Por: Roberto Garrone
Pasan los gobiernos, cualquiera sea su color, candidato e ideología, y la receta se repite con precisión quirúrgica. A la hora de renovar los buques, sean patrulleras como las de la Armada que se construyeron en Francia, o barcos de investigación científica como los del INIDEP que se construyeron en Vigo, España.
A pesar de los insistentes pedidos de las cámaras sectoriales de la industria naval como parte de la consolidación del sector, el Estado como armador le da completamente la espalda a la industria argentina y siempre la mejor opción son gradas extranjeras. Siempre, casualmente, de la mano de maniobras teledirigidas y sospechadas de corrupción, amparadas por el financiamiento de organismos internacionales.
El último cachetazo tiene pocas horas. El pasado 14 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial la licitación pública internacional 38/2023 del Ministerio de Seguridad para la adquisición, llave en mano, de 4 buques tipo OPV para la Prefectura Naval Argentina.
El retiro de pliego de bases y condiciones se puede adquirir participando del proceso en COMPR.AR hasta el 15 de marzo del 2024. Las consultas también en el mismo sitio hasta el 1 de marzo del 2024. Apertura de ofertas el 15 de marzo.
Hasta ayer viernes (escribo los sábados) era más fácil saber dónde terminaron los asbestos que se retiraron del Magritte que acceder al pliego de bases y condiciones para la construcción de los buques guardacostas oceánicos que tendrán 80 metros de eslora total, 11 de manga, capacidad para llevar 50 tripulantes más otros 20 en calidad de sobrevivientes o rescatados, tendrá una autonomía a 12 nudos de 6500 millas náuticas, autonomía de 35 días (siempre que haya combustible) y una velocidad en persecución de 21 kilómetros, entre sus características principales.
Ya la licitación, como la reciente del Ice Class del INIDEP, por la cual el BID va aportar 135 millones de dólares, menos de 90 exclusivamente para la construcción del buque, aunque el buque apenas cueste 100, viola la ley 27418 que creó el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina, y que establece entre sus objetivos el desarrollo y crecimiento sustentable de la industria naval argentina de manera participativa y competitiva.
El artículo 15 de la ley dispone que los organismos del Estado, Sociedades del Estado nacional o privadas que perciban alguna forma de aporte o aval del Estado nacional, cuya actividad implique la demanda de buques, embarcaciones y/o artefactos flotantes, “se construirán en el país bajo los requerimientos que el organismo demandante determine, cumpliendo con las características, costos y tiempos requeridos, y que el organismo requirente podrá ejecutar las obras en otras fuentes de provisión en caso de que el requerimiento no pueda ser cumplimentado por la industria nacional, mediante razón fundada, previo informe emitido por la Comisión Asesora de la Industria Naval”.
A decir verdad, lo menos malo que hace el Estado para con la industria naval es violar la ley. El atraso cambiario que se profundiza en estos tiempos pre electorales, la distorsión de precios relativos y la carrera de obstáculos para hacerse de insumos básicos provocan una enorme pérdida de competitividad que hace inviable que puedan presentarse a un desafío semejante.
Un mismo modelo de barco, que en el año 2005 tenía un costo de 650.000 dólares, en el 2015 costó 1.8 millones y 8 años después, 2,8 millones. Con este panorama es imposible para la industria sostenerse en el mercado interno porque son pocos los que pueden absorber semejante suba de precios.
Lo resumió de manera certera Domingo Contessi en oportunidad de la botadura del “Yani G” el fresquero de altura que entregaron a la empresa VICARP.
“Nosotros mismos aspiramos en algún momento a construir y exportar buques de ese tamaño, para ello estamos haciendo la nueva nave industrial; pero pretender que un astillero argentino participe hoy, en estas condiciones, de una licitación internacional es como que nos quiebren las piernas, nos roben las muletas y luego nos inviten a correr y ganar una maratón”.
La Comisión Asesora se reunió dos veces para analizar el caso de los Guardacostas que van a renovar una flota que tiene más de 40 años. En el sector naval se enteraron casi que por los diarios del interés repentino de la Prefectura por su construcción al filo del mandato de Alberto Fernández. Casi siempre estos procesos plantan bandera de largada sobre la chicharra de una gestión que se evapora.
Definieron, y así lo establece el pliego, que de los cuatro buques que se pretenden adquirir, dos deberán ser construidos en el astillero de origen y los dos restantes en astilleros locales a elección del oferente/constructor a través de un convenio de transferencia de tecnología entre el adjudicatario y el/los astilleros nacionales.
Anotados ya están Damen, un astillero holandés que tiene una fluida relación comercial con SPI, el astillero de Horacio Tettamanti. Ya tuvieron una experiencia común en la construcción de una dragalina en 2021.
Damen aportó el diseño y la bomba de succión en tanto tomó forma en las instalaciones de SPI en Campana. Entre las prioridades de la “Gloria P”, así se llama, estaba profundizar las celdas de sus diques flotantes en el muelle 7 y prestar colaboración a las necesidades del Consorcio. Debe tener mucho trabajo porque todavía nunca vino a Mar del Plata.
Mejor volvamos a los futuros nuevos guardacostas…
En un caso de clarividencia colosal el propio pliego ya sabe que el ganador de la licitación será un astillero extranjero, o que lo que es peor: no ganará ningún astillero nacional. “Con la oferta deberá presentarse una carta de intención firmada con el/los astilleros locales, acorde se requiere en el punto 3.2 de las presentes cláusulas”, dice el pliego.
Buen domingo. Y vayan a votar que la democracia no se defiende sola.