El gobierno catalán considera “grotesco” que el Tribunal Constitucional español anule también el debate de ideas

Noticias de Cataluña y España

 

Lamentan que “se nos diga que el Parlamento de Cataluña y sus legítimos representantes no pueden llegar a conclusiones, no pueden debatirlas y mucho menos aprobarlas”

 

La portavoz gubernamental Munté confirmó que el Gobierno ha sido notificado oficialmente este martes del auto del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de las conclusiones aprobadas en el Parlamento en relación con la comisión de estudio del proceso constituyente. “Consideramos grotesco que se anulen ideas y, en este caso, que se nos diga que el Parlamento de Cataluña y sus legítimos representantes no pueden llegar a conclusiones, no pueden debatirlas y mucho menos aprobarlas” afirmó Munté, quien “ante la judicialización de la política” apostó por continuar con el “debate de ideas, con el funcionamiento ordinario del Parlamento y con más mandatos democráticos”.

En este sentido, Munté lamentó que el Gobierno haya rechazado la propuesta de negociación sobre el referéndum que el presidente Puigdemont expuso el lunes pasado en una conferencia en Madrid: “Es un NO a todo. No al diálogo, no a sentarse en una mesa, no a escuchar la propuesta del Gobierno de Cataluña”, enfatizó.

La portavoz expresó la “decepción” del Gobierno ante la “negativa total” del Estado “a promover una solución política al planteamiento democrático que se hace desde Cataluña”, a pesar de que el presidente Puigdemont volvió a poner sobre la mesa una propuesta de acuerdo que es “prioritaria” para el Gobierno y que se mostró abierto a negociarla “si hay alguien al otro lado, en todos los extremos: fecha, pregunta, mayoría necesaria para validar los resultados y moratoria para convocar un nuevo referéndum”.

Por otra parte, Munté consideró “ridícula” la reacción de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que solicitó al juez que impida al Ayuntamiento de Badalona abrir las oficinas municipales el miércoles 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Expuso el “respeto” del Gobierno hacia la autonomía municipal y pidió a la delegada María de los Llanos de Luna que “se preocupe un poco más de los ciudadanos, de sus necesidades, de sus problemáticas, y no de decisiones que forman parte de los acuerdos políticos y de la autonomía que tienen nuestros ayuntamientos”.

Concretamente, la portavoz del Gobierno lamentó que Llanos de Luna no se posicionara cuando el Gobierno del Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de pobreza energética y las medidas del Gobierno para luchar contra los desahucios.-

Obsesión por la lengua catalana

 

Si el catalán hubiera sucumbido al genocidio perpetrado por los padres y los abuelos de los actuales “ciudadanos” y “populares”, hoy no estaríamos donde estamos

                           Miquel Riera.

Ciudadanos nació hace diez años con el objetivo nada escondido de poner fin a la inmersión lingüística y de reducir el catalán en lengua de segundo nivel. El Partido Popular (PP) quizás no fue creado con este propósito concreto, pero es innegable que lo lleva en su ADN. He tenido pruebas en Cataluña en los últimos años y, sobre todo, en Valencia y en las Islas Baleares. Una obsesión por la lengua de los dos partidos que sólo se puede calificar de enfermiza, teniendo en cuenta, sobre todo, la clara inferioridad del catalán en ámbitos como la justicia, el etiquetado y el cine, por no mencionar las limitaciones al uso oficial de nuestra lengua en las instituciones europeas, entre otras muchas, por ejemplo.

Ciudadanos y PP negocian un acuerdo de investidura de incierta concreción y una de las primeras cosas que se ha sacado del bolsillo el partido de Albert Rivera es la cuestión del catalán. Ciudadanos quiere dejar claro, en el acuerdo final, que cuando haya gobierno obligue a la Generalitat a cumplir las sentencias judiciales de los últimos meses, consecuencia directa del recorte del Constitucional al Estatut. Eso sí, no olvidan de una mejor financiación y el corredor mediterráneo. ¡Qué generosidad!

Decíamos antes que no nos debería sorprender la obsesión de Ciudadanos y el PP por el catalán. También deberíamos saber que tiene un objetivo superior. Saben perfectamente que laminar la oficialidad del catalán, sacarle importancia en la escuela y reducirlo al mínimo en la vida pública significa atacar la base del país, la esencia, lo que nos diferencia y que nos hace pueblo. De Salsas a Guardamar y de Fraga a Maó.

La lengua no es el todo, ciertamente, pero, si el catalán hubiera sucumbido al genocidio franquista perpetrado por los padres y los abuelos de los actuales ciudadanos y populares, hoy no estaríamos donde estamos. Seguro. Para defender y proteger definitivamente la lengua catalana es, entre otras muchas cosas, por lo que muchos catalanes queremos la independencia. Es decir, para olvidarnos definitivamente de las pesadillas que, periódicamente, nos recetan algunos.-

 

El surrealismo del corrupto gobierno del PP rinde homenaje a George Orwell

Si George Orwell, el autor de 1984, hubiera conocido la España de Rajoy, Bárcenas, Correa, Blesa, Rato e tutti quanti hubiera traído aquí su famosa novela distópica. Le hubiera fascinado la neolengua de Rajoy, su gobierno y su partido. ¿Se recuerda lo de la paz es la guerra y la guerra es la paz o argumento del espejo? Aplíquese a los momentos culminantes de la sobresoldada retórica del gobierno, su presidente y el partido que también preside:

La “Gürtel” no es una trama del PP, sino una trama contra el PP (Rajoy, 2009).

El PP es y debe seguir siendo incompatible con la corrupción (Aznar, 2010).

El PP es el partido de los trabajadores (Cospedal).

El PP colabora en todo momento con la justicia (Floriano).

El PP encabeza la lucha contra la corrupción (Rajoy 2014).

Hemos conservado el poder adquisitivo de las pensiones (Báñez 2016).

No hay duda, ¿verdad? Es el llamado país Potemkin.

Y ¿qué decir de ese todos los españoles son iguales, que no se le cae de la boca a Rajoy? Pues pertenece a otra obra de Orwell, Rebelión en la Granja, que se rige por el principio de que todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros?

Y ya, para nota, el momento culminante, el que supera la ficción y aterriza en la cruda realidad del estalinismo, cuando se borraba la memoria de los enemigos suprimiéndolos incluso de las fotos: esa persona de la que usted me habla. La crónica de los tribunales parece una mascletá en plena alegría pirotécnica. Aquí no se libra ni Dios, con lo que le gusta el fuego. Por lo que da a entender, Correa cogobernaba el país desde la calle Génova en comandita con Aznar. Luego se abrió al llegar Rajoy, con el que no había química. Pero –según los papeles de Bárcenas– había economía, contabilidad y hasta antropología, en forma de una práctica de intercambio de cuantiosos regalos, un Potlach.

El cuadro que se despliega a ojos de la ciudadanía es una especie de fresco, de mural, de un gobierno y una administración en contubernio con sectores corruptos del empresariado para saquear el país. Y lo de “sectores” tómese por exceso de prudencia pues el mismo Correa asegura que él no hizo nada que no se hiciera normalmente en el sector privado. Eso se llama capitalismo neoliberal.

Es tal la connivencia de la autoridad con la corrupción que hasta cuando actúa por propia iniciativa y siguiendo cauces legales genera situaciones ilegales o, cuando menos, inmorales. Inmoral es que los cuidados del padre de Rajoy, dependiente, se carguen al erario, siendo así que ese mismo Rajoy ha dejado sin subvención alguna a multitud de dependientes que, según son doctrina, son iguales a su padre. Inmoral, cuando menos, es que Cospedal se gastara dos millones de euros en vinos en una cumbre durante su mandato conocido por sus despiadados tijeretazos a todo lo que se movía.

Visto y oído lo visto y oído hasta la fecha y lo que queda por ver y oír, ¿cómo puede la Comisión Gestora del PSOE que derrocó a Pedro Sánchez pedir la abstención del partido? Sobre todo, ¿cómo puede porfiar en su empeño a la vista de la rebelión interna de la militancia del partido que mayoritariamente quiere mantener el NO es NO? (Por cierto, puede firmarse en la campaña de change.org). Abstenerse, en definitiva, significa amnistiar políticamente las tropelías anteriores en este momento en proceso penal. Y, asimismo, aceptar cuatro años más de un gobierno de esta ralea que acabará por hundir España.

“De ningún modo”, clama un joven portavoz de la Junta sediciosa del PSOE llamada Gestora, “todo lo contrario: un gobierno de Rajoy en minoría estará controlado por la oposición y tendrá las manos atadas”. Quien esto afirma no conoce bien de quién está hablando (Rajoy y el PP) o a quién le está hablando (la militancia del PSOE) o a ninguno de los dos, que es lo más probable. Así que el Señor lo perdone porque no tiene la menor idea de lo que dice.-

Por Ramón Cotarelo

 

Madrid (INCAT-Palinuro).-

Barcelona (INCAT-Català Sempre, por Miquel Riera).-

El Tribunal Superior de Justicia envía a juicio a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia grave por el 9-N

Noticias de Cataluña y España

Persecución a dirigentes catalanes: Reclamo del gobierno a la ONU y al Consejo de Europa

 

El magistrado los acusa de desobediencia grave y prevaricación.

 

El juez instructor del caso del 9-N ha abierto juicio oral contra el ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex-vicepresidenta del gobierno Joana Ortega y el ex-consejera de educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. En cambio, el juez denegó abrir juicio oral por un delito de malversación de fondos públicos, único que podía implicar penas de prisión. La fiscalía no los acusó de este delito y pidió diez años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau por la organización del proceso participativo del 9-N. En cambio, la acusación popular pedía seis años de prisión por malversación, delito que fue denegado por el juez.

El ministerio público considera a Mas autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, y a Ortega y Rigau las considera cooperadoras necesarias de los mismos delitos. Según los fiscales, los tres eran ‘conscientes’ que con las acciones preparatorias del proceso participativo ‘rompían el obligado cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional’, que el 4 de noviembre, cinco días antes de las votaciones, ordenó suspender el proceso.

El gobierno catalán denuncia en la ONU la persecución a los diputados independentistas

El Ejecutivo también acusa al Gobierno español de vulnerar derechos fundamentales

El gobierno de Carles Puigdemont pidió ayuda internacional para denunciar la ‘persecución de los representantes electos que apoyaron la resolución I / XI del Parlamento de Cataluña’. Este documento, aprobado por el pleno el 9 de noviembre del año pasado, señalaba el inicio del proceso político de creación de un Estado catalán en forma de república, resultado de las elecciones del 27 de septiembre, que dieron una mayoría parlamentaria partidaria de la independencia.

Manuel Manonelles       

Según ha informado La Vanguardia, el director general de Asuntos Multilaterales y Europeos del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió a finales de agosto tres cartas a la ONU y al Consejo de Europa. Concretamente, en Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, a Gianni Magazzeni, el responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central, y Nils Muiznieks, el comisionado para a los derechos humanos del Consejo de Europa.

En estas cartas, la Generalitat denuncia la ‘persecución judicial’ de los diputados independentistas y anuncia las medidas que aplicará el gobierno catalán para preservar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español. El texto se refiere a la suspensión de leyes catalanas de carácter social, como la ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, la ley de vivienda social o de pobreza energética.

Persecución de cargos electos y vulneración de derechos fundamentales

En cuanto a la primera cuestión, el gobierno traslada la decisión de la comisión de Justicia del 23 de junio, que instaba al gobierno a elevar a los organismos internacionales de derechos humanos el ‘carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas’. Asimismo, comunica la reprobación del fiscal jefe de la Audiencia española, Javier Zaragoza, por haber dar la orden de ‘perseguir a los cargos electos catalanes’, y lamenta el uso de la justicia por parte del gobierno español, que ‘vulnera los derechos fundamentales y políticos de los representantes catalanes’.

Las cartas incluyen un anexo con nueve medidas para proteger los derechos fundamentales afectados por decisiones de España. El gobierno garantizará, dice el texto, ‘el acceso a la asistencia sanitaria pública y de calidad’ y mantendrá el sistema educativo de Cataluña. Asimismo, asegura que defenderá la autonomía de los gobiernos locales, la política de acogida de refugiados, el derecho de aborto, la financiación de la emergencia social y la gestión de la deuda.

 

Barcelona (INCAT-Vilaweb).

España se mantendrá firme, no se abrirá a hablar con la Generalitat y optará por la vía de los tribunales

Noticias de España y Cataluña

 

Lo aseguró la vicepresidente del gobierno español en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien “el proceso sólo redunda en la propia melancolía”

Sólo un día después de que el Parlamento de Cataluña aprobara nuevas resoluciones para concretar la hoja de ruta prometida y la fecha del referéndum para 2017, la máquina del tren de “cercanías de La Moncloa” arrancó con fuerza ya que la abogacía del Estado comenzó a estudiar el texto para aconsejar el gobierno de Mariano Rajoy de cómo hacerle frente. La vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que el proceso independentista “sólo redunda en la propia melancolía porque España se mantendrá firme, no se abrirá a hablar con la Generalitat y optará por la vía de los tribunales”.

Con el habitual tono amenazador agregó que “la legalidad es muy clara, si se siguen repitiendo los errores del señor Mas, el Estado de Derecho seguirá actuando como le corresponde. Si se continúa con la hoja de ruta, que ha quedado desacreditada y deslegitimada en múltiples ocasiones, la respuesta será la misma. Es volver una y otra vez, para mantenerse en el gobierno, repitiendo la letanía del referéndum, cuando en Cataluña hay muchos problemas que no se están gestionando “sentenció.

El gobierno español aprovechó para recordar que nunca llegarán a un acuerdo, basándose en el absurdo de que “en cuestiones de autodeterminación la soberanía es de todos los españoles y eso sería vulnerar la legalidad constitucional”. Sobre si se debían dar vías políticas al asunto y no tanto judiciales, la vicepresidenta consideró que “el Tribunal Constitucional dejó en claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Las resoluciones de los tribunales se deben acatar, no están del lado de nadie, sino del lado de todos”.

Finalmente, ha tenido el descaro de decir que “el proyecto de independencia sólo es un intento de Juntos por el Sí para mantener contenta a la formación anticapitalista (por la CUP)”, dejando además entrever que la coalición no estaría de acuerdo con la independencia y que “sólo pusieron en marcha este proceso para esconder la cabeza bajo el ala y evitar ocuparse de los problemas reales que afronta Cataluña”.-

División en el Partido Popular entre intentar formar gobierno ya o ir por terceras elecciones

La duda es cómo garantizar la abstención del PSOE – Las declaraciones de Rajoy calificando de “disparate” a una nueva convocatoria electoral no aclaran el panorama

Hay un debate intenso en el seno de la dirección del Partido Popular (PP) español sobre la estrategia a seguir en medio de la crisis que ha trastornado al principal partido de la oposición. Según pudo saber Nació Digital, la cúpula se debate entre garantizar la abstención del PSOE de cara a la investidura –como todo indica que está al alcance tras la dimisión de Pedro Sánchezo forzar unas terceras elecciones. En este caso, sabiendo que el PP jugaría con ventaja y cogería a los socialistas en una situación de extrema debilidad.

La tentación es grande. Desde el 20-D, el PP no ha hecho más que mejorar su situación. Por el contrario, el PSOE fue arrastrando una grave crisis interna que tuvo su expresión en la política de pactos. La caída de Pedro Sánchez el 1º de octubre, en la última sesión del comité federal, se atribuyó al bloqueo de la política española y al empeño del secretario general en el “no es no” a Mariano Rajoy.

Dentro del PSOE, muchos consideraron que con la salida de escena de Sánchez, se había encontrado la solución y se había encarrilado el camino hacia la abstención, una abstención técnica, que facilitaría de alguna manera la investidura de Mariano Rajoy sin comprometerse a más. La sorpresa llegó por las declaraciones de algunos dirigentes del PP que, ante el derrumbe socialista, exigen más “contrapartidas”. Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, declaró el miércoles que había que garantizar la estabilidad porque no era suficiente permitir la formación de un ejecutivo, sino que el PSOE debía comprometerse en apoyar los presupuestos y las leyes más importantes.

La derrota del PP en el pleno del martes en el Congreso en la votación de proposiciones de ley contra la cadena perpetua revisable y la LOMCE alimentó las voces que en el seno de la dirección del PP propugnan estos días no facilitar las cosas a la comisión gestora que gobierna el PSOE.

Dos caminos enfrentados

Rajoy tiene ante sí dos líneas estratégicas: Por un lado, un sector duro –el de Rafael Hernando– que cree que nunca tendrán al PSOE en una situación de debilidad como el actual. Unas terceras elecciones allanaría el camino para una mayoría clara del PP y dejaría a los socialistas desatinados y fragmentando aún más el bloque de izquierdas. ¿Qué partido dejaría pasar una oportunidad como ésta? Además, sería posible venderlo en el exterior.

El valor de la estabilidad se entiende en Europa y en los mercados, y un escenario con una investidura lograda de forma agónica y con un gobierno que va perdiendo votaciones importantes podría ser peor que ir directamente a unas terceras elecciones. ¿Cómo? Exigiendo al PSOE cosas que no podrá aceptar. Sobre todo porque la nueva dirección socialista mira de reojo los movimientos que pueda hacer el todavía presente Pedro Sánchez. Pasar del “no es no” a un acuerdo de Legislatura sería excesivo, incluso para algunos barones.

Por el contrario, un sector más institucional del PP cree que hay que evitar a toda costa unas terceras elecciones. Son los que afirman que a una convocatoria como ésta la carga el diablo, que conviene al sistema español un PSOE que resista el embate actual, que un Podemos reforzado sería un riesgo y, sobre todo, que nunca se sabe lo que podría surgir de unas urnas llamadas por tercera vez en un año. Dentro del PP también hay voces que son del todo contrarias a debilitar aún más el sistema bipartidista surgido de la transición. Las declaraciones de este jueves de Mariano Rajoy, insistiendo en que lo importante es asegurar la investidura parecen indicar que se impuso el ala prudente del PP. Pero no hay un criterio unívoco y las semanas que vienen pueden deparar sorpresas.-

Si el PP insiste en amenazar con terceras elecciones, el PSOE debería aceptarlas

Por Ramón Cotarelo

Llevamos meses atascados en una situación inverosímil. Nadie forma gobierno. Nadie puede formar gobierno. Casi parece que no lo quisieran. Diez meses sin legislar, con un gobierno en funciones que se niega a responder por sus actos (por lo demás, bien pocos y destinados a Cataluña) y una administración paralizada al extremo de que ni había provisto los fondos para el premio Cervantes. Y todo eso en medio de una crisis que ya es crónica, de una actividad judicial a causa de la corrupción sistémica abrumadora y de un conflicto institucional en Cataluña de consecuencias imprevisibles.

A la hora de regodearnos con nuestro excepcionalismo negativo, nuestra incapacidad para organizarnos, nuestro triste sino de soportar gobiernos ineptos y/o corruptos, conviene recapacitar sobre la impactante imagen de portada de El País y su información: Italia ha rescatado 11.000 migrantes en 48 horas. Esto es un desastre y el mundo está muy mal. En gran medida por culpa nuestra, de Europa y de Occidente en general y, encima, cada vez lo hacemos peor. Da un poco de vergüenza, la verdad, ocuparse de nuestros pequeños enredos cuando se ven tragedias de esta magnitud. Pero seguimos en ello, como si nada más importara. Hasta que empiece a importar.

La crisis del PSOE es descomunal. Fernández está hablando con Rajoy sobre la abstención. Es un Blitz en el que se enfrenta siempre al adversario con los hechos consumados. Cuando la militancia quiso darse cuenta, ya se había quedado sin secretario general (SG). Ahora, antes de que pueda reaccionar, se pretende que el gobierno de Rajoy sea un hecho por abstención del PSOE. Les corre prisa.

Con razón. Además de las noticias sobre bajas a montones en la militancia, está organizándose una fuerte resistencia interna. Se recogen firmas sosteniendo el NO es NO y pidiendo primarias. El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que es un as en las redes sociales, tiene miles de firmas de apoyo a Pedro Sánchez. Es un movimiento sano de la militancia que aún permanece y que merece triunfar. La “Comisión Gestora” del PSOE, cuya legitimidad está en entredicho, tiene que atender a ese estado de ánimo de las bases. No puede actuar como ejecutora de un designio tramado a espaldas del partido y mantenido por la fuerza y la ocultación. Sin duda los conjurados en favor de la abstención piensan que están salvando a la Patria por encima de banderías y partidos. Pero esa es una opinión como otra cualquiera que no debe imponerse por conspiraciones palaciegas.

Para mayor bochorno, los “gestores” (que son todo menos gestores pues no gestionan nada sino que toman decisiones de largo alcance) se encuentran en una posición ridícula a fuer de desairada desde el momento en que el PP no necesita ya la abstención de los socialistas. Al haber defenestrado al SG, el PSOE se cierra al recurso a unas terceras elecciones y ya solo le queda abrir paso al gobierno de la derecha. La abstención no es una posibilidad, sino una necesidad. Hace falta ser inútil para colocarse voluntariamente en esa situación. Y produce bastante indignación ver como ese señor Fernández, elegido por un golpe de mano, acude a La Moncloa a entregar cinco millones de votos al mismo gobierno contra el que esos votos se depositaron. Es una claudicación y una venta desvergonzadas. Es el fin de un viejo partido.

Porque el PP lo deja meridianamente claro: la abstención no basta; hay que colaborar activamente con la derecha en lo que haga falta, garantizar la estabilidad. Es una cuestión de confianza y, si no la hay, ya se sabe, vamos a terceras elecciones. Confianza, en efecto, es la palabra. Lo ha sido en los últimos años. Nadie confía en nadie. El PP pide lo que él no da. Y se lo pide al PSOE en donde acaban de tumbar al SG porque los barones y el patriarca González no se fiaban de él. En Ciudadanos, la confianza se regala sin tasa ni tino, aquí y allí, lo que demuestra lo que se la valora. En Podemos, por el contrario, la confianza no se da porque no se sabe qué es. Está supeditada al triunfo y, por lo tanto, no existe.

Ocurre lo mismo con las instituciones. El conflicto entre España y la Generalitat catalana –que es la razón del giro copernicano del PSOE en relación al PP– está alimentado por una desconfianza mutua profunda. La Generalitat no se considera parte del Estado y el Estado no está dispuesto a reconocer a la Generalitat más competencias que las que emanen del Estatuto interpretado por el Tribunal Constitucional.

Cuestión de confianza también la que empieza a apuntar en el socialismo en la fractura entre el PSOE y el PSC. Este presenta una iniciativa parlamentaria por la que se propone una reforma de la Constitución para hacer de España una federación plurinacional con reconocimiento de los derechos históricos. Es, desde luego, mucho más de lo que el PSOE puede deglutir y, además, es muy ilusorio. La reforma federal de la Constitución no tiene mayoría probable pero, aunque la tuviera, tampoco está claro que la fórmula sea compatible con la monarquía. Especialmente en Cataluña, en donde hay una aspiración a la República.

Si el PP insiste en amenazar con terceras elecciones, el PSOE debería aceptarlas. Las elecciones no son algo diabólico sino un buen procedimiento para adoptar decisiones colectivas. Lo único que tienen que hacer los socialistas para contrarrestar la amenaza es presentar a Pedro Sánchez como candidato. La cuestión es si se atreve, porque esa candidatura tendría algo de plebiscitario al dar vía libre al candidato. Este podría hacer suya la fórmula propuesta por el PSC. Algo es algo. Al menos en España porque en Cataluña, esa no funciona por anticuada. España está en una crisis constitucional y es inútil querer atajarla con maniobras de salón.-

Desayuno informativo en Madrid: Puigdemont explicó la hoja de ruta independentista

A la charla asistieron nueve embajadores – El presidente de la Generalitat invitó al Estado español a “hacer política y sentarse a pactar la fecha y la pregunta del referéndum”

                        Carles Puigdemont este lunes en Madrid (Foto ACN).

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, invitó al Gobierno español a “hacer política y acordar conjuntamente las condiciones del referéndum, en lugar de llevar las reivindicaciones catalanas a los tribunales”. El desafío fue formulado este lunes en Madrid durante un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, pocos días después de que el Parlamento decidiera que se convocará un referéndum –pactado o no con el Estado– a más tardar a fines de septiembre de 2017.

En su intervención, el jefe del ejecutivo catalán aseguró que “guste o no”, la demanda política de Cataluña “es una realidad que no cambiará” hasta que no se solucione, para luego subrayar que esta solución debe ser “política y no judicial, porque hay que hacer política y la política se hace en los Parlamentos, no en los juzgados”. Criticó, además, que el Gobierno “lo fíe todo a fiscales y jueces, e incluso a policías corruptos”. En este mismo sentido, apuntó que “cuando la situación española despierte de su bloqueo inicial la propuesta catalana seguirá todavía allí porque tenemos una invitación permanente al diálogo”.

Insistió luego en que su gobierno está dispuesto a negociar el referéndum, lo mismo que si la fecha debe ser o no en septiembre de 2017. “Si nos sentamos a una mesa lo dejaremos todo para diseñar un proyecto de consulta a los catalanes donde todos debemos sentirnos cómodos”, adelantó. También respondió a una pregunta sobre los porcentajes que estimaba arrojaría la consulta, al sostener que “todo esto tiene como objetivo que se ponga de manifiesto voluntad mayoritaria de los catalanes”.

El presidente avanzó que no habría “restricciones” para negociar los términos del referéndum y que se podría pactar con el Estado “tanto la pregunta a realizar, como los resultados válidos y una posible moratoria a un nuevo referéndum”. Además, señaló que a partir de esta negociación el Ejecutivo central podría incluso someter a votación su propia propuesta, “que compita con la de la independencia”, siempre que se haya pactado también cómo interpretar y aplicar los resultados, es decir que se acuerde que el rechazo a esta fórmula implica apoyo a la independencia. “Yo lo que digo es que el Estado juegue el partido, que proponga algo y que lo votemos pero hay que preguntar a los catalanes si quieren ser independientes o no”, puntualizó.

Puigdemont puso luego como ejemplo “que el Estado diga que está de acuerdo en que el rechazo a su propuesta de reforma constitucional en clave federal o confederal es la expresión de una voluntad mayoritaria en Cataluña de ser independientes”. Se mostró partidario de una pregunta “binaria y clara” donde los ciudadanos no tengan ninguna duda de que están votando sobre la independencia de Cataluña. “Si hay un resultado claro, nadie podrá mirar para otro lado y esto abre un nuevo escenario internacional para que Cataluña se convierta en un nuevo elemento internacional”.

Finalmente, una prueba del interés que despertó la presentación del presidente de la Generalitat de Cataluña en Madrid, lo demuestra el hecho de que nueve embajadores, ocho de ellos de países de la UE, asistieron a la charla, mientras que esa apertura contrastó con el hecho de que no haya habido ningún representante del PP o del gobierno español.-

Madrid (INCAT-Per Catalunya-Nació Digital -Palinuro-Europa Press).-

El Parlamento de Cataluña proclama el derecho a la autodeterminación de los Países Catalanes

Noticias de Cataluña

La CUP y Junts pel Sí votaron ayer una resolución que reconoce el derecho de autodeterminación de los Países Catalanes. El texto, propuesto por la CUP, dice que Cataluña, el País Valenciano, las Islas Baleares y Pitiusas, la Cataluña del Norte y las comarcas catalanohablantes de la Franja de Poniente tienen el derecho a decidir su estatus político.

La resolución pide que en el proceso de independencia de Cataluña mantenga una relación prioritaria con el resto del Estado español y Latinoamérica. También insta a velar por la lengua de forma conjunta con el resto de gobiernos e instituciones de las tierras de habla catalana.

La resolución completa, textualmente, dice:

«Propuesta de resolución 7- Países Catalanes

  1. El Parlamento de Cataluña manifiesta que el conjunto de territorios de los Países Catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Cataluña, el País Valenciano, las Islas Baleares y Pitiusas, la Cataluña del Norte y las comarcas catalanohablantes de la Franja tienen el derecho a decidir su estatus político.
  2. En el proceso de ganar su independencia, Cataluña mantendrá una relación prioritaria con los territorios de los Países Catalanes con los que comparte lengua, cultura y otros vínculos forjados a lo largo de la historia.
  3. El Parlamento expresa su apoyo a los movimientos que en las Islas Baleares y el País Valenciano, reclaman el derecho a decidir su estatus político.
  4. En la Franja de Poniente, hay que velar por el vínculo que sus ciudadanos mantienen con Cataluña que, más allá de la lengua, también se manifiesta en cuestiones relativas al patrimonio histórico y el acceso a la sanidad y la educación pública.
  5. Expresar el apoyo a los movimientos que defienden la lengua y la cultura catalanas en la Cataluña Norte, y en concreto a la reivindicación que el nombre ‘País catalán’ aparezca en la designación de la nueva región administrativa de la República francesa.
  6. El Valle de Arán, como realidad nacional diferenciada, tiene derecho a la autodeterminación.
  7. El Gobierno de Cataluña debe velar por la lengua de forma conjunta con el resto de gobiernos e instituciones de las tierras de habla catalana. Con tal objetivo, establecerá políticas que a través de la cooperación estrechen los lazos y favorezcan los intercambios, con especial atención a los medios de comunicación.”

Junts pel Sí y la CUP sellan un preacuerdo para un referéndum en septiembre de 2017

La decisión fue tomada por ambos grupos parlamentarios tras una reunión durante el debate de política general en el Parlament

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP lograron un preacuerdo para presentar en el Parlament una propuesta de resolución para la celebración de un referéndum soberanista en septiembre de 2017, de acuerdo a lo que había propuesto la semana pasada el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La decisión fue tomada luego de una reunión entre Raül Romeva, Marta Rovira, Lluís Corominas y Lluís Llach (por parte de JxSí) y Mireia Boya y Gabriela Serra (CUP).  Mientras tanto, ambos grupos trabajan en la confección final del texto que se someterá a votación.

El presidente de la Generalitat expresó su voluntad de separar el referéndum el menos unos 15 días de la fecha de la Diada del 11 de septiembre. De esta manera, se prevé que la consulta se celebre a finales de septiembre de 2017.

Una vez esté finalizada la redacción del documento, desde Junts pel Sí tienen pensado presentar la propuesta a Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP), grupo favorable a un referéndum aunque sólo si es acordado con el Estado.

 

Barcelona (INCAT-dBalears).

“Decir que no hay legitimidad fuera de la Constitución española es una aberración monstruosa”

Noticias de España y Cataluña

Sobre Consuelo Madrigal, el director de VilaWeb agregó que “sin embargo, que el Estado esté en manos de gente con tan poco bagaje intelectual es una buena noticia”

                      

La fiscal general del Estado español, que responde al nombre de Consuelo Madrigal, amenazó ayer al gobierno y al Parlamento de Cataluña, en presencia de un rey silencioso y hierático que cada día se entiende menos qué funciones cumple ya que no sirve ni para presionar a los políticos para que formen gobierno.

Hablando ante Felipe VI, la señora Madrigal dijo, entre otras frases de una sorprendente incultura política y jurídica, que “no hay legitimidad fuera de la que se fundamenta en la constitución (española)” o que “lo que libera a los ciudadanos no es la libertad, sino la ley”. Barbaridades enormes que le valdrían un suspenso fulminante en cualquier Facultad de Derecho que tuviera una mínima reputación global.

Para rebatirla hoy no hay ni siquiera que ser revolucionario. Porque la señora Madrigal, me imagino que como cualquier europeo mínimamente ilustrado, debe amar y apreciar el valor del pensamiento de John Locke, aquel notable señor muerto en 1704 que los liberales de todo el mundo consideran su padre político. Y estoy seguro de que lo ha leído. No puedo imaginarme que un fiscal general de un Estado de la Unión Europea no lo haya hecho. Y como lo habrá hecho supongo que le habrá llamado la atención aquella frase célebre que los políticos anglosajones recitan de memoria: “Un gobierno no es legítimo si no es conducido con el consentimiento de los gobernados”.

Podemos discutir si hay legalidad fuera de la Constitución, terreno en el que la señora Madrigal no querrá entrar de ninguna manera, pero decir que no hay legitimidad fuera de la Constitución es una aberración monstruosa que parece imposible que alguien pronuncie en una reunión de magistrados y todos juntos no se pongan a reír. Y hay tanta legitimidad fuera de su Constitución! Perdone usted, y la Constitución puede ser ilegítima también. O puede tener aspectos ilegítimos. Incluso los tenebrosos teóricos del fascismo sabían hacer una distinción tan básica como ésta.

La legitimidad de una propuesta política no depende nunca de la legalidad. De otro modo, cómo explicaría, por ejemplo, la señora Madrigal la evolución desde los Principios Fundamentales del Movimiento Franquista hacia la Constitución que dice defender tanto. Las ideas democráticas no cabían en las instituciones franquistas; y si lo que libera a los ciudadanos no es la libertad sino la ley, le pregunto, señora Madrigal, cómo hemos podido llegar donde estamos teniendo en cuenta que la ley decía que no era posible?

Sin embargo, que el Estado esté en manos de gente con tan poco bagaje intelectual tengo que reconocer que es una buena noticia, porque al fin y al cabo esto nos allanará mucho el camino. Y por esta razón la esperamos, señora. Pero no esperamos más amenazas: esperamos sus actos de inconsciencia y su represión. Aunque, si soy sincero, espero aún con más ganas ver qué cara pondrá usted, cuando la realidad y los hechos le demuestran que eso que dijo ayer simplemente no tenía ni pies ni cabeza.-

Barcelona (INCAT-VilaWeb, por Vicent Partal).-