Por Mariano Busilachi
Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.

En las últimas semanas, tras más de 100 días de aislamiento, en Argentina se ha puesto sobre la mesa una discusión que genera cada vez mayores tensiones: ¿la agudización de la crisis económica es consecuencia directa de la aparición de la pandemia? ¿O la medida del gobierno nacional de un aislamiento indefinido es la que ha generado estos números? Posiblemente, lo que en verdad habría que preguntarse, es si somos conscientes de que todo este contexto ha corrido un velo en nuestro país, dejando al descubierto las peores miserias estructurales de la Argentina.

Toda actividad económica en Argentina es potencialmente exitosa. Sin embargo, desde hace largos años, nuestro país no puede bajar de un 30% de pobres; los jóvenes emigran buscando mejores oportunidades; las PyMEs no aguantan; hay un desempleo cada vez mayor y una inflación insostenible. Es claro que algo anda mal o está fallando en quienes toman las decisiones. Este aislamiento, lo único que ha hecho es desnudar esas falencias, poniendo en el banquillo de los acusados a la dirigencia política de mayor relevancia. Quienes han guiado los destinos del país los últimos años, han demostrado una notoria incapacidad (o indiferencia) por comprender las necesidades de la población.

En este contexto de situación, se ha ingresado nuevamente en una práctica endémica de nuestros gobernantes: la sobreactuación política. Sabemos que el país ya venía en recesión antes del coronavirus. Los números de la economía no eran buenos, principalmente desde el 2018. Haciendo un breve repaso, en su campaña en 2015, Mauricio Macri no escatimó en frases innecesarias como que “la inflación es lo más fácil de resolver”. Tras resultar victorioso, redobló la apuesta con “el mejor equipo de los últimos 50 años”, en alusión a su incipiente gabinete, el cual no tardó en tener numerosos cambios en sus cargos. Y, posteriormente, el constante pedido a la población para que aguante las medidas de aumento de tarifas, que ya llegarían los brotes verdes y el errante “segundo semestre”. La población, principalmente la clase media, no resistió ante un ajuste que, aun siendo hipotéticamente necesario, fue incompatible con la realidad de un país que ya venía golpeado desde el segundo mandato de Cristina Fernández. En definitiva, un gobierno que se planteó como una oportunidad histórica para cambiar una estructura económica frágil e insostenible, terminó sin colmar las fuertes expectativas que le había confiado una parte amplia de la ciudadanía.

Sin embargo, Alberto Fernández no es distinto. Tampoco lo son algunos miembros de su gobierno, que declaran como militantes de una unidad básica, en un momento de la historia en que necesitamos militantes de la unidad nacional. Ni siquiera una situación histórica e inédita para la humanidad ha terminado con “la grieta”. Estamos ante una crisis sanitaria de grandes dimensiones, la cual necesita un liderazgo firme por parte del Presidente de la Nación. Aun en las decisiones antipáticas, el presidente debe ser una persona en la que depositemos nuestra total confianza en sobrellevar esta crisis. Nos representa a todos los argentinos, incluso a quienes no lo han votado. Así, lo hace saber Fernández en cada conferencia, haciendo hincapié en que su único objetivo es cuidarnos. ¿Le está hablando a la totalidad de la población o a quienes lo apoyan? La cuestión surge porque no se entiende que, en este momento donde la ideología debería ser absolutamente secundaria, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros funcionarios oficialistas expresen públicamente que con el gobierno de Mauricio Macri la gestión de la pandemia hubiese sido una catástrofe. ¿Es necesario en este momento brindar ese tipo de declaraciones? ¿En qué lugar queda el ejemplo que dan Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof al trabajar sin distinción de colores partidarios? ¿En qué suma una declaración así, cuando se necesita que toda la población apoye las medidas de gobierno? Tampoco fue correcta la declaración de Alberto Fernández atacando a la gente que quería salir a correr o que quería que abran los comercios. Los argentinos no necesitamos un padre que nos rete. Necesitamos a un Presidente que nos lleve tranquilidad, que comprenda que la angustia es real y que nos muestre asertividad, entendiendo que la economía también se lleva vidas. No hace falta sobre actuar. Es comunicación política, pero es también sentido común. Así como fue demasiado ingenuo creer que los jubilados no se agolparían en los bancos, o que el IFE lo cobrarían solo 3,6 millones de personas, es igual de tonto que un político argentino de tanta trayectoria pública crea que nuestra cultura basada en el encuentro se adapte fácilmente a un aislamiento permanente. No era creíble lo de Macri. Tampoco lo es lo de Fernández.

Otra miseria argentina que se ha desnudado con la “cuarentena” es su sistema impositivo, asfixiante para las PyMEs y emprendedores. No es factible, tampoco, desarrollar un país que tiene tanto empleo “en negro”, cercano al 40% de la población laboral activa. Es probable que la cifra aumente, considerando el panorama que deberán atravesar los sectores productivos luego de la pandemia. Por otra parte, ¿realmente le sirve un crédito a tasa cero a un comercio gastronómico, una agencia de viajes o un estilista? Sabiendo que no generará ganancias suficientes en los próximos meses, debido al temor de la población a contagiarse o al poco dinero que habrá para consumo. Endeudarlo más, ¿es la solución? Son solo preguntas, no se trata aquí de juzgar desde la comodidad del hogar, sino de entender que las reacciones y manifestaciones de las últimas semanas son un llamado de atención para el oficialismo. No alcanza con las medidas que se han dictaminado.

Un tercer punto crítico en Argentina son los vaivenes de las políticas de seguridad social. Ocho millones de argentinos solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El Gobierno Nacional había calculado que lo pedirían 3,6 millones. ¿Estadísticas inesperadas? No parece creíble en esas esferas de poder. Con un país atravesado por las subas inflacionarias, la especulación de precios, ¿diez mil pesos por familia es una solución? Si bien muchos han podido cobrar ese dinero, a otros tantos no les ha llegado la ayuda estatal y las necesidades apremian. Tal vez, el conflicto basal radique en la resultante de que el Estado reparta dinero a la población a diestra y siniestra. El Sector Público Nacional (SPN) registró en mayo un déficit de $251.287 millones. Adicionalmente, el pago de intereses de la deuda pública ascendió a $56.932 millones, dejando un rojo financiero de $308.219 millones. Son números excesivamente comprometedores para una política fiscal que mire con optimismo hacia el futuro, aun en una situación de emergencia como esta.

Las proyecciones más optimistas del gobierno de Alberto Fernández indican que, al finalizar el aislamiento, la pobreza rondará entre un 45% y 50%. Estimaciones extraoficiales hablan de casi de un 60%. De una u otra manera, las cifras son angustiantes. El corolario es el hambre. ¿Por qué aquella famosa comisión contra el hambre, la cual era más que bienvenida, no prosiguió trabajando al menos virtualmente? Es inadmisible que un país tan rico naturalmente y con una descomunal producción alimenticia tenga niños que sufren (o mueren) por desnutrición o malnutrición. Si, aún sigue ocurriendo. Se estima que hay 75 mil niños con desnutrición crónica, según fuentes oficiales de gobierno. Pero en el otro extremo etario de la población, también hay problemas. Está claro que los adultos mayores en Argentina padecen desde hace varios años la indiferencia. El país tiene una deuda con ellos que ya es histórica. Fallaron al principio de la cuarentena, con esas imágenes de las largas filas en los bancos que recorrieron el mundo. Pareciera que nuestros dirigentes, tanto en la gestión anterior como en la actual, no se han tomado el tiempo en comprender que la incorporación de la tecnología solo es útil si se genera, paralelamente, un criterio y una costumbre de uso de esa aplicación, software o sitio web. ¿Cómo se puede pretender que un jubilado que apenas “maneja” un teléfono celular haga sus trámites íntegramente de manera online, de un día para el otro? ¿Acaso el gobierno no sabía que eso iba a suceder? No siempre habrá alguien que pueda ayudar a la persona mayor a bajarse una APP. En segundo lugar, el propio Gobierno argumentó esta semana que los jubilados y pensionados que percibieron un aumento en junio “le ganaron a la inflación”. Es cierto, con este incremento, el 80% de los jubilados han percibido un 5,1% por encima de la inflación del período, cuya proyección para estos seis meses era del 14,4%. Lo que ha generado indignación en muchos jubilados y defensores de la Tercera Edad es que, de haberse continuado con la fórmula suspendida en diciembre, el aumento para junio hubiese sido de 10,89% para todas las jubilaciones. Y, en tercer lugar, en algún momento habrá que reflexionar si es correcto que haya jubilados que paguen Impuesto a las Ganancias. ¿La jubilación es una ganancia o es el premio al trabajo de toda una vida? Ningún gobierno ni siquiera lo ha considerado.

Estamos ante un país que no solo presenta dificultades estructurales en su economía, sino también en su dimensión geográfica y demográfica. Es aún más inviable gobernar una nación en donde hay una enorme concentración poblacional en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Según proyecciones oficiales del INDEC, Argentina posee alrededor de 45 millones de habitantes. El 40% de la población vive en una sola provincia (Buenos Aires) de las 24 jurisdicciones que conforman la República. Solo en CABA y en GBA, se estima que viven cerca de 15 millones de habitantes. Si se contabiliza la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe, estamos hablando que el 60% de la población está concentrada en una superficie que no alcanza el 22% del total del país. Esto ha generado numerosos debates, sobre qué hacer con esta centralidad tan dificultosa para el desarrollo federal. Con una densidad poblacional tan alta, diversos distritos del Gran Buenos Aires no lograrán nunca satisfacer las demandas de la población. Esto se refleja en la gran preocupación que hay actualmente por la probable saturación del sistema de salud. Por ejemplo, ninguna provincia del sur argentino, con sus vastos territorios, llegan a superar la población de La Plata o Mar del Plata. Ni siquiera hace falta mencionar municipios como La Matanza, en donde es indefectiblemente contraproducente la densidad poblacional que la define. El norte del país no está exento de esta problemática. Tal vez, haya que repensar el debate de dividir a la provincia de Buenos Aires o qué hacer con tanta población en el conurbano bonaerense, una porción de territorio ínfima de nuestro país. Será tiempo de tomar nota sobre estos temas que siempre estuvieron latentes y hoy nos ayudan a entender por qué el virus circula esencialmente en un punto tan especifico del país, lo que conlleva una alerta real de saturación del sistema sanitario en dicha región geográfica.

Sin lugar a dudas, ningún gobierno en el mundo hubiese querido tener que afrontar esta circunstancia inédita en la historia de moderna de la humanidad. Hay que estar en los zapatos de Alberto Fernández y de quienes gobiernan en este particular momento. Hay que estar en los estamentos de poder provinciales y municipales, sabiendo que se recauda cada vez menos y que la tensión social va in crescendo. El presidente Fernández lo ha dicho claramente. Les ha tocado una suerte desfavorable, en un país que ya venía mal. Ciertamente, las deudas sociales existían antes de la pandemia. Sin embargo, también el gobierno debería entender que todo el crédito que se ha ganado en las primeras semanas de aislamiento, con palabras y medidas acertadas, se está perdiendo paulatinamente ante una angustia real de la población, no solo por la pérdida del poder adquisitivo y del empleo, sino también por una cuestión psicológica de la que nadie habla.

El fin del aislamiento no será gratuito para nadie. No lo fue para los miles de comercios que han cerrado en el país. No lo ha sido para miles de personas que han sufrido depresión y trastornos de ansiedad, producto de este contexto. Aún se está a tiempo de entender que la economía también puede llevarse vidas y que la salud no es solo el cuidado del cuerpo. Como bien la define la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La post pandemia no será fácil para la dirigencia política, si no comprende que está a tiempo de retomar la asertividad, de la comunicación proactiva hacia toda la ciudadanía, incluyendo a los sectores críticos. Estamos ante la oportunidad histórica de replantear las falencias más profundas de la organización social y económica del país. Deberán decidir si quieren seguir por la senda de las discusiones inertes de siempre, o encarar un nuevo camino que contemple las desigualdades del sistema, poniendo en marcha soluciones eficaces y eficientes en el corto, mediano y largo plazo para recomponer estructuralmente y definitivamente a la Argentina.


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