El Consejo Directivo del¬†Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires¬† (CAPBA) Distrito IX¬†record√≥ la¬†plena vigencia¬†de la ordenanza 12.562,¬†de 1999, que declar√≥ de inter√©s p√ļblico la inspecci√≥n obligatoria, conservaci√≥n y mantenimiento de las fachadas y medianeras de los edificios que posean una altura mayor a 9 metros y con m√°s de diez a√Īos de antig√ľedad. Esta ordenanza, que tuvo su correlato en otras localidades costeras, como Villa Gesell, Pinamar, Necochea y Miramar, se sancion√≥ como respuesta a¬†varios accidentes de diferentes consecuencias,¬†provocados por insuficientes o inexistentes tareas de mantenimiento en los edificios de altura.

Desprendimientos y caídas de balcones, mamposterías, revestimientos, aberturas, barandas y otros elementos componentes de los frentes de edificios, fueron los hechos que motivaron la sanción de la mencionada normativa, cuyas actualizaciones y ejecuciones han sido promovidas principalmente por el Colegio de Arquitectos, y son las matriculadas y matriculados quienes están capacitados por una formación universitaria integral para presentar el informe técnico que establece la norma y que deberá contener la descripción detallada del estado de conservación de los elementos constitutivos de las fachadas del edificio, exposición fotográfica de las patologías identificadas, ensayos y cateos realizados, un diagnóstico detallando la sintomatología y causas que determinen las lesiones presentadas, y la descripción de las reparaciones propuestas detallando procedimientos constructivos y tipos de materiales a utilizar.

La necesidad de aplicar en todo su rigor este tipo de legislaci√≥n en ambientes costeros, se relaciona con lo agresivo de sus caracter√≠sticas clim√°ticas y las afectaciones sobre los elementos expuestos que constituyen los edificios sobre los que se ven agravados los procesos patol√≥gicos.¬†En los √ļltimos a√Īos se han producido distintos episodios donde adem√°s de cuantiosos da√Īos materiales hubo que lamentar la p√©rdida de vidas humanas.

‚ÄúEl principal motor es la necesidad de mantener en buen estado de conservaci√≥n las fachadas de los edificios‚ÄĚ, afirmaron los arquitectos, ‚Äúes la seguridad p√ļblica¬†y teniendo en cuenta el rol de servicio de las localidades costeras, receptivas de gran cantidad de personas en determinadas √©pocas del a√Īo, no podemos dejar de pensar en el uso intensivo de espacios p√ļblicos en determinados sectores de la ciudad que debemos mantener seguros‚ÄĚ.

El organismo record√≥ adem√°s que los responsables de mantener en buen estado de conservaci√≥n de las fachadas, muros medianeros y todos los elementos constructivos¬†del edificio ubicados en la proximidad de la v√≠a p√ļblica, y de los da√Īos a terceros que pueda producir su mala conservaci√≥n, son los propietarios, de acuerdo a lo establecido por el C√≥digo Civil y Comercial, independientemente de la existencia de las ordenanzas municipales. Pero que los¬†municipios¬†‚Äúno deben ser esquivos a la¬†responsabilidad¬†que les compete en el¬†control de la seguridad p√ļblica¬†y su poder de polic√≠a respecto del cumplimiento de las normativas que la regulan‚ÄĚ.

¬†El Colegio de Arquitectos sum√≥ una ventaja m√°s al efectivo cumplimiento de la ordenanza 12.562:¬†adem√°s de todo lo referido a lo m√°s importante, que es la seguridad ciudadana, se le agrega el efecto positivo en la valuaci√≥n de la propiedad en el mercado inmobiliario. Y esto est√° directamente relacionado con que las intervenciones sobre los edificios se culminan con las tareas de pinturas o revestimientos de terminaci√≥n, lo que posibilita el aporte de nuevos dise√Īos y combinaci√≥n de colores sobre los frentes. As√≠, se hace evidente y notorio un¬†cambio de imagen en la ciudad, desde que comenz√≥ a implementarse la Ordenanza de mantenimiento hace ya 20 a√Īos. Y finalmente, no es menos importante el impacto que genera para las econom√≠as locales, la industria, el comercio y las prestaciones de servicios,¬†la implementaci√≥n efectiva de estas pol√≠ticas p√ļblicas.

La entidad concluy√≥ apuntando que ‚ÄúEs necesario aprovechar las ventajas de una normativa que privilegia la seguridad p√ļblica, desplazando su percepci√≥n del mero tr√°mite administrativo y aprovechar al m√°ximo sus potencialidades. Atender esta problem√°tica existente en nuestras ciudades costeras, es responsabilidad de todos los actores, tanto los municipios, como los propietarios y los profesionales‚ÄĚ.


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