tarifazo

APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) contestó la apelación efectuada por el Estado Nacional y el ENARGAS en contra de la decisión del Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por la entidad empresaria tras presentar un amparo colectivo impugnando la forma en que se implementaron las tarifas del gas.

Entre las diversas razones que expuso APYME en defensa de la medida cautelar otorgada por el juez, se dejó en claro que no se puede aceptar que los demandados sostengan “que no saben el universo que abarca el concepto de Pymes”, que bien había señalado el tribunal.

En este aspecto, en el escrito elaborado por el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe en representación de APYME, se reiteró que el amparo abarca la defensa de todos “pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados con el dictado de las normas que se cuestionaron”.

En la contestación también se insistió en señalar la ilegalidad de todo lo resuelto con la firma del Ministro Juan José Aranguren, por ser nulo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25188 de Ética Pública. A su vez, se manifestó que es inadmisible que el Estado argumente que en el caso no debe aplicarse dicha norma de manera muy estricta y debe atenuarse su interpretación respecto de dicho funcionario.

Asimismo se señaló la actitud inaceptable del ENARGAS que, sin poder contestar a los argumentos desarrollados en el amparo, de una manera verdaderamente insultante sostuvo, que “APYME sólo busca paralizar las medidas impugnadas, en resguardo de un único interés homogéneo, pero claramente egoísta, que claramente es no pagar”.

En el escrito de APYME se contesta  que “el Estado entiende que, si los ciudadanos reclamamos por nuestros derechos lo único que buscamos es un interés egoísta de no pagar; ahora, el Estado para la fijación de las tarifas, se permite no cumplir con los caminos que mandan las normas y fija aumentos indebidos, desmedidos e ilegítimos y además, solicita que no se les aplique como corresponde la Ley 25.188. Es claro, que la postura del Estado es inaceptable, inconstitucional y agraviante para la ciudadanía y el Estado de Derecho”.

Ahora la Cámara Federal de Córdoba deberá resolver sobre la apelación por parte del Gobierno contra la medida cautelar que frena el tarifazo del gas para las Pymes de todo el país. Mientras, se espera la resolución de la cuestión de fondo en manos del juez Vaca Narvaja.