Scioli va a juicio oral por irregularidades en su gestión

Así lo decidió el fiscal Álvaro Garganta, quien lo investiga por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, irá a juicio oral en la causa que investiga diferentes irregularidades en su gestión. La Justicia tiene en la mira al exfuncionario por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Junto a Scioli irán a juicio oral el exjefe de Gabinete, Alberto Pérez; Walter Carbone, el hombre del dragón; el exdirector de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella; el exministro de Salud, Alejandro Collia y el empresario Ricardo Estanislao Miller, entre otros.

La megacausa fue impulsada por Elisa Carrió, quien acusó al exgobernador de lavado de dinero. La investigación está dividida en 9 casos -en su mayoría Scioli fue indagado- y consta de 63 cuerpos y 293 expedientes

Scioli está en la mira por una serie de irregularidades. Entre ellas se destacan la entrega de facturas truchas en gastos de la gobernación; Aguas Bonaerenses; Lotería; el Puerto de La Plata; IOMA; gastos mal rendidos de la Jefatura de Gabinete; obras pública; secretaría general de la Gobernación y Dirección de Cultura.

El exgobernador está acusado de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas por más de $ 117 millones para construir Unidades de Pronta Atención en la Provincia. El ganador de la licitación fue Miller, quien luego le compró un terreno y con el que tenía una relación personal. En el escrito, Garganta consideró que Scioli recibía ‘dádivas‘ del empresario.

En el expediente consta que Miller realizó diferentes mejoras en el inmueble que se encuentra dentro del predio La Ñata, el histórico búnker naranja del excandidato a presidente del Frente Para la Victoria. Un informe catastral de ARBA detalló que en 2013 el inmueble tenía 1890 metros cuadrados cubiertos terminados y para 2017 la superficie ascendía a más de 3.000 metros cuadrados, lo que demuestra la materialización de las mejoras a favor de la empresa de Scioli.

Ordenan a la justicia investigar las campañas de Macri y Scioli

Según lo que informaron a la Cámara Electoral, Cambiemos declaró gastos por 92.810.707, el Frente para la Victoria (FPV) 54.628.659, UNA 30.050.518 y Compromiso Federal 16.636.194.

La Cámara Nacional Electoral (CNE), ordenó a la jueza Federal María Romilda Servini que investigue de donde salieron y a donde fueron los fondos usados por los candidatos en la campaña de 2015.

Servini desaprobó los informes de gastos y ingresos de Cambiemos, el FpV, UNA y Compromiso Federal. Según informó Clarín, lo hizo luego de que el Cuerpo de Auditores de la CNE detectó inconsistencias en las presentaciones.

La cámara, integrada por Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, solicitó a la jueza que determine no solo las incongruencias sino, sobre todo, que investigue para «transparentar» el origen y destino de los fondos.

Los expedientes que quedaron bajo escrutinio del tribunal, en los gastos de campañas de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá.

Cambiemos declaró gastos por 92.810.707, el Frente para la Victoria (FPV) 54.628.659,  UNA 30.050.518 y Compromiso Federal 16.636.194.

Piden a fiscal que investigue la adjudicación de obras públicas en Mar del Plata

Dos abogados de Mar del Plata realizaron una presentación ante Alvaro Garganta por la causa de enriquecimiento ilicito contra el ex gobernador Daniel Scioli.

Los doctores Eduardo Romanín y Julio Razona fueron incorporados como Amicus Curiae en la causa donde el fiscal Alvaro Garganta investiga al ex gobernador Daniel Scioli en un mega expediente sobre lavado de dinero relacionado con la obra pública.

Los abogados marplatenses le entregaron documentación relacionada con una serie de obras realizadas en Mar del Plata, entre las que se encuentra un tramo de la ruta 88,la construcción de la autovía 11 entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, la Terminal de cruceros, el predio de disposición final y obras pluviales.

En diálogo con PuntoClub (FM96.3), el abogado Julio Razona reconoció que Mar del Plata tambien figura en el “Club de la Obra Pública” por el cual están siendo investigados empresarios y funcionarios de la anterior gestión, entre ellos el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Le solicitamos al Fiscal que amplíe la investigación, relacionada con hechos delictivos cuya materialización ha ocurrido en Mar del Plata y la zona y que han ocasionado gran cantidad de muertes evitables y de un multimillonario perjuicio al erario público y por ende a los ciudadanos”, comentó Razona.

El letrado señaló que “la vinculacion de Asociación ilícita que investiga el juez Bonadío, tras la declaración como arrepentido del empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ha tenido una actividad enorme en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en la Jurisdicción del Departamento Judicial Mar del Plata”.

RUTA 88

En el trámite de esa acción judicial se formó la IPP mencionada atento haberse certificado que en un tramo de 25 km correspondientes a los km 50 al 75, que mandó a reparar la Provincia de Buenos Aires, en el año 2012, debiendo asfaltarse la misma en esa extensión, cuyo ancho, al igual que el resto de la ruta es de 7,50m, se construyó mucho mas angosta que lo que indicaba el pliego, pese a ello se abonó su totalidad.

Esta defraudación, llevada a cabo en connivencia con la empresa constructora, no solo provocó una perdida millonaria al Estado, sino también una cantidad enorme de accidentes fatales, atento que varios vehículos se embistieron, como consecuencia a que al ser tan angosta la calzada, los camiones de gran porte circulaban con su ruedas duales por la banquina, descalzándola.

AUTOVIA 11

Conforme surge de una investigación llevada a cabo por el patrocinante de esta presentación, que generó la intervención de Vialidad Provincial, Municipalidad de Mar Chiquita y la Fiscalía nro. 11 de Delitos Culposos de Mar del Plata, autovía en el tramo de la Ruta 11, inaugurada en septiembre de 2013, que une las localidades de Mar del Plata con Santa Clara del Mar y dos rotondas de acceso a esta última, sufren en la actualidad una de las tasas mal altas de accidentes fatales por kilómetro del país.

En su mayoría los accidentes ocurren porque los vehículos “muerden” el cordón existente entre ambos carriles (cabe consignar que colocar un cordón en una ruta viola la más elementales normas de seguridad vial) y luego embisten las columnas centrales de alumbrado, las que carecen de protección obligatoria o bien porque no pueden controlar los rodados en las rotondas, atento su diseño tan particular como inexplicable..

OBRAS PLUVIALES

Se asignaron a OSSE de Mar del Plata, a cargo del Ingeniero Mario Dell Ollio, quien continúa como titular de la misma, los fondos para obras de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, Emisario Submarino (Súper Cemento), Colector Pluvial Noroeste, Colector Pluvial Marcos Sastre, Arroyo del Barco, Centro de Abastecimiento Tucumán y Almafuerte, obras en la Escollera Norte para la Terminal de Cruceros y Predio de Disposición Final del Residuos a cargo de la empresa Tecsan que pertenece al grupo Roggio.

Las adjudicaciones de estas obras multimillonarias eran “arregladas” con las empresas por Julio De Vido, mediante la participación primera de los empresarios imputados en la investigación referida.

De acuerdo a las estimaciones que se han hecho públicas, los fondos nacionales transferidos en ese período alcanzarían aproximadamente a los U$S 100.000.000, para Mar del Plata

Inhiben a Scioli por más de $ 189 millones por presuntas irregularidades con la obra pública

La decisión también cayó sobre su exministro de Salud y un empresario.

La justicia penal de La Plata inhibió al exgobernador bonaerense Daniel Scioli, a su exministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.

Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.

Asimismo, el vocero señaló que la jueza también aceptó el pedido del fiscal para que el ahora diputado nacional Scioli notifique a la justicia cada vez que quiera salir del país pero cuestionó la decisión de Garganta.

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.

Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco, la magistrada hizo lugar a la inhibición, recordó la fuente.

En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde «el inicio de las actuaciones» adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para «hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes».

«El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal», sostuvo la magistrada.

Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.  Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con el exmandatario kirchnerista, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.

En su indagatoria, Scioli declaró no haber recibido «nunca dádivas de ninguna persona» y sostuvo que «todas las contrataciones» durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».

En su escrito, Scioli también negó que se haya «alterado» el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de «beneficiar a un proveedor determinado» y planteó que «es totalmente falsa» su supuesta «relación especial con uno de los proveedores».

Entonces, consideró que Miller «accedió a menos del 1 % de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso». (Télam)

Cayó falso policía que le pedía plata a los efectivos con promesas de ascensos

Un sujeto que se hacía pasar por policía, personal de Asuntos Internos y  asesor del Ministerio de Seguridad bonaerense, con credenciales truchas y que le pedía plata a los efectivos para agilizar trámites, conseguir ascensos y resolver carpetas médicas, fue detenido recientemente luego de un operativo realizado en Mar del Plata.

La detención estuvo a cargo de personal de la Auditoría General de Asuntos Internos (A.G.A.I) del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien en poder del embustero secuestró la documentación apócrifa y elementos de interés para la causa.

Según se informó, la investigación comenzó hace cinco meses cuando agentes de la A.G.A.I  tomaron conocimiento sobre supuestas inspecciones que se estaban realizando en diversas dependencias de la Policía en la región marplatense.

A partir de este hecho, los investigadores elaboraron la sospecha de la existencia de un falso inspector y comenzaron una ardua tarea de inteligencia y trabajo de campo para identificarlo.

En el transcurso de la investigación, los agentes de Asuntos Internos constataron que fehacientemente había un hombre que se había presentado en varias áreas policiales con credencial trucha de Comisario Mayor o con tarjetas de supuesto asesor de gabinete del Ministerio de Seguridad, le pedía plata a los efectivos con promesas de ascensos o para la agilización de trámites, entre ellos carpetas médicas y sumarios.

Tras un pormenorizado trabajo de campo, donde hubo un seguimiento pista por pista, personal de la Auditoría de Asuntos Internos logró identificar al sujeto y su paradero y montaron el operativo que posibilitó su captura.

En poder del falsificador, los integrantes de la Auditoría secuestraron una credencial apócrifa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a nombre del sujeto y tarjetas donde figuraba como supuesto asesor ministerial.

Además, incautaron una camioneta marca Fiat Fiorino que el sujeto utilizaba para movilizarse y a la que le había colocado un cartel con la insignia de Asuntos Internos.

Más tarde, los pesquisas constataron que el ahora detenido había sido empleado del ministerio de Seguridad  provincial durante los meses de junio a diciembre de 2015.

Se investiga la participación de más sujetos en las maniobras ilegales y la existencia de una banda de falsificadores.

El falso funcionario fue trasladado a Unidad Panal de Batán por orden de la justicia.

La Auditoría General de Asuntos Internos se presentará como querellante en la causa.

Interviene el Fiscal Javier Pizzo de Delitos Económicos y el Juez de Garantías Dr. Daniel De Marco,  ambos del Departamento Judicial de Mar del Plata.