Tribunal Supremo

Noticias de Cataluña y España

Ha nacido el Leviatán español

 

En 1651, el filósofo inglés Thomas Hobbes recurrió al monstruo bíblico Leviatán para definir el poder del Estado al que los hombres deben someterse para poder huir de la guerra perpetua y la falta de moral intrínsecas a la naturaleza humana. Desde entonces, se utiliza la figura del Leviatán cuando los Estados se exceden y rompen el contrato social.

Esta semana, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un Leviatán español. Declaró constitucional una norma que le atribuye poderes sin límites ni controles. Los jueces se colocan por encima de todo el ordenamiento jurídico y pueden apartar a cualquier funcionario o cargo electo de sus funciones. Su decisión no se puede recurrir a ningún otro tribunal ni instancia internacional.

Y déjenme hacer una caricatura para entender la dimensión de esta norma antidemocrática: si mañana cambian las mayorías y el Congreso aprueba una ley que deroga las nuevas atribuciones del TC, los jueces podrían apartar a los diputados de sus funciones por el hecho de ir en contra de la resolución que se las otorgaba. Incluso podrían apartar a Rajoy o a un ministro, o a un presidente autonómico, o a un embajador.

Ha nacido el Leviatán español, pero con una misión concreta y determinada: atacar, vencer y deglutir el proceso independentista catalán. El problema es que cuando se crea un monstruo y se lo suelta, nunca se sabe cuándo se se dará vuelta y acabará devorando a su propio creador.-

Por Germán Capdevila

Para los eurodiputados del PDECat, Ramon Tremosa; de ERC, Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall; y de ICV, Ernest Urtasun, no se cumple la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

 

Eurodiputados catalanes llevaron la detención de la alcaldesa de Berga a la Comisión Europea. Al frente de esta iniciativa se hallan el eurolegislador del PDECat, Ramon Tremosa; los de ERC, Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall; y el de ICV, Ernest Urtasun, quienes registraron una pregunta escrita a la Comisión Europea en la que traslada la detención el viernes de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, por no haber comparecido ante el juez por haber mantenido una bandera ‘estelada’ durante las elecciones del 27S y el 20D de 2015.

La pregunta concreta que formula Tremosa es si la Comisión Europea cree que el sistema judicial español cumple con la independencia judicial requerida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como les demanda opinión sobre la detención de Monsterrat Venturós por el simple hecho de haber colgado una bandera en el balcón del Ayuntamiento.

Asimismo, estos eurodiputados recuerdan que el 65% de la población española consideran mala o muy mala la independencia judicial según EU Justice Scoreboard 2016. Y concluyen que la independencia judicial deriva del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución española en su artículo 24 y también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.-

 

PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor del procesamiento de Francesc Homs

 

En otro acto de despotismo antidemocrático, las tres formaciones respaldaron en el Congreso de los Diputados la petición del Supremo para juzgar al legislador del PDECat

                         

                              Francesc Homs.

El Congreso de los diputados de Madrid impulsó que el diputado del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat), Francesc Homs, sea procesado por el Tribunal Supremo en el marco de la causa del referéndum no vinculante del 9 de noviembre de 2014 (el 9N). El PP, el PSOE y Ciudadanos unieron sus fuerzas y apoyaron este martes en la Comisión del Estatuto del Diputado la tramitación de suplicatorio que ha cursado el Alto Tribunal para poder investigar al portavoz de la antigua Convergència (CDC).

El diputado del PDECat compareció el pasado jueves a puertas cerradas ante los miembros de la comisión –uno por cada grupo parlamentario–, donde mantuvo su argumentación de que se trata de un proceso político impulsado desde el Gobierno y, por lo tanto, una judicialización de un asunto que debería resolverse políticamente.

La Comisión del Estatuto del Diputado aprobó el dictamen a favor de la concesión del suplicatorio. Las tres formaciones suman 250 diputados, por lo que el pleno del Congreso lo despachó por mayoría amplia, aunque una incógnita es la postura de los diputados del PSC. El voto es secreto y los socialistas catalanes, que ya votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy, se han pronunciado muchas veces en contra de la judicialización de la política que supone una causa como la del 9N.

Los que expresaron su apoyo a Homs son los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PNV y los diputados de Compromís y de EH Bildu, del Grupo Mixto, alegando que no se lo puede procesar por el mero hecho de haber sacado las urnas a la calle para recabar la opinión de los catalanes. El que fuera conseller de Presidència y portavoz de la Generalitat de Catalunya pidió que su comparecencia fuera abierta, pero se negó tal alternativa porque el Reglamento de la Cámara establece que las reuniones de este órgano deben celebrarse siempre a puertas cerradas. Homs reclamó también una copia de toda la documentación remitida por el Supremo para justificar la petición del suplicatorio, pero los letrados del Congreso concluyeron que no se la podían entregar y que, igual que los miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado, sólo tenía derecho a consultar los documentos.

Además, la Comisión también rechazó una tercera petición de Homs para que se escuchara a testigos relacionados con su caso, entre los que desearía citar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, al que se refirió como “ínclito y distinguido miembro del PP”. Se le respondió que su solicitud fue desestimada porque “el Congreso no puede entrar en el fondo de la cuestión, sino que su papel se limita a tramitar o no las peticiones del Supremo en función de que se cumplan o no los requisitos legales”.-

La brújula semanal: La desobediencia y el papel de los Mossos d’Esquadra

Llegamos al final de una semana intensa. En Madrid, Mariano Rajoy eligió gobierno, confeccionado para no variar el rumbo, tampoco en relación a Cataluña. La respuesta al proceso soberanista continuará llegando desde los juzgados. Sólo dos informaciones de las últimas horas que lo ilustran: el Tribunal Constitucional (TC) avaló la reforma de la ley que le permite suspender a políticos independentistas y los Mossos d’Esquadra detuvieron el viernes a la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, por desobedecer dos citaciones judiciales por no haber retirado la bandera estelada del balcón del Ayuntamiento. La desobediencia y el papel de los Mossos. Este será un tema clave de los próximos meses. Hablaremos, y mucho, si el Gobierno y el Parlamento siguen haciendo camino hacia la desconexión.

El caso Venturós y la relación CUP-Gobierno: La demostración de que los ejercicios de desobediencia y la consecuente presión judicial pone a los Mossos en el centro del foco se resume en las declaraciones de la CUP y el Gobierno tras la detención de Venturós. Los anticapitalistas, que continúan negociando los presupuestos con Oriol Junqueras (y presionando con decisiones unilaterales), consideran que un ejecutivo independentista “debería actuar de otra manera” mientras que en el Palau defienden el papel de la policía catalana. En el Gobierno se teme que se utilice a los Mossos –trabajadores públicos sometidos a la ley– para generar dudas y, de rebote, grietas en el mundo soberanista.

Una Legislatura que comienza con un comunicado: Rajoy actuó de Rajoy. Así lo apuntábamos con Ferran Casas en un análisis. El líder del PP elaboró un gobierno continuista, con pocas caras nuevas y escaso peso político, sin concesiones a la oposición. Soraya Sáenz de Santamaría reforzó su poder y es la mejor ubicada en la carrera por la sucesión (aún en plena guerra con Dolores de Cospedal). Por cierto, el presidente anunció la composición del nuevo ejecutivo –que volvió a trabajar después de 320 días– con un simple comunicado. Ni rueda de prensa ni mucho menos preguntas. Si Rajoy prometía diálogo antes de ser investido, parece que cambió de idea.

El futuro del PSC: Los socialistas catalanes celebran su congreso, marcado por la investidura de Rajoy, la relación tensa con el PSOE, y la hoja de ruta que deberá aprobar el partido, cada día más desorientado. Sabemos que Miquel Iceta (nada cómodo con los embates que llegan desde Madrid) pilotará la nueva etapa y que la “vía canadiense” tal vez ni se someta a discusión. Malos tiempos para un PSC alejado de la centralidad de la política catalana, con el derecho a decidir como denominador común.

La Frase de la Semana: “La alternativa a Colau es el bloqueo y una coalición imposible”. La frase es de Jaume Collboni, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y socio de la alcaldesa. La pronunció este jueves para disipar dudas sobre una moción de censura al gobierno municipal. CiU capitanea la operación, argumentada por Joaquim Forn en un artículo en el diario Ara. “Las próximas semanas hablaremos con todos los grupos para ver las posibilidades, los tiempos y el alcance de la alternativa”, insistía Forn en el texto. El movimiento implicaría un muy poco probable pacto con Ciudadanos y el PP en la capital catalana, mientras el Parlamento el soberanismo avanza hacia el referéndum.-

Por Joan Serra

 

Aval del Tribunal Constitucional a la ley que permite suspender a políticos independentistas

La sentencia, que no se aprobó por unanimidad (8 contra 3), permitirá actuar contra aquellos cargos electos que desobedezcan las resoluciones del alto tribunal español

                              Carme Forcadell está situada en el ángulo de tiro del TC, pero el tribunal teme las reacciones populares en cadena si avanzara al amparo de las reformas absolutamente represoras y coercitivas de las que dispone ahora.

El pleno del Tribunal Constitucional avaló la ley que le permite suspender a los cargos políticos que desobedezcan sus resoluciones. La sentencia, que no se tomó por unanimidad, da luz verde de este modo a la “reforma exprés” de la ley del alto tribunal, que impulsó el Gobierno para actuar contra el proceso soberanista y que se podría utilizar contra políticos independentistas como Carme Forcadell.

La Generalitat y el Gobierno Vasco presentaron sendos recursos contra la reforma del Constitucional, que prevé un incidente de ejecución cuando se desobedezcan sus sentencias, lo que puede llevar a sanciones como suspensiones de altos cargos o multas. Este jueves, el pleno desestimó el recurso presentado por el Ejecutivo de Vitoria por ocho votos a favor y tres en contra, según informaron fuentes del alto tribunal.

Ya se puede hacer efectiva la reforma que permite suspender a políticos

Según los magistrados, la reforma impulsada por el PP tiene un fundamento constitucional legítimo y, por lo tanto, a partir de este momento ya pueden activar las medidas que contempla la reforma contra aquellos particulares, funcionarios y cargos políticos que hagan caso omiso de sus resoluciones. Los mecanismos, según consta en la reforma de la ley, van desde multas de 3.000 a 30.000 euros “a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del TC, hasta la suspensión de las funciones de las autoridades o trabajadores públicos de la administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observación de los pronunciamientos del tribunal”.

Contrariamente a lo que estaba pasando en los últimos meses, en el que Pérez de los Cobos impulsaba acuerdos para hacer posible sentencias unánimes sobre cuestiones que afectaban al proceso soberanista, en esta ocasión la sentencia pone de manifiesto la fractura en el seno de la institución. Los magistrados Adela Asúa, Fernando Valdés Dal-Re y Juan Antonio Xiol han votado en contra y firmarán un voto discrepante.

Esta falta de consenso incluso forzó a resolver antes la cuestión de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, pese a que inicialmente el plan era emitir sentencia para saber de qué herramientas disponían en el proceso contra ella. Finalmente, la ponente progresista Adela Asúa –contraria a la constitucionalidad de las medidas que incorporaba la reforma– renunció a la redacción del texto tras constatar la imposibilidad de un entendimiento.

Los magistrados rechazan los argumentos de los recursos que habían presentado los gobiernos catalán y vasco –el de la Generalitat no se ha estudiado pero se descuenta que tendrá la misma respuesta–, que sostenían que la reforma suponía un “cambio cualitativo importante de las funciones encomendadas a la institución que puede alterar el equilibrio y el juego de contrapesos con el resto de poderes del Estado”. Según el Gobierno, la reforma “vulnera las garantías constitucionales del derecho sancionador en relación al principio de legalidad” y va más allá de la definición del ámbito de jurisdicción del TC que recoge la Constitución.

El ejecutivo español argumenta que la reforma es perfectamente legal y que sólo busca garantizar el cumplimiento de las sentencias del alto tribunal. Según el gobierno del PP, son medidas que permiten fortalecer el Estado de derecho y evitan que las instituciones den pasos que vayan más allá de los límites establecidos por el TC.-

Detienen a la alcaldesa de Berga por no descolgar una estelada del edificio de su Ayuntamiento

Los Mossos se llevan a Montse Venturós por negarse a comparecer en dos oportunidades y la solidaridad con la mandataria no se hizo esperar

Los partidos soberanistas y varios dirigentes de Barcelona en Comú y En Comú Podem mostraron  su apoyo y solidaridad con la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, detenida a primera hora de esta mañana por no comparecer en dos ocasiones ante el juez para declarar por un supuesto delito electoral por no descolgar una estelada.

Los más contundentes en Twitter fueron sus compañeros de la CUP Quim Arrufat, David Fernàndez, la diputada Anna Gabriel, Joan Coma y el concejal de Badalona Josep Téllez, investigado por abrir la sede del Ayuntamiento de su ciudad durante el pasado 12 de octubre, día de fiesta nacional en el territorio español.

También desde el Govern surgieron muestras de solidaridad. El presidente catalán, Carles Puigdemont, transmitió su apoyo a Venturós y “a los cargos electos que sufren persecución por sus ideas”. La portavoz y ‘consellera’ de Presidència, así como vicepresidenta del PDC, Neus Munté, consideró que el “auténtico problema” de este caso es el “déficit democrático y la persecución del Gobierno del PP”. Y el vicepresidente Oriol Junqueras hizo un llamado a la “unidad social e institucional” para que “nadie detenga a la democracia”.

Del espacio político de los denominado “comuns” también han surgido varias voces para denunciar la detención y ofrecer muestras de respaldo a la alcaldesa de Berga. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió la “libertad de expresión y la soberanía municipal”, mientras que los diputados de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela, Lluís Rabell y Albano Dante Fachín trasladaron su “solidaridad” a Venturós. Por su parte, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, consideró que es “inaceptable que detengan a una representante del pueblo por ejercer la libertad”.

García Albiol: La detención es una medida reconfortante e higiénica para la democracia

El coordinador general del Partido Popular de Cataluña agregó que la sanción a la alcaldesa de Berga es un mensaje para los que “se quieren saltar el estado de derecho”

El coordinador general del Partido Popular de Cataluña, Xavier Garcia Albiol, aseguró que está muy satisfecho por la detención de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y calificó el hecho de “buena noticia para la democracia”. Según el líder del PP catalán, se trata de una medida “ajustada a la ley” pero sobre todo destacó que es “reconfortante e higiénica para la democracia”.

Albiol afirmó que la justicia española ha enviado un mensaje muy claro a la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y también a aquellos que “se quieren saltar el estado de derecho”. Y además de negar que el gobierno español se encuentre detrás de la detención de Montserrat Venturós, sostuvo que “la alcaldesa se piensa que está en una república independiente y que puede hacer lo que le dé la gana, pero ahora verá que no es así”.-

Se multiplicaron las concentraciones de apoyo a Montserrat Venturós, que fue liberada

Gran cantidad de personas se reunieron delante de ayuntamientos de toda Cataluña para apoyar a la alcaldesa de Berga – El juez la amenazó con prisión si sigue desobedeciendo

Cientos de personas se han concentrado a las siete de la tarde frente de ayuntamientos de toda Cataluña en apoyo a la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que fue detenida por haber desobedecido dos citaciones judiciales. A la convocatoria impulsada por la CUP se sumaron la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Asociación Catalana de Municipios.

La plaza San Pedro de Berga ha sido una de las primeras en llenarse: más de un millar de personas transmitieron su calor a la alcaldesa de la ciudad. Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento, y Joan Tardà, diputado de ERC en el Congreso, entre otras autoridades, estuvieron presentes. En Lleida, a pesar de la lluvia, se reunieron ante el ayuntamiento unas 250 personas, una cifra similar a la de la concentración de Tarragona. En Girona y Barcelona el número de asistentes ha sido superior, rozando el millar. También hubieron concentraciones en Sabadell, Manresa y Ripoll, entre otras capitales catalanas.

El juez dejó en libertad a la alcaldesa Montserrat Venturós poco después del mediodía de este viernes, tras declarar por dos delitos electorales, pero le advirtió que una nueva incomparecencia podría conllevar otra orden de detención y que “podrá ser llevada a la cárcel”.

En dos resoluciones, una por cada supuesto delito, el juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Berga decretó su libertad provisional sin fianza basándose en tres aspectos: la pena que en su momento se le podría imponer, que tiene domicilio fijo y que cree que “no burlará la acción de la justicia”. Eso sí, el juez obligó a Venturós a comparecer en el juzgado “siempre que se le pida” y fijar un domicilio y un número de teléfono de contacto de cara a las diligencias que se lleven a cabo dentro de las dos causas.-

Barcelona, Berga, Madrid, Girona (INCAT-Nació Digital-ACN El Punt Avui).-