La Suprema Corte revocó el fallo que permitió prisiones domiciliarias para presos bonaerenses

En sus fundamentos, el Tribunal añadió que el análisis de cada causa «debe efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual».

La Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó hoy el hábeas corpus colectivo que permitió las prisiones domiciliarias de los presos en el marco de la pandemia por el coronavirus y ordenó que esos beneficios deben ser analizados caso por caso, por el juez que tiene a cargo a cada detenido.

   Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que el fallo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires fue dictado por unanimidad, con la firma de los ministros Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.

La decisión —que hizo lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve— determina que «son los órganos judiciales competentes los que deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19».

   Entre las pautas que, de acuerdo al fallo, deben ser tenidas en cuenta la Suprema Corte bonaerense destacó: los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, el grado de intervención asignada al procesado o condenado por el delito, y las modalidades de la comisión del delito (forma en que se afectó el bien jurídico, medios empleados y las particulares relaciones con las víctimas).

   También, el fallo del máximo tribunal indicó que debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar la concesión o no del beneficio de prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus, el nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado el delito, la pena en expectativa o la ya establecida, el examen del nivel de avance del proceso y de los riesgos procesales, la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos.

   También, de acuerdo con lo que trascendió de fuentes judiciales, al fallo del máximo tribunal bonaerense puso el acento en la necesidad de evaluar la relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante, y la consideración de la existencia de lugares especialmente destinados por el sistema carcelario para alojar personas en riesgo sanitario agravado.

   En sus fundamentos, el Tribunal añadió que el análisis de cada causa «debe efectuarse sin descuidar el enfoque sobre la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad, por ejemplo, en casos de violencia familiar o de género o agresión sexual».

   Estableció, a su vez, que debe asignarse prioridad «al trámite de las peticiones articuladas a fin de dirimirlas con la mayor celeridad posible y con participación de las partes interesadas», y reafirmó los supuestos abarcados en el fallo de Casación deben reconducirse para su resolución por parte de cada órgano judicial competente.

   La Corte afirmó que «la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal», y agregó que lo resuelto «debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes».

   Se puntualizó que el órgano de casación «desoyó» la directiva de la Corte dispuesta en su Resolución N° 52 del 25 de marzo pasado «en cuanto estableció que es atribución de los jueces competentes evaluar y discernir con arreglo al orden jurídico vigente la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad seriamente amenazadas por la situación pandémica».

   La Corte también definió que las medidas que habiendo sido impugnadas fueron concedidas sin observar el art. 163 del Código Procesal Penal —es decir aquellas ejecutadas antes que el trámite del beneficio hubiera quedado firme— «deberán ser evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente, bajo las mismas pautas señaladas para la ponderación de solicitudes aún pendientes de ejecución».

   En paralelo, en la sentencia de la Corte se recordó la vigencia de la prohibición de alojamiento en seccionales policiales de personas enfermas, menores de edad y mujeres embarazadas y/o con hijos o hijas menores de 5 años.

   Además, exhortó a la Legislatura provincial a abordar en un plazo razonable el examen y decisión sobre las adecuaciones que estime corresponder a la legislación provincial, en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efectiva la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

   Esta mañana, el gobernador Axel Kicillof reiteró en declaraciones a la FM Radio Con Vos que no estaba de acuerdo “con que tengan el beneficio de la prisión domiciliaria quienes hayan cometido delitos graves”. (Télam)

Un juez declaró inconstitucional una acordada que recomienda prisiones domiciliarias

Jorge De Santo hizo lugar a una acción de amparo que había presentado la agrupación Usina de Justicia. Señala que el texto de la Cámara de Casación Penal Nacional atenta contra la garantía de independencia de los jueces.

Un juez declaró «inconstitucional» la acordada Nº 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal, que recomendaba la concesión de prisiones domiciliarias en el marco de la emergencia por coronavirus.

   El juez Jorge de Santo falló anoche a favor de un amparo presentado por la asociación civil «Usina de Justicia». Lo hizo al establecer que la acordada atenta contra el principio constitucional de independencia de los jueces.

   La acordada 5/2020 fue firmada el 23 de abril, con la recomendación a los magistrados del fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires de extremar «los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria», con especial atención en los internos incluidos en los grupos de riesgo por el Covid-19.

   En su declaración de inconstitucionalidad, De Santo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37, explicó que «debe primar la independencia de los jueces, esto es que cada juez en cada caso que es sometido a su arbitrio y basado en la aplicación de las leyes y normativa vigentes, expedirse conforme entonces a derecho, en base a la sana crítica».

   Por ello, agregó, no «puede admitirse ninguna recomendación genérica que encomiende a todos los jueces bajo su esfera, una determinada conducta si el abanico procesal contempla distintas soluciones conforme cada particularidad del caso».

   Y remarcó que, pese a la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus, no se puede aceptar una «‘recomendación’ genérica para todo el universo de jueces y casos».

Unos 9 mil presos de cárceles bonaerenses hacen huelga de hambre: reclaman el regreso del 2×1

Los reclusos que realizan la medida de fuerza -iniciada el pasado 5 de diciembre- representan un 20 por ciento del total de los 46 mil detenidos en la Provincia de Buenos Aires.

Cerca de nueve mil presos realizan una huelga de hambre en cárceles bonaerenses en reclamo de prisiones domiciliares y el regreso de la Ley del 2×1.

   Los reclusos que realizan la medida de fuerza -iniciada el pasado 5 de diciembre- representan un 20 por ciento del total de los 46 mil detenidos en la Provincia de Buenos Aires y las unidades penitenciarias 21 de Campana, 6 de Dolores, 2 de Sierra Chica y 15 de Batán son las que registraban mayor acatamiento.

   Los principales reclamos de los presos son la morigeración en las condiciones de detención por medio del otorgamiento de prisiones domiciliarias que permitan descongestionar los penales.

   Asimismo, piden que se arme una mesa de diálogo para avanzar con la derogación de la denominada Ley Blumberg, que permite condenas de hasta 50 años de prisión por la sumatoria de delitos, y la restauración de 2×1, beneficio que computaba doble el tiempo de detención sin sentencia firme.

   Por el momento, no se registraron incidentes en las cárceles bonaerenses, ya que los detenidos señalan que se trata de una protesta «pacífica». (NA)

Más de 27 mil presos bonaerenses están habilitados para votar el domingo

En total son 27.037 los internos que están procesados y sin condena firme habilitados para emitir el sufragio, informaron desde el Servicio Penitenciario bonaerense.

Más de 27.000 presos alojados en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar en las elecciones nacionales que se desarrollarán el domingo.

En total son 27.037 los internos que están procesados y sin condena firme habilitados para emitir el sufragio, informó una fuente del Servicio Penitenciario bonaerense.

El vocero precisó que en 2017 estaban habilitados cerca de 16.000, aunque aclaró que votó alrededor del 23%, ya que muchos tienen dificultades con la documentación.

El sistema de votación en las cárceles se realiza a través de una boleta única de papel que contiene los candidatos a presidente y diputados nacionales, en la que deben marcar con una cruz su voto.

Según la ley 25.858 los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes. (Télam)

Más de 27.000 presos bonaerenses están habilitados para votar en las PASO

En total son 27.037 los internos que están procesados y sin condena firme, habilitados para emitir el sufragio.

Más de 27.000 presos alojados en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que podrán elegir candidatos a presidente y vicepresidente y diputados nacionales por el distrito.

   Una fuente del Servicio Penitenciario informó a Télam que en total son 27.037 los internos que están procesados y sin condena firme, habilitados para emitir el sufragio.

   El vocero precisó que en 2017 estaban habilitados cerca de 16.000, aunque aclaró que votó alrededor del 23 %, ya que muchos tienen dificultades con la documentación.

   El sistema de votación en las cárceles se realiza a través de una boleta única de papel que contiene los candidatos a presidente y diputados nacionales, en la que deben marcar con una cruz su voto.

   Según la Ley 25.858 los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.

   En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces competentes.

   Asimismo, habilitará mesas de votación en cada uno de los establecimientos de detención y designará a sus autoridades.

   La norma establece que los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda podrán votar en el establecimiento en el que se encuentren alojados, y sus votos se adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados. (Télam)