La unidad hará posible la derrota de la ofensiva macrista

La gigantesca movilización del 29 de Noviembre al Congreso, junto a las movilizaciones en diferentes puntos del interior del país, no sólo expresaron en su voluntad manifiesta de lucha el inmenso rechazo de los trabajadores y trabajadoras a los tres proyectos de ley de un ajuste salvaje que el gobierno de Macri impulsa en el Congreso, con el aval de los gobernadores (salvo el de San Luis) y de una parte de la CGT en el caso del proyecto de flexibilización laboral, sino también pusieron en marcha un camino de unidad que incluye a la Corriente Federal de los Trabajadores, a las dos CTA´s y a la Secretaría Gremial de la CGT que conduce Pablo Moyano contra el ajuste macrista.

Esta experiencia fue el puntapié inicial de una plan de lucha que aspira, por un lado, a aglutinar a vastos sectores populares, y por otro, a detener la ofensiva del ajuste neoliberal del gobierno de Macri. Es claro que el logro de estos objetivos va implicar un largo plan de lucha y una amplia convergencia de fuerzas y de contenidos. Pero hoy ya podemos visualizar algunos impactos como el desarrollo de contradicciones al interior de los Bloques parlamentarios, lo que avizora un tratamiento con dificultades y no una aprobación exprés como aspiraba el actual gobierno.

En el proyecto de ley de reforma previsional que ya votó el Senado con el apoyo de los gobernadores por vía de sus senadores, se realiza un escandaloso saqueo a los jubilados a través del cambio de la fórmula de actualización. Un guadañazo de 100.000 millones de pesos de los cuales 65.000 millones irán al fondo del Conurbano para la “acción política electoral” de María Eugenia Vidal.

Acompañando esto han aparecido los discursos justificadores de que el sistema jubilatorio nuestro es insustentable. Como es natural, detrás de esto viene el aumento de la edad jubilatoria y después alguna variante de privatización. No es de sorprender que estén pensando que la gestión del ANSES estaría mucho mejor a través de una institución privada. Una especie de subcontratación.

Este robo escandaloso a los jubilados como parte de un plan de ajuste aspiran complementarlo con una profundización de los despidos de estatales, además de congelar sus salarios. Esto tanto nacional como provincialmente ya que es a lo que se han comprometido los gobernadores ante la presión macrista de que sólo salarios estatales bajos en las provincias promueve salarios bajos en el ámbito privado.

Sobre la ley de precarización de los derechos laborales ya ha circulado suficiente información sobre sus contenidos y las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras. En este caso somos profundamente críticos del triunvirato de la CGT que, además de oponerle una débil resistencia en un primer momento, mutó esta actitud a un aval a la misma previo haberle hacho algunas modificaciones menores que no modifican la esencia de la misma. Como dijimos anteriormente, la postergación del tratamiento lo debemos atribuir a la fuerza de la movilización del 29, lo que nos da un poco más de tiempo para pujar con fuerza y evitar su votación.

Lo que no hay que perder de vista es que el eje estratégico de la política macrista es la baja de salarios como condición necesaria para que se desarrolle una corriente de inversiones del capital monopólico y en particular extranjero. Eso se complementa con la brutal transferencia de ingresos a los exportadores agropecuarios y mineros, con la bestial suba de tarifas y con el endeudamiento externo creciente para cubrir el déficits estatal. Los gurúes de la derecha (Broda, Melconian y otros) le reclaman que están atrasados en el ajuste del Estado. “Endeudamiento creciente sin contrapartida de ajuste estatal”

                                                                    Pablo Micheli – José Rigane

es explosivo, dicen. Esto nos da cuenta de la dura pelea que les espera a los trabajadores y trabajadoras del Estado nacional y provinciales. Para esta pelea la unidad y la solidaridad es imprescindible.

Acompañando estos objetivos de superexplotación de los trabajadores, desde el gobierno se realizan claras acciones contra la libertad y la democracia sindical. La primera de ellas es el anuncio de bajar 450 personerías gremiales. Detrás de este objetivo está la concentración de la representación y el fortalecimiento del unicato sindical. La otra es la denuncia de varias organizaciones sindicales de que el Ministerio de Trabajo, con argumentos burocráticos, no entrega la certificación de autoridades impidiendo el funcionamiento económico de las mismas. Unicato y autoritarismo son valores afines al macrismo.

A la par de la ofensiva del ajuste neoliberal de Macri es importante denunciar el creciente escalamiento de la política represiva. A la muerte de Santiago Maldonado, en el marco de la brutal actuación por parte de la Gendarmería Nacional, tenemos que agregar ahora el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, compañero de la etnia Mapuche, por parte de la Prefectura en una operación de “cacería” ante la toma de un terreno en la Villa Mascardi.

Recientemente, tenemos que agregar que un diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) de Neuquén resultó herido durante un desalojo que hizo la Policía de esa provincia en una maderera ocupada por sus trabajadores en rechazo al cierre del establecimiento.

Esta escalada represiva y de recorte de los derechos democráticos, sociales y sindicales tiene expresión en el decreto de la gobernadora Bertone que exonera al compañero Horacio Catena, Secretario general  del SUTEF y CTA-A de Tierra del Fuego, en la suspensión de su cargo como docente a Alejandro Gómez, también del SUTEF. En este marco, seguiremos exigiendo la libertad inmediata de Milagro Sala, presa política.

El escalamiento represivo de Macri se extendió al plano internacional. Está comenzando la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que en esta oportunidad se llevará a cabo en nuestro país.

El gobierno entiende que esta iniciativa y la llegada del G20 el año que viene es un gran logro en su iniciativa de abrir las puertas a las grandes multinacionales que “vendrían con inversiones”.

Las organizaciones populares en una apretada agenda y amplia convocatoria desarrollaran innumerables acciones, protestas y debates (seminarios, paneles diversos etc.) donde la CTA Autónoma es parte integrante fundamental. Se trata de una iniciativa global contra los tratados de libre comercio.

Sin embargo el gobierno de Macri, demostrando  también en este plano internacional su veta antidemocrática, blindó dicha cumbre e impidió el acceso de más 60 activistas globales, en especial a representantes de la ONG europeas.

A esto tenemos que sumar un agravante que cuestiona el estado de Derecho. El Poder Judicial en indudable alianza con el Poder Ejecutivo hace uso de la prisión preventiva a los procesados con el argumento de que se pueden escapar. El argumento de “violar la ley” se va pareciendo al de “subversivo”.

Lo notable es que estas detenciones han recaído sólo sobre dirigentes políticos y sociales opositores. Se parece bastante a la puesta a disposición del P.E en Estado de Sitio. “Te meten preso por las dudas” y te extorsionan políticamente.

A partir de lo que hemos planteado más arriba es claro que la política del gobierno de Macri, cuenta con el apoyo de buena parte de las clases dominantes nativas y del capital financiero internacional.

Pero también tiene a su favor que la clase trabajadora  y los movimientos sociales están atravesado por muchas contradicciones que promueven su dispersión e impiden hacer visible los elementos que le dan fuerza al proyecto macrista. El gran valor de la movilización del 29 de noviembre es que puso como cuestión principal detener la ofensiva antipopular macrista para luego poder organizar la contraofensiva que lo derrote. Ampliar esta unidad en todas las direcciones posibles, que incluyan a trabajadores y movimientos sociales es el camino.

En este sentido somos críticos de aquellas propuestas y dirigentes que, más allá de tener un discurso duramente crítico de la política macrista y de todos aquellos dirigentes sindicales (caso del triunvirato de la CGT) y sociales que aceptan el paquete de leyes de este ajuste, finalmente sólo buscan diferenciarse con el argumento de que ellos son la única “garantía de continuidad” en la lucha. Por este camino pierden de vista que la organización de amplios sectores populares es la condición necesaria para detener el proyecto macrista y también, la única garantía de continuidad en la lucha.

En el caso de nuestra CTA Autónoma hemos mostrado en la práctica, y no solamente contra este gobierno, que cuando el horizonte de acción exige la unidad de la clase trabajadora en lucha contra las políticas anti-trabajadoras, la unidad en la acción no es solamente una cuestión discursiva que sólo busca algún posicionamiento político de algún dirigente, sino que requiere de un activo trabajo político e ideológico, sin ningún tipo de sectarismo y sólo teniendo en claro los objetivos que se persiguen.

Este ha sido el discurso de nuestro Secretario General en cuanta tribuna se ha presentado la posibilidad de plantearlo.  Ya son varios los años que si hay un rasgo que caracteriza la política de nuestra Central, es la unidad de acción teniendo como norte estratégico la unidad de la clase trabajadora.

Sin embargo, tenemos otro desafío importante desde nuestra CTA Autónoma que es la imperiosa necesidad de fortalecer tanto organizativa como territorialmente la Central en cada provincia, en cada localidad, donde los trabajadores y trabajadoras de nuestro país encuentren una herramienta consolidada para dar pelea por sus derechos.

Hemos dado un paso grande con la movilización del 29 de noviembre organizada desde un marco de unidad de los trabajadores y movimientos sociales.

Este plan de lucha lo continuaremos con otras acciones, movilizaciones y medidas de fuerza buscando en la coyuntura impedir la aprobación del paquete de leyes de ajuste macrista. Una tarea central es trabajar en la ampliación de esta unidad con amplitud y sin sectarismos.

CABA, 12 de Diciembre de 2017.

Se reunió la Conducción Nacional de la CTA Autónoma

En el día de ayer se reunió la Comisión de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma con la presencia de compañeras y compañeros de distintas provincias y gremios nacionales.

En ella dejaron de manifiesto la avanzada del gobierno contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la mano de los despidos que no cesan, el plan de flexibilización laboral, los tarifazos, la situación de nulas posibilidades para los jóvenes, cómo así también la de los jubilados, en un contexto donde los magros salarios quedan por debajo de la línea de la pobreza.

En este sentido, Pablo Micheli, Secretario General  y de la CTA-A, hizo hincapié en la urgente necesidad de “confluir las tres Centrales en una medida de acción conjunta a nivel nacional”, al tiempo que afirmó que llevar acciones todos por separados “es hacerle el juego al gobierno que busca dividir para debilitar”.

En esta misma línea, la conducción nacional de la CTA-A expresó su preocupación ante el atropello del gobierno a la libertad y la democracia sindical.

La intervención de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, la intromisión en las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL),  la determinación tomada con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), la embestida contra los abogados laboralista señalados de “mafiosos” por el propio presidente de la Nación Mauricio Macri, dan cuenta del objetivo planteado por el gobierno a lo largo y ancho del país.

José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA-A remarcó que  “el gobierno de Macri está convencido de que el mejor sindicato es el que no existe, por eso hay 6 intervenciones en gremios y algunas más en proyecto”.  Además, remarcó que las empresas, el poder económico, la justicia y el Gobierno quieren un trabajador que no se sepa “defender”

“Es importante caminar hacia medidas contundentes de todo el movimiento obrero organizado, como un nuevo paro general y movilizaciones para confrontar esta y otras políticas neoliberales del gobierno de Macri”, cerró Rigane.

Consejo del Salario: Rotundo rechazo de las centrales sindicales a la propuesta del gobierno

Las centrales sindicales rechazaron la propuesta de aumento del Consejo del Salario para el Salario Mínimo Vital y Móvil en una reunión realizada hoy en el Ministerio de Trabajo.

En un hecho histórico, por primera vez desde el 2004 que se reúne el Consejo del Salario, las centrales sindicales rechazaron unánimemente la propuesta del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que realizaron los empresarios para llevar este salario a 10 mil pesos, dividido en tres cuotas.

Desde la CTA-Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT le exigieron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que el Salario Mínimo Vital y Móvil sea de 14.600 pesos, equivalente a una canasta básica de alimentos.

La propuesta de los empresarios consistía en un incremento en tres tramos que llevaría el piso salarial de los actuales 8.060 pesos a 8.800 a partir de julio, 9.200 pesos a partir del 1º de enero de 2018 y 9.800 pesos a partir del 1º de julio del año que viene.

El Gobierno de Mauricio Macri dispondrá por decreto que el sueldo mínimo sea de 8.860 pesos en julio, 9.500 pesos en enero y 10.000 pesos en julio de 2018.

En el encuentro, que se desarrolló desde esta mañana en la cartera laboral de Avenida Leandro Alem 650, en Capital Federal, participaron el secretario General de la CTA-A, Pablo Micheli, el Adjunto, José Rigane, representantes de la CTA-T y de la CGT.

José Rigane dijo a la salida del encuentro que terminó con el histórico rechazo, que “por primera vez desde el 2004, el movimiento obrero, absolutamente unificado en la posición, no aceptó la propuesta del empresariado”.

Pablo Micheli, dijo “que es hora de evaluar una protesta nacional de todos los sindicatos”.

CTA Autónoma

El hecho de que Mauricio Macri gobierna para los patrones en contra de los derechos de los trabajadores, no es ninguna novedad. A diario tenemos reiteraciones de esa ofensiva política por parte del Presidente, Ministros y Gobernadores. En el día de ayer, este combo se dio en la sintonía perfecta.

Los choferes de colectivo de la Ciudad de Córdoba llevan adelante una lucha en defensa de sus salarios, por la reincorporación de los despedidos que alcanza sin duda el calificativo de heroica. Al mismo tiempo, cabe destacar que esto se está dando contra su patronal y sus dirigentes burócratas (no es casual que crezca nuestra UCRA en todo el país), y soportando la presión de la fuerza armada dispuesta por el gobierno.

En este contexto, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, los estigmatiza diciendo que todo tiene un tinte político partidario y los culpa de oponerse al “cambio”, lo cual se traduce en inducir a que los trabajadores en lucha deban resignarse al pisoteo de sus derechos.

Por otro lado, los docentes de la provincia de Buenos Aires continúan con su plan de lucha por una paritaria justa y condiciones laborales dignas. La gobernadora María Eugenia Vidal, en lugar de resolver el problema salarial y poner a la escuela pública en el elevado lugar que debe estar, acusa a los docentes de perjudicar a los chicos, de tomarlos de rehenes, y de catalogar su pelea como algo “político partidario”.

En sintonía, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, aprovecha los micrófonos durante la jura del nuevo Canciller para cargar contra los jueces y abogados laboralistas que trabajan en defensa de los derechos de los trabajadores, que nacen de la Constitución Nacional (artículo 14 bis) y de las conquistas históricas del movimiento obrero (como por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo), e intentar encasillarlos en un negocio de mafiosos y extorsionadores.

Estos lamentables ejemplos de los propios actores del gobierno nos advierten de su inocultable propósito de atacar el derecho de huelga, la negociación colectiva, la Ley de Contrato de Trabajo, entre otros, siguiendo el nefasto camino de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo y de instalar sin restricciones la flexibilidad laboral en todo el país.

La CTA Autónoma denuncia que no estamos solamente frente a declaraciones anti obreras, sino al fomento del clima político que les permita al gobierno profundizar su política estructural de recorte sistemático de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con la criminalización de la protesta social como arma estratégica.  Por ello, estamos convencidos que las movilizaciones populares de marzo y abril pasados nos obligan a redoblar el camino de la lucha en unidad en defensa propia.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma   

Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A)

  1. La ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores (1988) confiere privilegios al sindicato con mayor número de afiliados.

La Comisión de expertos «desde hace numerosos años» viene señalando -ante nuestras quejas- que esa norma no está de conformidad con el Convenio 87.

Ambas CTA venimos reclamando desde hace 16 años que se nos reconozca la personería gremial.

El Ministerio de Trabajo prometió a la Comisión el último año que esa cuestión sería tratada en una Mesa de Diálogo Tripartito. Esa Mesa de Diálogo duró pocas semanas, ya no existe, y cuando el Ministerio «dialoga» lo hace principalmente con los empleadores y en caso de convocar trabajadores incluye solamente a la CGT.

La discriminación y la exclusión de las dos CTA por parte del Ministerio de Trabajo se sigue agravando cada vez más.

Denunciamos que desde que asumió el nuevo gobierno en diciembre de 2015, no solo no se nos reconoció la personería gremial, sino que no se inscribió a ningún sindicato de los que reclaman su registro desde hace años y aumentó la intervención del Ministerio de Trabajo en las elecciones sindicales.

  1. La Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) -entidad de segundo grado afiliada a esta CTA A- también reclama su personería gremial desde hace 16 años.

El Ministerio de Trabajo pone obstáculos, inclusive para frenar el trámite judicial que la obligue a reconocerla.

  1. El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (S.U.T.E.F.) presentó queja ante el Comité de Libertad Sindical en junio de 2016 por diversas violaciones especialmente de los Convenios 87 y 98 contra el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en su doble carácter de empleador y autoridad gubernamental.

El conflicto se desató a partir de una reforma del régimen previsional que defrauda los compromisos asumidos históricamente por el Gobierno de la Provincia frente a los aportes al sistema por parte de los trabajadores.

La protesta de los trabajadores es reprimida y sus dirigentes y militantes sometidos a procesos penales.

El Sindicato declaró una huelga por tiempo indeterminado, el Gobierno la declaró ilegal y además sustituyó a los trabajadores en huelga por otros.

Los dirigentes del sindicato son perseguidos en el marco de la criminalización de la protesta social y se intenta exonerarlos de sus puestos de trabajo, siendo especialmente relevante la situación del Secretario General Horacio Catena.

  1. La Federación Judicial Argentina (FJA) reclama desde hace años por el derecho a la negociación colectiva que se le niega a los trabajadores judiciales, salvo la excepción de algunas pocas provincias.

El Informe de la Comisión de Expertos refleja la falta de respuesta estatal a la violación denunciada.

En el caso del sindicato federado de la Provincia de Mendoza el Ministerio de

Trabajo anuló recientemente las elecciones de autoridades sindicales realizadas con la conformidad de todas las listas participantes y designó un interventor.

Mientras tanto la acción judicial iniciada por el Sindicato para recuperar su autonomía es obstaculizada por el Ministerio de Trabajo, que en estos días niega el envío de los expedientes administrativos para que los jueces puedan volver a poner las cosas en su lugar.

  1. La Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), sindicato que

agrupa a los choferes de vehículos de transporte de pasajeros, cuenta con inscripción gremial.

No obstante los empleadores no le reconocen ninguna representatividad y para ello cuentan con la complicidad del Ministerio de Trabajo que reconoce con exclusividad al sindicato con mayor número de afiliados a nivel nacional.

  1. El Sindicato que agrupa a trabajadores docentes de la Provincia de Misiones (MPL) tramita su pedido de inscripción gremial desde setiembre de 2011, pero el Ministerio de Trabajo no se la otorga.

El Secretario General del sindicato Rubén Darío Ortiz, dirigente social constructor de múltiples movimientos populares en la Provincia, es víctima de amenazas armadas y de persecuciones policiales y judiciales por su conducta en defensa del movimiento social.

  1. Desde hace muy pocos días, el 29 de mayo de 2017 el Secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Río Negro (también Sec. Gral. de la ATE provincial) y su Adjunto, Cros. Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, están presos acusados arbitrariamente de “coacción agravada” por haber encabezado una protesta pública en oposición a un proyecto de ley que perjudica los derechos de los trabajadores estatales provinciales.

La CTA Autónoma exige su libertad y reclama el cese de toda persecución gremial.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que se están repitiendo en todo el país en contra de la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de las personas, al criminalizarse la protesta social.

José Rigane                                   Pablo Micheli

Secretario Adjunto de la CTA-A             Secretario General de la CTA-A