Los datos surgen de un estudio elaborado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) tras el segundo paro general de este año, convocado en todo el país por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La entidad evaluó las críticas pérdidas económicas y laborales que se produjeron en los últimos meses, en un marco de decisiones y negociaciones hostiles entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno Nacional.
El organismo internacional a cargo del informe evaluó el impacto negativo que las medidas de fuerza de los últimos cinco meses, con responsabilidades compartidas entre todas las partes, están generando no sólo sobre la actividad industrial, sino también sobre el empleo
y en las arcas estatales.
En detalle, el informe señala que “en lo que va del año, se desperdició una potencialidad en la actividad extractiva de más de 30 mil toneladas de pescado, incluyendo la totalidad de las especies que se capturan en el mar argentino, generando una severa crisis de rentabilidad en el sector empresario por más de 260 millones de dólares».
La FULASP también observó que esa pérdida se vió acompañada por graves
incumplimientos de contratos internacionales de exportación, pérdidas de contratación de personal eventual (debido a una interrupción de las distintas zafras), estancamiento de los salarios de los trabajadores y una fuerte caída en el pago de impuestos estatales
relacionados con los cánones de extracción, derechos de exportación, ingresos brutos, y aportes a la seguridad social y al sistema de salud.
Al respecto, Raúl Cereseto, presidente de la entidad a cargo del trabajo, señaló que
“desde que comenzó el 2024, la industria pesquera nacional estuvo cautiva de un sinfín de conflictos y medidas de fuerza en las que se han repartido responsabilidades simétricas los
gremios marítimos, la patronal y el ejecutivo nacional”, y agregó que “la incapacidad de los actores por ponerse de acuerdo en cómo desarrollar las tareas, y la falta de sentido común para arribar a un entendimiento mutuo ha causado una reiterada suspensión en la producción habitual, lo que trajo aparejado un daño no solo a las diferentes industrias, sino
también a las economías regionales, al consumo interno, a la contratación y retribución de los trabajadores, y a los ingresos públicos del estado.
El puerto de la ciudad de Mar del Plata, con su flota fresquera de altura, así como los buques amarillos de la provincia de Chubut, en sus diferentes amarraderos (los más importantes del país), vieron canceladas sus actividades en muchas oportunidades tanto por reclamos paritarios de los sindicatos, como por decisiones empresariales, que llevaron
a la pérdida de muchas mareas laborales.
A su vez, los cambios que propuso el Gobierno Nacional en la Ley Federal de Pesca, que formaba parte del paquete de reformas que elevó en enero al Congreso de la Nación y que pretendía instaurar severas modificaciones en los permisos y establecer, entre otras cuestiones, que las cuotas de captura se asignaran por un sistema de licitaciones internacionales (medidas que luego retrotrajeron), también generaron mucha incertidumbre
sobre la actividad en su conjunto y desinflaron las operaciones.
En ese sentido, Cereseto también explicó que “la caída es muy importante porque se van generando pérdidas multiplicadoras, dado que, por un lado, está la valuación del precio que el armador o el empresario pesquero vende en banquina (en el muelle) a las plantas
procesadoras y, por otra parte, hay un segundo vacío que lo genera el hecho de que esa mercadería, al no poder procesarse, trae aparejada la imposibilidad de ser exportada”.
La fundación también observa que este duro proceso político, social, empresarial y laboral no se está dando solo a nivel nacional y asegura que “existe un grado muy alto de conflictividad en la pesca latinoamericana”, dado que en el puerto de Montevideo, Uruguay, la situación es peor aún, con un 90 % de la flota pesquera con sus operaciones bloqueadas desde diciembre del año pasado, y con casi tres mil trabajadores afectados directamente. Allí, las diferencias entre la Intergremial Marítima de Uruguay y el gobierno rioplatense mantiene a la actividad al borde del abismo.
En el ámbito nacional, la organización que brega por la sostenibilidad pesquera, elaboró el informe justamente para encender las alarmas y demostrar que la falta de acuerdos y entendimiento entre las partes provocan consecuencias mucho más dañinas que el propio conflicto en sí mismo.
Finalmente, Raúl Cereseto, reconoció que “si bien terminar con estos conflictos es un desafío de todos”, consideró que es fundamental que el gobierno nacional acepte el envite y convoque a una mesa de enlace tripartita para consensuar un modo de trabajo que obligue a mantener la totalidad de las actividades productivas mientras se ajustan las variables macroeconómicas.