Califican de «injustas y dolorosas» críticas del vice ministro de Salud sobre la actitud de los marplatenses respecto a la pandemia

Kreplak había señalado que en municipios como el de General Pueyrredon «siempre tuvieron un comportamiento de negar la pandemia y los cuidados» tras ser consultado por el reclamo de algunos intendentes sobre el regreso de las clases presenciales.

Las concejales de la Coalición Civica, Angélica González y Liliana Gonzalorena, presentaron un proyecto de Resolución expresando el repudio a las recientes declaraciones del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que cuestionó el comportamiento en General Pueyrredon respecto a la pandemia del covid-19.

Kreplak había señalado que en municipios como el de General Pueyrredon «siempre tuvieron un comportamiento de negar la pandemia y los cuidados» tras ser consultado por el reclamo de algunos intendentes sobre el regreso de las clases presenciales.

Para las ediles que integran el interbloque de Juntos por el Cambio, «tales declaraciones resultan para los marplatenses y batanenses ofensivas y dolorosas, porque no son ciertas, son injustas y discrminatorias».

«Más allá de las declaraciones sin sustento, ligeras y arbitrarias, la realidad, los hechos, hablan por sí mismos: la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro Partido hemos sido conscientes de la pandemia, de las nefastas consecuencias que la misma acarrea, hemos vivido el encierro de la cuarentena reiteradamente extendida por la ineficacia del oficialismo en general y en particular de funcionarios que, como Kreplak, en vez de actuar responsable y efectivamente, se dedican a declarar insustancialidades en los medios», expresaron en el proyecto elevado al presidente del cuerpo deliberativo.

Para las concejales «Kreplak desconoce la realidad del esfuerzo y sacrifico que realizamos cotidianamente desde el inicio de la pandemia los marplatenses y batanenses, el esfuerzo que ha realizado y realiza la ciudadanía de nuestro Partido, el sacrificio diario de los padres que ven como se pierden sus trabajos, como sus hijos no pueden asistir a las escuelas, como los comerciantes se ven obligados a cerrar sus comercios, como los trabajadores no pueden asistir a sus trabajos, como el personal de salud ha trabajado y trabaja estoicamente en situaciones de riesgo, como las fuerzas de seguridad cumplen sus tareas abnegadamente en este marco de pandemia, como las distintas actividades esenciales que no se han visto obligadas a cerrar han cumplido y hecho cumplir los protocolos sanitarios».

Más adelante, destacaron que «el Ejecutivo comunal ha sido siempre un activo actor en la pandemia, controlando de acuerdo a todas sus posibilidades aquellos pocos nichos de la sociedad que incumplía la cuarentena y los protocolos de la pandemia, colaborando en cuanto le fuera posible con la función sanitaria y de salud propia del ámbito provincial».

«Conforme lo dicho en el párrafo anterior, el Ejecutivo municipal siempre ha sido consciente de la pandemia y ha actuado seriamente en consonancia con tal realidad: realizó retenes para el control de entrada y salida del Partido las 24 horas del día durante la cuarentena, realizó y realiza innumerables controles para el cumplimiento estricto de protocolo, ha desbaratado cientos de fiestas clandestinas y reuniones sociales contrarias al protocolo, fiscalizó, en fin, el estricto cumplimiento de todas las medidas sanitarias impuestas por la Nación y la Provincia», añadieron.

Repudio al fallo del Juez López «que busca frenar derechos sexuales y reproductivos»

Desde la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Mar del Plata expresaron «que los abortos se van a seguir realizando dentro y fuera del sistema de salud, porque las mujeres y disidencias con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, reconocido por ley nacional».

Un juez del fuero federal de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar presentada por un particular contra la ley 27610.

Desde la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Mar del Plata expresaron en un comunicado «que los abortos se van a seguir realizando dentro y fuera del sistema de salud, porque las mujeres y disidencias con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, reconocido por ley nacional».

«El debate nacional está saldado. La democracia, por medio de las instituciones correspondientes, analizó la cuestión y resolvió una ley que contó con el análisis pormenorizado de aspectos sanitarios y constitucionales. No sorprende que sectores minoritarios antidemocráticos quieran obturar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, valiéndose de alianzas misóginas», señalaron.

Mas adelante, indicaron que la Campaña sigue trabajando por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio nacional, y cuenta en la ciudad de Mar del Plata con una fuerte participación en el sistema de salud.

«Nuestra ciudad tiene un protocolo municipal, y adhesión provincial al protocolo Nacional para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tanto el HIGA y HIEMI, y los Centros de Atención Primaria de la Salud cuentan con personal idóneo para brindar información y realizar los abortos de forma segura, libre y gratuita», expresaron.

Además, recordaron que el Estado Nacional cuenta con una línea, el 0800 222 3444, donde con una llamada gratuita y confidencial cualquier persona puede acceder a información científica y laica sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, así como del acceso a la interrupción voluntaria de embarazos no deseados; y donde se realizan derivaciones y recepcionan denuncias sobre la obstrucción en el acceso a estos derechos.

También cabe destacar la inmensa labor que desarrolla la Red de Profesionales por el Derecho a decidir, garantizando las prácticas y el trato digno, espacio que cuenta con un recursero actualizado interactivo que permite encontrar el centro de salud que garantice abortos más próximo al domicilio de la persona solicitante http://redsaluddecidir.org/ .

“Confiamos en la celeridad del Estado Nacional en la presentación de la apelación, y esperamos una nueva resolución respetuosa de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos” expresaron desde la campaña.

Espionaje a familiares de Rigel y Ara San Juan: «Estos hechos son graves y también muy dolorosos»

El Frente de Todos repudió las tareas de inteligencia ilegal que se desarrollaron durante el gobierno de Mauricio Macri, al escuchar y perseguir a allegados a los tripulantes de las embarcaciones hundidas.

El Frente de Todos repudió las tareas de inteligencia ilegal que se desarrollaron durante el gobierno de Mauricio Macri, al escuchar y perseguir a allegados a los tripulantes de las embarcaciones hundidas.

«Es de una gravedad institucional enorme, ya que fue el propio Estado Nacional quien realizó estas actividades sobre un colectivo de familiares de víctimas, dentro del ámbito del Poder Legislativo de un Municipio», sentenciaron.

Este miércoles la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció públicamente la maniobra de vigilancia y seguimiento ilegal que se realizó durante 2018 y 2019 por parte de la AFI a distintos familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y del pesquero Rigel, mientras reclamaban por el hallazgo de los cuerpos de sus familiares y el esclarecimiento de los casos. A raíz de este hecho, desde el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos emitieron un repudio y lamentaron la situación.

«Es un hecho de una gravedad institucional enorme, ya que fue el propio Estado Nacional quien realizó estas actividades sobre un colectivo de familiares de víctimas, dentro del ámbito del Poder Legislativo de un Municipio, y otros ámbitos públicos y privados. Y a su vez, es muy doloroso ya que actuaron de esta manera con personas que atravesaban un profundo pesar y que reclamaban respuestas y contención. No se puede permitir un accionar de estas características por un gobierno constitucional», señaló el edil Roberto ‘Tata’ Gandolfi.

En ese marco, manifestó: «No es la primera vez que escuchamos sobre espionaje. Es más, el propio Secretario de Seguridad municipal, Darío Oroquieta, está involucrado en una causa por este tipo de accionar ilegal. Pero aún así, nos sigue dejando atónitos ver hasta dónde pueden llegar», agregó Gandolfi.

«Saber que al expresidente le filtraban información para que estas personas sólo tuvieran como respuesta del Estado un espionaje interno, nos llena de dolor, pero no perdemos las fuerzas para continuar pidiendo justicia y seguir acompañando a los familiares, con un Estado provincial y nacional presente y empático. Por el respeto que merecen, esperamos que el intendente Montenegro también pueda expedirse al respecto», remarcó.

Proyecto en repudio a prisiones domiciliarias a genocidas en Mar del Plata

El concejal Roberto Chucho Páez sostuvo que “la única casa de los genocidas es la cárcel”.

El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Concejo Deliberante, presentó hoy un proyecto en el cual se expresa un enérgico rechazo a las 11 medidas de prisión domiciliaria concedidas a autores condenados por delitos de lesa humanidad,  haciendo mención enfática respecto de la concedida a Gustavo Demarchi.

   “Dadas las múltiples y sucesivas medidas de prisión domiciliaria que benefician a autores de delitos de lesa humanidad, cometidos en la etapa previa y durante la última dictadura cívico militar, y cuyo efectivo cumplimiento se realiza en territorio de nuestro Partido, es una realidad sumamente preocupante y repudiable ante la cual no debemos permanecer inactivos como ciudadanos y cuerpo político de la democracia.. Vale recordar una vez más que la única casa de los genocidas es la cárcel”, sentenció el edil Páez.

       En la presentación, el bloque del Frente de Todos expresa con claridad que “en ese orden de ideas la sociedad toda, desde sus más diversos ámbitos, ya ha logrado establecer una concordia casi sin precedentes en la Nación acerca de la necesidad de justicia efectiva, memoria constante y consecución de la verdad, para acabar con la impunidad y evitar nuevas formas de irrupción del terrorismo de Estado el autoritarismo y la interrupción del Orden Constitucional y democrático.

    Que este mismo consenso transversal se ha logrado con el repudio a los genocidas y colaboracionistas que han sido beneficiados con prisiones domiciliarias a ejecutarse en el ámbito del Partido de General Pueyrredón, generando un rechazo y repudio expresado a viva voz en diversas manifestaciones que son ejemplares en cuanto a un sano activismo en defensa de la democracia y la memoria verdad y justicia”.

     Páez además hizo hincapié sobre  dos casos paradigmáticos en la ciudad, el rechazo unánime a las  prisiones domiciliarias de Miguel Etchecolatz y posteriormente de Gustavo Demarchi.

    “En en el caso de Etchecolatz los jueces que integran el TOF 6 -José Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero- determinaron que el arresto domiciliario se llevara a cabo en Mar del Plata, «en el inmueble ubicado en la calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, en el Bosque Peralta Ramos» y que luego del rechazo de los vecinos del barrio y del repudio masivo del conjunto de la población de la ciudad fue devuelto a la cárcel, único lugar para un genocida. Etchecolatz cumple seis condenas a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante la última dictadura militar y es el principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006.

    Gustavo Demarchi, por su parte,  recibió la pena de prisión perpetua en sintonía con lo solicitado por la fiscalía, en el marco del primer juicio en el país, realizado en Mar del Plata contra civiles por delitos de lesa humanidad previos a la última dictadura cívico militar, todos ellos integrantes del grupo parapolicial denominado Concentración Nacional Universitaria (CNU)”.

     El proyecto presentado por el concejal Roberto Páez le pide al Departamento Ejecutivo manifieste institucional y públicamente su rechazo a las 11 medidas de prisión domiciliaria concedidas a autores condenados por delitos de lesa humanidad, ejecutadas en el ámbito del Partido, haciendo mención enfática respecto de la concedida a Gustavo Demarchi.

Con diferencias en el oficialismo, el Congreso repudió «el golpe de Estado» en Bolivia

La Cámara de Diputados y el Senado se reunieron para debatir sobre la situación en el país vecino.

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron declaraciones de «repudio al golpe de estado» en Bolivia, en medio de diferencias dentro del oficialismo y críticas a la postura del Gobierno.

   Luego de la Asamblea Legislativa que proclamó ganadora a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, ambas Cámaras iniciaron sendas sesiones para discutir el rechazo a lo sucedido en el país vecino.

   Tras varias horas de debate, el Senado aprobó pasadas las 20:30 la declaración de «enérgico repudio al golpe de Estado» en Bolivia impulsada por el peronismo, aunque varios legisladores de Cambiemos cambiaron el sentido su voto sobre el final para evitar que la sesión se quedara sin quórum

La declaración salió con 29 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, pero en realidad hubo seis senadores de Cambiemos que iban a abstenerse y votaron en contra para evitar que la sesión se quedara sin quórum, por lo que los votos en contra genuinos fueron dos.

   Dado que las abstenciones restan al quórum necesario para sesionar (37 senadores), la oposición y el oficialismo acordaron en pleno recinto, con la mediación del presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo, evitar esa situación.

   El acuerdo final fue consecuente con el clima del debate, donde a pesar de que el peronismo y Cambiemos presentaron proyectos separados y de que no faltaron críticas a la posición del Gobierno, los senadores se cuidaron de llevar adelante una sesión sin estridencias ni confrontación.

   En la Cámara de Diputados se dio una discusión similar y cerca de las 21:15 se aprobó en una votación a mano alzada el proyecto de declaración en repudio al «golpe de Estado» en Bolivia que impulsó la oposición.

   El mecanismo de votación, que no permite especificar quien vota en contra y quien a favor, fue resuelto por el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, luego de que la oposición y el oficialismo no pudieran limar diferencias y ponerse de acuerdo en un texto común.

   Tras casi cinco horas de sesión, Cambiemos se encaminaba a la abstención, pero la modalidad de votación impidió que pudiera expresarse en ese sentido.

   El proyecto oficialista, que no llegó a votarse, evitaba la expresión «golpe de Estado» y en cambio proponía aludir a los acontecimientos que precipitaron la salida de Evo Morales del poder como una situación de «quiebre institucional».

   Si bien en el PRO y la UCR no todos los legisladores estaban de acuerdo con esquivar la definición de «golpe», no quisieron despegarse completamente de la postura que fijó el presidente Mauricio Macri.

   Por esas diferencias dentro del interbloque oficialista, el sector que lidera Martín Lousteau también presentó su propio proyecto en el que habla de «golpe de estado» contra Morales. (NA)