El Constitucional avalará la reforma que le permite suspender a Carme Forcadell

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En caso de confirmarse, el máximo tribunal español podría inhabilitarla por no cumplir con las resoluciones impuestas por este organismo

El Tribunal Constitucional dará luz verde a la reforma de su ley reguladora que prevé la inhabilitación de los políticos y cargos públicos que desoigan sus resoluciones, mientras estas se cumplen. Acabarán de definirlo durante una reunión el próximo miércoles y el jueves.

Se prevé que, una vez avalada la reforma (aprobada por el Gobierno del PP en los últimos días de su mayoría absoluta con toda la oposición en contra) el alto tribunal podrá utilizar las medidas que le permiten acelerar su respuesta frente a la desobediencia de sus resoluciones.

Además, la reforma implica un cambio en las multas coercitivas, que si bien ya estaban incluidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se incrementarían hasta los 30.000 euros para “las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado”.

Barcelona. (INCAT-Agencias).-

Convoca Neus Munté a movilizaciones contundentes si se inhabilita a Carme Forcadell

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La portavoz del gobierno cree que sería una decisión “tremendamente injusta a los ojos de todo el mundo” y sostiene que la presidenta del Parlamento cumplió con el reglamento

                    

La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Neus Munté, llamó a impulsar movilizaciones “unitarias y contundentes” en caso de que se inhabilite a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, acusada de no haber impedido la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente. “Si llega una decisión así, que espero que no llegue, deberá ir seguida de una respuesta como siempre cívica, pacífica y 100% democrática de la ciudadanía, de los partidos políticos y de las entidades soberanistas”, destacó Munté en una entrevista de Europa Press.

Así, espera que, en caso de inhabilitación, las fuerzas soberanistas envíen un mensaje de unidad y civismo: “Nos miran y nos observan desde afuera y muchas personas seguro que no entienden esta posición del Estado español de muro granítico, incomprensión, cero diálogo y persecución de un proceso democrático; por ello, espero que impere la cordura en las instituciones estatales y no se inhabilite a Forcadell porque sería una decisión tremendamente injusta a los ojos de todo el mundo”, teniendo en cuenta que se trata de una presidenta parlamentaria elegida democráticamente.

De hecho, recordó que “en otras ocasiones, ante la intensidad con la que el Gobierno del PP ha ido llevando una y otra vez normas y leyes catalanas al Tribunal Constitucional (TC)”, los magistrados han optado por desestimar o levantar suspensiones porque, en su opinión, se ha impuesto el análisis coherente de la situación. Si esta coherencia no impera y hay inhabilitación, Munté ha referido al mensaje “potente” de los ex presidentes del Parlamento Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, que han animado Forcadell a seguir desarrollando sus funciones y arbitrando el pleno en caso que la inhabiliten.

La portavoz del Gobierno se alineó con esta opción pero descartó hablar de desobediencia y apuesta por poner énfasis en la obediencia al mandato democrático del 27-S y al desarrollo de la hoja de ruta independentista: “Me niego a dejarme llevar por lenguaje de desobediencia en sentido negativo cuando lo que estamos haciendo en Cataluña es profundamente en positivo y no va contra nadie”.

Forcadell cumplir con el reglamento

Munté defendió que Carme Forcadell no impidió la votación en el Parlamento porque “cumplió estrictamente con el reglamento” de la Cámara, que dice que se puede incluir una votación en el orden del día si dos grupos lo solicitan: en este caso, lo hicieron Juntos por el Sí y la CUP. “El Gobierno tiene una visión muy diferente de las funciones de un Parlamento, como vemos allí, donde todo está paralizado y ni siquiera hay control al ejecutivo” debido a que está en funciones y los grupos no pueden exigir explicaciones al Congreso, criticó.

La “persecución” a Forcadell y al resto de miembros de la mesa del Parlamento es para Munté una nueva muestra de la judicialización de la política que está llevando a cabo el gobierno español, que, a su juicio, debería abandonar esta estrategia y empezar a dialogar para abordar el proceso soberanista. Preguntada por si los miembros de Juntos por el Sí de la mesa deben presentar las alegaciones que requiere el TC o debe considerarlo un tribunal deslegitimado, Munté opinó que es una decisión que corresponde al grupo parlamentario y que como Gobierno se respetará “100%” lo que escojan”.-

Barcelona (INCAT).-