La lucha contra la represión e impunidad se debatirán en la Facultad de Derecho

Será este lunes 12 de noviembre a las 18.30hs en el Aula 21 de la Facultad de Derecho. Organiza y convoca el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Será este lunes 12 de noviembre a las 18.30hs en el Aula 21 de la Facultad de Derecho. Organiza y convoca el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Contará con la presencia de María Luz Santos Morón, abogada (UNLP) e integrante de la querella ¡Justicia Ya! y Marcelo Roldán, hijo de desaparecido y testigo en la Mega Causa Sub Zona 15.

El CeProDH fue creado en 1997 como organismo militante contra la represión y la impunidad, para asumir la defensa de los derechos de los trabajadores. Además también es querellante en los juicios contra genocidas de la dictadura.

“El intento de modificación del Código Penal favoreciendo la represión de la protesta y los ataques hacia los inmigrantes, son una muestra más de la política de ´mano dura´ que intenta imponer el macrismo. Saben que sin represión el ajuste que impulsan junto al FMI y los gobernadores no pasa.” Señaló Marcelo Roldán, quien además de integrar el CeProDH es referente local del PTS Frente de Izquierda.

“El rol de los abogados y de los organismos de derechos humanos, en un marco de represión a la protesta y donde se intenta avanzar con domiciliarias a genocidas como fue el caso de Etchecolatz, será uno de los debates de que abordaremos junto a María Luz Santos Morón”, finalizó Roldán.

Denuncian violencia policial en la movilización a Anses

Un grupo de mujeres fueron reprimidas por efectivos policiales que se encontraban en la estación de servicio que está ubicada en Roca y Av. Independencia.

Como habían anunciado, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) junto a Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa se movilizaron hoy en Mar del Plata y en todo el país a las oficinas de ANSES reclamando el aumento de la AUH, pensiones, jubilaciones y el pago a quienes fueron suspendidos/as del programa “Hacemos Futuro”.

Cientos de personas se fueron concentrando en horas de la mañana en la oficina de Anses de Av. Independencia y denuncian que un grupo de ellas fueron reprimidas por efectivos policiales que se encontraban en la estación de servicio que está ubicada en Roca y Av. Independencia.

Al respecto, Martín García –referente de la CTEP– explicó: “Un grupo de compañeros fueron a buscar agua a la estación de servicio y, sin motivo alguno, la Policía Bonaerense comenzó a dispararles y a golpearlos. La policía actuó gran violencia. Dispararon donde están los surtidores, poniendo en peligro a todas las personas. Además, golpearon salvajemente y con palos a un compañero”.

Repudiamos este accionar violento. Hacemos responsable a la Ministra Patricia Bullrich, que constantemente fogonea a través de sus discursos la represión. No es ni será un hecho aislado, es parte de un plan sistemático del gobierno para disuadir, a través de la violencia y la muerte, a quienes nos oponemos a sus políticas de hambre y saqueo”, denunció Martín García quien también es parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).  

Con relación a las acciones que tomaron después de este episodio, Lisa Cabral –abogada, integrante del MTE y CTEP- comentó: “Ya realizamos la denuncia penal ante la Fiscalía General, dónde mañana nos acercaremos nuevamente con más pruebas y testimonios a continuar impulsando el proceso penal porque no permitiremos actos de violencia institucional y estigmatizantes hacia los y las militantes y sus organizaciones. La policía tiene márgenes de discrecionalidad para actuar ante un delito inminente o en flagrancia, sorprende que de ser así no detuvieron a nadie. Eso demuestra que la Policía actuó de forma arbitraria y bajo alguna orden interna de dudosa o nula legalidad”.

Repudian represión y despidos en la industria naval

El Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata (SANAM) repudió la represión a la que fueron sometidos los trabajadores del Astillero Río Santiago.

Desde el Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata (SANAM) repudiaron la represión a la que fueron sometidos los trabajadores del Astillero Río Santiago en el día de ayer en las puertas de la gobernación de la Provincia, en la ciudad de La Plata, y el despido de 23 trabajadores de talleres Tandanor ocurridos en la mañana de este miércoles.

Repudiamos enérgicamente la represión sufrida por los obreros navales de Río Santiago y los despidos y represión de los compañeros de Tandanor. Vemos con impotencia la hipocresía de un gobierno que dice fomentar la industria naval pero lo único que hace es ajustar con palos y gases lacrimógenos”, subrayó Walter Castro, secretario General de SANAM en el puerto de Mar del Plata.

Sobre Río Santiago, el dirigente denunció el desinterés de la Provincia de Buenos Aires por su desarrollo. “Lo ahogaron financieramente para tener la excusa del recorte de personal”, dijo el dirigente.

El gobierno que venía a terminar con la pobreza quiere dejar a miles de familias navales en la calle”, denunció.

Caso Maldonado: la familia insiste en que murió «en una represión de Gendarmería»

«Él no murió porque estaba de turista, fue en una represión de la Gendarmería», dijo el hermano.

La familia de Santiago Maldonado aseguró que insistirá con su «hipótesis principal» de «desaparición forzada seguida de muerte» y remarcó que el joven falleció «en una represión de la Gendarmería», tras que la autopsia confirmara que se ahogó.

«Él no murió porque estaba de turista, fue en una represión de la Gendarmería», enfatizó el hermano del artesano, Sergio Maldonado.

En declaraciones a la prensa a la salida de la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia, destacó que «no hay cambio de carátula» en la causa, que actualmente es por «desaparición forzada», y dijo que «hay que esperar».

«No sabemos qué es lo que pasó, estamos como en el inicio. Tengo más dudas que antes», subrayó Sergio, luego de escuchar las conclusiones de la autopsia que le comunicó el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Sobre los resultados finales de las pericias, el hermano del artesano indicó que los expertos «firmaron un acuerdo de confidencialidad» y hasta que la Justicia los revele en su totalidad, solo se sabe lo informado por el magistrado.

A la vez, confirmó que este sábado se velarán los restos de Santiago en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, donde viven sus padres, y estará abierto al público.

«Con respeto, son bienvenidos todos», señaló Sergio Maldonado y detalló que el domingo se procederá al entierro y el responso «en privado», en una ceremonia íntima para familiares y amigos.

La familia de Maldonado reclama que se abra una nueva etapa en la investigación y se busque «identificar a todos los responsables de la desaparición y muerte» del joven de 28 años.

Además, insiste en que se aparte a integrantes del Ministerio de Seguridad del caso y que se realice una reconstrucción del hecho de acuerdo a las distintas versiones que se tienen en la causa.

Sobre el último punto, el juez Lleral señaló este viernes que se llevará a cabo una «reconstrucción histórica» de los sucesos, en tanto que la próxima semana continuarán las declaraciones testimoniales.

Santiago Maldonado había sido visto por última vez el pasado 1 de agosto, luego del desalojo de la Gendarmería Nacional en la comunidad Pu Lof de Cushamen, y fue hallado en esa misma zona tras varios operativos de búsqueda infructuosos el 17 de octubre sumergido en el Río Chubut. (NA)

EL MODELO ECONÓMICO CIERRA ÚNICAMENTE CON REPRESIÓN

Desde la CTA-Autónoma, Regional Pueyrredón – Balcarce – Mar Chiquita, repudiamos enérgicamente la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el poder político, tanto provincial como nacional, contra trabajadoras y trabajadores de la planta de Pepsi.Co de la localidad de Florida, ante la ineptitud o decisión política del Ministro de Trabajo de la Nación de no mediar en el conflicto, exigiendo a la empresa las causales del intempestivo cierre.

Responsabilizamos a la Gobernadora Vidal y al Presidente de la Nación por los hechos violentos que se están desarrollando y a la jueza de garantías que ordenó el desalojo sin llamar a mediación a las partes.

Este gobierno maneja al estado como una empresa, solo calculando costos y beneficios, en el cual las trabajadoras y trabajadores pasamos a ser un eslabón más en su política de depredación.