Por: Roberto Garrone
Esta semana el proyecto de Ley Bases en el Senado no tuvo el dictamen necesario en Comisiones, paso indispensable para su tratamiento en la Cámara Alta donde el oficialismo pugna por conseguir los 37 votos para aprobarla.
La principal traba del proyecto es el capítulo que contempla el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), destinado a captar inversiones de al menos 200 millones de dólares.
El RIGI no es otra cosa que la entrega lisa, llana y por ley, de nuestros recursos naturales por 30 años mediante políticas fiscales, aduaneras y cambiarias. La bandera de remate que busca izar el gobierno libertario tiene una ventana de oportunidad de dos años, extensible a criterio del PEN, por otros dos.
“Busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con multinacionales dominando la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación”, resume Martin Reydó, director Ejecutivo de Fundar, las consecuencias de su aprobación.
En principio se habla del RIGI para potenciar sectores como la minería, petróleo, gas y hasta el sector agropecuario. Como no está claro ni específico en el proyecto qué sectores alcanza, mientras se preparan para iniciar la prospección de langostino en aguas nacionales esta semana, en la industria pesquera miran con preocupación la posibilidad que también, solapadamente, incluya dentro de las ofertas a las especies cuotificadas que el año que viene deben renovarse.
En el caso de la pesca las consecuencias alcanzarían también a la industria naval de manera directa. Porque de aprobarse tal como esta contemplado en el proyecto, permitiría a una empresa pesquera extranjera poder importar todo el equipamiento necesario, nuevo o usado. Ni siquiera las proveedurías trabajarían con estos inversores porque el proyecto tampoco incluye ningún requisito de compre nacional.
Corremos el riesgo de ver el desfile de buques usados y amortizados, ingresados con arancel cero, pescando sin controles y comercializando las capturas al exterior sin pagar derechos de exportación a partir de los 3 años ni tener la obligación de contar con trabajadores argentinos. El sueño de Federico Sturzenegger y la pesadilla del SOMU.
Para las inversiones sujetas al RIGI no habrá cepo. Esto es coherente porque nadie pondría un solo dólar en un país que le impida luego repatriar capital. Se les otorgará libre disponibilidad de las divisas obtenidas por sus exportaciones de modo creciente: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero.
La intención del gobierno siempre ha sido la de desregular a un sector que “pesca gratis” como insiste “Sturze” y para lograrlo puede tener múltiples variantes.
Con esas facilidades fiscales y cambiarias, sería imposible para las empresas radicadas en Argentina poder competir en igualdad de condiciones. Y hasta podrían aceptar precios de venta al exterior más bajos, amparados en su paraguas de beneficios, que hundirían aún más la rentabilidad en algunos productos.
Solo hay que recordar que el proyecto de reforma de la ley federal de pesca ya proponía la licitación internacional de las cuotas, ejecutarlas con cualquier buque de pesca que tenga permiso, el derecho de preferencia para los actuales tenedores de cuota de solo el 50% y el embarque de tripulaciones extranjeras, entre otros avasallamientos a los derechos adquiridos por la industria nacional.
Las ideas de Sturzenegger no han cambiado en este tiempo y sigue teniendo a la pesca en la mira. Quizás lo que cambió fue la estrategia para conseguir su objetivo. Hasta esta semana no había constancia que algún sector de la multisectorial pesquera había tomado contacto con Maximiliano Abad.
El senador es referente del radicalismo marplatense y si bien cuando fue lo del proyecto de reforma de la ley tomó lecciones básicas de pesca y su valor estratégico en las economías regionales, no estaría mal un refuerzo que lo advierta de los daños que provocaría el RIGI, particularmente en el puerto , el cual concentra el 45% de los desembarques declarados de productos de la pesca hasta el pasado 7 de mayo.
“Va a haber acuerdos si la ley corrige las asimetrías que tiene de origen y si en el proyecto final se tiene en cuenta la situación de la clase media con deducciones; si hay reformas al blanqueo; si el RIGI protege la industria nacional”, adelantó el senador en declaraciones a TN esta semana, antes de reunirse con los referentes de la CGT local.
El ministro Franco apela a la misma receta de cuando le llovían críticas por la reforma a la ley de pesca. Sigue hablando de malos entendidos. «Algunos legisladores entienden una cosa y nosotros entendemos otra, así que estamos analizando cómo puede clarificarse el artículo», ha dicho en las últimas horas en declaraciones periodísticas.
“El hecho de tener un régimen de incentivos tan ridículamente generoso durante tanto tiempo, montado pura y exclusivamente sobre la explotación de recursos naturales -que emplean relativamente poca gente y derraman nada- lo vuelve muy inestable en el tiempo”, agrega Reydó en el artículo publicado en Ámbito Financiero.
“Es un régimen que, de aprobarse, nace herido de legitimidad social y política. Por lo tanto, más que incentivar a las inversiones por venir, el RIGI promueve incentivos para que tanto la calle como la política contesten a semejante hipoteca de futuro para el país”, completa.
Si desea alejarse lo más pronto posible del abismo de una pobreza que ofende su memoria histórica, Argentina necesita darse un proceso acelerado de acumulación de capital y desarrollo. Que este sea equilibrado parece, tal como están las cosas, una causa perdida.
Buen domingo