“Lavado Total”: piden un destino social para los vehículos secuestrados

El fiscal Adler también planteó que puedan ser utilizados por las fuerzas federales para la lucha contra el narcotráfico.

En dos audiencias consecutivas celebradas en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler solicitó que se rechacen los pedidos de excarcelaciones y eximición de prisión que presentaron los abogados defensores César Sivo y Martín Ferrá, aunque contempló el pedido de arresto domiciliario para el caso de una mujer mayor con delicado estado de salud.

A su vez, requirió a los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel que requieran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un destino social para los 284 vehículos secuestrados y afectados a la causa.

Al fundamentar su pedido, el fiscal señaló: “Los vehículos secuestrados y los decomisados deben ser preservados en su valor y en su utilidad a los efectos de poder destinarlos a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, tal como disponen los artículos 30 y 39 de la ley 23.737”.

Y citó, a su vez, la Acordada N°1/2013 de la Corte, a través de la cual se dispuso crear la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”, siendo éste el único organismo autorizado a recibir esa información, sugiriendo el depósito provisorio en favor de las agencias estatales.

En este sentido, reparó en que los vehículos se encuentran desde el 9 de septiembre estacionados a la intemperie en un balneario del complejo de Punta Mogotes.

Y en el mismo sentido presentó luego un oficio ante la Cámara: “Resulta imprescindible adoptar las medidas necesarias para evitar que el transcurso del tiempo los deteriore y los convierta en chatarra, y en tal sentido la aplicación de la figura del depósito provisorio en agencias estatales a la vez que los resguarda de siniestros preserva su valor”.

Agresiones a Macri: ante cruces entre fiscal y juez, piden audiencia oral y pública

La presentación la realizó el fiscal coordinador del Distrito, Daniel Adler, luego de las acusaciones del juez Alfredo López.

El fiscal general coordinador del Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, peticionó ante Cámara Federal de Apelaciones que abra la queja y se revise -en audiencia oral y pública- la negativa del juez federal Alfredo López a realizar diversas medidas de prueba en el marco de la investigación por las agresiones contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y otros funcionarios, ocurridas en la ciudad balnearia.

Frente a la situación generada por las decisiones recurridas por la fiscal Laura Mazzaferri y ante las manifestaciones públicas del juez Alfredo López, Adler requirió a los fines de dar celeridad y transparencia al proceso que la decisión sea tomada una audiencia oral y pública ante la Cámara, para tratar ese recurso.

En su presentación, el fiscal general expresó: “Nos encontramos frente a un hecho de notoria disvaliosidad”, como fue la agresión al presidente de la República y otros funcionarios “y ante una demora injustificada por parte del juez federal de instrucción en ordenar medidas de investigación sugeridas por la Fiscalía para resolver prontamente el caso”.

Más adelante, Adler advirtió que existe otra “grave” situación: “El juez federal López habría tomado medidas que podrían implicar violación del artículo 4, inciso 2, de la ley 25.520 de inteligencia, en cuanto llevó a que las fuerzas de seguridad hiciesen tareas de inteligencia sobre manifestantes y a investigar organizaciones de la sociedad civil, todo esto sin mayores fundamentos fácticos y normativos”.

Ante el ello, el fiscal sostuvo en su presentación que López “en ningún momento estableció que se estuviese frente a un caso de asociación ilícita del artículo 210 o de algún otro tipo penal que permita habilitar legalmente la orden judicial de espiar a organizaciones sociales y a manifestantes, lo que fue motivo de revocatoria con apelación en subsidio de parte de la fiscal federal”.

En este sentido, el fiscal general entendió que “en atención a las irregulares acciones desarrolladas por el juez federal Alfredo López” estas debían ser puestas en conocimiento de los magistrados que integran la Cámara Federal de Apelaciones pues podrían constituir delitos de acción pública debiendo ordenarse en su caso la remisión al Consejo de la Magistratura.

Además, subrayó que el accionar del magistrado implica un entorpecimiento de la investigación y que se ha pretendido desprestigiar la labor de la representante del Ministerio Público a través de los medios de comunicación, por el sólo hecho de recurrir la decisión del juez López de investigar las organizaciones sociales.

Por otro lado, Adler en su escrito consideró que el juez buscó “demorar sin justificación alguna la realización de las medidas de investigación ofrecidas por la fiscal interviniente en el hecho” y criticó que la causa no haya sido delegada en la Fiscalía.

Capacitación y debate por secuestros extorsivos y narcocriminalidad

Convocado desde la Fiscalía de Distrito, a cargo de Daniel Adler, participaron representantes de municipios y fuerzas de seguridad.

Convocados por la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, funcionarios de gobiernos de distintas localidades de la zona y representantes de fuerzas de seguridad provincial y nacional estuvieron presentes en un encuentro de capacitación y debate sobre secuestros extorsivos y narcocriminalidad, que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En las palabras de apertura, el fiscal coordinador del Distrito, Daniel Adler, sostuvo que el objetivo de la actividad fue “que los fiscales puedan conocer la realidad de los distintos municipios que conforman el Distrito, y al mismo tiempo, que los representantes elegidos por el pueblo puedan contar en forma inmediata con el servicio de Justicia”.

En este sentido, destacó la posibilidad de “prevenir y saber qué hacer frente a los casos de secuestro extorsivo”, y en relación a la narcocriminalidad señaló que se trata de “un fenómeno que preocupa hace mucho tiempo a la comunidad” y que este intercambio posibilita “trabajar mancomunadamente entre fuerzas de seguridad, Ministerio Público y Municipios”.

El titular de la Unidad Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich, expuso sobre la realidad de este delito en el territorio nacional, único delito cuya investigación está a cargo exclusivamente de los fiscales federales. En este sentido, marcó la decisión de la Procuración General de la Nación de crear una unidad especializada de investigación de secuestros extorsivos, que permite una coordinación entre fiscales de todo el país, y contar con una visión general del tema.

Por otro lado, el fiscal señaló que la mayoría de los secuestros se están dando en el conurbano –el mes pasado se contabilizaron 24-, y que no se trata de estructuras delictivas demasiado organizadas. De hecho, muchas veces se evidenció cierta improvisación, lo que puede implicar un riesgo más alto para la víctima.

Marquevich puso en valor el vínculo con las comunas a la hora de la investigación: “Hoy los Municipios reciben el primer contacto con la comunidad, y pueden garantizar que la información llegue tiempo oportuno”, apuntó.

A su turno, Pablo Iadarola, referente de la Procunar para la Fiscalía de Distrito de Mar del Plata, describió las características de la narcocriminalidad, como actividad ilícita comprensiva de las maniobras de narcotráfico, y a sus delitos conexos.

Para ello, primero trazó un claro panorama del mapa provincial y nacional. “Nuestro país es vecino continental de los únicos tres países del mundo con las condiciones geográficas necesarias para que sea viable el crecimiento de la planta Erythroxylum Coca, de la cual se extrae el alcaloide cocaína -Perú, Colombia y Bolivia-, y el mayor productor de Cannabis Sativa del continente -Paraguay-. Con sus fronteras de aproximadamente 15.000 kilómetros, de los cuales 9.376 kilómetros corresponden a los límites con cinco países, y 5.117 kilómetros al litoral fluvial del Río de la Plata y el Mar Argentino. A lo largo de esos 9.376 kilómetros se ubican 134 pasos de frontera”, marcó en primera instancia.

En el interior del territorio nacional, sumó, se desarrolla una importante red vial de unos 77.000 kilómetros de caminos pavimentados, mediante los cuales se unen los grandes centros de producción y consumo, con los más de 70 puertos fluviales  y los 33 aeropuertos nacionales, que son la principal vía de ingreso y egreso de mercaderías del país. Y a ello sumó el desarrollo de la industria química, que brinda la posibilidad de contar con químicos de alta calidad necesarios para la producción de estupefacientes.

“La suma de estas condiciones genera un contexto favorable para que a través del territorio argentino se trasladen cantidades importantes de sustancias estupefacientes destinadas, en su mayor parte, a ser colocada en los mercados de drogas ilícitas extranjeros; pero también a abastecer la demanda que genera el consumo interno”, marcó el abogado especializado.

Por último, describió las cuatro líneas de trabajo propuestas desde la Procunar para el abordaje judicial de la narcocriminalidad.

De la actividad participaron funcionarios de los Municipios de Olavarría, Lezama, General Alvear, San Cayetano y General Pueyrredon; las autoridades de la Policía Federal Argentina Gustavo Goldar y Oscar Rivero; y de la DDI, José Luis Segovia; personal de Prefectura Naval Argentina, entre otros.

Por la tarde, Marquevich brindó una capacitación interna para fiscales y empleados de las fiscalías federales de Mar del Plata, donde se habló sobre la tarea a realizar en caso de un secuestro extorsivo, con el foco puesto en la víctima.

Denuncian al Enargas por omitir la audiencia pública previa al aumento del gas

A través de un dictamen presentado este lunes ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler pidió que se revoque el fallo del juez Alfredo López, que rechazó “in limine” la acción de amparo colectiva, una decisión que violenta –entendió el representante del Ministerio Público Fiscal- “el derecho de acceso a la justicia”, en un caso donde “se encuentra en discusión una grave afectación de los derechos económicos y sociales amparados por la Constitución Nacional y por las Convenciones Internacionales”.

Entre los argumentos esgrimidos, Adler plantea como cuestión central la no realización de la audiencia pública –prevista en la ley 24.076- a la que refirió como “un pilar de las democracias participativas”.

En este sentido, entendió que el propio Enargas –al obviar esta instancia- generó la “inidoneidad” de la vía administrativa, que debía anteceder a la instancia judicial.

Por otro lado, el fiscal general federal hizo saber a los magistrados de la Cámara –Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro- que se pondrá en conocimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas todo lo aquí actuado, ante la “posible comisión de delitos de acción pública (por parte de Enargas) al haberse omitido la realización de la audiencia pública previa al incremento de tarifas”.

“La ausencia de Audiencia Pública, prevista específicamente para el cambio de tarifas en el gas no sólo ha obturado la discusión ciudadana sobre el punto impidiendo el control del consumidor, sino que constituye un incumplimiento de parte de la autoridad”, sostuvo el fiscal general.

Errónea aplicación de fallos

Adler emitió dictamen en relación a la competencia y la habilitación de instancia, en base a lo establecido en la Ley del Ministerio Público Fiscal que establece el deber de realizar peticiones en los casos donde se encuentran afectados intereses colectivos, esté en discusión una política pública trascendente, se evidencie una manifiesta asimetría entre las partes o se encuentren amenazados los derechos humanos (en el caso los económicos y sociales de la población).

El representante del MPF entendió que la resolución del magistrado “violenta el derecho de acceso a la Justicia de las personas que habitan en este circuito federal”.

Al argumentarlo, planteó una “errónea aplicación” de los fallos de la Corte Suprema, en particular “Alliance One Tobacco Argentina S.A. c/ Estado Nacional”.

Ante ello, marcó que sólo se comprendió el fallo parcialmente y que tampoco resulta aplicable a este caso: lo que aquí se discute es la tarifa de gas domiciliario “con grave afectación a las personas” y el precedente citado abordó el caso de una empresa que reclamó por el incremento de la tarifa de gas, en tanto repercutía en su cadena de costos en la elaboración del producto final.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Ataques neonazis: “estamos ante graves violaciones de los derechos humanos”

En una audiencia maratónica que se extendió durante cinco horas, las partes tuvieron oportunidad de exponer sus fundamentos sobre la responsabilidad de los ocho jóvenes imputados por una docena de hechos de amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis.

Las defensas cuestionaron el fallo de primera instancia y pidieron la libertad de los seis acusados que se encuentran encarcelados. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación y argumentó que “existe riesgo procesal concreto y no abstracto”.

Durante su alocución, el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, quien estuvo acompañado por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik y el secretario Carlos Martínez, cuestionó que se hable de peleas “entre dos grupos antagónicos”.

“Es inadmisible comparar un grupo con otro, como se ha querido hacer acá. Las ideas nazis o de apartheid territorial han sido condenadas no sólo internacional y nacionalmente, sino también vernáculamente cuando esta Cámara se expresó en la causa por un video de apología del nacional socialismo”, señaló.

Enseguida, desestimó que haya detrás de la causa una discusión política –como introdujo uno de los abogados defensores-, y señaló: “Acá hay una discusión por graves violaciones a los derechos humanos. Hay víctimas golpeadas, dejadas en el piso inconscientes, grupos que salen de noche de cacería como la SS en los años 40. Esto no se puede permitir, porque justamente estos grupos no tienen tolerancia hacia el otro”.

El fiscal general destacó la “profunda raíz democrática” de la ley antidiscriminatoria, imputada a los jóvenes en concurso ideal con el artículo 213 bis. Más adelante, pidió a los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro, revisar con racionalidad el auto de procesamiento firmado por el juez Santiago Inchausti.

A continuación, planteó la necesidad de sostener el procesamiento y la denegatoria de excarcelaciones porque, sostuvo, existe “riesgo procesal concreto”.

Por un lado, señaló que la causa se sigue instruyendo, detrás de la identificación de algunas personas. “Es obligación del Estado no sólo investigar con seriedad a los autores materiales de los hechos, sino también a sus instigadores”, apuntó. E hizo hincapié en que hubo testigos amenazados, que hay una persecución a la comunidad trans, y también testigos con temor que se negaron a acudir al reconocimiento de los imputados.

En primer lugar, las defensas habían cuestionado los procesamientos de sus defendidos. En orden, expusieron las defensoras oficiales Natalia Castro –en defensa de Gonzalo Paniagua y Nicolás Caputo- y Paula Muniagurria –quien actuó por Alan Olea, Oleksandr Levchenko y Marcos Caputo- y le siguieron Agustín Robbio, defensor de Franco Martín Pozas, y Sebastián Barletta, en representación de Giordano Spagnolo.

Las cuestiones técnicas fueron desarrolladas en su mayoría por las defensoras oficiales, quienes plantearon la “inaplicabilidad” de la ley antidiscriminatoria y la “inconstitucionalidad” del artículo 213 bis que configura la asociación ilícita. Cuestionaron a su vez el procesamiento, al que calificaron como “confuso, selectivo y arbitrario” y adujeron que las imputaciones eran por “hecho globales”.

Otro argumento usado por las defensas fue circunscribir los ataques producidos en Plaza España y los daños y amenazas perpetradas en el bar de uno de los denunciantes, a “enfrentamientos” entre bandas, motivados por supuestas agresiones previas al grupo imputado.

Por otro lado, los abogados y abogadas pidieron la libertad de sus defendidos, aduciendo que no había peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer la investigación, y a su vez, cuestionaron el monto del embargo, fijado por el juez de primera instancia en un millón de pesos.

Antes de concluir la audiencia, Adler planteó que “la mejor garantía para los imputados es la pronta resolución de esta Cámara, para que este proceso sea abordado en juicio oral y público”.