Analizan sanciones a Cablevisión por problemas en el servicio de TV Digital Flow

Por segundo día el servicio sufre fallas. El Ente Nacional de Comunicaciones inició los procesos administrativos para analizar y determinar las sanciones legales por «graves incumplimientos».

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) inició los procesos administrativos para analizar y determinar las sanciones legales que podrían existir para el servicio de TV Digital Cablevisión Flow, tras los numerosos reclamos de usuarios registrados esta en las últimas horas.

Una reciente actualización del servicio causó qu tanto ayer como este jueves tuviera problemas de conexión.

El Enacom -en un comunicado- informó que inició actuaciones ante «graves incumplimientos» en el servicio de TV digital Flow y otras prestaciones de la empresa Cablevisión, que «generaron inconvenientes» durante la mañana de este mércoles, y los numerosos de reclamos posteriores de los usuarios afectados.

Flow es presentada como una plataforma online del prestador Cablevisión desde la que se puede ver televisión en vivo, películas y series, en cualquier dispositivo, momento y lugar, y que de acuerdo a las denuncias presentó inconvenientes.

Ante esas circunstancias, el organismo informó que «ya se encuentra articulando los procesos administrativos correspondientes con el objetivo de solicitar a la empresa responsable toda información relacionada con la gravísima situación ocurrida el día de hoy».

Este pedido de informes le permitirá al Enacom «determinar las sanciones legales correspondientes, las cuales serán debidamente informadas tanto al prestador como a los damnificados», se resaltó mediante un comunicado.

A la vez, recordó que se encuentran habilitados los mecanismos para que los usuarios denuncien la situación y tramiten la devolución de dinero ante los prejuicios ocasionados.

El Enacom planteó que su rol le obliga a «resguardar el derecho humano básico de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de calidad para toda la población, custodiando los intereses generales en el marco del cumplimiento de las condiciones de contratación». (Telam)

La Provincia sanciona a empresas de delivery y las obliga a tener a repartidores bajo relación de dependencia

Según las fiscalizaciones, los inspectores detectaron que «más del 50% trabaja más de nueve horas por día y el 70% casi siete veces a la semana».

El Gobierno bonaerense sancionó a las empresas de delivery Rappi y Pedidos Ya por «irregularidades en la contratación del personal y obligó a ambas compañías a registrar a los repartidores como empleados en relación de dependencia.

Según las fiscalizaciones, los inspectores detectaron que «más del 50% trabaja más de nueve horas por día y el 70% casi siete veces a la semana».

El arribo al país de las Apps de servicio generó un fuerte debate en torno al encuadre legal que tienen los trabajadores encargados de los repartos.

Por parte de las empresas -multinacionales- rechazan la relación de dependencia y consideran «socios» a los empleados que se movilizan en motos y bicicletas, por lo general.

«Es libre pero a la vez no, porque se dedican casi todo el día a eso», señaló sobre el régimen laboral de estos trabajadores, el subsecretario de Inspección del Trabajo de la Provincia, Emiliano Ré.

El funcionario indicó que las dos compañías fueron sancionadas en septiembre de 2020, al igual que Glovo que ya no opera en el país.

Al respecto, añadió que si las sanciones quedan firmes se les exigirá a las empresas que efectúen los «aportes previsionales que no se hicieron a esos trabajadores».

«Hicimos relevamientos en distintos puntos de la provincia para determinar si había elementos que nos hacían presumir una relación de trabajo», consideró Ré en declaraciones radiales.

Explicó que se notificó a las compañías no sólo por falta de registración de los repartidores sino también por la ausencia de condiciones para llevar a cabo los repartos.

Detalló que «se hicieron 172 relevamientos de las tres empresas y el Ministerio tiene poder para hacer ejecutivas esas sanciones una vez que queden firmes».

«Ahora se verá si puede haber un recurso judicial o tendrán que pagar la multa correspondiente», señaló el funcionario, quien aclaró que luego se efectuarán los reclamos por aportes no efectuados.

Agregó que «se viene debatiendo mucho sobre las características de estos trabajadores».

«La relación se encuadra en una relación de dependencia», enfatizó el funcionario, y aseguró que las inspecciones se realizaron en varias ciudades de los partidos de La Plata, Avellaneda, Lanús, Vicente López y La Matanza. (NA)

Exigen «tolerancia cero» para quienes violen la cuarentena

El coordinador de la Región Atlántica COVID-19 del Ministerio de Seguridad bonaerense, Rodolfo Iriart, volvió a cargar duro contra los «irresponsables» que incumplen con el aislamiento obligatorio.

El coordinador de la Región Atlántica COVID-19 del Ministerio de Seguridad bonaerense, Rodolfo Iriart, se mostró muy molesto tras conocerse la noticia de que en Necochea unas veinte personas se contagiaron al participar de un Baby Shower y exigió fuertes sanciones.

El funcionario señaló a través de su cuenta en Twitter que hablará con los intendentes de la zona para plantear que se implementen fuertes sanciones a quienes incumplan con el Aislamiento social y obligatorio.

Iriart fue contundente al exigir «tolerancia cero» a través de la justicia local.

Entre las medidas que le propondrá a los jefes comunales se destaca «sanciones de multa de inmediato pago económico amparado en la ley 8031 a quienes no observen las disposiciones legales tomadas por la autoridad que afecten razones de justicia, seguridad o salud e higiene».

También planteó la posibilidad de «sanciones que restringan, por ejemplo, la posibilidad de renovación del carnet de conducir u otras para todos los asistentes a reuniones no autorizadas como las que están ocurriendo a diario».

El municipio intensificará el cumplimiento de la Tenencia Responsable de Mascotas

El Intendente confirmó que profundizarán las sanciones a dueños que no cumplan con los requerimientos para tener este tipo de mascota. Todos los perros deberán estar con collar de ahorque, correa, bozal y vacunados a la hora de circular por la vía pública y, en el caso de los potencialmente peligrosos, deberán tener a instalación de un microchip. A su vez se controlará que no permanezcan en espacios públicos, especialmente, en playas.

El intendente Carlos Fernando Arroyo encabezó este lunes una conferencia de prensa en la cual detalló lo realizado por el Departamento de Zoonosis municipal en lo que va del año. También anunció modificaciones a la ordenanza 22.031 de Tenencia Responsable de Mascotas en casos de mordeduras o incumplimiento a las condiciones que deben cumplir lo animales a la hora de circular por la vía pública. Asimismo, Arroyo brindó detalles de la obra del Centro Municipal de cuidado, tratamiento y refugio de perros en Laguna de los Padres.

 

Se informó que, en lo que va del año se colocaron 6830 vacunas antirrábicas, 9178 animales fueron castrados, 235 fueron dados en adopción responsable y 57 fueron rescatados por maltrato animal.

 

Al respecto, el Intendente precisó que “vamos a cambiar el criterio que se ha tenido en los últimos tiempos con relación al tema de animales. Estamos trabajando sobre modificaciones a la ordenanza vigente 22.031 para agravar las sanciones en caso de descuidos a la hora del manejo de animales de cierto peligro por la potencia en sus mandíbulas”.

 

Seguidamente, Arroyo señaló que “el perro no es peligroso por sí mismo, salvo que no se conozca como manejarlo. Si sale con correa, collar, bozal y vacunas, nunca va a ser un problema. El problema aparece cuando la persona no es responsable. Los culpables no son los animales, somos los seres humanos que no cumplimos con las normas mínimas de seguridad con respecto a los animales. Esta legislación que impulsamos nunca va a propugnar la eliminación del animal,estamos absolutamente en contra de dar muerte a un animal. Por lo tanto, vamos a agotar todos los recursos para adiestrar al animal y, llegado el caso que nada funcione, lo mantendremos con vida hasta que la naturaleza haga su trabajo”.

 

PERRROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

 

La ordenanza 22.031 establece las condiciones que deben cumplirse para la tenencia responsable de mascotas en el caso de circular por la vía pública como el uso de correa no superior a 2 metros de longitud, collar de ahorque, bozal, vacuna antirrábica y un seguro de responsabilidad civil para la cobertura de posibles daños que puedan ocurrir. Además, en el caso de perros potencialmente peligrosos, deberán contar con un microchip de identificación el cual contiene datos del animal y del dueño, las vacunas recibidas, datos del veterinario, entre otros. A su vez, este tipo de animales deben estar inscriptos en el Registro Municipal Canino (ReMCa) antes que cumplan los ocho meses de vida.

 

Los perros potencialmente peligrosos son los que pertenecen a alguna raza que por su potencia de mandíbula, musculatura, talla y temperamento agresivo pudieren causar la muerte o lesiones graves a las personas u otros animales, como por ejemplo: Airedale Terrier, Akita Inu, American Staffordshire Terrier, American Pitbull Terrier, Bóxer, Bullmastif, Bull Terrier, Cané Corso, Doberman, Dogo Argentino, Dogo Alemán, Gran Danés, Dogo Canario, Presa Canario, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran perro Japonés, Kuvas, Mastiff (Mastín Inglés), Mastín napolitano, Ovejero Alemán, Ovejero Belga, Pastor del Cáucaso, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Staffordshire Bull Terrier, Viejo Pastor Inglés.

 

También se considera dentro de este grupo a las cruzas de las razas anteriormente nombradas; los que sin pertenecer a las tipologías antes descritas, hayan sido entrenados tanto para defensa como para ataque; los perros que por su tamaño o capacidad de mordedura sean susceptibles de provocar grave daño a terceros; y los que registren más de dos mordeduras en el transcurso del año, en circunstancias tales que demuestren su agresividad.

 

CONTROL DE PRESENCIA DE ANIMALES EN LAS PLAYAS

 

El jefe comunal adelantó que “tengo informes con análisis de arena que establece que hay contaminación porque los animales defecan u orinan en la arena y desparraman microbios. Esto puede producir enfermedades. Por este motivo, con personal de Inspección General y de Policía, se controlará que no haya perros en las playas”.

 

CENTRO MUNICIPAL DE CUIDADO, TRATAMIENTO Y REFUGIO DE PERROS

 

Por otra parte, el Intendente dio más detalles del Centro Municipal de cuidado, tratamiento y refugio de perros, obra que se licitará en breve y que se construirá en Laguna de los Padres. Se invertirán 10 millones de pesos en la construcción de un edifico de 250 metros cuadrados en un predio de 20.000 metros cuadrados. “Es un lugar absolutamente adecuado donde los perros van a ser alimentados, bañados, desinfectados, curados y adiestrados”, agregó Arroyo.  

 

Por su parte, Guillermo de Paz, secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la comuna, explicó que “a pedido del intendente Arroyo hemos trabajado con un proyecto en un edificio en recuperación y tratamiento canino. Se hizo un proyecto de ordenanza que fue elevado al Concejo Deliberante par afectar un predio en Laguna de los Padres. El edificio contará con un espacio administrativo, un lavadero canino, oficinas, sanitarios y una galería que hará como un intermedio entre el espacio abierto y el cerrado. Además contará con un cerco iluminado y portones de acceso, un edificio en construcción seco, como venimos realizando”.   

El Gobierno decretó nueva Ley de Lealtad Comercial que incluye fuertes sanciones

Tiene como objetivo «asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados», con sanciones que van desde multas hasta la clausura por 30 días de los establecimientos.

El Gobierno aprobó por decreto una Ley de Lealtad Comercial con el objetivo de «asegurar la lealtad y transparencia en las relaciones comerciales y garantizar el acceso a información esencial sobre los productos y servicios comercializados», con sanciones que van desde multas hasta la clausura por 30 días de los establecimientos.

A través del decreto 274/2019, de necesidad y urgencia, con la firma del presidente Mauricio Macri y de todos los ministros, se prohíben los actos de competencia desleal «cualquiera sea la forma que adopten, el medio a través del cual se realicen y el mercado en el que tengan lugar».

«No será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial», indicó la norma, publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno sostuvo que no existe una norma general que unifique las conductas desleales y que por eso «deviene necesario (…) definir una regulación integral y sistematizada».

«La medida propiciada se enmarca en razones de estricto interés público, impulsando la creación de una herramienta institucional y moderna, a través de la cual el Gobierno Nacional posibilite, mediante la prohibición y sanción de actos y prácticas desleales, el desarrollo de un comercio justo y competitivo», agregó.

De acuerdo con el decreto, constituye un acto de competencia desleal «toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo».

Las conductas que serán consideradas desleales por la ley se detallan a continuación: 1. Actos de engaño. Inducir al error sobre la existencia o naturaleza, modo de fabricación o distribución, características principales, pureza, mezcla, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o compra, disponibilidad, resultados que pueden esperarse de su utilización y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que correspondan a los bienes y servicios.

  1. Actos de confusión. Inducir al error respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, los bienes o servicios propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen distinto al que les corresponde.
  2. Violación de normas. Valerse efectivamente de una ventaja significativa derivada de competir mediante el incumplimiento de normas legales.
  3. Abuso de situación de dependencia económica. Explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora que no disponga de una alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad en el mercado. Esta situación se presumirá cuando un proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, deba conceder a su cliente, de forma regular, otras ventajas adicionales que no se conceden a compradores similares.
  4. Obtención indebida de condiciones comerciales. Se considerará desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.
  5. Venta por debajo del costo. La venta por debajo del costo de fabricación o por debajo del precio de adquisición, cuando forme parte de una estrategia encaminada a dificultar la entrada al mercado o eliminar a un competidor del mercado.
  6. Explotación indebida de la reputación ajena. Realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.
  7. Actos de imitación desleal. La imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
  8. Actos de denigración. Menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación de otro competidor, a no ser que las aseveraciones sean exactas, pertinentes y verdaderas.
  9. Violación de secretos: Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso, legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente. A estos fines, será considerada desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. En estos casos, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.
  10. Inducción a la infracción contractual. Inducir a empleados, proveedores, clientes o demás obligados a infringir obligaciones contractuales contraídas con un competidor.
  11. Actos de discriminación. El tratamiento discriminatorio de compradores cuando el vendedor o distribuidor haya publicado una lista de precios, a no ser que medie causa justificada.
  12. La publicidad comparativa. Aquella que aluda explícita o implícitamente a un competidor, o a su marca, o a los productos o servicios ofrecidos por él. Solo estará permitida si no indice al error, engaño o confusión entre los competidores; la comparación se realiza en forma objetiva; tiene como finalidad informar las ventajas de los bienes o servicios publicitados; no desacredita ni denigra los derechos de propiedad intelectual e industrial o circunstancias de algún competidor; no obtiene ventaja de la reputación de una marca de algún competidor o no presenta un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.

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Por otra parte, el Gobierno prohibió «la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir al error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios».

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La ley no permite actos como el ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios, cuando los premios o regalos estén sujetos a la intervención del azar.

Tampoco se permite promover u organizar concursos, certámenes o sorteos de cualquier naturaleza, en los que la participación esté condicionada en todo o en parte a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio.

No se podrá entregar dinero o bienes a título de rescate de envases, de medios de acondicionamiento, de partes integrantes de ellos o del producto vendido, cuando el valor entregado supere el corriente de los objetos rescatados o el que éstos tengan para quien los recupere.

Asimismo, el Ejecutivo estableció que los productos envasados que se comercialicen en el país, fabricados o no en él, deberán estar identificar la siguiente información: el nombre del artículo; país de origen; calidad, pureza o mezcla; y las medidas netas de su contenido.

En tanto, los productos de origen extranjero que sufran en el país un proceso de fraccionado, armado, terminado u otro análogo que no implique una modificación en su naturaleza, «deberán llevar una leyenda que indique dicho proceso y serán considerados como de industria extranjera».

«En el caso de un producto integrado con elementos fabricados en diferentes países, será considerado originario de aquel donde hubiera adquirido su naturaleza», prescribe la ley.

Asimismo, prohíbe la utilización de «una denominación de origen nacional o extranjera para identificar un bien o servicio cuando éste no provenga de la zona respectiva», excepto «aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del bien».

Además, la administración nacional definió cuáles son las sanciones que podrían recibir las personas humanas o jurídicas que infrinjan la ley:

1) Apercibimiento.

2) Multa por un monto equivalente a entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles (UM). El valor inicial de la UM fue establecido en 20 pesos en mayo de 2018 a través de la ley 27.442, y será actualizado automáticamente cada año en virtud de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

3) Suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años.

4) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que gozare.

5) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.

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También, se detalla, «se podrá imponer la sanción administrativa de rectificación de publicidad al infractor que, a través de la información o publicidad hubiera incurrido en prácticas engañosas o abusivas». Si se incumpliera esta sanción en los plazos establecidos, «el proveedor será pasible de una multa adicional de hasta el 50% de la multa original».

A su vez, la ley entiende la reincidencia como un agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la precedente.(NA)