El presidente Alberto Fernández envió el proyecto de ley al Congreso para declarar durante los próximos cuatro años «capitales alternas» a 24 ciudades con el objetivo de «profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización, acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el territorio nacional». La iniciativa se sumó al temario que se tratará en sesiones extraordinarias.
La iniciativa de Fernández, que ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados, propone -en su artículo 2- la creación del Programa Gabinete Federal, «destinado a realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción».
Los distritos propuestos como «Capitales alternas» son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza), Goya (Corrientes) y Oberá (Misiones).
También forman parte del proyecto oficial las localidades de Tinogasta (Catamarca), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero), Roque Sáenz Peña (Chaco), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Formosa (Formosa), Monteros (Tucumán) y San Luis (San Luis).
La iniciativa está inspirada en otro proyecto impulsado en 1999 por el entonces gobernador cordobés José Manuel de la Sota, por el que se declaró a Río Cuarto como «Capital alterna», la primera en gozar de ese título, aunque a nivel provincial.
Alberto Fernández cuando era candidato presidencial había propuesto «crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina y obligar al gobierno nacional a trasladarse una vez por mes ahí y escuchar ‘in situ’ los problemas».
«Una cosa es ver estadísticas y otra ver y escuchar a la gente, porque se puede entender verdaderamente la dimensión del conflicto», dijo entonces.
El proyecto establece que sea el Ministerio del Interior la cartera a cargo de «coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones» y fija que los encuentros sean «convocados con una periodicidad no mayor a 30 días».
En tanto, el artículo 5º agrega que «los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación».