Exigen dar de baja la concesión a los empresarios del transporte

Desde la Casa del Trabajador señalaron que el municipio tiene argumentos más que probados para hacerse cargo del servicio de colectivos.

La confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones del procesamiento de los empresarios del transporte público de pasajeros de Mar del Plata por defraudación a la administración pública, llegó en medio del tratamiento de un nuevo pedido de suba del boleto.

En diálogo con PuntoClub (FM96.3); el abogado Julio Hikkilo, de la Casa del Trabajador, aseveró que con este fallo el municipio tiene sobrados motivos para interrumpir la relación contractual con los concesionarios del transporte público de pasajeros de Mar del Plata. “Incluso puede confiscar los colectivos y hacerse cargo del servicio”, afirmó.

Cabe destacar que, en el marco de una causa conocida como “choferes fantasma”, esta entidad fue la primera en recibir quejas de desocupados que descubrieron que figuraban en la Anses como empleados de sus empresas, haciendo crecer la nómina de choferes de colectivos para cobrar millones extra en subsidios del Estado.

Los empresarios habían argumentado que apelaron a esa medida que significó apropiarse de 16 millones con el fin de beneficiar a los pasajeros con un menor costo del pasaje de colectivo.

Los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez desestimaron ese fundamento y señalaron queestamos frente a sociedades comerciales que ejercen su actividad específica en búsqueda de maximizar sus ganancias y minimizar las pérdidas, no son entidades sin fines de lucro o de beneficencia”.

Los empresarios procesados sin prisión preventiva por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública son Juan María Inza Irisarri y su hijo Juan María Inza Decaux, y Federico José Pomero. El proceso alcanza también a sus gerentes y apoderados Diego Basílico, Jorge Alberto Ferraresi y Carlos Málaga.

En su conjunto, son los responsables de las empresas de transporte urbano “25 de Mayo SRL”, “Transportes Peralta Ramos SRL”, “12 de Octubre SRL” y “El Libertador SRL”.

La maniobra se llevó adelante en los meses de enero, febrero y marzo de 2016. Entonces los empresarios y sus apoderados registraron en las cuatro empresas de colectivos a 357 “choferes fantasma”, la mayoría eran desocupados que oportunamente habían dejado su curriculum en alguna de las empresas en busca de trabajo.

Fueron los mismos desocupados quienes advirtieron a la Justicia lo que estaba ocurriendo, pero ellos se enteraron de la peor manera: a medida que iban a cobrar la Asignación Universal por Hijo les informaban en la ventanilla de pago que ya no les correspondía el beneficio: “Usted es empleado de la empresa 25 de Mayo y cobra 20 mil pesos por mes”, oyeron sorprendidos

En tal sentido, Hikkilo sostuvo que a la fecha se siguen detectando más casos y la cifra supera los 400 afectados que deberán ser resarcidos económicamente por el daño sufrido.

Causa “arbolitos”: la justicia procesó a 25 personas

Por asociación ilícita dirigida a cometer delitos contra el orden económico y financiero y la seguridad pública

Así lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti. Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity/Intercambio. Además, las “cuevas financieras” que funcionaban en la Galería Eves y el fondo de un polirrubro. Diez son “arbolitos” que actuaban en coordinación con las firmas, con protección policial.

Tras una investigación de la Fiscalía Federal N°1, que conduce Laura Mazzaferri, 25 personas fueron procesadas por el delito de asociación ilícita, algunos en calidad de jefes y otros como miembros, de acuerdo a la resolución firmada por el juez federal Santiago Inchausti, en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Cinco de ellas están además procesadas por el delito de intermediación financiera, y otras cinco por tenencia o portación de armas. Se dispuso además, el decomiso preventivo de los instrumentos utilizados para cometer los delitos y del producto de los mismos; y se destacó que uno de los objetivos de la asociación ilícita es el lavado de activos.

En la resolución de más de 500 páginas, se brindan los detalles y pruebas para los procesamientos de la organización que contaba con la articulación de casas de cambio con “fachadas legales”, cuevas y “arbolitos”.

Diez son personas que estaban dedicadas a la compra y venta de divisas extranjeras por fuera del mercado legal en la vía pública. Seis imputados actuaban a través de cuevas financieras: cuatro en locales de la galería Eves, y un hombre en el fondo de un polirrubro céntrico, cuyo hijo se encargaba del delivery de divisas.

Una de las casas de cambio allanadas está situada en el puerto de la ciudad, Eurocity/Intercambio, y de allí quedaron tres personas procesadas. De Jonestur, dos personas, y del Grupo Transcambio, cuatro.

De los 25 procesados, a cuatro se les dictó la prisión preventiva hasta tanto efectivicen las cauciones personales por una suma de un millón de pesos; y sobre los bienes y dinero de todos los imputados se resolvió trabar embargos por entre 5 y 10 millones de pesos.

“Lavado Total”: la justicia federal procesó a 28 personas

La resolución del juez Santiago Inchausti detalla también la afectación de 284 vehículo y cinco inmuebles.

El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti procesó a 28 personas, acusadas del delito de lavado de dinero, agravado por ser realizado con habitualidad y como miembros de una banda, algunos imputados también por participar de actividades de narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.

Además, los 284 vehículos incautados en el marco del operativo denominado “Lavado total”, quedaron afectados a la investigación, al igual que cinco inmuebles.

La pesquisa, en la que intervino la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Nicolás Czizik, comenzó como una derivación de la causa –que tuvo condena en juicio oral de Juan Manuel Mariscal- por el transporte de 153 kilos de cocaína. Pero también se entrecruzaron otras investigaciones por narcotráfico.

En concreto, la tarea investigativa está orientada a “constatar la existencia de conductas vinculadas a la ocultación de bienes adquiridos producto de las ganancias que dejaría actividades tales como el tráfico ilícito de estupefacientes, mediante maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de alta gama, dando a ellas una apariencia lícita cuando su origen sería espurio”.

A principios de septiembre, se realizaron más de 30 allanamientos en el marco de esta causa, denominados por la Policía Federal Argentina como “Operación Lavado Total”. En ese momento, se ordenó la detención de varias personas y el secuestro de una gran cantidad de vehículos, donde se encontraron varias armas de fuego.

El pasado viernes, el juez Inchausti resolvió la situación procesal de treinta personas, 20 hombres y 10 mujeres: 14 fueron procesados con prisión preventiva, 14 sin prisión preventiva y sobre dos personas, un varón y una mujer, se dispuso la falta de mérito respecto al delito de lavado, aunque fueron procesados sin prisión preventiva por tenencia ilegítima de un arma.

En el marco de los allanamientos se afectaron a la investigación cinco inmuebles, se secuestraron 284 vehículos, y otros 49 automotores se mantienen con orden de secuestro al no ser encontrados en los domicilios allanados.

En la resolución judicial, el magistrado distinguió entre aquellos bienes que pertenecían a los imputados que se encuentran fugados y con pedidos de captura; aquellos bienes pertenecientes a los imputados que se encuentra a derecho y que fueron procesados; y aquellos bienes cuyo origen aún no pudo determinarse o se ha solicitado su restitución.

Respecto a los bienes de las personas prófugas, ordenó el decomiso definitivo de un inmueble y 14 vehículos; mientras que determinó el decomiso preventivo, para el segundo de los supuestos, de los otros cuatro inmuebles y 27 vehículos más, todo ello en los términos del artículo 23 del Código Penal.

Por su parte, los más de 200 vehículos restantes quedaron afectados a la investigación a los efectos de resolver los eventuales pedidos de restitución o disponer la aplicación de la ley 20.785, que regula los bienes objeto de secuestro en causas penales. Para esta tarea se analiza la documentación secuestrada y el origen de los bienes con los que se adquirieron esos vehículos.

 

Mar del Plata: procesaron a los dueños de un campo por trata de personas

A raíz de la denuncia realizada por dos jóvenes de 16 y 20 años, la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Nicolás Czizik, inició una investigación que terminó con un allanamiento y el reciente procesamiento de un hombre y una mujer por trata de personas con fines de explotación laboral.

De acuerdo a la pesquisa, seis menores realizaban también tareas en el campo situado a la altura del kilómetro 20 de la localidad de Batán. El juez federal Santiago Inchausti ordenó además el decomiso de la quinta y un embargo de 3,5 millones de pesos.

Según consta en el expediente firmado por Inchausti, “el grueso de las personas que prestan servicios en (el campo allanado) corresponde a trabajadores en negro, clandestinos o no registrados, es decir a trabajadores sin contrato escrito, que no reciben comprobante alguno de lo que perciben por sus tareas, pudiendo afirmarse que en el lugar existe explotación laboral”.

A esto, sumó el magistrado, “se adiciona el deterioro de las condiciones de vida por un lado, esto es el hábitat y la prestación deficiente de servicios elementales evidenciada en el predio; y de trabajo por el otro, al haberse verificado la extensión abusiva de las jornadas laborales, la falta de horas y días de descanso, retribuciones por debajo de los mínimos que rigen la actividad y con modalidades de pagos abusivas, la existencia de trabajo ilegal o migratorio y de personas menores de edad”.

En concreto, a los dos procesados se los acusa de ser autores penalmente responsables del delito trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad; en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre, los que concurren idealmente con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de personas extranjeras en el territorio nacional, abusando de su necesidad, haciendo de ello una actividad habitual.

El perfil de las 32 víctimas de la causa, seis de ellas menores, tienen características en común: en su mayoría, son personas oriundas de Bolivia o de provincias del norte argentino, es decir, presentaban lejanía con su lugar de origen, con su grupo familiar y con su núcleo de allegados, sumado a que del desarrollo de las declaraciones recibidas se evidenció en general un grado de instrucción muy bajo.

El campo allanado resultó corresponder a dos emprendimientos diferenciados entre sí, pero con idénticas características en cuanto a la explotación de los trabajadores. Tenía como responsables a dos personas oriundas de Jujuy, una mujer y un hombre, quien viajaba una vez al año a Bolivia y regresaba con trabajadores con promesas de trabajo y vivienda en el lugar.

Procesaron a ocho jóvenes por los ataques neonazis

Lo resolvió el juez Santiago Inchausti, de acuerdo a la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Se los acusa de amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis.

En línea con la hipótesis trazada por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, el juez federal Santiago Inchausti resolvió el procesamiento de Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo, y un menor de edad, los dos últimos sin prisión preventiva por una serie de hechos violentos vinculados a supuestos de discriminación e imposición de una ideología.

Se los acusa de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia –que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas-, cuyas víctimas no son elegidas al azar, bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada a ello, cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la ley 23.592.

Esto, además de la pertenencia a un grupo organizado de personas, que actúa en relación a personas o grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social. El delito se inscribe en el artículo 213 bis Código Penal.

La causa se inició a partir de una denuncia que da cuenta de una amenaza de muerte en la calle, en octubre de 2015. Tras las primeras medidas investigativas, se vislumbró la existencia de otros expedientes en trámite en la justicia provincial y federal que podrían abordar hechos similares.

Luego de las declaraciones indagatorias –a las que los acusados se negaron- y las rondas de reconocimientos, el procesamiento requerido por el Ministerio Público fue resuelto por el magistrado, quien además fijó la suma de un millón de pesos por cada procesado, a fin de garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberles. De esta manera, se los intimará a dar dinero o bienes a embargo, y en caso de carecer de los mismos se decretará la inhibición general de bienes.

Por otro lado, ordenó dar intervención al INADI dado que “se observa del material fílmico y fotográfico reservado –sin perjuicio de la prueba que representa para estas actuaciones-, la presencia de varias personas (algunas probablemente menores de edad) para su análisis y tratamiento frente al peligro de propagación de conductas futuras”.