El Tribunal Constitucional español no suspendería a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, pese a avalar la ley que lo permitiría

Noticias de España y Cataluña

 

El criterio generalizado entre los magistrados sería el de disponer del nuevo instrumento legal, pero aplicarlo con mesura para no echar más leña al fuego

 

El debate que tuvo lugar en el Tribunal Constitucional concluyó que la tesis de que la institución puede y debe asumir las nuevas competencias que le otorgó la reforma de sus atribuciones –porque nada hay en ellas que se oponga a la Constitución– pero, a la vez, se tuvo en cuenta que la asunción de estas competencias reforzadas no tiene por qué significar que las nuevas funciones vayan a ejercerse de manera inmediata. Así, los magistrados no evidencian voluntad de proceder a corto plazo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

En otras palabras, el organismo superior mantiene la voluntad de actuar ante el proceso soberanista en Catalunya con firmeza pero también con mesura, sin introducir elementos que proporcionen mayor complejidad a la evolución del debate y al enfrentamiento político entre las instituciones catalanas y las del Estado. Los jueces creen que no hay motivos constitucionales para no asumir las competencias que la reforma legal impulsada por el Gobierno depositó en sus manos, pero a la vez preocupa que pueda creerse que si se resuelve la cuestión en este sentido es porque se está pensando en proceder ya contra cargos públicos de las fuerzas soberanistas.

En el Constitucional no se ignora que el Gobierno y el PP promovieron a finales de 2015 la regulación de las nuevas competencias coercitivas y sancionadoras de la institución como resultado de la preocupación que les generaban los planes e iniciativas presentadas en las instituciones catalanas para la ruptura con España. Existen pocas dudas, por no decir ninguna, de que ése es el origen de la mencionada reforma legal.

En la discusión dentro del Tribunal Constitucional, sin embargo, se privilegió la idea de que el análisis sobre la constitucionalidad de las medidas aprobadas debe hacerse en abstracto. Es decir, sin juzgar si la atribución al TC de la posibilidad de suspender a un cargo público debe considerarse acorde o no con la Constitución en relación directa o indirecta con el riesgo que los planes soberanistas puedan suponer para la unidad del país. El Gobierno pudo actuar movido por ese estímulo, e incluso con ese objetivo –el de crear nuevos diques para los planes de secesión–, pero el Constitucional se mueve en otro plano. Dicho de otro modo, la mayoría del TC hubiera avalado la posibilidad de suspender a cargos públicos si tal medida se hubiera aprobado en otro contexto político, de mayor sintonía entre las instituciones catalanas y el Ejecutivo.

En todo caso, como la realidad es la que es, y no se caracteriza por la armonía y coincidencia de criterios entre dichas instituciones, el criterio dominante en el Constitucional es que no debe actuarse con precipitación alguna para la eventual aplicación de las nuevas competencias a casos concretos. Es decir, al de Catalunya y la presidenta del Parlament.-

Madrid (INCAT).-

El TC confirma su decisión de anular la prohibición de los toros en Cataluña

Noticias de España y Cataluña

El alto tribunal falla contra la decisión del Parlament catalán, dando luz verde a la vuelta de la tauromaquia en toda la región

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir un dictamen oficial a través del cual anulan la decisión del Parlament de prohibir las corridas de toros en Cataluña, una decisión que mantenía el veto a estos festejos en tierras catalanas desde el 28 de julio de 2010.

Hacía algunas semanas que los magistrados del alto tribunal venían debatiendo la medida y esta mañana confirmaron lo que se preveía: que anula la votación del Parlament y se da luz verde para la vuelta de la tauromaquia en Cataluña.

Según fuentes judiciales consultadas por diferentes agencias, un sector del TC discrepaba sobre una parte del texto de la resolución, en concreto el que habla del valor cultural y de interés social que se le podría dar a la actividad. De manera tal que, sin unanimidad, el TC resolvió la cuestión con una votación de la sentencia sobre el recurso que presentó el PP.

El conseller de Territori i Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, ya había advertido que el Ejecutivo catalán articulará “todos los mecanismos normativos que haga falta” para evitar que vuelvan los toros a Cataluña.

Y después de reunirse en el Parlament con miembros de la plataforma antitaurina Prou y diputados de diferentes grupos políticos, Rull afirmó que “no aceptaremos que se modifique lo que democráticamente aprobó el Parlament”.

Barcelona. (INCAT-Agencias).-

El gobierno catalán considera “grotesco” que el Tribunal Constitucional español anule también el debate de ideas

Noticias de Cataluña y España

 

Lamentan que “se nos diga que el Parlamento de Cataluña y sus legítimos representantes no pueden llegar a conclusiones, no pueden debatirlas y mucho menos aprobarlas”

 

La portavoz gubernamental Munté confirmó que el Gobierno ha sido notificado oficialmente este martes del auto del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de las conclusiones aprobadas en el Parlamento en relación con la comisión de estudio del proceso constituyente. “Consideramos grotesco que se anulen ideas y, en este caso, que se nos diga que el Parlamento de Cataluña y sus legítimos representantes no pueden llegar a conclusiones, no pueden debatirlas y mucho menos aprobarlas” afirmó Munté, quien “ante la judicialización de la política” apostó por continuar con el “debate de ideas, con el funcionamiento ordinario del Parlamento y con más mandatos democráticos”.

En este sentido, Munté lamentó que el Gobierno haya rechazado la propuesta de negociación sobre el referéndum que el presidente Puigdemont expuso el lunes pasado en una conferencia en Madrid: “Es un NO a todo. No al diálogo, no a sentarse en una mesa, no a escuchar la propuesta del Gobierno de Cataluña”, enfatizó.

La portavoz expresó la “decepción” del Gobierno ante la “negativa total” del Estado “a promover una solución política al planteamiento democrático que se hace desde Cataluña”, a pesar de que el presidente Puigdemont volvió a poner sobre la mesa una propuesta de acuerdo que es “prioritaria” para el Gobierno y que se mostró abierto a negociarla “si hay alguien al otro lado, en todos los extremos: fecha, pregunta, mayoría necesaria para validar los resultados y moratoria para convocar un nuevo referéndum”.

Por otra parte, Munté consideró “ridícula” la reacción de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que solicitó al juez que impida al Ayuntamiento de Badalona abrir las oficinas municipales el miércoles 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Expuso el “respeto” del Gobierno hacia la autonomía municipal y pidió a la delegada María de los Llanos de Luna que “se preocupe un poco más de los ciudadanos, de sus necesidades, de sus problemáticas, y no de decisiones que forman parte de los acuerdos políticos y de la autonomía que tienen nuestros ayuntamientos”.

Concretamente, la portavoz del Gobierno lamentó que Llanos de Luna no se posicionara cuando el Gobierno del Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de pobreza energética y las medidas del Gobierno para luchar contra los desahucios.-

Obsesión por la lengua catalana

 

Si el catalán hubiera sucumbido al genocidio perpetrado por los padres y los abuelos de los actuales “ciudadanos” y “populares”, hoy no estaríamos donde estamos

                           Miquel Riera.

Ciudadanos nació hace diez años con el objetivo nada escondido de poner fin a la inmersión lingüística y de reducir el catalán en lengua de segundo nivel. El Partido Popular (PP) quizás no fue creado con este propósito concreto, pero es innegable que lo lleva en su ADN. He tenido pruebas en Cataluña en los últimos años y, sobre todo, en Valencia y en las Islas Baleares. Una obsesión por la lengua de los dos partidos que sólo se puede calificar de enfermiza, teniendo en cuenta, sobre todo, la clara inferioridad del catalán en ámbitos como la justicia, el etiquetado y el cine, por no mencionar las limitaciones al uso oficial de nuestra lengua en las instituciones europeas, entre otras muchas, por ejemplo.

Ciudadanos y PP negocian un acuerdo de investidura de incierta concreción y una de las primeras cosas que se ha sacado del bolsillo el partido de Albert Rivera es la cuestión del catalán. Ciudadanos quiere dejar claro, en el acuerdo final, que cuando haya gobierno obligue a la Generalitat a cumplir las sentencias judiciales de los últimos meses, consecuencia directa del recorte del Constitucional al Estatut. Eso sí, no olvidan de una mejor financiación y el corredor mediterráneo. ¡Qué generosidad!

Decíamos antes que no nos debería sorprender la obsesión de Ciudadanos y el PP por el catalán. También deberíamos saber que tiene un objetivo superior. Saben perfectamente que laminar la oficialidad del catalán, sacarle importancia en la escuela y reducirlo al mínimo en la vida pública significa atacar la base del país, la esencia, lo que nos diferencia y que nos hace pueblo. De Salsas a Guardamar y de Fraga a Maó.

La lengua no es el todo, ciertamente, pero, si el catalán hubiera sucumbido al genocidio franquista perpetrado por los padres y los abuelos de los actuales ciudadanos y populares, hoy no estaríamos donde estamos. Seguro. Para defender y proteger definitivamente la lengua catalana es, entre otras muchas cosas, por lo que muchos catalanes queremos la independencia. Es decir, para olvidarnos definitivamente de las pesadillas que, periódicamente, nos recetan algunos.-

 

El surrealismo del corrupto gobierno del PP rinde homenaje a George Orwell

Si George Orwell, el autor de 1984, hubiera conocido la España de Rajoy, Bárcenas, Correa, Blesa, Rato e tutti quanti hubiera traído aquí su famosa novela distópica. Le hubiera fascinado la neolengua de Rajoy, su gobierno y su partido. ¿Se recuerda lo de la paz es la guerra y la guerra es la paz o argumento del espejo? Aplíquese a los momentos culminantes de la sobresoldada retórica del gobierno, su presidente y el partido que también preside:

La “Gürtel” no es una trama del PP, sino una trama contra el PP (Rajoy, 2009).

El PP es y debe seguir siendo incompatible con la corrupción (Aznar, 2010).

El PP es el partido de los trabajadores (Cospedal).

El PP colabora en todo momento con la justicia (Floriano).

El PP encabeza la lucha contra la corrupción (Rajoy 2014).

Hemos conservado el poder adquisitivo de las pensiones (Báñez 2016).

No hay duda, ¿verdad? Es el llamado país Potemkin.

Y ¿qué decir de ese todos los españoles son iguales, que no se le cae de la boca a Rajoy? Pues pertenece a otra obra de Orwell, Rebelión en la Granja, que se rige por el principio de que todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros?

Y ya, para nota, el momento culminante, el que supera la ficción y aterriza en la cruda realidad del estalinismo, cuando se borraba la memoria de los enemigos suprimiéndolos incluso de las fotos: esa persona de la que usted me habla. La crónica de los tribunales parece una mascletá en plena alegría pirotécnica. Aquí no se libra ni Dios, con lo que le gusta el fuego. Por lo que da a entender, Correa cogobernaba el país desde la calle Génova en comandita con Aznar. Luego se abrió al llegar Rajoy, con el que no había química. Pero –según los papeles de Bárcenas– había economía, contabilidad y hasta antropología, en forma de una práctica de intercambio de cuantiosos regalos, un Potlach.

El cuadro que se despliega a ojos de la ciudadanía es una especie de fresco, de mural, de un gobierno y una administración en contubernio con sectores corruptos del empresariado para saquear el país. Y lo de “sectores” tómese por exceso de prudencia pues el mismo Correa asegura que él no hizo nada que no se hiciera normalmente en el sector privado. Eso se llama capitalismo neoliberal.

Es tal la connivencia de la autoridad con la corrupción que hasta cuando actúa por propia iniciativa y siguiendo cauces legales genera situaciones ilegales o, cuando menos, inmorales. Inmoral es que los cuidados del padre de Rajoy, dependiente, se carguen al erario, siendo así que ese mismo Rajoy ha dejado sin subvención alguna a multitud de dependientes que, según son doctrina, son iguales a su padre. Inmoral, cuando menos, es que Cospedal se gastara dos millones de euros en vinos en una cumbre durante su mandato conocido por sus despiadados tijeretazos a todo lo que se movía.

Visto y oído lo visto y oído hasta la fecha y lo que queda por ver y oír, ¿cómo puede la Comisión Gestora del PSOE que derrocó a Pedro Sánchez pedir la abstención del partido? Sobre todo, ¿cómo puede porfiar en su empeño a la vista de la rebelión interna de la militancia del partido que mayoritariamente quiere mantener el NO es NO? (Por cierto, puede firmarse en la campaña de change.org). Abstenerse, en definitiva, significa amnistiar políticamente las tropelías anteriores en este momento en proceso penal. Y, asimismo, aceptar cuatro años más de un gobierno de esta ralea que acabará por hundir España.

“De ningún modo”, clama un joven portavoz de la Junta sediciosa del PSOE llamada Gestora, “todo lo contrario: un gobierno de Rajoy en minoría estará controlado por la oposición y tendrá las manos atadas”. Quien esto afirma no conoce bien de quién está hablando (Rajoy y el PP) o a quién le está hablando (la militancia del PSOE) o a ninguno de los dos, que es lo más probable. Así que el Señor lo perdone porque no tiene la menor idea de lo que dice.-

Por Ramón Cotarelo

 

Madrid (INCAT-Palinuro).-

Barcelona (INCAT-Català Sempre, por Miquel Riera).-

Cataluña muy cerca de lo que técnicamente se conoce como “independencia de facto”

Noticias de Cataluña

Esta circunstancia se producirá si el Tribunal Constitucional inhabilita a Carme Forcadell y el Parlamento no hace caso de la sentencia y le permite continuar presidiendo el cuerpo

El escritor Albert Sánchez Piñol respondió con contundencia a las declaraciones de varios políticos de Juntos por el Sí, quienes reclamaban movilizaciones populares contundentes en el caso de que el Tribunal Constitucional español inhabilitare a la presidenta del Parlamento de Cataluña. Piñol dice que si eso pasa quien tiene la responsabilidad de responder ya no es la ciudadanía, sino los diputados que fueron elegidos el 27-S. Y que no hay que hacer movilizaciones, sino algo mucho más sencillo e importante: cumplir las resoluciones del Parlamento que retiran la legitimidad al TC español y mantener a Carme Forcadell en la presidencia del cuerpo.

Estoy completamente de acuerdo con Sánchez Piñol. Si el Constitucional español inhabilita a Carme Forcadell, en ese mismo momento entraremos en el punto de no retorno del proceso de independencia. Y, por lo tanto, la posición que adopte el Parlamento será decisiva: marcará la diferencia entre ir por la creación de la república o renunciar.

Si el TC inhabilita a Carmen Forcadell y el Parlamento no hace caso de la sentencia y le permite continuar presidiendo las sesiones, estaremos ya en lo que técnicamente se conoce por “independencia de facto”. Y lo más importante es que no cabe ni hay justificación alguna para llegar a esa instancia suprema porque las declaraciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña son bien claras. Sólo hace falta voluntad política. Decisión.

Es evidente que las consecuencias de una resolución como ésta serán trascendentales, definitivas. El Estado español entrará en una espiral de enfrentamiento que no puede servir para otra cosa que no sea acelerar los plazos del proceso de independencia. Es posible incluso que el PP y Ciudadanos abandonen el Parlamento catalán, porque lo considerarían a partir de entonces un Parlamento ilegal. Esto ocurrió en casi todos los procesos de independencia y no debe darnos miedo. En España así son las cosas, sólo le quedará la opción de conformarse y aceptar la realidad o la del golpe de Estado para disolver la autonomía de Cataluña, y esto es bien obvio que llevaría a la proclamación inmediata de la independencia.

Nadie duda que en esas circunstancias la movilización de los ciudadanos fuera extraordinaria, en defensa de las instituciones. Y no es ésta, por tanto, ni la cuestión ni la pregunta. La pregunta es si nuestros diputados estarán dispuestos a asumir su responsabilidad histórica o no.-

Barcelona (INCAT-VilaWeb por Vicent Partal).-