La batalla en el Atlántico Sur de la que Argentina mira indiferente

La pesca de la flota extranjera sobre la milla 201 beneficia a 10 países y es ilegal porque se ejerce sin ningún tipo de control. El rol de Montevideo como puerto de apoyo. Nadie detiene la voracidad China y Estados Unidos se interesa por motivos ambientales y económicos en una zona en que Argentina es la principal perjudicada. Sin embargo los gobiernos de turno miran con una pasividad que exaspera.

La batalla en el Atlántico Sur de la que Argentina mira indiferente

Por: Roberto Garrone

En los últimos días fue noticia el amparo ambiental impuesto por la ONG “Observatorio del Derecho a la ciudad” para que frenar la pesca ilegal en aguas del Atlántico Sur que llevan adelante cientos de buques pesqueros, mayoritariamente chinos pero entre los que también aparecen coreanos, taiwaneses y españoles. Estos últimos con una flota de casi 40 arrastreros congeladores con un poder de pesca fenomenal.

La medida judicial parece más una respuesta con un fin mediático que efectivo, luego que Enrique Piñeiro transportara periodistas de medios nacionales y sobrevolara la zona donde pesca la flota extranjera al borde de nuestra zona económica exclusiva.

El avión del cineasta debería sobrevolar la Cancillería para que quede al descubierto la pasividad asombrosa que la política argentina, no importa de qué gobierno se trate, muestra para defender nuestros recursos pesqueros. Un problema que lleva más de 30 años y que sin embargo nunca motivó una defensa férrea no solo en la milla 201 sino también en Malvinas.

Hubo un intento, cierto. En el 2017 se quiso aprobar una resolución en la Organización Mundial de Comercio que pusiera freno a los subsidios a la pesca ilegal, un objetivo de la ONU para el año pasado. Como vemos, objetivo no alcanzado, claramente.

Podría haber habido otros pero parece que es un trámite “complejo”. Todavía no hay noticias de la infracción a Pesca Puerta por pescar en Malvinas y también en el caladero nacional a través de Estrella Patagónica. Los permisos de pesca siguen en las mismas manos cuando la Ley Federal de Pesca establece claramente que debería perderlos.

Es curioso porque pareciera incorporado que solo es pesca ilegal lo que hacen los barcos extranjeros en la milla 201 y pasan por alto las licencias que otorga el Reino Unido para que exploten nuestro calamar y especies australes.

Aldo Braida es presidente de la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros (CAPE) que funciona en Montevideo. La conforman 8 agencias marítimas y 3 operadores portuarios. Los agentes son los representantes convencionales de buques extranjeros; hacen trámites, gestionan permisos y coordinan la operatoria.

«En 2020 más de 300 entradas a puerto de pesqueros extranjeros que eligieron operar en Montevideo, generaron actividad portuaria, ingresos y empleo local, contribuyendo así a promover la pesca legal, declarada y reglamentada en el Atlántico Sur”, dice uno de los últimos tuits de la cuenta de @CAPEuy.

Se entiende que las agencias facturan miles de dólares con la operatoria de la flota extranjera. Pero nada más falto de verdad, nada más hipócrita que decir que esa flota promueve la pesca legal, declarada y reglamentada.

El Puerto de Montevideo está catalogado como el segundo a nivel mundial en recibir pesca de trasbordo sospechada de provenir de la Pesca Ilegal No Declarada No Reglamentada (INDNR). Los incidentes con víctimas a bordo, los casos de narcotráfico, los incendios y las peleas grupales en barcos extranjeros son constantes.

Datos oficiales de la armada del país vecino, al que tuvo acceso la organización ambiental “Oceanosanos” dan cuenta de que se recibe un muerto por mes en el Puerto de Montevideo y las irregularidades develadas son realmente sorprendentes.

Lo más curioso del caso es que desde 2013 Uruguay forma parte de los Estados de Puerto Rector de la FAO-ONU, que se comprometieron a desalentar y prevenir la pesca ilegal. La misma ONU que se había trazado como objetivo terminar con la pesca ilegal el año pasado.

¿Qué perjuicio genera para los estados ribereños como Argentina la pesca ilegal? Contesta el especialista Cesar Lerena. “Aparte de las pérdidas económicas, podríamos sintetizar los daños sociales: esta pesca impide que 6 millones de niños y adolescentes argentinos reciban una ración diaria de proteína los 365 días del año que pondría fin al hambre y la desnutrición. Y de esto, se tendrán que hacerse cargo al fin, los gobernantes algún día. Nos estamos empezando aburrir de que el administrador de este consorcio (el país) no optimice la utilización de nuestros escasos recursos y nos empuje a la pobreza, a la indignidad y a la vergüenza internacional”, señaló en “La erradicación de la pesca ilegal en alta mar para controlar el Atlántico Sur y Malvinas», uno de sus últimos artículos.

Milko Schvartzman, uno de los integrantes de “Oceanosanos” y quien conoce en profundidad el movimiento de toda esta flota pirata, ha expuesto sus maniobras ilegales y la complicidad de las autoridades uruguayas, especialmente las del puerto de Montevideo.

“En mayo de 2018 el pesquero Fuh Sheng 11 fue inspeccionado al arribar al puerto de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, detectándose que no cumplía con las mínimas condiciones para navegar. Se documentó que sus tripulantes eran golpeados, sufrían maltratos y no se les pagaba lo acordado. La escala anterior había sido el Puerto de Montevideo. En diciembre de 2017 visitó dos veces ese puerto y, llamativamente, no se registró ningún inconveniente”, expuso el ambientalista en declaraciones a “Revista Puerto”.

Milko tiene una propuesta para ponerle fin a esta actividad ilegal. Prohibirla. “Ya hay estudios que lo avalan, el 90% de lo que se captura en aguas internacionales se lo quedan solo 10 países. Hay 220 países y solo lo aprovechan 10 que además pescan en zonas aledañas a países en desarrollo. Está probado que si se prohibiera se protegería los ecosistemas costeros de más de 100 países”, distingue el ambientalista..

Hoy el Atlántico Sur se ha constituido en una zona de disputa internacional donde impera la prepotencia China, la cual toma más impulso con gobiernos débiles y necesitados de respaldo financiero como el nuestro, y Estados Unidos quiere hacer pie en la zona.

A caballo de su conciencia ambiental, los mismos que dijeron no al acuerdo contra el cambio climático en el 2017, intentaron hace poco que el más moderno buque de su Guardia Costera navegue las aguas del Atlántico.
Claro que también tienen intereses más fuertes que los medioambientale.

El fondo de inversión estadounidense Platinium Equity controla iberconsa, una de las empresas españolas con más desarrollo en el litoral marítimo argentino y que desembarcó hace unos años en Mar del Plata al quedarse con parte de los activos de Valastro.

Mientras estas fuerzas con diversos intereses entran en pugna Argentina muestra pasmosa indiferencia a un problema que destruyen los ecosistemas, pone en jaque la sustentabilidad del calamar pero sobre todo, hace de cartón pintado nuestros derechos soberanos.

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