El Gobierno de Colombia y las FARC firman el acuerdo final de paz (Video)

Noticias de Colombia

 

Este lunes se ha llevado a cabo la firma definitiva de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. El 2 de octubre la población apoyará o rechazará la decisión mediante un plebiscito.

El 26 de septiembre de 2016 pasó a la historia de Colombia por ser la fecha en que, oficialmente, se puso fin a una guerra interna de 52 años. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han firmado este lunes el Acuerdo final de Paz.

«Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Vamos a desarmar los corazones. El pueblo deberá convertirse en el principal garante de lo pactado. Nosotros vamos a cumplir y esperamos que el Gobierno cumpla», afirmó el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’.

El líder de las FARC también ha anunciado el fin de la guerra y ha hecho un gesto histórico tras pedir perdón a todas las víctimas: «En nombre de las FARC pido perdón por todo el dolor que pudimos haber causado». «La tierra entera debería ser declarada territorio de paz para que todos las mujeres y los hombres podamos llamarnos y tratarnos como somos, como hermanos», añadió Londoño.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien estuvo presente durante la firma del acuerdo de paz, por su parte, ha agradecido a los países garantes y observadores por mostrar su contribución al posconflicto.

«Ustedes están invitando a los colombianos a que pasen la página para un futuro en paz. Los colombianos están enviando una luz brillante de esperanza que ilumina a todo el mundo. ¡Viva Colombia en paz!», manifestó.

Anunciado el pasado 24 de agosto, el proceso culminará el próximo 2 de octubre. El texto del acuerdo original pasó por el Congreso colombiano, que lo ratificó, al igual que dio curso a la realización de un plebiscito el próximo domingo donde la población decidirá si acepta o no las condiciones de la paz.

«Con su voto el próximo domingo 2 de octubre podremos dejar atrás un pasado triste y abrirle las puertas a un futuro mejor», ha declarado el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante su discurso. «La paz de Colombia es la paz de la región, la paz de todo el continente», añadió.

Por su parte, las FARC realizaron su última conferencia como organización guerrillera y aprobaron por unanimidad la firma de la paz. Si el acuerdo entra en vigor el grupo insurgente se convertirá en un partido político legal en 2017. Este plazo está dado porque el acuerdo supone un alto al fuego definitivo y un cronograma para la entrega total de las armas, en 180 días, a las Naciones Unidas. 

 


Felipe CaicedoReuters

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien estuvo presente durante la firma del acuerdo de paz, por su parte, ha agradecido a los países garantes y observadores por mostrar su contribución al posconflicto.

«Ustedes están invitando a los colombianos a que pasen la página para un futuro en paz. Los colombianos están enviando una luz brillante de esperanza que ilumina a todo el mundo. ¡Viva Colombia en paz!», manifestó.

El acto

La jornada, que transcurre en Cartagena de Indias, comenzó con un homenaje del presidente Santos a las Fuerzas Armadas. Posteriormente el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, ofició una misa por la reconciliación del pueblo colombiano.

Finalmente, por la tarde se realizó la firma oficial del acuerdo de paz donde participaron distintos jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, todos vestidos de blanco (el color de la paz). Entre ellos se cuentan los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; Bolivia, Evo Morales; Cuba, Raúl Castro; Chile, Michelle Bachelet; Ecuador, Rafael Correa; México, Enrique Peña Nieto; Paraguay, Horacio Cartes; y Venezuela, Nicolás Maduro.

John VizcainoReuters

Además del secretario general de la (ONU), Ban Ki-moon, en la ceremonia estuvieron presentes su predecesor Kofi Annan; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y los presidentes del Banco Mundial, Jim Yong Kim; del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.

Las FARC tendrán su partido político en mayo de 2017 si se implementan los acuerdos de paz

Breve historia del proceso de paz

De manera secreta los diálogos entre el Gobierno de Colombia y las FARC comenzaron en noviembre de 2011. Para octubre de 2012 las negociaciones se habían llevado a Oslo, Noruega y, finalmente, en noviembre del mismo año, se formalizó la que fue la sede definitiva: La Habana, Cuba, con la isla y Noruega como garantes del proceso y Venezuela y Chile como acompañantes y observadores.

Durante 2013 ambas partes anunciaron un acuerdo parcial sobre Política de Desarrollo Agrario Integral. Sin embargo en 2014 las negociaciones son interrumpidas por el Gobierno debido al secuestro del general del Ejército, Rubén Darío Álzate, que fue liberado al poco tiempo dando reinicio al diálogo. A pesar del cese al fuego, durante 2015 el Ejército colombiano realizó varios ataques a la guerrilla. A mediados de año, esta última decretó un cese unilateral de los ataques como gesto de buena voluntad.

Finalmente, a comienzos de 2016 se anunció que se habían alcanzado consensos en todos los puntos y que el acuerdo de paz sería concretado.

El plebiscito y el futuro

«Hay algo fundamental, que me da mucha esperanza, y es que el ‘sí’ no va a ser solo la respuesta a un plebiscito», afirmó a RT la militante de Marcha Patriótica Laura Capote. Según su mirada, a partir de este proceso «muchos sectores sociales que en Colombia nunca antes habían hablado de política o reconocido que había un conflicto que ha dejado millones de víctimas, hoy dicen ‘quiero aportar con mi voto al fin de la guerra’. Eso ya es una victoria».

 

Consultada sobre lo que se viene tras la aprobación del acuerdo, Capote opinó que serán «unos seis meses muy delicados» hasta el desarme total de las FARC, «donde la implementación de estos acuerdos va a ser claves para ver la voluntad de paz de ambas partes si, efectivamente, el Gobierno transforma todo aquello que prometió». No obstante aclaró que «para que se cumpla será necesario que el movimiento social colombiano y latinoamericano esté día a día ahí vigilando y garantizando que se lleve a cabo».

«Es importante que toda esa gente que se ha sensibilizado con el tema de la guerra sepa que tiene un papel importante a la hora de resolver el conflicto», añadió. Asimismo, convocó a que «no se queden en votar y ya», sino que los movimientos sociales los acerquen «a la lucha por la transformación del país», acotó.

Construir la paz

Finalmente, Capote aseguró: «Me siento llena de esperanza y fe en que hoy se empieza a escribir una nueva historia para Colombia». Para la entrevistada «dejamos de hablar de guerra y tenemos que empezar a hablar de que la participación política sea real para todos y todas. Que por pensar diferente, por considerarnos de izquierda, no podemos ser sujetos de asesinatos y exterminios como ha sucedido a lo largo de la historia».

La vocera de Marcha Patriótica enfatizó que «hay una transformación necesaria que no se va a dar con este acuerdo, sino que se va a dar a partir de la lucha social. Es una paz que se construye». Para eso «hay que hacer de América Latina un territorio de paz que abrace, proteja, acompañe y tome como propia la lucha colombiana», concluyó.

Santiago Mayor

 

— RT en Español (@ActualidadRT).

 

La OEA pide explicaciones a Temer por el «golpe» en Brasil

Noticias de Brasil

 

Tras un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA solicitó una respuesta al gobierno de Brasil sobre el proceso de destitución de Rousseff.

Los diputados Paulo Teixeira, Wadih Damous y Paulo Pimenta del Partido de los Trabajadores (PT) hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la suspensión del proceso de destitución que se lleva a cabo contra Dilma Rousseff. Los legisladores denunciaron que no hay delito imputable y que, en realidad, se trata de un golpe de Estado.

Si bien todavía la corte dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha pronunciado, sí solicitó al gobierno interino de Michel Temer un informe al respecto. Puntualmente se exige que Brasilia «presente explicaciones y argumentos sobre la naturaleza del proceso». Desde la Cancillería conducida por José Serra se informó que están elaborando una respuesta y que el plazo para presentarla es de siete días.

«No hay ni siquiera un proceso penal, no hay ley que defina esa conducta como crimen, además de todas las infracciones legislativas en el proceso», dijo Teixeira en su defensa de la mandataria suspendida.

¿De que se acusa a Dilma Rousseff?

Cabe recordar que la jefa de Estado fue suspendida -y busca ser destituida definitivamente- de su cargo bajo el argumento de haber tergiversado el déficit fiscal del año 2014. El caso se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas de Brasil, que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese ejercicio.

«El Estado brasileño gastó más de lo que tenía presupuestado» y decidió emplear «un mecanismo conocido como ‘pedalada fiscal’, que implica endeudarse con bancos para financiar» ese dispendio adicional, explicó el economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Wahren. Sin embargo este mecanismo ha sido utilizado previamente por políticos de todos los partidos de Brasil, sin llegar en ningún caso a un proceso de destitución.

A diferencia de lo que se ha construido mediáticamente, Rousseff no está acusada ni involucrada en casos de corrupción.

Contra el «blindaje institucional»

El periodista radicado en San Pablo, Gerardo Gamarra, explicó en diálogo con RT que «de cara a las instancias definitivas del proceso de impeachment contra la presidenta electa Dilma Russeff», que se desarrollara a partir del 25 de agosto en el Senado, «el pedido de revisión de la causa ante la CIDH, refleja dos aspectos de importancia en lo que hace a los procesos institucionales».

Por un lado, queda de manifiesto «la clara intención de respetar y mantener los procesos democráticos hasta en nivel internacional» como prueba «el accionar de los diputados del PT», apuntó Gamarra. Por otra parte, añadió, se observa «el mismo agotamiento de recursos legales dentro de Brasil» a la vez que, el hecho de que «la propia CIDH haga lugar al pedido y reclame explicaciones al gobierno ilegitimo de Temer, dan cuenta del blindaje institucional que montó la derecha golpista con acusaciones hacia Russeff», que «ni siquiera» están entendidas «como delitos en el código penal brasilero».

En paralelo a esta acción ante la CIDH -que de todas formas aún no ha emitido un fallo- en Brasil se siguen llevando a cabo iniciativas para denunciar e intentar detener el golpe de Estado. Rousseff y gran parte del PT apuntan a la realización de elecciones anticipadas mientras que en las calles se siguen sucediendo manifestaciones contra el gobierno de Temer y llamando a restituir el gobierno democrático.

Santiago Mayor

 

— RT en Español (@ActualidadRT).