Ministerios de Salud y de Mujeres harán «todas las acciones necesarias» para garantizar IVE

El Estado nacional apelará la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decretó la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad aseguraron que realizarán «todas las acciones necesarias» para asegurar el cumplimiento de la Ley IVE tras el anuncio de apelación a la resolución de un juez federal marplatense que ordenó suspender su ejecución en todo el país.

«Se realizarán todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de una ley votada por el Congreso de la Nación, que significa reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños», indicaron ambos ministerios en un comunicado.

El Estado nacional apelará la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decretó la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales.

La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, está en vigencia en todo el territorio nacional.

El pasado 28 de mayo, además, fue aprobado mediante la Resolución ministerial 1531/2021 el protocolo para la atención integral que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto.

El ministerio de Mujeres afirmó que la apelación del Estado Nacional forma parte “del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras”.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter,la apelación «no solo es una norma legítima» sino que «además, tiene una solidez convencional inobjetable».

A cuatro meses de la promulgación de la ley de IVE, el juez López ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que viola la «protección integral de la vida desde la concepción».

En su sentencia, el juez ordenó no solo la suspensión sino también del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo.

El sitio Palabras del Derecho reprodujo la resolución del juez López, la cual remite a una sentencia de la Corte Suprema de 1980, según la cual “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución nacional”, en referencia al pedido de unos padres para transplantar un riñón de una hija menor a otro hijo.

López consideró asimismo procedente la cautelar porque la Ley de IVE y el Protocolo «afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante».

Agrega que el peligro en la demora se ve cumplido en tanto «un número imponderable de niñas y niños por nacer pueden sufrir su muerte desde este mismo momento y la sentencia definitiva que se dicte en la presente acción no podrá remediar su situación en virtud del tiempo transcurrido en la sustanciación del caso de autos».

Así, concluye con que están en riesgo el derecho a la vida reconocido en la Constitución nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Telam)

Revocan fallo que impedía requisas y detenciones a cultivadores para consumo personal

Repudio de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores al fallo de cámara que habilita el hostigamiento policial y marca un retroceso en la
perspectiva de género en la justicia.

A más de diez años del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional penar la tenencia de estupefacientes para uso personal, la estigmatización y persecución policial contra personas que consumen cannabis y otras drogas ilegalizadas sigue siendo frecuente.

Por ello, la Agrupación Marplatense de Cannabicultores presentó un habeas corpus preventivo colectivo para frenar las requisas ilegales y los tratos humillantes que la policía despliega para hacer “estadística” en materia de drogas.

Sin embargo, este habeas, con resolución favorable del Juzgado de Garantías n° 4, fue revocado por los jueces de la sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Mar del Plata.

Desde la agrupación ya hicieron reserva de interponer recurso de casación contra la sentencia a los fines de que el Tribunal de Casación Penal con sede en La Plata ratifique los criterios objetivos fijados tendientes a poner un freno al hostigamiento policial y el control sobre el desarrollo de las políticas públicas de forma que se ajusten a los estándares internacionales, que abordan el tema desde la salud pública.

«El consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país no constituye delito pero sí su tenencia. Esta situación absurda nunca fue reparada a nivel legislativo, pese al fallo unánime de la Corte en 2009. Para los magistrados Pablo Martin Poggetto y Raúl Alberto Paolini no existe amenaza contra la libertad ambulatoria de las personas usuarias y tenedoras de sustancias psicoactivas que por su escasa cantidad son destinadas inequívocamente al consumo personal», señalaron.

Desde la Agrupación Marplatense de Cannabicultores presentaron el habeas colectivo el 20 de diciembre de 2019 con el patrocinio letrado de Franco Bertolini, «allí
advertíamos lo que parecen desconocer los camaristas: la exorbitante cantidad de intervenciones policiales sobre personas usuarias de drogas».

«En la Memoria sobre Desfederalización en Materia de Estupefacientes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires se advierte que en el año 2018 se iniciaron 1.418 investigaciones de las cuales 569 fueron por tenencia para consumo personal (1,5 por día), conformando el mayor tipo penal involucrado con el 40,19%. También se indicaba que en nuestra ciudad en tan solo 9 meses entre 2019 y 2020, se habían iniciado al menos 3.500 investigaciones (13 por día) por infracción a la Ley de Estupefacientes n° 23.737», manifestaron.

En el mismo sentido, los reportes mensuales de seguridad elaborados por el “Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito” señalan que casi la totalidad de los procedimientos policiales se realizaron en la vía pública y tuvieron como consecuencia la
aprehensión y traslado a la dependencia policial de personas que tenían entre sus prendas sustancias estupefacientes (mayormente marihuana) para consumo personal.

Desde la Agrupación Marplatense de Cannabicultores realizarán la apelación de la resolución en instancias superiores y alertando acerca de la continuidad de
procedimientos ilegales que constituyan violencia institucional.

Por pedido de la Defensoría, ordenan reducir a la mitad las cuotas de un plan de ahorro

La Justicia determinó que las cuotas de un plan de ahorro para la compra de un 0 KM deberán reducirse un 50%, luego de un pedido hecho por la Defensoría del Pueblo bonaerense ante el aumento desmedido de los pagos que una persona damnificada debía enfrentar bajo esta modalidad.

La Justicia determinó que las cuotas de un plan de ahorro para la compra de un 0 KM deberán reducirse un 50%, luego de un pedido hecho por la Defensoría del Pueblo bonaerense ante el aumento desmedido de los pagos que una persona damnificada debía enfrentar bajo esta modalidad.

Así lo decidió la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº19 de La Plata, María Cecilia Tanco, quien tomó esta medida al considerar el aumento exponencial en el corto plazo del valor del automóvil, el incremento del valor de las cuotas, la desigual variación en los ingresos y el peligro que significaría que el cumplimiento de los pagos no pueda realizarse sin que se desatienden necesidades básicas.

«Este caso se suma a los varios que hemos patrocinado y por los cuales la Justicia nos ha dado la razón, exigiendo limitar las cuotas a porcentajes de los salarios. En este caso, que se reduzca a la mitad las cuotas de este plan en particular tiene que ver con reconocer la irrazonabilidad de estos aumentos en un momento dramático para la economías de las familias”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En esta oportunidad, la persona damnificada había adherido a un plan de ahorro para la adjudicación de un Renault Duster. Las primeras cuotas pagadas en 2018 fueron de 3.000 pesos, pero a enero de 2021 este pago ascendió a 31.910,83 pesos. Además, el valor del auto era, a mayo de 2018, de 417.000 pesos, mientras que para enero de 2021 subió a 1.616.381,25 pesos, lo que representa un aumento del 387%.

«La pandemia generó que el adherente perdiera su fuente de ingresos, y la familia pasó a vivir con el salario de su cónyuge. El valor de la última cuota significó el 45% de este sueldo, lo que genera una situación de extrema vulnerabilidad que debe corregirse”, precisó Lorenzino.

Por otra parte, la Defensoría presentó acciones colectivas en distintos juzgados con el fin de encontrar una solución a medida en relación a los planes de ahorro.

Fallo a favor del municipio en el reclamo de los docentes

En el cuarto día de retención de tareas de los docentes municipales, se conoció otra resolución judicial en favor de la comuna.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la subsecretaria de Legal y Técnica, comunica que la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo de Mar del Plata ha “revocado la medida cautelar”, que ya había sido suspendida en sus efectos, dictada por el Juez Marcelo Fernández, mediante la cual –en primera instancia – se restituía la “bonificación especial” a los docentes municipales.

 

Este fallo se conoció durante la cuarta jornada de retención de tareas que llevan a cabo los docentes municipales en reclamo por los descuentos realizados por el Ejecutivo a quienes habían percibido la bonificación.

 

Desde el municipio señalaron que con la sentencia, cuyos fundamentos serán dados a conocer este viernes, queda concluida la instancia recursiva en material cautelar confirmando la postura del Municipio acerca de que deberá ser el máximo Tribunal de la Provincia quien dirima la cuestión en el conflicto de poder allí sustanciado.

 

“Queda claro, en consecuencia, que la posición que tomó el gobierno Municipal, estaba dentro del marco legal, como se aclaró a los representantes del STM en la reunión llevada a cabo el pasado martes con el Departamento Ejecutivo”, se indicó.

«La factura de luz que vino con aumento está suspendida por decisión judicial»

El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, reiteró que existe un fallo que frena la vigencia del nuevo cuadro tarifario en el servicio eléctrico bonaerense.

Por esta razón, las facturas que recibieron los usuarios con aumento no tienen validez, no se tiene que pagar y se debe esperar la nueva facturación.

El magistrado destacó que la sentencia abarca a «todas las empresas prestadoras y distribuidoras y cooperativas» y argumentó “que las empresas violan la Constitución Nacional, sin la necesaria audiencia pública que debe realizarse con carácter previo al aumento de tarifas».

Arias recordó que el fallo judicial que distó la semana pasada «suspende la resolución número 22 de este año del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que aprobó el nuevo cuadro tarifario del servicio de energía eléctrica».

Asimismo otorgó al gobierno de María Eugenia Vidal un «plazo de 24 horas, que ya venció, para que notifique a las empresas de las medidas cautelares» y, «sino lo hiciera habrá una multa de 30 mil pesos diarios para los funcionarios», recordó.

Tras ese término, habrá «un plazo de cinco días para las empresas para que emitan una nueva facturación«.

Las nuevas facturas, destacó, deben llegar «conforme a lo que (las empresas) venían cobrando antes» del incremento de las tarifas autorizados por el gobierno.