La CGT rechaza proyecto que limita horarios a las obras de construcción

El proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal propone un horario restringido desde el 20 de
diciembre hasta el 1 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 17, además prohíbe trabajar los sábados, domingos y feriados.

La CGT Regional Mar del Plata/Batán emitió un comunicado donde se sumaron a la preocupación de los trabajadores de la UOCRA y al rechazo del proyecto de ordenanza que busca limitar los horarios para la realización de obras de construcción, especialmente durante la época estival.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo municipal propone un horario restringido desde el 20 de
diciembre hasta el 1 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 17, además prohíbe trabajar los sábados, domingos y feriados.

«Esta medida se contrapone con la ordenanza de incentivos a la construcción y provoca un claro perjuicio a los trabajadores de una actividad generadora de trabajo digno, potenciadora de la Industria y de inmediato impacto en la reactivación», señalaron.

Desde la central obrera plantearon que «la ciudad necesita de políticas públicas que impulsen las actividades y en consecuencia el empleo,
de este modo podrá alejarse de esos índices que tanto nos duelen a marplatenses y batanenses».

Finalmente, el oficialismo decidió no avanzar con el expediente en la comisión de Obras y tratar de conseguir un consenso con el Foro de la Construcción.

Fiscalía Federal de Mar del Plata rechaza el recurso que busca frenar la aplicación de la IVE

Juan Manuel Portela, a cargo interinamente de la fiscalía ante ese tribunal, consideró que Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la localidad balnearia, no tiene «legimitimación» para impulsar la acción presentada semanas atrás en ese sentido, que fue avalada en primera instancia por el titular del Juzgado Federal 4 marplantese, Alfredo López.

La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata emitió este miércoles un dictamen en el que rechazó el recurso presentado por un particular para pedir la inconstitucionalidad de la ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y suspender su aplicación en todo el país, informaron fuentes judiciales.

Juan Manuel Portela, a cargo interinamente de la fiscalía ante ese tribunal, consideró que Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la localidad balnearia, no tiene «legimitimación» para impulsar la acción presentada semanas atrás en ese sentido, que fue avalada en primera instancia por el titular del Juzgado Federal 4 marplantese, Alfredo López.

En un escrito de cuatro páginas, Portela señaló que Seri «no tendría legitimación para interponer la presente acción y no se constataría la existencia de un ´caso´, razón por la que la instancia no se encontraría habilitada».

El dictamen del fiscal general fue presentado ante la Cámara, en el marco del incidente de apelación iniciado luego de que el Estado, acompañado por distintas entidades como Amnistía Interncional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres, presentara un recurso para suspender la cautelar concedida por López el último 7 de junio.

El fiscal consideró que la justicia federal marplatense es competente para tratar el caso, pero entendió que «al actuar» Seri «a título personal, en calidad de mero ciudadano, no reviste la condición de los sujetos habilitados» por el artículo 43 de la Constitución Nacional «para entablar la acción en defensa de intereses ajenos», como la presunta «tutela judicial inmediata y efectiva del derecho a la vida, que el actor considera vulnerado» por la Ley 27.610.

«Un caso judicial supone la existencia de una controversia con relevancia jurídica propuesta por quien está legitimado para ello, al tiempo que dicho conflicto debe ser actual -no hipotético- y debe requerir una respuesta jurisdiccional concreta -no dogmática ni académica- relacionada con los intereses o bienes en juego», señaló.

En ese sentido, sostuvo que al hacer lugar al recurso en primera instancia, López «claramente exorbitó su jurisdicción ya que no se puede dictar pronunciamiento judicial alguno sin un caso que lo sustente».

«Es reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido la posibilidad de que cualquier magistrado pueda hacer pasar a cualquier ley por el test de constitucionalidad pero siempre y cuando ese examen sea producto de la existencia de un caso concreto, o sea del pedido de un peticionante legítimo que plantee la posibilidad cierta de un perjuicio concreto que la ley examinada pudiera causarle», señaló.

Tras el dictamen de la fiscalía, la apelación está en condiciones de ser resuelta por los integrantes de la Cámara, Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez.

En el tribunal, a su vez, continúa en trámite el pedido de recusación que presentó el Estado nacional contra el López, por considerar que se comprobaron «graves circunstancias que ponen seriamente en duda» su actuación «como juez imparcial en esta causa».

Este proceso judicial es uno de los 31 que se activaron el país a partir de la vigencia de la ley, según un relevamiento de Amnistía Internacional, difundido al cumplirse hoy 6 meses desde que el Congreso voto la norma. (Telam)

El Centro de Ingenieros de Mar del Plata impugnó una medida que perjudica a los Ingenieros Mecánicos

A través de una carta documento, realizó formalmente la impugnación de una medida que perjudica en su desarrollo profesional a los Ingenieros Mecánicos en trámites que deben inscribirse ante el Registro de la Propiedad Automotor.

El Centro de Ingenieros de Mar del Plata, a través de una carta documento, realizó formalmente la impugnación de una medida que perjudica en su desarrollo profesional a los Ingenieros Mecánicos en trámites que deben inscribirse ante el Registro de la Propiedad Automotor. 

Dicha situación surge a partir de la publicación de la Circular N° 3/2020  de la Dirección Técnico Registral y Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (DRTyR), cuyas expresiones invalidan la participación de Ingenieros Mecánicos en los  trámites de inscripción ante el Registro de la Propiedad Automotor para el patentamiento de trailers de categoría O1. 

De acuerdo a lo expresado por la misiva, que lleva la firma del Ing. José Luis Ovcak, presidente de la institución profesional, la «Circular N° 3/2020 afecta de manera disvaliosa el ejercicio profesional de los Ingenieros Mecánicos».

Y afirma que la mencionada dirección «pasó a variar sorpresivamente el criterio sostenido durante años por las autoridades y entes competentes, incluso en contra de los precedentes existentes, afectando situaciones consolidadas y posibilidades ciertas y legítimas de actuación de los profesionales de la Ingeniería»,  en favor del sector privado de los talleres de revisión técnica vehicular.

En ese contexto, subrayaron la «importancia de dar continuidad a la participación de un Ingeniero habilitado acorde lo dispone la Ley 10416 y sus modificatorias, registrado en el Colegio Profesional, el cual está sujeto a controles éticos en su labor profesional, en la tarea de verificación técnica de seguridad de los trailers que circulan por las rutas de nuestro país, frente a la actuación de los talleres de revisión técnica vehicular, que funcionan como concesión del estado, pero sobre los cuales, tenemos conocimiento que en la Pcia de Buenos Aires el Colegio de Ingenieros no posee registros de la efectiva presencia de Ingenieros Mecánicos debidamente habilitados al frente de los mismos».

Destacaron, además, que «los Ingenieros Mecánicos son los profesionales universitarios formados para esta tarea vinculada a la seguridad vial cuyo objetivo central es disminuir los factores de riesgo, para poder minimizar y prevenir los accidentes de tránsito y los daños que estos ocasionan» y recordaron que  «los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, sobre todo en los jóvenes». 

Más voces de rechazos al «impuesto al turismo»

Entidades relacionadas con el turismo se mostraron en contra del impuesto del 30% a la compra de divisas extranjeras; a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país y a servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

En las últimas horas se sumaron nuevas voces en contra del impuesto del 30% a la compra de divisas extranjeras; a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país y a servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

 

Todas las instituciones del sector turístico que se expresaron al respecto coincidieron en remarcar que la iniciativa va en contra del desarrollo, la inversión y continuidad de las compañías que generan empleo en nuestro país. FAEVYT, IATA, CAT y JURCA fueron algunas de las instituciones que se expresaron al respecto.

 

“Pedimos que no se implementen medidas que afecten a la industria y que tendrán un efecto directo sobre hoteles, empresas, comercios y pueden provocar pérdida de empleo. Ya lo hemos visto en otros países, cuando se atraviesa una crisis como la que se está dando en Argentina, medidas como las que se anuncian provocan el efecto contrario a lo que se supone” señaló Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo -IATA-

 

Por su parte, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo -FAEVYT- expresó a través de un comunicado que: “Entendemos la crisis que está atravesando el país pero las agencias de viajes somos parte de la solución, no del problema. Somos el principal canal de comercialización del turismo y un dinamizador fundamental de la economía que brinda trabajo a miles de argentinos. La implementación de este impuesto significa poner en riesgo fuentes de trabajo, cerrar el camino a las oportunidades de crecimiento y de generación de divisas genuinas para el país”.

 

Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo -CAT- sostuvo que “la actividad turística necesita del equilibrio entre el turismo receptivo y el emisivo, entonces si yo no tengo turismo emisivo para sacar gente del país, no tengo líneas aéreas que estén interesadas en traer turistas del exterior porque se volverían con los aviones vacíos. Esto haría, por ejemplo, que una línea aérea decida eliminar sus rutas a la Argentina porque no le son rentables, y los primeros perjudicados serían las empresas vinculadas al turismo dentro del país. En ese escenario, el país necesita de la conectividad para desarrollar la actividad turística».

 

Finalmente la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina –JURCA- señaló a través de un comunicado que: “Este nuevo impuesto seguramente puede llevar a cada operador aéreo a reducir el tamaño de las aeronaves o la cantidad de frecuencias según sea el caso, lo cual impacta directamente en la viabilidad de viajes de turistas extranjeros, la capacidad de bodegas para la exportación y con ello empleos en el país».

Rechazan la prisión domiciliaria de Demarchi

Diversas entidades pronunciaron su profundo rechazo respecto a la medida generada por los jueces del Tribunal Federal quienes otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida, ex jefe de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), quien fuera condenado a la pena de cadena perpetua por conformar una asociación ilícita, liderarla y cometer múltiples homicidios.

Durante la mañana de este lunes 16 organismos de DDHH, entre los que se destacaban Abuelas y  Madres de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ex Presos Políticos, Colectivo Faro por la Memoria, Hijos, la Universidad Nacional de Mar del Plata y Vecinos  Sin Genocidas, acompañados por abogados querellantes, representantes de la política local, centrales de trabajadores, movimientos sociales, estudiantiles y diversas entidades intermedias  pronunciaron su profundo rechazo  respecto a la grave situación generada por los jueces del Tribunal Federal Integrado por los doctores Víctor Bianco y Alfredo Ruiz Paz quienes otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida, ex jefe de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Gustavo Modesto Demarchi, quien fuera condenado a la pena de cadena perpetua por conformar una asociación ilícita, liderarla y cometer múltiples homicidios, en todos los casos utilizando el mismo modus operandi ya que se caracterizaban estos hechos por el extremo salvajismo y el profundo desprecio por la vida sus perseguidos.

La referente de Abuelas, Ledda Barreiro de Muñoz destacó: “Los jueces alegan que el Sr. Demarchi tiene un problema en el tobillo y el talón de Aquiles y por eso debe ir a su casa a vivir, como un vecino más. Nosotras destacamos ante todo el respeto por la vida, la integridad del detenido y los derechos a una buena atención médica, pero argumentar esto para traer a este asesino a Mar del Plata es insostenible ya que no sólo viola el derecho de las víctimas sobrevivientes, sino que vulnera el de todos los vecinos de la ciudad. No podemos permitir esto y vamos a movilizarnos a partir de este mismo miércoles 18 al mediodía en el Tribunal Oral Federal de la Av. Luro y Santiago del Estero y luego realizaremos actividades en torno a los vecinas y vecinos inmediatos ya que sabemos que va a instalarse en la calle Alvarado 1414, queremos que la ciudadanía sepa quién es este monstruo”, puntualzó.

Por otra parte, el rector de la Universidad nacional, Lic. Alfredo Lazzaretti afirmó que “llevó más de treinta años de lucha llevar a este genocida a la cárcel y gracias a ustedes (en referencia a los sectores presentes) y al accionar de la justicia se pudo condenar a Demarchi para que ahora lo vuelvan a enviar a su casa. Ni olvido, ni perdón”, concluyó.

Otros dirigentes destacaron que Demarchi representa un auténtico peligro en la ciudad ya que desde un comienzo del proceso judicial en su contra intentó entorpecer el mismo haciendo uso de sus importantes recursos económicos, sus contactos e influencias hasta que finalmente, al verse acorralado por el accionar judicial avalado por los múltiples testimonios de sobrevivientes que hablaban de sus crímenes horrendos, el ex fiscal se fugó a Colombia desde donde siguió, a la distancia, presionando a las partes querellantes e impedir la extradición. El gobierno y la justicia de ese país, luego de analizar el caso,  rechazó el pedido de “asilo político” del ex abogado y aceptó la extradición  solicitada por la justicia argentina por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Cabe recordar que actualmente la justicia federal lleva adelante lo que se denomina causa CNU 2 y que incluso hay una tercera causa presentada contra esa organización parapolicial y paramilitar en la que se investigan 25 asesinatos más