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Persecución a dirigentes catalanes: Reclamo del gobierno a la ONU y al Consejo de Europa
El magistrado los acusa de desobediencia grave y prevaricación.
El juez instructor del caso del 9-N ha abierto juicio oral contra el ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex-vicepresidenta del gobierno Joana Ortega y el ex-consejera de educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. En cambio, el juez denegó abrir juicio oral por un delito de malversación de fondos públicos, único que podía implicar penas de prisión. La fiscalía no los acusó de este delito y pidió diez años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau por la organización del proceso participativo del 9-N. En cambio, la acusación popular pedía seis años de prisión por malversación, delito que fue denegado por el juez.
El ministerio público considera a Mas autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, y a Ortega y Rigau las considera cooperadoras necesarias de los mismos delitos. Según los fiscales, los tres eran ‘conscientes’ que con las acciones preparatorias del proceso participativo ‘rompían el obligado cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional’, que el 4 de noviembre, cinco días antes de las votaciones, ordenó suspender el proceso.
El gobierno catalán denuncia en la ONU la persecución a los diputados independentistas
El Ejecutivo también acusa al Gobierno español de vulnerar derechos fundamentales
El gobierno de Carles Puigdemont pidió ayuda internacional para denunciar la ‘persecución de los representantes electos que apoyaron la resolución I / XI del Parlamento de Cataluña’. Este documento, aprobado por el pleno el 9 de noviembre del año pasado, señalaba el inicio del proceso político de creación de un Estado catalán en forma de república, resultado de las elecciones del 27 de septiembre, que dieron una mayoría parlamentaria partidaria de la independencia.
Manuel Manonelles 
Según ha informado La Vanguardia, el director general de Asuntos Multilaterales y Europeos del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió a finales de agosto tres cartas a la ONU y al Consejo de Europa. Concretamente, en Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, a Gianni Magazzeni, el responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central, y Nils Muiznieks, el comisionado para a los derechos humanos del Consejo de Europa.
En estas cartas, la Generalitat denuncia la ‘persecución judicial’ de los diputados independentistas y anuncia las medidas que aplicará el gobierno catalán para preservar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español. El texto se refiere a la suspensión de leyes catalanas de carácter social, como la ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, la ley de vivienda social o de pobreza energética.
Persecución de cargos electos y vulneración de derechos fundamentales
En cuanto a la primera cuestión, el gobierno traslada la decisión de la comisión de Justicia del 23 de junio, que instaba al gobierno a elevar a los organismos internacionales de derechos humanos el ‘carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas’. Asimismo, comunica la reprobación del fiscal jefe de la Audiencia española, Javier Zaragoza, por haber dar la orden de ‘perseguir a los cargos electos catalanes’, y lamenta el uso de la justicia por parte del gobierno español, que ‘vulnera los derechos fundamentales y políticos de los representantes catalanes’.
Las cartas incluyen un anexo con nueve medidas para proteger los derechos fundamentales afectados por decisiones de España. El gobierno garantizará, dice el texto, ‘el acceso a la asistencia sanitaria pública y de calidad’ y mantendrá el sistema educativo de Cataluña. Asimismo, asegura que defenderá la autonomía de los gobiernos locales, la política de acogida de refugiados, el derecho de aborto, la financiación de la emergencia social y la gestión de la deuda.
Barcelona (INCAT-Vilaweb).