No avanza la expropiación de la Casita Azul y temen por su futuro

Tras un intento de venta del inmueble, la Mesa Interinstitucional contra la Trata coordinaron distintas acciones para lograr la conclusión del trámite y crear un espacio de prevención de la trata y la explotación sexual.

El reclamo no es nuevo, pero se actualiza ante la preocupación por los plazos que se acortan. La ley de expropiación del ex prostíbulo Casita Azul fue sancionada en abril de 2014 y solo resta un año para que caiga en abstracto si el trámite no se concreta.

Por esto, desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata/Batán convocaron a diputados y senadores provinciales de la ciudad para aunar esfuerzos con un objetivo concreto: que el lugar donde fueron explotadas sexualmente decenas de mujeres se convierta en un espacio de prevención, para que no haya más víctimas del sistema prostibulario.

En concreto, es necesario que el Poder Ejecutivo provincial finalice el trámite de expropiación. El tiempo trascurrido implica la realización de una nueva tasación del inmueble, dado que había sido hecha en 2015 y es necesaria su actualización.

En una reunión realizada días atrás en la delegación marplatense de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires estuvieron presentes los diputados Alejandra Martínez y Juan Manuel Cheppi, además de una de las asesoras del senador Lucas Fiorini. Hubo otros legisladores que manifestaron su imposibilidad de llegar, pero hicieron llegar su preocupación con la temática. Por la Mesa, hubo representantes de distintos espacios políticos, organismos sociales y de Derechos Humanos y la concejal Cristina Coria.

En el momento se redactó y firmó una nota y se formalizó la consulta ante el Defensor Guido Lorenzino. También se presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados provincial, a través del cual se requirió conocer en qué dependencia y estado administrativo se encuentra el expediente; qué motivos impiden la concreción de la

expropiación y qué acciones está desarrollando el Poder Ejecutivo para su finalización.

En el plano local, se presentó una nota al intendente Carlos Arroyo. En la misma, Coria, como concejal e integrante de la Mesa, consultó si hubo novedades o nuevas gestiones después de la nota que el propio jefe comunal enviara a la gobernadora en septiembre de 2016 para agilizar la conclusión del trámite de expropiación, y solicitó -en caso que no las hubiera- reiterar las gestiones.

El accionar de la Justicia permitió la clausura del lugar diez años atrás y la condena por trata de personas para quienes explotaron sexualmente a decenas de mujeres. La casa, situada en el corazón del barrio La Perla de Mar del Plata, a metros del Espacio Unzué, estuvo abandonada desde entonces. Fue tomada por familias sin vivienda en algunas oportunidades y sufrió dos incendios. Ante ello, desde la Mesa se solicitó en varias ocasiones al Municipio su limpieza y desratización, además de tapiar las entradas y ventanas.

Lo cierto es que su actual estado de abandono significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias.

A fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria loca, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.

Entendemos que Mar del Plata es una ciudad que ha dado importantes pasos en la lucha contra la trata de personas, que es modelo para otras localidades en este sentido. El compromiso de la sociedad, que fue de la mano con el accionar de la Justicia Federal -que permitió 27 condenadas, liderando el ranking en el país-, permitió desnaturalizar la comercialización de personas. El trabajo de prevención que nos ocupa desde nuestra constitución en 2012, sumará un paso clave cuando se concrete la expropiación de Casita Azul y se cumpla con su cometido tanto en el plano simbólico como en el práctico, inaugurando un espacio de reflexión y lucha contra la trata de personas”, sostuvieron desde la Mesa.

Piden celeridad en la expropiación del ex prostíbulo «Casita Azul»

El objetivo es que allí funcione una Casa Memoria, de conmemoración de las víctimas del delito de trata y explotación sexual, y que sea utilizado para la prevención y concientización.

Los integrantes de la Mesa Interinstitucional contra la Trata, un espacio amplio y plural impulsado por el fiscal de Distrito Daniel Adler, recibieron este lunes al diputado provincial Maximiliano Abad, a quien le manifestaron su preocupación por la demora en el trámite de expropiación del ex prostíbulo Casita Azul.

Del encuentro participaron referentes de distintos espacios políticos que conforman la Mesa, como la diputada Alejandra Martínez, la concejal Cristina Coria, los dirigentes María del Carmen Viñas y Eduardo Bruzzeta, la directora de la Mujer del Municipio de General Pueyrredón Susana Mercado, y Limay Amestoy, de la dirección de Derechos Humanos de la comuna. Además, estuvieron presentes miembros de organizaciones de la sociedad civil e integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los integrantes de la Mesa Interinstitucional contra la Trata explicaron al legislador que luego de la sanción de la ley, en abril de 2014, el expediente hizo un recorrido por distintas áreas de la gobernación de las últimas gestiones, y debería estar pronto a su concreción, pero para ello hace falta la asignación de una partida presupuestaria.

El legislador marplatense se comprometió a acompañar el proyecto y planteó que se trata una iniciativa con gran valor simbólico en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual.

Durante la reunión, el fiscal relató la intención de la Mesa de que allí funcione una Casa Memoria, de conmemoración de las víctimas del delito de trata y explotación sexual, que sea un espacio para la prevención y concientización, al tiempo que podrían funcionar oficinas de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredon, lo que implicaría evitar alquileres al Estado.

Trata: piden penas para dos de los imputados de La Posada

El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, solicitó penas para dos de los siete imputados en el juicio por trata de personas y explotación sexual en el ex prostíbulo “La Posada” y el hotel lindante “El Paraíso”, que funcionaba en 11 de Septiembre al 3000, en pleno microcentro de la ciudad balnearia, donde eran explotadas al menos 16 mujeres de nacionalidad Paraguaya.

En concreto, solicitó una pena de cuatro años y seis meses para Alicia Acevedo Galeano, esposa de quien fuera el dueño de La Posada, Juan Motillo hoy fallecido, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada y explotación económica de la prostitución ajena, además de una multa de 10 mil pesos. En tanto, para Aníbal Soria, acusado de ser financista de la organización, pidió una pena de cinco años por el delito de explotación económica de la prostitución ajena, más una pena de 50 mil pesos.

En tanto, solicitó la absolución de la mujer de Soria, María del Carmen Castrege, quien le alquilaba a Motillo el inmueble donde funcionaba el bar prostíbulo; y de quienes eran empleados del lugar y cumplían funciones de seguridad, organizadores y atención de la barra: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro. Para fundamentarlo, planteó que no participaron de la comisión del delito, que eran fácilmente reemplazables y que eran también personas vulnerables.

El fiscal pidió el decomiso de la vivienda de 20 de Septiembre al 3500 y del local donde funcionaba La Posada. No requirió el mismo destino para el hotel, a pesar de que se trata de un bien que fue utilizado para cometer el delito, dado que fue transferido a un tercero y esto está siendo investigado en una causa aparte, a partir de la cual se podría eventualmente avanzar.

Para el fiscal, quedó demostrado que La Posada y el hotel lindero El Paraíso constituían una unidad comercial. Las tareas de inteligencia desplegadas por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación mostraban el movimiento que se hacía entre ambos lugares, a la vista de todos. Era el hotel una obligada continuidad de la actividad prostibularia del bar. De hecho, reparó el MPF, cuando La Posada fue clausurada, cerró meses después el hotel.

La organización contaba a su vez con la vivienda de 20 de Septiembre al 3500, donde las víctimas eran alojadas y vivían en condiciones de hacinamiento. Desde allí, eran llevadas todas las noches por taxis contratados directamente por los explotadores. El fiscal señaló durante su alegato que quedó demostrado el aprovechamiento por parte de la organización, de la situación de vulnerabilidad que atravesaban las mujeres.

Ordenan investigar por lavado de dinero a responsables del “La Posada”

A raíz de un recurso de casación presentado por el fiscal general de Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que había declarado la nulidad de una investigación por el delito de lavado de dinero, llevada adelante por la Fiscalía Federal N° 2, en relación a los dueños del ex prostíbulo La Posada.

En esta instancia actuó el fiscal general Javier De Luca, quien solicitó fundadamente que se hiciera lugar al recurso interpuesto.

El fallo resulta trascendente dado que habilita a continuar la investigación promovida oportunamente por la Fiscalía Federal N°2, por el delito de lavado de activos, entre otros, a los responsables del ex prostíbulo “La Posada”.

Debe recordarse que se trata de una derivación de la causa en la que se encuentran procesados y a la espera de juicio oral Aníbal Raúl Ramón Soria y Alicia Acevedo Galeano, Ariel Hernán Spaltro, Humberto Atilio Scarpetta, José Aníbal Patroni, María del Carmen Castrege y Gabriel Alejandro Carmona, por la comisión de los delitos de trata de personas con finalidad de explotación sexual, agravado por haberse cometido por más de tres personas en forma organizada y por la pluralidad de víctimas; ello en concurso ideal con los delitos de explotación económica de la prostitución ajena, facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país agravado y de sostenimiento, administración y regenteo de casa de tolerancia.

La organización criminal administraba el local comercial “La Posada”, ubicado en la calle 11 de Septiembre 3030 de Mar del Plata, lugar en el que desde hacía más de una década, mujeres de nacionalidad argentina y  extranjeras (en su mayoría de nacionalidad paraguaya) eran ofrecidas como objetos sexuales para luego ser sometidas al ejercicio de la prostitución en el hotel lindero “El Paraíso”.

Muchas de ellas eran alojadas en el domicilio de calle 20 de septiembre 3532 de esta ciudad, en condiciones de hacinamiento y falta de debida higiene, siendo desde ese domicilio desde el cual eran trasladadas diariamente hacia el mencionado bar.

En dichas actuaciones, el Juez Federal Santiago Inchausti había dispuesto embargos sobre distintos bienes, entre ellos los inmuebles en los cuales funcionaban el Hotel “El Paraíso” y el Bar “La Posada”.

En ese marco, en el mes de marzo de 2013, el fiscal entonces a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2, Pablo Larriera, inició actuaciones preliminares (art. 26 L.O.M.P.) en pos de profundizar respecto a la presunta transferencia de los inmuebles señalados al Sindicato de Viajante, en violación a las medidas cautelares (embargos) dictadas en la causa principal por el delito de trata.

A partir de allí, en colaboración con la Procuraduría de Trata de Personas (Protex) y la Procelac se avanzó en la pesquisa, lo que derivó en una denuncia por el delito de lavado de activos, habiendo la Cámara Federal de Mar del Plata, a partir de una presentación de la defensa de los imputados, decretado la nulidad de lo actuado. Sin perjuicio de ello, a raíz del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, la Cámara Federal de Casación revocó dicho fallo y ordenó continuar la investigación.

Mar del Plata tiene un prostíbulo menos y un detenido más

 

Se llevo a cabo el allanamiento y posterior clausura de un burdel ubicado en la calle 20 de Septiembre al 1469.  Se detuvo a la persona encargada del lugar. También se secuestró la totalidad del mobiliario y se realizó el decomiso de todos aquellos que hacían a la actividad, solicitándole a EDEA y a Camuzzi el corte de servicio y el retiro de medidores.

El operativo lo realizó personal de Inspección General, junto a efectivos de la DDI, quienes detectaron que en dicha dirección funcionaba  un prostíbulo donde se facilitaba y explotaba sexualmente a dos mujeres.

También, se constato que en el lugar funcionaba un albergue transitorio sin habilitación.

El operativo se realizó por iniciativa de la Fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales, a cargo de Graciela Trill.