“La proclamación de la independencia de Cataluña se hará después del referéndum, si lo ganamos”

Noticias de Cataluña

Carles Puigdemont, en la sesión de control del Parlamento, también alertó que “no habrá referéndum sin presupuesto” e instó a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo

               

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reiteró este miércoles, en la sesión de control del Parlamento, que “seremos fieles y leales” al mandato del Parlamento para convocar un referéndum y “este pueblo votará sí o no a la independencia”. El jefe del Gobierno recordó que esta llamada a las urnas tendrá lugar en la segunda quincena de septiembre y dejó claro que “la proclamación de la independencia se hará después del referéndum, si lo ganamos”.

El jefe del Ejecutivo respondió así a la pregunta del representante del grupo socialista, a quien precisó que “no hay ningún cambio en la hoja de ruta: el objetivo es querer ser un país independiente”, y continuó: “para llegar hemos elegido el camino más seguro y efectivo; para aclarar qué apoyo ciudadano tiene la independencia hemos elegido la herramienta del referéndum y estamos trabajando las dos maneras posibles de llevarlo a cabo”.

El presidente explicó que esta vía no excluye seguir buscando el acuerdo con España y con instancias internacionales, aunque remarcó que “tenemos enfrente a un Estado que no da señales, ya no de querer acordar, si no ni sólo de hablar y a quien osó decir que debería hablar con los independentistas se le ha expulsado de la política española. Tenemos un Gobierno que no está a la altura”. No obstante, y en respuesta al grupo parlamentario de la CUP, Carles Puigdemont remarcó que “habrá tantas reuniones como sean posible con las entidades y grupos comprometidos con la independencia”, pero alertó sobre que “no habrá referéndum si no hay presupuesto”.

En esta misma línea de un acuerdo presupuestario, el presidente afirmó que el Gobierno está desarrollando el cumplimiento de los acuerdos del Pleno de la pobreza, pero aseguró que “muchos de estos compromisos objetivamente no los podremos cumplir. Seamos francos y honestos, no tendremos suficientes recursos para ponerlos a disposición de estas medidas”. Por ello, emplazó a los diferentes grupos de la Cámara a alcanzar un acuerdo que permita profundizar en este giro social.

“Furor judicial del Estado”

En otro momento de la sesión de control y a preguntas de Juntos por el Sí, el presidente lamentó que ante “la apuesta de diálogo y acuerdo hecha por el Parlamento por amplísima mayoría, el Estado no sólo responde con un no al cubo: no, no y no, sino que hay una amplificación de su estrategia judicial. El furor judicial del Gobierno es inversamente proporcional a su coraje y compromiso democrático”.

“Nosotros no cejaremos”, advirtió el presidente, ante la “triste respuesta” del Gobierno central, porque, insistió, “lo que caracteriza a este país es su cultura del pacto y del diálogo permanente”. Y subrayó que “si proteger a las personas es vulnerar o dinamitar el Estado, quien tiene un problema es el Estado, no las personas”.

El jefe del Ejecutivo se refirió con estas palabras a los recursos presentados por la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña contra 400 ayuntamientos por hechos como no colgar la bandera española, pagar la cuota de la AMI o abrir el 12 de octubre. “La Delegación del Estado persigue ayuntamientos no por no poder atender a la gente necesitada, sino por cuestiones simbólicas, identitarias, de patrioterismo, que no sirven para mejorar la vida de nuestros conciudadanos”, remató.

“Pediré hora con Rajoy para estirar las orejas”

En el transcurso de la sesión de control, el presidente Puigdemont reprochó al Gobierno que de los 46 puntos que constaba el documento que entregó al presidente Rajoy “no sólo no han sido cumplidos, si no que directamente hay algunos incompletos”, y explicó que si Mariano Rajoy vuelve ser investido “cumpliré lo que dije, le llamaré para felicitarle, aunque él no lo haya hecho, y le pediré hora para estirar las orejas por este incumplimiento”.

Ante las críticas del PP en cuanto a la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña, el jefe del Ejecutivo aseguró que con este ente “el fraude fiscal bajará a unos niveles como nunca lo ha hecho en estos 40 años de democracia española y esto se hará sin los peinados fiscales selectivos que se están haciendo en Cataluña, que el año pasado se incrementaron un 45% mientras que en el resto del Estado sólo un 7% “afirmó.

Y aseguró que “España asusta porque no podrá pagar las pensiones como se deduce de los últimos datos publicados al respecto”. Luego enfatizó que “cada vez hay más catalanes, y también españoles, que creen que el Gobierno del 3% de Bárcenas no podrá arreglar esto”.-

¿Con quién estarán los “indefinidos” cuando llegue la ruptura cada día más cercana?

En las próximas semanas, el Parlamento comenzará a tramitar algunas de las leyes que definirán cómo será la futura república catalana. El Estado intenta impedirlo con notificaciones que llegan sin solución de continuidad a las autoridades de la Cámara y a las consejerías del gobierno catalán. La advertencia es clara: tramitar estas normas es una violación del orden constitucional español.

La reforma del Partido Popular otorgó al Tribunal Constitucional la potestad de impedirlo con suspensiones e incluso sustituciones de cargo y funcionarios. Esto nos coloca a las puertas de un conflicto institucional que puede hacer que el referéndum quede en un segundo plano. El acoso judicial del Estado que hemos visto en el caso de Badalona, por ejemplo, forzó a un concejal que no es de un partido independentista, a repudiar –literalmente– la jurisdicción española.

Preparémonos. Es muy posible que la rotura se produzca antes de lo esperado como resultado de este acoso. Nos veremos obligados a mover ficha para evitar la destrucción de nuestro autogobierno. La pregunta del millón es dónde estarán los que hasta hoy se mueven con comodidad en la indefinición sobre el ejercicio del derecho a decidir. Cuando España nos fuerce a romper, ¿de qué lado se situarán? ¿En el sector de un Estado que hace de la justicia el brazo ejecutor de sus políticas, o junto a un pueblo que democráticamente decide construir una nueva república? Pronto lo sabremos.-

Por Germán Capdevila

 

Barcelona (INCAT).-

Girona (INCAT-El Punt Avui).-

El Tribunal Superior de Justicia envía a juicio a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia grave por el 9-N

Noticias de Cataluña y España

Persecución a dirigentes catalanes: Reclamo del gobierno a la ONU y al Consejo de Europa

 

El magistrado los acusa de desobediencia grave y prevaricación.

 

El juez instructor del caso del 9-N ha abierto juicio oral contra el ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex-vicepresidenta del gobierno Joana Ortega y el ex-consejera de educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. En cambio, el juez denegó abrir juicio oral por un delito de malversación de fondos públicos, único que podía implicar penas de prisión. La fiscalía no los acusó de este delito y pidió diez años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau por la organización del proceso participativo del 9-N. En cambio, la acusación popular pedía seis años de prisión por malversación, delito que fue denegado por el juez.

El ministerio público considera a Mas autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, y a Ortega y Rigau las considera cooperadoras necesarias de los mismos delitos. Según los fiscales, los tres eran ‘conscientes’ que con las acciones preparatorias del proceso participativo ‘rompían el obligado cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional’, que el 4 de noviembre, cinco días antes de las votaciones, ordenó suspender el proceso.

El gobierno catalán denuncia en la ONU la persecución a los diputados independentistas

El Ejecutivo también acusa al Gobierno español de vulnerar derechos fundamentales

El gobierno de Carles Puigdemont pidió ayuda internacional para denunciar la ‘persecución de los representantes electos que apoyaron la resolución I / XI del Parlamento de Cataluña’. Este documento, aprobado por el pleno el 9 de noviembre del año pasado, señalaba el inicio del proceso político de creación de un Estado catalán en forma de república, resultado de las elecciones del 27 de septiembre, que dieron una mayoría parlamentaria partidaria de la independencia.

Manuel Manonelles       

Según ha informado La Vanguardia, el director general de Asuntos Multilaterales y Europeos del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió a finales de agosto tres cartas a la ONU y al Consejo de Europa. Concretamente, en Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, a Gianni Magazzeni, el responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central, y Nils Muiznieks, el comisionado para a los derechos humanos del Consejo de Europa.

En estas cartas, la Generalitat denuncia la ‘persecución judicial’ de los diputados independentistas y anuncia las medidas que aplicará el gobierno catalán para preservar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español. El texto se refiere a la suspensión de leyes catalanas de carácter social, como la ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, la ley de vivienda social o de pobreza energética.

Persecución de cargos electos y vulneración de derechos fundamentales

En cuanto a la primera cuestión, el gobierno traslada la decisión de la comisión de Justicia del 23 de junio, que instaba al gobierno a elevar a los organismos internacionales de derechos humanos el ‘carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas’. Asimismo, comunica la reprobación del fiscal jefe de la Audiencia española, Javier Zaragoza, por haber dar la orden de ‘perseguir a los cargos electos catalanes’, y lamenta el uso de la justicia por parte del gobierno español, que ‘vulnera los derechos fundamentales y políticos de los representantes catalanes’.

Las cartas incluyen un anexo con nueve medidas para proteger los derechos fundamentales afectados por decisiones de España. El gobierno garantizará, dice el texto, ‘el acceso a la asistencia sanitaria pública y de calidad’ y mantendrá el sistema educativo de Cataluña. Asimismo, asegura que defenderá la autonomía de los gobiernos locales, la política de acogida de refugiados, el derecho de aborto, la financiación de la emergencia social y la gestión de la deuda.

 

Barcelona (INCAT-Vilaweb).

Comienza el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña por todo el territorio catalán

Noticias de Cataluña

Carme Forcadell responde al Tribunal Constitucional: ‘No lograrán detenernos’

“Tengo la tranquilidad y el convencimiento absoluto de haber hecho lo que tenía que hacer como presidenta”

La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, convocó  a la prensa antes de la votación de las propuestas de resolución del debate de política general, para valorar el último movimiento del Tribunal Constitucional, que acordó hoy por unanimidad pedir a la fiscalía que proceda a exigir la acusación penal pertinente a Forcadell, por haber permitido que se votaran en la cámara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

‘Tengo una mala para ellos: no lograrán detenernos, no conseguirán atemorizarnos, coartar nuestra libertad de expresión. En este Parlamento se podrá seguir hablando de todo ‘, avisó Forcadell.

Cree que los aparatos del Estado han optado por la vía de la judicialización porque quieren convertir la mesa del Parlamento en un ente censor. Pero se ha reafirmado en su voluntad de que esto no ocurra y continuar ejerciendo como hasta ahora: ‘Tengo la tranquilidad y el convencimiento absoluto de haber hecho lo que tenía que hacer como presidenta’, y añadió lo volvería a hacer tantas veces como sea necesario.

El espíritu de la sentencia del 28 de junio de 2010 que encendió la mecha

El TC asumió esta semana con contundencia su función primordial dentro del ordenamiento jurídico español: ser el brazo ejecutor de la recentralización del Estado, y lo hizo mediante el vaciado de competencias autonómicas, por un lado, y como dique de contención judicial contra las aspiraciones independentistas de Cataluña, por otro.

No podemos prohibir los espectáculos donde la crueldad con los animales es la protagonista; no podemos legislar sobre la igualdad entre hombres y mujeres; no podemos regular los horarios comerciales; no podemos limitar los efectos de la pobreza energética; no podemos regular la gestión de las viviendas vacías en manos de los bancos y de grandes especuladores inmobiliarios; no podemos impedir el fracking en territorio catalán; y un largo etcétera.

Es el espíritu de la sentencia del 28 de junio de 2010 contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En aquella fecha fatídica se acabó el sueño de una España inclusiva que respetara los diferentes pueblos que conviven y comenzó una ruptura que a esta altura ya es inevitable. El autogobierno que la Constitución de 1978 había reconocido a las nacionalidades desapareció con aquella sentencia, que transformó a los gobiernos autonómicos en simples gestorías que administran el dinero que transfiere el Estado dentro de unos límites cada vez más estrechos.

Afortunadamente, todo ello ya tiene fecha de caducidad.-

Por Germán Capdevila

 

Se iniciaron los trámites para contratar el alquiler de locales en 14 ayuntamientos – La oficina del Barcelonés Norte abrirá en enero de 2017 y las otras 14, en julio

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) acaba de publicar la licitación de 14 locales donde se ubicarán las nuevas oficinas propias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en todo el territorio, de acuerdo con el plan de desarrollo de la Hacienda catalana. De esta forma, se da el tiro de salida al nuevo modelo de implantación territorial de la agencia, basado en una red de oficinas propias preparadas para prestar los mismos servicios a todos los ciudadanos de Cataluña.

El despliegue territorial de oficinas forma parte de la estrategia de crecimiento de la ATC y responde a la voluntad del Gobierno de preparar la administración tributaria para la asunción de las plenas competencias fiscales. Esta implantación en todo el territorio será imprescindible en el momento en que el nuevo organismo asuma la recaudación ejecutiva de los deudores de las sanciones de tráfico y de los principales ayuntamientos, y una vez haya denunciado el convenio con los registradores de la propiedad, vigente actualmente.

Para determinar la ubicación de los locales se estudió el volumen de actuaciones actuales y la división territorial propia del país. También se valoró el volumen de habitantes del territorio de influencia de la oficina, la distribución de actividades con trascendencia tributaria futura y la distribución territorial de los trabajadores de las oficinas liquidadoras. En relación al rango de superficies, se tuvo en cuenta el estudio funcional hecho por la ATC de los puestos de trabajo necesarios y los diferentes espacios que deben tener todas las oficinas.

Nueva oficina en el barcelonés norte

Como paso previo a la presencia territorial, la ATC avanzará la apertura de la oficina en el Barcelonés Norte, que completa la red de oficinas propias hasta un total de 15, pasando de las cuatro delegaciones actuales a las diecinueve previstas finalmente. Concretamente, se trata de un local situado en la calle Juan de Austria de la capital catalana. El contrato está a punto de firmarse y se prevé que inicie la actividad a principios de 2017.

De forma simultánea, y para reforzar la proximidad y capilaridad del servicio de la ATC al contribuyente, se realizará una segunda fase de despliegue, que incluirá personal propio a oficinas de la red de Tributos de Cataluña, y mediante la ventanilla única establecida por convenio a 142 oficinas, mediante la colaboración con las administraciones locales (diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos).

La ATC quiere recuperar el encargo a la administración del Estado (AEAT) de la recaudación ejecutiva de los deudores y también la liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que se pagan fuera de las cuatro capitales de provincia, encargados desde hace años a través de un convenio al decanato de los registradores de la propiedad. En este sentido, el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda formalizó una mesa de trabajo con los registradores para coordinarse en el momento de la denuncia del convenio que vence el próximo año.

Hoy, la ATC recauda directamente 1.242 millones de euros de los 3.097 millones provenientes de ingresos tributarios que no están sujetos a los anticipos del sistema de financiación, lo que representa un 40% del total. En la primera fase de desarrollo competencial se pasarán a recaudar 2.306 millones de euros anuales.-

Barcelona, Girona (INCAT-El Punt Avui -Vilaweb).-

Las corridas de toros caen en España un 70% en una década

Noticias de España

En el 2007 había un promedio de tres al día, mientras que en 2015 se redujeron a una al día

Según datos del Ministerio del Interior y del de Cultura de España, las corridas de toros en España están en franco descenso y su concentración territorial se intensifica cada vez más.

En el 2007 hubo en España casi tres corridas de toros al día, pero en el 2015 apenas hubo una diaria. Y casi el 70% se efectuaron en Andalucía, Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha.

Durante los últimos seis meses se vivieron dos multitudinarias manifestaciones, en marzo en Valencia a favor de los toros y en septiembre en Madrid pidiendo su abolición. Además, la llegada de fuerzas de izquierda a algunos ayuntamientos generó cambios en la actividad. En la provincia de Valencia, por ejemplo, más de una decena de municipios prohibieron festejos con toros.

La ciudad de Córdoba, de larga tradición taurina, también retiró a principios de año las subvenciones a espectáculos que incluyeran el maltrato animal, incluidas las corridas de toros.

En Euskadi, la sociedad está dividida entre los amantes de la tauromaquia y quienes quieren desterrar un espectáculo que tachan de anacrónico y sanguinario. Los segundos han sido capaces de convencer al alcalde de San Sebastián, el peneuvista Eneko Goia, para que convoque una consulta sobre las corridas el próximo año.

Los animalistas catalanes convocan una manifestación contra la tauromaquia

La marcha fue viernes 7 de octubre en Barcelona, luego de que el Tribunal Constitucional impugnara la prohibición de celebrar corridas de toros en Cataluña

Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impugnar la prohibición de las corridas de toros en Cataluña (aprobada en el Parlament en 2010), las organizaciones animalistas catalanas se ponen en pie de guerra.

Desde el Partido Animalista (Pacma), aseguraron que la resolución del Constitucional lo único que logrará es que el movimiento ciudadano que defiende la abolición de los toros crezca no sólo en Cataluña, sino en toda España.

De esta manera el viernes pasado a las 19h (hora catalana) se convocó a una manifestación frente a la Monumental de Barcelona, la antigua plaza de toros de la ciudad. El Pacma es la principal entidad convocante, reforzados porque en las últimas elecciones generales de España lograron 285.000 votos (casi los mismos que el PNV).

Desde el sector taurino de Cataluña, nucleado en la Federación de Entidades Taurinas, expresaron su alegría por el hipotético regreso de las corridas de toros a la región y ya planean los festejos para la temporada de marzo a octubre.

Barcelona. (INCAT-Agencias -ElPeriódico).-

España se mantendrá firme, no se abrirá a hablar con la Generalitat y optará por la vía de los tribunales

Noticias de España y Cataluña

 

Lo aseguró la vicepresidente del gobierno español en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien “el proceso sólo redunda en la propia melancolía”

Sólo un día después de que el Parlamento de Cataluña aprobara nuevas resoluciones para concretar la hoja de ruta prometida y la fecha del referéndum para 2017, la máquina del tren de “cercanías de La Moncloa” arrancó con fuerza ya que la abogacía del Estado comenzó a estudiar el texto para aconsejar el gobierno de Mariano Rajoy de cómo hacerle frente. La vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que el proceso independentista “sólo redunda en la propia melancolía porque España se mantendrá firme, no se abrirá a hablar con la Generalitat y optará por la vía de los tribunales”.

Con el habitual tono amenazador agregó que “la legalidad es muy clara, si se siguen repitiendo los errores del señor Mas, el Estado de Derecho seguirá actuando como le corresponde. Si se continúa con la hoja de ruta, que ha quedado desacreditada y deslegitimada en múltiples ocasiones, la respuesta será la misma. Es volver una y otra vez, para mantenerse en el gobierno, repitiendo la letanía del referéndum, cuando en Cataluña hay muchos problemas que no se están gestionando “sentenció.

El gobierno español aprovechó para recordar que nunca llegarán a un acuerdo, basándose en el absurdo de que “en cuestiones de autodeterminación la soberanía es de todos los españoles y eso sería vulnerar la legalidad constitucional”. Sobre si se debían dar vías políticas al asunto y no tanto judiciales, la vicepresidenta consideró que “el Tribunal Constitucional dejó en claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Las resoluciones de los tribunales se deben acatar, no están del lado de nadie, sino del lado de todos”.

Finalmente, ha tenido el descaro de decir que “el proyecto de independencia sólo es un intento de Juntos por el Sí para mantener contenta a la formación anticapitalista (por la CUP)”, dejando además entrever que la coalición no estaría de acuerdo con la independencia y que “sólo pusieron en marcha este proceso para esconder la cabeza bajo el ala y evitar ocuparse de los problemas reales que afronta Cataluña”.-

División en el Partido Popular entre intentar formar gobierno ya o ir por terceras elecciones

La duda es cómo garantizar la abstención del PSOE – Las declaraciones de Rajoy calificando de “disparate” a una nueva convocatoria electoral no aclaran el panorama

Hay un debate intenso en el seno de la dirección del Partido Popular (PP) español sobre la estrategia a seguir en medio de la crisis que ha trastornado al principal partido de la oposición. Según pudo saber Nació Digital, la cúpula se debate entre garantizar la abstención del PSOE de cara a la investidura –como todo indica que está al alcance tras la dimisión de Pedro Sánchezo forzar unas terceras elecciones. En este caso, sabiendo que el PP jugaría con ventaja y cogería a los socialistas en una situación de extrema debilidad.

La tentación es grande. Desde el 20-D, el PP no ha hecho más que mejorar su situación. Por el contrario, el PSOE fue arrastrando una grave crisis interna que tuvo su expresión en la política de pactos. La caída de Pedro Sánchez el 1º de octubre, en la última sesión del comité federal, se atribuyó al bloqueo de la política española y al empeño del secretario general en el “no es no” a Mariano Rajoy.

Dentro del PSOE, muchos consideraron que con la salida de escena de Sánchez, se había encontrado la solución y se había encarrilado el camino hacia la abstención, una abstención técnica, que facilitaría de alguna manera la investidura de Mariano Rajoy sin comprometerse a más. La sorpresa llegó por las declaraciones de algunos dirigentes del PP que, ante el derrumbe socialista, exigen más “contrapartidas”. Rafael Hernando, el portavoz del PP en el Congreso, declaró el miércoles que había que garantizar la estabilidad porque no era suficiente permitir la formación de un ejecutivo, sino que el PSOE debía comprometerse en apoyar los presupuestos y las leyes más importantes.

La derrota del PP en el pleno del martes en el Congreso en la votación de proposiciones de ley contra la cadena perpetua revisable y la LOMCE alimentó las voces que en el seno de la dirección del PP propugnan estos días no facilitar las cosas a la comisión gestora que gobierna el PSOE.

Dos caminos enfrentados

Rajoy tiene ante sí dos líneas estratégicas: Por un lado, un sector duro –el de Rafael Hernando– que cree que nunca tendrán al PSOE en una situación de debilidad como el actual. Unas terceras elecciones allanaría el camino para una mayoría clara del PP y dejaría a los socialistas desatinados y fragmentando aún más el bloque de izquierdas. ¿Qué partido dejaría pasar una oportunidad como ésta? Además, sería posible venderlo en el exterior.

El valor de la estabilidad se entiende en Europa y en los mercados, y un escenario con una investidura lograda de forma agónica y con un gobierno que va perdiendo votaciones importantes podría ser peor que ir directamente a unas terceras elecciones. ¿Cómo? Exigiendo al PSOE cosas que no podrá aceptar. Sobre todo porque la nueva dirección socialista mira de reojo los movimientos que pueda hacer el todavía presente Pedro Sánchez. Pasar del “no es no” a un acuerdo de Legislatura sería excesivo, incluso para algunos barones.

Por el contrario, un sector más institucional del PP cree que hay que evitar a toda costa unas terceras elecciones. Son los que afirman que a una convocatoria como ésta la carga el diablo, que conviene al sistema español un PSOE que resista el embate actual, que un Podemos reforzado sería un riesgo y, sobre todo, que nunca se sabe lo que podría surgir de unas urnas llamadas por tercera vez en un año. Dentro del PP también hay voces que son del todo contrarias a debilitar aún más el sistema bipartidista surgido de la transición. Las declaraciones de este jueves de Mariano Rajoy, insistiendo en que lo importante es asegurar la investidura parecen indicar que se impuso el ala prudente del PP. Pero no hay un criterio unívoco y las semanas que vienen pueden deparar sorpresas.-

Si el PP insiste en amenazar con terceras elecciones, el PSOE debería aceptarlas

Por Ramón Cotarelo

Llevamos meses atascados en una situación inverosímil. Nadie forma gobierno. Nadie puede formar gobierno. Casi parece que no lo quisieran. Diez meses sin legislar, con un gobierno en funciones que se niega a responder por sus actos (por lo demás, bien pocos y destinados a Cataluña) y una administración paralizada al extremo de que ni había provisto los fondos para el premio Cervantes. Y todo eso en medio de una crisis que ya es crónica, de una actividad judicial a causa de la corrupción sistémica abrumadora y de un conflicto institucional en Cataluña de consecuencias imprevisibles.

A la hora de regodearnos con nuestro excepcionalismo negativo, nuestra incapacidad para organizarnos, nuestro triste sino de soportar gobiernos ineptos y/o corruptos, conviene recapacitar sobre la impactante imagen de portada de El País y su información: Italia ha rescatado 11.000 migrantes en 48 horas. Esto es un desastre y el mundo está muy mal. En gran medida por culpa nuestra, de Europa y de Occidente en general y, encima, cada vez lo hacemos peor. Da un poco de vergüenza, la verdad, ocuparse de nuestros pequeños enredos cuando se ven tragedias de esta magnitud. Pero seguimos en ello, como si nada más importara. Hasta que empiece a importar.

La crisis del PSOE es descomunal. Fernández está hablando con Rajoy sobre la abstención. Es un Blitz en el que se enfrenta siempre al adversario con los hechos consumados. Cuando la militancia quiso darse cuenta, ya se había quedado sin secretario general (SG). Ahora, antes de que pueda reaccionar, se pretende que el gobierno de Rajoy sea un hecho por abstención del PSOE. Les corre prisa.

Con razón. Además de las noticias sobre bajas a montones en la militancia, está organizándose una fuerte resistencia interna. Se recogen firmas sosteniendo el NO es NO y pidiendo primarias. El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez, que es un as en las redes sociales, tiene miles de firmas de apoyo a Pedro Sánchez. Es un movimiento sano de la militancia que aún permanece y que merece triunfar. La “Comisión Gestora” del PSOE, cuya legitimidad está en entredicho, tiene que atender a ese estado de ánimo de las bases. No puede actuar como ejecutora de un designio tramado a espaldas del partido y mantenido por la fuerza y la ocultación. Sin duda los conjurados en favor de la abstención piensan que están salvando a la Patria por encima de banderías y partidos. Pero esa es una opinión como otra cualquiera que no debe imponerse por conspiraciones palaciegas.

Para mayor bochorno, los “gestores” (que son todo menos gestores pues no gestionan nada sino que toman decisiones de largo alcance) se encuentran en una posición ridícula a fuer de desairada desde el momento en que el PP no necesita ya la abstención de los socialistas. Al haber defenestrado al SG, el PSOE se cierra al recurso a unas terceras elecciones y ya solo le queda abrir paso al gobierno de la derecha. La abstención no es una posibilidad, sino una necesidad. Hace falta ser inútil para colocarse voluntariamente en esa situación. Y produce bastante indignación ver como ese señor Fernández, elegido por un golpe de mano, acude a La Moncloa a entregar cinco millones de votos al mismo gobierno contra el que esos votos se depositaron. Es una claudicación y una venta desvergonzadas. Es el fin de un viejo partido.

Porque el PP lo deja meridianamente claro: la abstención no basta; hay que colaborar activamente con la derecha en lo que haga falta, garantizar la estabilidad. Es una cuestión de confianza y, si no la hay, ya se sabe, vamos a terceras elecciones. Confianza, en efecto, es la palabra. Lo ha sido en los últimos años. Nadie confía en nadie. El PP pide lo que él no da. Y se lo pide al PSOE en donde acaban de tumbar al SG porque los barones y el patriarca González no se fiaban de él. En Ciudadanos, la confianza se regala sin tasa ni tino, aquí y allí, lo que demuestra lo que se la valora. En Podemos, por el contrario, la confianza no se da porque no se sabe qué es. Está supeditada al triunfo y, por lo tanto, no existe.

Ocurre lo mismo con las instituciones. El conflicto entre España y la Generalitat catalana –que es la razón del giro copernicano del PSOE en relación al PP– está alimentado por una desconfianza mutua profunda. La Generalitat no se considera parte del Estado y el Estado no está dispuesto a reconocer a la Generalitat más competencias que las que emanen del Estatuto interpretado por el Tribunal Constitucional.

Cuestión de confianza también la que empieza a apuntar en el socialismo en la fractura entre el PSOE y el PSC. Este presenta una iniciativa parlamentaria por la que se propone una reforma de la Constitución para hacer de España una federación plurinacional con reconocimiento de los derechos históricos. Es, desde luego, mucho más de lo que el PSOE puede deglutir y, además, es muy ilusorio. La reforma federal de la Constitución no tiene mayoría probable pero, aunque la tuviera, tampoco está claro que la fórmula sea compatible con la monarquía. Especialmente en Cataluña, en donde hay una aspiración a la República.

Si el PP insiste en amenazar con terceras elecciones, el PSOE debería aceptarlas. Las elecciones no son algo diabólico sino un buen procedimiento para adoptar decisiones colectivas. Lo único que tienen que hacer los socialistas para contrarrestar la amenaza es presentar a Pedro Sánchez como candidato. La cuestión es si se atreve, porque esa candidatura tendría algo de plebiscitario al dar vía libre al candidato. Este podría hacer suya la fórmula propuesta por el PSC. Algo es algo. Al menos en España porque en Cataluña, esa no funciona por anticuada. España está en una crisis constitucional y es inútil querer atajarla con maniobras de salón.-

Desayuno informativo en Madrid: Puigdemont explicó la hoja de ruta independentista

A la charla asistieron nueve embajadores – El presidente de la Generalitat invitó al Estado español a “hacer política y sentarse a pactar la fecha y la pregunta del referéndum”

                        Carles Puigdemont este lunes en Madrid (Foto ACN).

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, invitó al Gobierno español a “hacer política y acordar conjuntamente las condiciones del referéndum, en lugar de llevar las reivindicaciones catalanas a los tribunales”. El desafío fue formulado este lunes en Madrid durante un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, pocos días después de que el Parlamento decidiera que se convocará un referéndum –pactado o no con el Estado– a más tardar a fines de septiembre de 2017.

En su intervención, el jefe del ejecutivo catalán aseguró que “guste o no”, la demanda política de Cataluña “es una realidad que no cambiará” hasta que no se solucione, para luego subrayar que esta solución debe ser “política y no judicial, porque hay que hacer política y la política se hace en los Parlamentos, no en los juzgados”. Criticó, además, que el Gobierno “lo fíe todo a fiscales y jueces, e incluso a policías corruptos”. En este mismo sentido, apuntó que “cuando la situación española despierte de su bloqueo inicial la propuesta catalana seguirá todavía allí porque tenemos una invitación permanente al diálogo”.

Insistió luego en que su gobierno está dispuesto a negociar el referéndum, lo mismo que si la fecha debe ser o no en septiembre de 2017. “Si nos sentamos a una mesa lo dejaremos todo para diseñar un proyecto de consulta a los catalanes donde todos debemos sentirnos cómodos”, adelantó. También respondió a una pregunta sobre los porcentajes que estimaba arrojaría la consulta, al sostener que “todo esto tiene como objetivo que se ponga de manifiesto voluntad mayoritaria de los catalanes”.

El presidente avanzó que no habría “restricciones” para negociar los términos del referéndum y que se podría pactar con el Estado “tanto la pregunta a realizar, como los resultados válidos y una posible moratoria a un nuevo referéndum”. Además, señaló que a partir de esta negociación el Ejecutivo central podría incluso someter a votación su propia propuesta, “que compita con la de la independencia”, siempre que se haya pactado también cómo interpretar y aplicar los resultados, es decir que se acuerde que el rechazo a esta fórmula implica apoyo a la independencia. “Yo lo que digo es que el Estado juegue el partido, que proponga algo y que lo votemos pero hay que preguntar a los catalanes si quieren ser independientes o no”, puntualizó.

Puigdemont puso luego como ejemplo “que el Estado diga que está de acuerdo en que el rechazo a su propuesta de reforma constitucional en clave federal o confederal es la expresión de una voluntad mayoritaria en Cataluña de ser independientes”. Se mostró partidario de una pregunta “binaria y clara” donde los ciudadanos no tengan ninguna duda de que están votando sobre la independencia de Cataluña. “Si hay un resultado claro, nadie podrá mirar para otro lado y esto abre un nuevo escenario internacional para que Cataluña se convierta en un nuevo elemento internacional”.

Finalmente, una prueba del interés que despertó la presentación del presidente de la Generalitat de Cataluña en Madrid, lo demuestra el hecho de que nueve embajadores, ocho de ellos de países de la UE, asistieron a la charla, mientras que esa apertura contrastó con el hecho de que no haya habido ningún representante del PP o del gobierno español.-

Madrid (INCAT-Per Catalunya-Nació Digital -Palinuro-Europa Press).-