Por: Pablo Bertolami – Abogado-Docente-Diplomado en Derechos Económicos Sociales y Culturales – Especialista en Derecho del Trabajo
A través del Decreto 340/2025, el Gobierno nacional vuelve a ir contra el derecho constitucional de huelga, replicando planteos que se instauraba previamente en del DNU 70/2023 y que ya fue declarado inconstitucional.
El nuevo decreto utilizó como excusa la modificación del régimen de la marina mercante, incorporando una cláusula que redefine qué trabajos se consideran “servicios esenciales” reglamentando estas actividades “esenciales” y otras “trascendentales” ampliando estos conceptos de forma muy extensa que, en la práctica en realidad, restringe gravemente la posibilidad de ejercer medidas de fuerza legítimas. Haciendo la excepción una regla. Que representa la liquidación lisa y llana del derecho de huelga en la Argentina ya que la medida oficial cancela la posibilidad de la huelga bajo cualquier circunstancia.
Una de las cuestiones más alarmantes del decreto es que impone la obligación de garantizar un 75% de la prestación del servicio en estas actividades consideradas “esenciales”, lo cual no solo desnaturaliza la huelga para el reclamo de los trabajadores y/o negociación. Si no que profundiza y crea el “servicio de importancia trascendental”, que obliga a sostener al menos el 50% del servicio, habilitando una interpretación tan amplia que podría incluir a casi cualquier actividad, por no decir a toda actividad laboriosa.
El decreto incluso llega al absurdo de calificar como esencial cualquier interrupción que pudiera afectar metas de recaudación fiscal, lo que claramente desvía el espíritu de la legislación laboral y pone el foco en garantizar los intereses del Estado y del empresariado, no en la protección de derechos sociales que es la naturaleza jurídica de la legislación del trabajo, es decir irrumpe completamente con toda la rama del derecho del trabajo poniéndola a disposición de la parte más poderosa de la relación laboral. Como ya he dicho reiteradamente, es una “película” porque todas las “reformas laborales” que conocimos tenían los mismos objetivos, el mismo diseño, la misma matriz: una mano de obra dócil y barata y un sindicalismo débil, o sea recuperar el poder de la patronal, que los sectores sociales dominantes consideran que se perdió como consecuencia de las luchas obreras de principio del siglo pasado.
Esta modificación inconstitucional al derecho de huelga no solo viola los principios fundamentales de libertad sindical, tutelados en la Constitución Nacional, sino también que contraviene los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen como servicios esenciales sólo a aquellos cuya interrupción pudiera poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. La finalidad de esta norma internacional es proteger a la comunidad, no impedir el ejercicio de un derecho constitucional como la huelga como lo es en este caso,
En más de dos décadas de regulación de huelgas en servicios esenciales en nuestro país, nunca se ha demostrado que una medida de fuerza haya puesto en peligro la vida o la seguridad de la población. El sistema no requiere reformas de este tipo, que únicamente benefician a sectores concentrados y perjudican a las y los trabajadores. Por lo contrario, son numerosas las causas realizadas a manifestantes por reclamar situaciones justas en el contexto del trabajo.
Por otro lado, muchas veces escuchamos debatir sobre el derecho a huelga y sus alcances. Es obvio que el Derecho de Huelga colisiona con muchos derechos, algunos que también están reconocidos en la Constitución Nacional. Sin embargo, generalmente, aquél tiene una jerarquía superior y debe prevalecer. Este punto tiene una importancia fundamental en este debate, y por tal motivo insisto en él hasta el cansancio.
No es casual que la OIT y sus órganos de interpretación y aplicación de Convenios y Recomendaciones, como nombre anteriormente sólo admitan restricciones al Derecho de Huelga en casos extremos, como cuando pueda estar “en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o parte de la población” (ver OIT, “La Libertad Sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT”, 5ª edición revisada).
Si no se entiende esto, es imposible debatir seriamente sobre el Derecho de Huelga.
ESENCIALIDAD EDUCATIVA
Como docente me preocupa además la declaración de la actividad educativa como servicio esencial. El artículo tercero del DNU establece que cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial (no establecido la educación superior, desde mi punto de vista personal eso fue netamente por un error por omisión del legislador) son considerados esenciales.
La burguesía y sus partidos sostienen que las y los docentes son los responsables del derrumbe educativo y así esconden su absoluta responsabilidad. Uno de los fundamentos que escuchamos muchísimas veces los docentes en el aula es la pérdida de días de clase. No solo que la pérdida es mínima atento a que las cúpulas sindicales no han llamado a paros ni a medidas que conllevaron a grandes tiempos de inactividad en el aula, sino que el “riesgo educativo” por la pérdida de días de clase nunca se lo relaciona o se pone el énfasis los motivos reales de esos días perdidos, ya que el 70 % a nivel nacional son por causas ajenas a medidas de fuerza, siendo la mayoría de ellas por el derrumbe de la infraestructura, problemas climáticos, cuestiones relativas a la violencia y de transporte.
Esta situación de las escuelas ahora se potencia con la política del gobierno de Milei, que desfinancia la educación quitando decenas de partidas.
La ley propuesta es ilegal e inconstitucional también en este sentido. Va en contra de toda la legislación internacional, como la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y contra los fallos de la Corte Suprema de Justicia Argentina y de la propia OIT, cada vez que se buscó ilegalizar el derecho de huelga en la educación.
Si bien falta la reglamentación del decreto es decir el cómo se va a llevar a cabo hay que tener en cuenta los proyectos ya tratados por el poder legislativo en este sentido restrictivo de la huelga anteriormente donde establecían que en caso de medidas de paro, en el comienzo del ciclo lectivo las autoridades escolares deben indicar quiénes quedarán afectados para tal fin, algo que está prohibido en la Constitución que establece el derecho de huelga, y que está por encima del engendro DNU publicado el día de ayer. Por eso se establece (en los proyectos presentados anteriormente) que si el personal arbitrariamente asignado no concurre en medio de una huelga a prestar servicio tendrá falta injustificada. Una completa aberración que, sin embargo, ya tiene como antecedente la aplicación en la provincia de Buenos Aires. De hecho, días atrás tras un masivo paro de FEB en la provincia hubo cierto apriete por parte del empleador provincial y amenazas de injustificadas.
Cabe aclarar que todavía los docentes estamos con la incertidumbre no solo del descuento del día de quienes apoyamos la medida de fuerza si no, si el empleador modificara la naturaleza de la ausencia de paro a injustificada.
Es decir, todo va con el horizonte de pretender que la docencia o bien imparta clases a pesar de que las escuelas no estén en condiciones o que recupere por fuera del ciclo lectivo días perdidos por el abandono escolar de parte de los gobiernos ajustadores.
Manifiesto una gran preocupación ante este nuevo avance de limitar derechos fundamentales de las y los trabajadores realizando un llamado a la sociedad en su conjunto a autoorganizarse, a las organizaciones sindicales a no solo estar alerta y declarar su repudio, si no a realizar un plan de lucha y frenas estas acciones antidemocráticas.
Para finalizar jurídicamente hablando, en resumen, tanto por el uso abusivo del DNU, como por violentar groseramente el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales y los Convenios de la OIT, el DNU 340 es insalvablemente inconstitucional y, seguramente, seguirá la suerte de otras iniciativas similares en los tribunales, pero como digo en las clases que dicto muchas veces el derecho va por un lado y los intereses van por otro. Por ende, reitero el estado de alerta que debe estar la clase laboriosa.