bonaerense y el Consorcio.
La semana pasada también se cumplieron 3 meses de un anuncio del Gobernador que tuvo mucho espacio en los medios. La Provincia aportaba 350 millones de pesos para encarar distintas obras portuarias.
Eran 247.1 millones para defensas marinas en distintos espigones; 53.8 millones para pavimentar la zona industrial; 22 millones para la reparación de la escollera norte que rompió la abandonada Draga Mendoza; 9.4 millones para el recambio del alumbrado público y 10.3 millones para la señalización del puerto.
Ninguna licitación que demandan estos proyectos se ha puesto en marcha porque la administración de Axel todavía no envió los fondos. Lo único que avanza es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo al momento de adjudicar esas obras. Menos defensas, pavimentos, luminarias y carteles.
En el Consorcio no se dan por vencidos y siguen de cerca los expedientes para lograr obtener las firmas y liberar los fondos. Mientras se abocan a otros desafíos un tanto más modestos: trabajan con el Ministerio de la Mujer para pensar el diseño y aplicación de un protocolo de género que permita enmarcar líneas de acción contra violencias y trans ver sa li zar la perspectiva de género en el puerto.
Buen domingo.
Foto: Carlos Teixidos Cadenas