La inscripción al Repro II será del 24 al 30 de setiembre para salarios devengados este mes

El Ministerio de Trabajo estableció el plazo para la inscripción al Programa de Reactivación Productiva II (Repro II) y extendió el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos para los salarios devengados este mes.

El Ministerio de Trabajo estableció el plazo para la inscripción al Programa de Reactivación Productiva II (Repro II) y extendió el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos para los salarios devengados este mes, a través de la Resolución 568/2021 publicada en el Boletín Oficial.

La norma estableció que el plazo para la inscripción en ambos programas será desde el 24 al 30 de setiembre próximo.

Además, determinó las pautas a considerar para aplicar los criterios de preselección, respecto de las fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran acceder al beneficio al Repro II.

Los meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) serán agosto de 2019 y de 2021, pero no se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1 de enero de 2019.

Asimismo, el mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia será agosto último.

En tanto, el corte de actualización de bajas de nómina y el de CBU serán hasta el 23 de setiembre.

En el caso de trabajadoras y trabajadores independientes, deberán presentar una reducción de la facturación superior al 20% en términos reales, para el periodo comprendido entre agosto último y mismo mes de 2019.

Asimismo, el período de referencia de pagos a acreditar será para autónomos desde enero de este año hasta julio último; y para monotributistas, desde febrero hasta agosto. (Telam)

El Gobierno se dispone a anunciar medidas para recomponer el poder adquisitivo e impulsar el consumo

Suba del salario mínimo, bono a jubilados y un aumento de la AUH, entre las decisiones que buscan recomponer los ingresos de los argentinos.

El Gobierno anunciará en las próximas horas un paquete de medidas destinadas a mejorar el poder adquisitivo, que incluirá una suba del salario mínimo, bono a jubilados y créditos a tasa cero.

Si bien hasta ahora no hay información oficial sobre cuándo se realizarán los anuncios, voceros oficiales anticiparon que se harán de manera escalonada, presumiblemente a partir de mañana, luego de la asunción de los nuevos ministros.

Para este martes está prevista una nueva reunión del Consejo del Salario: a partir de las 15:00, empresarios y sindicalistas intentarán fijar un nuevo haber mínimo, que desde este mes llega a los $29.160.

La intención de la Casa Rosada es que ese salario aumente un 10%, con lo que se sumaría al 35% que se pactó a fines de abril de este año.

La reunión del Consejo del Salario estaba fijada para el 30 de septiembre, pero el Poder Ejecutivo dispuso adelantar la convocatoria, en la cual también se definirán los nuevos monto de la prestación por desempleo.

La suba del salario mínimo, vital y móvil es utilizada como parámetro para los sectores informales y para más de un millón de beneficiarios del plan «Potenciar Trabajo».

Por otra parte, la Casa Rosada define un bono para jubilados que -según trascendió- sería de entre $5.000 y $6.000, pero solo para aquellos que cobren hasta dos haberes mínimos.

También, el paquete de medidas económicas incluiría una suba del 50% de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que permitiría compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.

Asimismo, se anunciaría un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, para llevarlo de $150.000 brutos a $175.000 para empleados en relación de dependencia, lo que implica una suba cercana al 15%.

En este caso, el objetivo es que quienes hayan logrado aumentos salariales luego de la última actualización de Ganancias, no vuelvan a quedar alcanzados por ese impuesto.

Otra medida que se anunciaría es una nueva versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que el Gobierno otorgó el año pasado, para paliar el impacto e la pandemia y de la cuarentena en los sectores informales.

Ahora, ese beneficio sería de $15.000, tendría otro nombre y sólo se otorgaría a sectores que aún no han podido recuperarse de la pandemia.

En el Gobierno evalúan también otorgar, por decreto, un bono salarial para el sector privado.

Asimismo, se especula con que se anunciará un esquema de pagos en cuotas -similares a los de Ahora 12- para tarjetas no bancarias y créditos a tasa cero para más de un millón asalariados.

La inyección de recursos que el Poder Ejecutivo planea destinar para mejorar los bolsillos de los argentinos representaría un gasto adicional de $70.000 millones.

Durante el último fin de semana, el presidente Alberto Fernández dijo que «nos hemos comprometido a acelerar la gestión del nuevo esquema de anuncios sociales y económicos para dar respuesta a quienes más nos necesitan. En unidad corregiremos rápido todo lo que haya que corregir en cada rincón de la Argentina». (NA)

Economía buscará segmentar subsidios y aumentar tarifas de electricidad y gas, pero hay resistencia en el kirchnerismo

El proyecto de Presupuesto 2022 prevé reducir subsidios al 1,5% del Producto Bruto, pero Máximo Kirchner dijo que eso dependerá de cómo esté el bolsillo de la gente.

El Ministerio de Economía mantiene su intención de segmentar subsidios energéticos según el poder adquisitivo de los hogares y aumentar tarifas de electricidad y gas, pero esa intención encuentra resistencias en el kirchnerismo.

La cuestión, clave para reducir el déficit fiscal, comenzará a ser debatida sobre la base del proyecto de Presupuesto 2022 enviado al Congreso.

Economía prevé bajar al 1,5% del Producto Bruto los subsidios de luz y gas en 2022, que en 2021 rondarán el 2,2%, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Eso implicará aumentos en los servicios públicos que promediarán el 38% al 40% en sectores medios, según cálculos de especialistas, pero el kirchnerismo buscará revisar esos números.

El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, defendió la política de atraso tarifario y tomó distancia del presupuesto de Guzmán.

El proyecto de ley de Presupuesto 2022 prevé una reducción de 2,1% a 1,7% del PBI en el rubro «energía, combustibles y minería» de la partida Servicios económicos.

Kirchner consideró que las tarifas no tienen que aumentar «en los términos que proponía el sistema» energético.

«Siempre entendimos en aquella discusión por tarifas que se tenía que tomar en cuenta cómo estaba la realidad de muchos argentinos y argentinas, incluso de aquellos trabajadores formales que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o en sus límites», sostuvo.

Sobre los incrementos tarifarios que surgen a partir del proyecto de Presupuesto, Kirchner dijo que la iniciativa «se discutirá ahora en el Congreso».

«Uno puede prever matemáticamente cuál debería ser el aumento pero también tiene que ver cómo está la sociedad. Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas», advirtió. (NA)

Según un estudio, el poder de compra de los planes sociales cayó 23% en dos años

El trabajo de una consultora sostiene que los titulares de la AUH fueron los más perjudicados por el alza del costo de vida en la Argentina.

Como consecuencia de la inflación, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cayó 23 por ciento en los últimos dos años, lo cual explica en parte el incremento de la pobreza en la  Argentina.

Así lo indica un estudio de la consultora Invecq, que midió la evolución de la inflación y de esa asignación entre las PASO de 2019 y las de este año.

Detrás se ubicaron los haberes de los jubilados -el propio oficialismo empieza a admitir que sufrieron un ajuste con la última reforma previsional- y los salarios. 

La AUH es de $ 4.504 por hijo y llega a 4,3 millones de chicos menores de 18 años, según la ANSES.

El poder adquisitivo de la asignación, medido a precios constantes, es actualmente de $ 4.633 y representa el valor más bajo desde la creación del beneficio en noviembre del 2009.

Este cálculo no tiene en cuenta el adelantamiento del 20% que normalmente es retenido y abonado en diciembre de cada año y que en esta oportunidad se cobró en julio último, para que llegara a impactar en las elecciones primarias.

El informe tampoco incluye el impacto de la Tarjeta Alimentar, que el Gobierno puso en marcha antes de la pandemia para los beneficiarios de AUH que tenían niños menores de 6 años.

Desde mayo pasado abarca también a las familias que tienen hijos de hasta 14 años.

Este beneficio implica un pago mensual de $ 6.000 para los que tienen un solo hijo y de $ 9.000 para los que tienen dos. 

Pero a diferencia de la AUH que es de libre disponibilidad, esta tarjeta solo puede usarse para comprar alimentos.

Caída del poder adquisitivo.

La pérdida sufrida por quienes perciben la asignación se ubicó por encima de la de los asalariados. 

De acuerdo con el estudio, los asalariados perdieron un 5,5% en los últimos dos años frente a la inflación, pero mucho peor les fue a quienes trabajan en negro.

Entre mayo-julio de 2019 el salario bruto era de unos $ 92.790 constantes, mientras que ahora no llega a los $ 88.000, según el trabajo.

Algo similar ocurrió con las jubilaciones: el poder adquisitivo en la previa electoral de las PASO 2017 de un haber promedio era de $ 43.015, pero cayó a $ 39.795 en los tres meses previos a las de 2019 y en las últimas retrocedió a $ 37.132.

El cálculo arroja que entre las elecciones de 2017 y las del domingo último, los jubilados perdieron 6.000 pesos constantes.

Los datos están alineados con el argumento utilizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en su carta de reproche al presidente Alberto Fernández tras la derrota electoral.

La vicepresidenta reclama que el Gobierno ponga más plata en el bolsillo de los sectores más postergados, y no avance con nuevos ajustes.

En esa línea, se espera que se anuncien medidas de aumento para las AUH, bono para jubilados y hasta reflote el IFE, lo cual es resistido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien considera que hay herramientas más adecuadas para mejorar el poder adquisitivo. (NA)

Una promoción de hidrocarburos que pone en jaque a la pesca

El presidente Fernández anunció esta semana un proyecto para incentivar la explotación petrolera que incluye las Cuencas Afuera en el Mar Argentino. La pesca entre sorprendida e incrédula, salió rápido a marcar la cancha. La exploración off shore en la CAN 100 frente a Mar del Plata todavía no tiene veredicto sobre su viabilidad.

Por: Roberto Garrone

El anuncio, esta semana, de la presentación del proyecto de ley para promover inversiones en hidrocarburos, pasó desapercibido porque ocurrió en e momento en que quedaba más en evidencia la grieta en la coalición de gobierno.

Ocurrió justo cuando con su renuncia, Wado de Pedro le prendíó el “Samba” al gabinete del Presidente y habilitó horas convulsionadas en el “Frente de Todos” que concluyeron tras la carta de Cristina y Alberto aceptando casi todas sus sugerencias para intentar refrescar su gobierno de cara a las elecciones de noviembre. Difícil que Aníbal Fernández pueda refrescar algo, pero esa es otra historia.

Volvamos al proyecto que presentó Alberto…. La iniciativa que busca generar mayor estímulo en la exploración de hidrocarburos impactó de lleno en la intercámara pesquera, un sello que agrupa a todos los sectores industriales y armatoriales a lo largo del litoral marítimo, a quienes sorprendió el anuncio y los obligó a reaccionar rápido.

Más allá que el Presidente aseguró que la propuesta “tiene un rasgo distintivo” ya que “fueron escuchados todos los sectores y aportaron para que sea más fructífero y conveniente”, en la pesca, como casi siempre en este tema, se enteraron por los diarios.

Para colmo el proyecto de ley también contempla las inversiones en las cuencas Costa Afuera, la exploración off shore, y aclara que las inversiones tendrán mayores plazos de implementación por tratarse de proyectos mas complejos.

Y acá asoma el gran interrogante. Porque ya hay un proceso que se inició en el gobierno de Macri con la licitación y adjudicación del bloque CAN 100, el cual comprende un área de 15 mil km2, el más grande de la cuenca norte del Mar Argentino, a la empresa noruega Equinor, asociados con YPF y Shell, . El trío ya trabaja en conjunto en el bloque no convencional de Bandurria Sur en Vaca Muerta.

Los trabajos de exploración no comenzaron aún. En julio pasado se desarrolló una audiencia pública impulsada por el Ministerio de Ambiente oportunidad en que la chance de explorar petróleo en el Mar Argentino recibió un rechazo masivo.

En los cinco minutos que pudo exponer cada uno, los representantes del sector pesquero cuestionaron los estudios de impacto ambiental que habían realizado las petroleras.

Advirtieron que las evaluaciones tienen errores conceptuales y operativos, son desactualizados y no están centrados en el área a prospectar. Ni siquiera se hicieron in situ, sino con base bibliográfica y antecedentes en otros mares del mundo.

«Si no se realizan observaciones directas, no se puede cuantificar la biomasa ni la biodiversidad existente en el área antes del comienzo de la experiencia, ni de los procesos biológicos claves en el ciclo de vida de los organismos”, reporta un informe que hizo Otto Wöhler, el ex Director del INIDEP, como consultor de la Intercámara.

De las 522 personas anotadas en la audiencia hubo 373 intervenciones de todo el territorio nacional, tanto de manera oral como escrita. “De acuerdo con el monitoreo que hicimos desde Greenpeace, 345 personas se expresaron en contra de la actividad propuesta por Equinor, y en general, en contra de la expansión de la frontera petrolera. Sólo 12 personas se expresaron a favor del proyecto y de la actividad, siendo que el total de esas doce personas representaban intereses corporativos o tenían intereses personales ligados a los hidrocarburos”, resumieron desde la organización ambiental.

El problema es que la Audiencia Pública no es vinculante. Igual todavía se desconoce el veredicto. La Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Energía ya tendría que haber emitido su opinión técnica a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que a su vez desde ahí se emita la Declaración de Impacto Ambiental o el rechazo a la iniciativa.

A principios de septiembre desde la Intercámara pesquera presentaron nota en Ambiente para que el Ministerio se expida sobre el proyecto de exploración e insistieron con sus cuestionamientos. En la pesca estaban expectantes porque entendían que había señales que invitaban al optimismo. Por eso a todos los sorprendió el anuncio de esta semana.

El gobierno circula a los volantazos y no solo en esta área. Si bien se entendía que la demora en dar a conocer el veredicto obedecía a una mera especulación electoral, a no sufrir otro tiro en el pie sabiendo que cualquiera de las dos opciones generaría críticas y rechazos, también en las entidades ambientalistas pensaban en un fallo favorable al cuidado del medio ambiente.

Esos mismos esperanzados ahora están sorprendidos y preocupados por el devenir del proyecto. Iniciativa que debería tener el aval mayoritario de los legisladores si pensamos que es una iniciativa que se originó en tiempos del macrismo en el poder.

En la pesca no están muy lejos de esa mirada y aunque tienen en la peregrinación a la justicia como última carta, al menos públicamente se muestran más conciliadores.

Más allá que los tomó desprevenidos el anuncio del Presidente remarcan la necesidad de hacer los estudios ambientales de manera correcta para que puedan convivir ambas actividades y no que la exploración off shore termine con la pesca en la zona.

Así como se han planteado las cosas, la actividad pesquera nunca fue considerada como un actor con intereses en el área y como tal deben tenerla en consideración.