Son contrarios a la sentencia, niegan que se vulneren competencias y subrayan que la defensa de la tauromaquia en España no está reñida con la prohibición
Hay 8 de los 11 magistrados que integran el Tribunal Constitucional que entendieron que la tauramaquia forma parte de la cultura que el Estado español está obligado a proteger. Y que, además, consideran que la Generalitat invadió esa competencia estatal al prohibir los toros en Cataluña.
Pero los otros tres acaban de plasmar en dos votos particulares su discrepancia absoluta con esa resolución, al entender que el recurso presentado por 50 senadores del PP contra la ley del 2010 del Parlament debió ser desestimado.
La vicepresidenta del Constitucional, Adela Asua, y el magistrado Fernando Valdés firman uno de los votos, mientras que Juan Antonio Xiol suscribe el otro. Los tres coinciden en que la mayoría no ponderó suficientemente las competencias de Cataluña en materia de protección animal ni de defensa de los valores culturales de la comunidad autónoma, también protegidos constitucionalmente. Pero llegan a esa conclusión por distintas vías.
“La ley autonómica no cuestiona el carácter de bien cultural que la estatal asigna a la tauromaquia; tampoco impide la realización y desarrollo del resto del amplísimo conjunto de conocimientos y actividades artísticas y productivas que la compenen, ni se prohíbe la crianza del toro de lidia ni la creación de escuelas”, sostienen los tres magistrados en el documento con el que justifican sus votos.
De esta manera, consideran que la ley catalana no vulnera la ley del 2013 con la que el Gobierno de Mariano Rajoy blindó los toros, tres años más tarde de que se promulgara la norma del Parlament ahora anulada.
En 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes recurrió al monstruo bíblico Leviatán para definir el poder del Estado al que los hombres deben someterse para poder huir de la guerra perpetua y la falta de moral intrínsecas a la naturaleza humana. Desde entonces, se utiliza la figura del Leviatán cuando los Estados se exceden y rompen el contrato social.
Esta semana, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un Leviatán español. Declaró constitucional una norma que le atribuye poderes sin límites ni controles. Los jueces se colocan por encima de todo el ordenamiento jurídico y pueden apartar a cualquier funcionario o cargo electo de sus funciones. Su decisión no se puede recurrir a ningún otro tribunal ni instancia internacional.
Y déjenme hacer una caricatura para entender la dimensión de esta norma antidemocrática: si mañana cambian las mayorías y el Congreso aprueba una ley que deroga las nuevas atribuciones del TC, los jueces podrían apartar a los diputados de sus funciones por el hecho de ir en contra de la resolución que se las otorgaba. Incluso podrían apartar a Rajoy o a un ministro, o a un presidente autonómico, o a un embajador.
Ha nacido el Leviatán español, pero con una misión concreta y determinada: atacar, vencer y deglutir el proceso independentista catalán. El problema es que cuando se crea un monstruo y se lo suelta, nunca se sabe cuándo se se dará vuelta y acabará devorando a su propio creador.-
Por Germán Capdevila
Para los eurodiputados del PDECat, Ramon Tremosa; de ERC, Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall; y de ICV, Ernest Urtasun, no se cumple la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Eurodiputados catalanes llevaron la detención de la alcaldesa de Berga a la Comisión Europea. Al frente de esta iniciativa se hallan el eurolegislador del PDECat, Ramon Tremosa; los de ERC, Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall; y el de ICV, Ernest Urtasun, quienes registraron una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que traslada la detención el viernes de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, por no haber comparecido ante el juez por haber mantenido una bandera ‘estelada’ durante las elecciones del 27S y el 20D de 2015.
La pregunta concreta que formula Tremosa es si la Comisión Europea cree que el sistema judicial español cumple con la independencia judicial requerida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como les demanda opinión sobre la detención de Monsterrat Venturós por el simple hecho de haber colgado una bandera en el balcón del Ayuntamiento.
Asimismo, estos eurodiputados recuerdan que el 65% de la población española consideran mala o muy mala la independencia judicial según EU Justice Scoreboard 2016. Y concluyen que la independencia judicial deriva del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución española en su artículo 24 y también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.-
PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor del procesamiento de Francesc Homs
En otro acto de despotismo antidemocrático, las tres formaciones respaldaron en el Congreso de los Diputados la petición del Supremo para juzgar al legislador del PDECat
Francesc Homs.
El Congreso de los diputados de Madrid impulsó que el diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat), Francesc Homs, sea procesado por el Tribunal Supremo en el marco de la causa del referéndum no vinculante del 9 de noviembre de 2014 (el 9N). El PP, el PSOE y Ciudadanos unieron sus fuerzas y apoyaron este martes en la Comisión del Estatuto del Diputado la tramitación de suplicatorio que ha cursado el Alto Tribunal para poder investigar al portavoz de la antigua Convergència (CDC).
El diputado del PDECat compareció el pasado jueves a puertas cerradas ante los miembros de la comisión –uno por cada grupo parlamentario–, donde mantuvo su argumentación de que se trata de un proceso político impulsado desde el Gobierno y, por lo tanto, una judicialización de un asunto que debería resolverse políticamente.
La Comisión del Estatuto del Diputado aprobó el dictamen a favor de la concesión del suplicatorio. Las tres formaciones suman 250 diputados, por lo que el pleno del Congreso lo despachó por mayoría amplia, aunque una incógnita es la postura de los diputados del PSC. El voto es secreto y los socialistas catalanes, que ya votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy, se han pronunciado muchas veces en contra de la judicialización de la política que supone una causa como la del 9N.
Los que expresaron su apoyo a Homs son los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PNV y los diputados de Compromís y de EH Bildu, del Grupo Mixto, alegando que no se lo puede procesar por el mero hecho de haber sacado las urnas a la calle para recabar la opinión de los catalanes. El que fuera conseller de Presidència y portavoz de la Generalitat de Catalunya pidió que su comparecencia fuera abierta, pero se negó tal alternativa porque el Reglamento de la Cámara establece que las reuniones de este órgano deben celebrarse siempre a puertas cerradas. Homs reclamó también una copia de toda la documentación remitida por el Supremo para justificar la petición del suplicatorio, pero los letrados del Congreso concluyeron que no se la podían entregar y que, igual que los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado, sólo tenía derecho a consultar los documentos.
Además, la Comisión también rechazó una tercera petición de Homs para que se escuchara a testigos relacionados con su caso, entre los que desearía citar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, al que se refirió como “ínclito y distinguido miembro del PP”. Se le respondió que su solicitud fue desestimada porque “el Congreso no puede entrar en el fondo de la cuestión, sino que su papel se limita a tramitar o no las peticiones del Supremo en función de que se cumplan o no los requisitos legales”.-
La brújula semanal: La desobediencia y el papel de los Mossos d’Esquadra
Llegamos al final de una semana intensa. En Madrid, Mariano Rajoy eligió gobierno, confeccionado para no variar el rumbo, tampoco en relación a Cataluña. La respuesta al proceso soberanista continuará llegando desde los juzgados. Sólo dos informaciones de las últimas horas que lo ilustran: el Tribunal Constitucional (TC) avaló la reforma de la ley que le permite suspender a políticos independentistas y los Mossos d’Esquadradetuvieron el viernes a la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, por desobedecer dos citaciones judiciales por no haber retirado la bandera estelada del balcón del Ayuntamiento. La desobediencia y el papel de los Mossos. Este será un tema clave de los próximos meses. Hablaremos, y mucho, si el Gobierno y el Parlamento siguen haciendo camino hacia la desconexión.
El caso Venturós y la relación CUP-Gobierno: La demostración de que los ejercicios de desobediencia y la consecuente presión judicial pone a los Mossos en el centro del foco se resume en las declaraciones de la CUP y el Gobierno tras la detención de Venturós. Los anticapitalistas, que continúan negociando los presupuestos con Oriol Junqueras (y presionando con decisiones unilaterales), consideran que un ejecutivo independentista “debería actuar de otra manera” mientras que en el Palau defienden el papel de la policía catalana. En el Gobierno se teme que se utilice a los Mossos –trabajadores públicos sometidos a la ley– para generar dudas y, de rebote, grietas en el mundo soberanista.
Una Legislatura que comienza con un comunicado: Rajoy actuó de Rajoy. Así lo apuntábamos con Ferran Casas en un análisis. El líder del PP elaboró un gobierno continuista, con pocas caras nuevas y escaso peso político, sin concesiones a la oposición. Soraya Sáenz de Santamaría reforzó su poder y es la mejor ubicada en la carrera por la sucesión (aún en plena guerra con Dolores de Cospedal). Por cierto, el presidente anunció la composición del nuevo ejecutivo –que volvió a trabajar después de 320 días– con un simple comunicado. Ni rueda de prensa ni mucho menos preguntas. Si Rajoy prometía diálogo antes de ser investido, parece que cambió de idea.
El futuro del PSC: Los socialistas catalanes celebran su congreso, marcado por la investidura de Rajoy, la relación tensa con el PSOE, y la hoja de ruta que deberá aprobar el partido, cada día más desorientado. Sabemos que Miquel Iceta (nada cómodo con los embates que llegan desde Madrid) pilotará la nueva etapa y que la “vía canadiense” tal vez ni se someta a discusión. Malos tiempos para un PSC alejado de la centralidad de la política catalana, con el derecho a decidir como denominador común.
La Frase de la Semana: “La alternativa a Colau es el bloqueo y una coalición imposible”. La frase es de Jaume Collboni, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y socio de la alcaldesa. La pronunció este jueves para disipar dudas sobre una moción de censura al gobierno municipal. CiU capitanea la operación, argumentada por Joaquim Forn en un artículo en el diario Ara. “Las próximas semanas hablaremos con todos los grupos para ver las posibilidades, los tiempos y el alcance de la alternativa”, insistía Forn en el texto. El movimiento implicaría un muy poco probable pacto con Ciudadanos y el PP en la capital catalana, mientras el Parlamento el soberanismo avanza hacia el referéndum.-
Por Joan Serra
Aval del Tribunal Constitucional a la ley que permite suspender a políticos independentistas
La sentencia, que no se aprobó por unanimidad (8 contra 3), permitirá actuar contra aquellos cargos electos que desobedezcan las resoluciones del alto tribunal español
Carme Forcadell está situada en el ángulo de tiro del TC, pero el tribunal teme las reacciones populares en cadena si avanzara al amparo de las reformas absolutamente represoras y coercitivas de las que dispone ahora.
El pleno del Tribunal Constitucional avaló la ley que le permite suspender a los cargos políticos que desobedezcan sus resoluciones. La sentencia, que no se tomó por unanimidad, da luz verde de este modo a la “reforma exprés” de la ley del alto tribunal, que impulsó el Gobierno para actuar contra el proceso soberanista y que se podría utilizar contra políticos independentistas como Carme Forcadell.
La Generalitat y el Gobierno Vasco presentaron sendos recursos contra la reforma del Constitucional, que prevé un incidente de ejecución cuando se desobedezcan sus sentencias, lo que puede llevar a sanciones como suspensiones de altos cargos o multas. Este jueves, el pleno desestimó el recurso presentado por el Ejecutivo de Vitoria por ocho votos a favor y tres en contra, según informaron fuentes del alto tribunal.
Ya se puede hacer efectiva la reforma que permite suspender a políticos
Según los magistrados, la reforma impulsada por el PP tiene un fundamento constitucional legítimo y, por lo tanto, a partir de este momento ya pueden activar las medidas que contempla la reforma contra aquellos particulares, funcionarios y cargos políticos que hagan caso omiso de sus resoluciones. Los mecanismos, según consta en la reforma de la ley, van desde multas de 3.000 a 30.000 euros “a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del TC, hasta la suspensión de las funciones de las autoridades o trabajadores públicos de la administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observación de los pronunciamientos del tribunal”.
Contrariamente a lo que estaba pasando en los últimos meses, en el que Pérez de los Cobos impulsaba acuerdos para hacer posible sentencias unánimes sobre cuestiones que afectaban al proceso soberanista, en esta ocasión la sentencia pone de manifiesto la fractura en el seno de la institución. Los magistrados Adela Asúa, Fernando Valdés Dal-Re y Juan Antonio Xiol han votado en contra y firmarán un voto discrepante.
Esta falta de consenso incluso forzó a resolver antes la cuestión de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, pese a que inicialmente el plan era emitir sentencia para saber de qué herramientas disponían en el proceso contra ella. Finalmente, la ponente progresista Adela Asúa –contraria a la constitucionalidadde las medidas que incorporaba la reforma– renunció a la redacción del texto tras constatar la imposibilidad de un entendimiento.
Los magistrados rechazan los argumentos de los recursos que habían presentado los gobiernos catalán y vasco –el de la Generalitat no se ha estudiado pero se descuenta que tendrá la misma respuesta–, que sostenían que la reforma suponía un “cambio cualitativo importante de las funciones encomendadas a la institución que puede alterar el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado”. Según el Gobierno, la reforma “vulnera las garantías constitucionales del derecho sancionador en relación al principio de legalidad” y va más allá de la definición del ámbito de jurisdicción del TC que recoge la Constitución.
El ejecutivo español argumenta que la reforma es perfectamente legal y que sólo busca garantizar el cumplimiento de las sentencias del alto tribunal. Según el gobierno del PP, son medidas que permiten fortalecer el Estado de derecho y evitan que las instituciones den pasos que vayan más allá de los límites establecidos por el TC.-
Detienen a la alcaldesa de Berga por no descolgar una estelada del edificio de su Ayuntamiento
Los Mossos se llevan a Montse Venturós por negarse a comparecer en dos oportunidades y la solidaridad con la mandataria no se hizo esperar
Los partidos soberanistas y varios dirigentes de Barcelona en Comú y En Comú Podem mostraron su apoyo y solidaridad con la alcaldesa de Berga, MontseVenturós, detenida a primera hora de esta mañana por no comparecer en dos ocasiones ante el juez para declarar por un supuesto delito electoral por no descolgar una estelada.
Los más contundentes en Twitter fueron sus compañeros de la CUP Quim Arrufat, David Fernàndez, la diputada Anna Gabriel, Joan Coma y el concejal de Badalona Josep Téllez, investigado por abrir la sede del Ayuntamiento de su ciudad durante el pasado 12 de octubre, día de fiesta nacional en el territorio español.
También desde el Govern surgieron muestras de solidaridad. El presidente catalán, Carles Puigdemont, transmitió su apoyo a Venturós y “a los cargos electos que sufren persecución por sus ideas”. La portavoz y ‘consellera’ de Presidència, así como vicepresidenta del PDC, Neus Munté, consideró que el “auténtico problema” de este caso es el “déficit democrático y lapersecución del Gobierno del PP”. Y el vicepresidente Oriol Junqueras hizo un llamado a la “unidad social e institucional” para que “nadie detenga a la democracia”.
Del espacio político de los denominado “comuns” también han surgido varias voces para denunciar la detención y ofrecer muestras de respaldo a la alcaldesa de Berga. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió la “libertad de expresión y la soberanía municipal”, mientras que los diputados de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela, Lluís Rabell y Albano Dante Fachín trasladaron su “solidaridad” a Venturós. Por su parte, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, consideró que es “inaceptable que detengan a una representante del pueblo por ejercer la libertad”.
García Albiol: La detención es una medida reconfortante e higiénica para la democracia
El coordinador general del Partido Popular de Cataluña agregó que la sanción a la alcaldesa de Berga es un mensaje para los que “se quieren saltar el estado de derecho”
El coordinador general del Partido Popular de Cataluña, Xavier Garcia Albiol, aseguró que está muy satisfecho por la detención de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y calificó el hecho de “buena noticia para la democracia”. Según el líder del PP catalán, se trata de una medida “ajustada a la ley” pero sobre todo destacó que es “reconfortante e higiénica para la democracia”.
Albiol afirmó que la justicia española ha enviado un mensaje muy claro a la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y también a aquellos que “se quieren saltar el estado de derecho”. Y además de negar que el gobierno español se encuentre detrás de la detención de Montserrat Venturós, sostuvo que “la alcaldesa se piensa que está en una república independiente y que puede hacer lo que le dé la gana, pero ahora verá que no es así”.-
Se multiplicaron las concentraciones de apoyo a Montserrat Venturós, que fue liberada
Gran cantidad de personas se reunieron delante de ayuntamientos de toda Cataluña para apoyar a la alcaldesa de Berga – El juez la amenazó con prisión si sigue desobedeciendo
Cientos de personas se han concentrado a las siete de la tarde frente de ayuntamientos de toda Cataluña en apoyo a la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que fue detenida por haber desobedecido dos citaciones judiciales. A la convocatoria impulsada por la CUP se sumaron la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación Catalana de Municipios.
La plaza San Pedro de Berga ha sido una de las primeras en llenarse: más de un millar de personas transmitieron su calor a la alcaldesa de la ciudad. Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento, yJoan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, entre otras autoridades, estuvieron presentes. En Lleida, a pesar de la lluvia, se reunieron ante el ayuntamiento unas 250 personas, una cifra similar a la de la concentración de Tarragona. En Girona y Barcelona el número de asistentes ha sido superior, rozando el millar. También hubieron concentraciones en Sabadell, Manresa y Ripoll, entre otras capitales catalanas.
El juez dejó en libertad a la alcaldesa Montserrat Venturós poco después del mediodía de este viernes, tras declarar por dos delitos electorales, pero le advirtió que una nueva incomparecencia podría conllevar otra orden de detención y que “podrá ser llevada a la cárcel”.
En dos resoluciones, una por cada supuesto delito, el juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Berga decretó su libertad provisional sin fianza basándose en tres aspectos: la pena que en su momento se le podría imponer, que tiene domicilio fijo y que cree que “no burlará la acción de la justicia”. Eso sí, el juez obligó a Venturós a comparecer en el juzgado “siempre que se le pida” y fijar un domicilio y un número de teléfono de contacto de cara a las diligencias que se lleven a cabo dentro de las dos causas.-
Barcelona, Berga, Madrid, Girona (INCAT-Nació Digital-ACN El Punt Avui).-
El conseller de Territori, Josep Rull, dice que las normativas vigentes en Cataluña son suficientes para evitarlo
El conseller de Territori, Josep Rull, aseguró que las leyes y normativas que ya hay vigentes en Cataluña son “suficientes” para hacer de “dique de contención” para que los toros no vuelven a Cataluña, después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado la prohibición catalana.
Las declaraciones de Rull llegaron durante el acto inaugural del Primer Encuentro de Comisiones y Secciones de Protección de los Derechos de los Animales en el Colegio de Abogados de Barcelona.
Rull mencionó la ley catalana de espectáculos, la de sanidad pública y la ley de defensa de los infantes, así como otras normativas como la de bienestar animal o la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona. Todos estos casos, son leyes amparadas por la legalidad vigente de la comunidad autónoma y con la independencia suficiente como para que no pueda intervenir la justicia federal.
El conseller de Territori añadió que el único escenario donde se podrían reeditar las corridas es en la plaza de toros de la Monumental de Barcelona. De todas maneras, Rull puso en duda que los propietarios tengan intenciones reales de abrir el complejo como plaza de toros. “Es mucho más rentable hacer espectáculos culturales o de circo sin animales”, finalizó el funcionario.
Con la sonrisa socarrona de quien cree que tiene a su adversario de rodillas, ayer Soraya Sáenz de Santamaría advertía a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que se abstuvieran de ninguna acción que pudiera impedir el regreso de los toros a Cataluña. “Las partes deben acatar las sentencias; son las reglas del juego”, aseguraba.
Lo dijo la vicepresidenta en funciones del gobierno del Estado que ha incumplido e incumple decenas de sentencias del Tribunal Constitucional favorables a Cataluña, de las materias más diversas, de la gestión de las becas y ayudas universitarias, de la transferencia de los trenes que sólo circulan por territorio catalán, pasando por los programas de integración de inmigrantes y los esquemas de cooperación y voluntariado social.
La concepción borbónica del Estado hace que la justicia sea unidireccional: sólo obliga a la Generalitat, nunca al gobierno central. Por eso los recursos suspenden la aplicación de las leyes catalanas, pero no afectan a las normas estatales. El caso es que día a día aumenta la presión. La soberanía del Parlamento se desvanece bajo un cerco judicial que ya amenaza directamente cargos electos.
El Estado español no conoce la negociación, sólo sabe de victorias y derrotas. La morbosidad de volver a ver toros en la Monumental, o trasladar detenido un cargo electo catalán hacia la npuede ser el paso en falso que encienda un detonante sin retorno.-
Por Germán Capdevila
La carta que una empresa de Murcia envió al Ayuntamiento de Amposta, Tarragona, pone en evidencia que el proceso catalán tiene también mucho de autodefensa y hartazgo
El puente de Amposta.
“Señores Extranjeros, no sé si podrán ustedes entender mis palabras al estar escritas en idioma castellano (no sé si todavía se considera un idioma o ha pasado a ser un dialecto para vosotros). Pretender que un lorquino de la provincia de Murcia, español hasta la cepa, esté obligado a leer en catalán es demencial. Sois tontos y esta situación es de vergüenza. Os llamé la atención en el correo anterior y os dije que no contestaré si me escribíais en catalán e insististeis.
“Para ser breve y no deciros todo lo que pienso os ruego que de momento no me molestéis más, comprad en vuestro país, mientras pueda compraré cosas españolas y a vendedores de mí querido país. Hasta nunca”.
Esta es la carta que envió un empresario de Lorca (Murcia) cuando –por error– el ayuntamiento de Amposta (Tarragona) le solicitó un presupuesto escrito en lengua catalana. Y como queda claramente expuesto en esas líneas llenas de rencor, las muestras de catalanofobia son escalofriantes y superan cualquier límite.
El corolario de esta circunstancia tan desagradable –como no podría ser de otro modo– fue que el consistorio catalán no se puso al mismo nivel y contestó con una educación exquisita:
“El correo enviado ayer fue por error. Era para una empresa catalana que entiende el catalán perfectamente. Como podrá comprobar –si busca los correos enviados anteriormente–, siempre nos hemos dirigido a usted en castellano. Disculpe las molestias”.-
La brújula: Mariano Rajoy lo torea todo
Si la semana ha sido intensa en Barcelona, esta se prevé movida en Madrid. El rey Felipe VI llamó el martes a consultas a los líderes de los principales grupos con representación parlamentaria para destrabar la investidura española. Mariano Rajoy está más cerca de la Moncloa. El último empujón para acercarlo a la presidencia lo hará el PSOE, que el domingo planificó un comité federal para virar del “NO” a la abstención. Veremos el papel que juega el PSC. Este viernes el presidente de la gestora, Javier Fernández, ya advirtió a Miquel Iceta que “revise” su posición. Las relaciones entre socialistas españoles y catalanes no serán sencillas a partir de ahora, como bien explica Roger Pi de Cabanyes en su análisis semanal en la sección Canal Madrid. En pleno juicio de la trama de corrupción Gürtel en el PP, se ha intensificado la ofensiva judicial contra el proceso soberanista –con Carmen Forcadell en el punto de mira– y el gobierno haciendo claudicar a un PSOE famélico y domesticado. En su peor momento, Mariano Rajoy lo ha toreado todo.
Toros y franquismo, regresión al pasado
El Tribunal Constitucional sentenció este jueves –sin unanimidad de los magistrados– que los toros debían volver a Cataluña. El Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona ya avanzaron que desobedecerán la resolución, que vuelve a laminar la autonomía legislativa del Parlamento. Isaac Meler sostuvo que la polémica de los toros demuestra que la sensibilidad progresista de la Cámara catalana topa con un perfil mucho más conservador del poder español, abonado a recurrir a los tribunales. Por cierto, de resoluciones judiciales más que injustas hay un montón, empezando por los juicios del franquismo. El Parlamento ya ha iniciado los trámites para declararlos nulos. Todavía tienen que reparar muchos agravios.
Del dictador a Samaranch
La semana estuvo marcada por Franco –y las estatuas exhibidas (brevemente) en la polémica exposición ubicada en el Born– y por un personaje camaleónico, Samaranch, rostro y voz de la elección de Barcelona como ciudad olímpica. El lunes conmemoramos el trigésimo aniversario de aquella elección que desató una explosión de entusiasmo popular, bien definido por Ramon Besa en un artículo en el diario El País recordando la efeméride. Pero Samaranch también fue objeto de disputa en el Ayuntamiento. El PSC –ahora aliado del gobierno municipal– se alineó el miércoles con Ciudadanos, PP y CiU para restituir la inscripción del ex presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) en la escultura que el mismo Samaranch había regalado a la ciudad en 1996. Días de miradas atrás.
El horizonte de los presupuestos (de Barcelona)
Han sido malos días para Ada Colau y su equipo. Más allá del ruido para la muestra del Born, por primera vez en democracia, un gobierno municipal no pudo aprobar el plan de mandato. La oposición en bloque votó en contra. El Plan de Actuación Municipal (PAM) –hoja de ruta de las prioridades políticas del consistorio– quedará, pues, en el cajón. No es un drama para la alcaldesa, porque no es imprescindible para gobernar. Pero la soledad evidenciada por el gobierno en la votación del plan de mandato hace pensar en un escenario complejo de cara a los presupuestos, donde Colau se juega todo. Dos cursos sin encontrar aliados por las cuentas debilitaría seriamente a Barcelona en Común.
La frase de la semana
“Que no me presentaré, puñetas!”. Es la frase destacada –aunque hay más– de la entrevista que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, concedió a la revista Vanity Fair. Puigdemont insiste ante la periodista, Marta Suárez, que no tiene ninguna intención de presentarse a la reelección. Decíamos la semana pasada que el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat) debía validar entre este viernes y sábado las nuevas siglas con una consulta a la militancia y que, ante el debilitamiento de la marca, Puigdemont resultaba el activo más preciado que ahora mismo tiene el partido. Aún más si conduce Cataluña hacia el referéndum vinculante. Según el Centro de Estudios de Opinión (CEO), los catalanes pusieron buena nota al presidente en el debate de la cuestión de confianza. Que Puigdemont no sea esclavo de sus palabras.-
Por Joan Serra
Amposta, Barcelona, Girona (INCAT-Nació Digital-El Punt Avui-Per Catalunya).-
Lo aseguró la presidenta del Parlamento, a la vez que reafirmó sus convicciones ante la Fiscalía que se ha querellado en su contra por “querer derogar la Constitución”
Fiscalía se ha querellado contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, por haber intentado “dinamitar” el Estado y querer “derogar deliberadamente la Constitución”. Acusaciones que han causado sorpresa en la presidenta de la Cámara catalana: “¿Cómo puede ser que se considere dinamitar el Estado el hecho de permitir un debate en el Parlamento? Lo que dinamita el Estado es la corrupción, la suspensión de las leyes contra los desahucios y la pobreza energética, y la falta de libertad de expresión”, señaló desde el Parlamento en atención a los medios de comunicación.
La decisión de la Fiscalía de querellarse contra ella era esperada toda vez que el Tribunal Constitucional se lo había pedido expresamente. Forcadell no entiende, sin embargo, los argumentos que se utilizan en el texto de la querella. La presidenta del Parlamento pidió al gobierno y a las instituciones españolas que, en lugar de luchar “contra la libertad de expresión y el derecho a la participación”, los defiendan. Esto es lo que asegura que hizo ella al permitir el debate en pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
“Hice lo que tenía que hacer en defensa de la soberanía del Parlamento”, subrayó Forcadell, que no contempla ninguna sentencia condenatoria en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decida abrir un juicio contra ella. “Sería un ataque demasiado grande a la democracia”, opinó.
También desde la Cámara catalana, el portavoz de Cataluña Sí Que se Puede (CSQP) en el Parlamento, Joan Coscubiela, reiteró que desde su grupo siempre se han mostrado contrarios a la “criminalización de la democracia” y recordó que durante el debate de política general aprobaron una proposición, junto con el Gobierno de Juntos por el Sí y la CUP, en contra de la “judicialización” de la democracia. “El conflicto sólo puede resolverse en la mesa de negociación”, añadió.-
Barcelona (INCAT-ARA Por Aleix Moldes y Jordi Mumbrú).- La
