Mario Rodriguez: «Vuelta de las clases presenciales ¿hicimos todos los deberes?»

El ex concejal de la UCR se refirió a la situación del regreso de las clases presenciales en el AMBA y el escenario que se presenta en Mar del Plata.

Por: Mario Rodríguez – ex concejal

Ante la decisión del gobierno provincial del retorno a las clases presenciales, a partir del próximo miércoles, en todos los niveles educativos en los distritos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), se ha instalado en nuestro municipio un lógico debate al respecto.

Entiendo como muy saludable que, en vez de polemizar públicamente al respecto, los funcionarios municipales expliquen debidamente si, en este tiempo, se han hecho todos los deberes para lograr la vuelta a una presencialidad efectivamente cuidada. Sería muy extenso contemplar todas las aristas, que requieren un abordaje desde lo pedagógico y psicosocial, pero también desde lo epidemiológico, en tiempos de pandemia. Sólo me concentraré en inquirir en un par de cuestiones que son responsabilidad exclusiva del municipio.

Cuándo el Intendente afirma que, si por él fuera, las clases volverían mañana mismo, ¿es consciente de lo que sus palabras implican o es una afirmación más vinculada a un deseo personal o un anuncio de tipo electoralista? ¿Están al tanto él y sus funcionarios de la cantidad de niñas, niños, adolescentes y adultos (escolares, docentes y auxiliares) que utilizan el transporte público para llegar a los establecimientos educativos o creen que todos son llevados o llegan de manera particular? ¿Conocen fehacientemente el estado de las calles y los alrededores de los establecimientos (luminarias, pavimentos, granza, tierra, pastizales, etc.)? ¿Seguro que está todo en perfectas condiciones? ¿Nos quedamos absolutamente tranquilos que ya mismo podemos comenzar con una presencialidad plena, o habría antes que convocar a algunas instancias de diálogo respetuoso y trabajo fecundo, para ello?».

En el caso de los establecimientos educativos, como Jefe Político del Municipio, ¿tiene a mano el Intendente un diagnóstico certero del estado en el que se encuentran cada uno de ellos? No hablo sólo de los que son parte del Sistema Educativo Municipal, en los cuales tiene incumbencia directa, sino también los provinciales y hasta los de gestión privada. Si es cierto lo que se dice en campaña, hay que garantizar que todos tengan resueltas algunas cuestiones básicas. Para eso, como mínimo, debe haber una tarea conjunta y permanente, más aún en tiempos de pandemia, entre la la Secretaría de Educación Municipal y la Presidencia del Consejo Escolar (ambas a cargo de dos integrantes del mismo espacio político, lo que debiera facilitar las cosas). Un informe común de ambas dependencias sobre el actual estado de cosas sería muy oportuno», expresó el ex concejal alfonsinista.

Insistiendo en el tema del transporte público, me preocupan sobremanera las exposiciones vertidas tanto por el Secretario de Gobierno como por el Subsecretario de Movilidad Urbana, al momento del tratamiento frustrado del pliego, cuando reconocieron que tienen ¨herramientas muy limitadas de control¨ y que ¨20 inspectores son insuficientes para cumplir con determinadas pautas de control¨. Ello motivó que el Jefe de Gabinete y el propio Intendente, salieran a aclarar que ¨se está trabajando con las empresas para aumentar las frecuencias y evitar de esa forma la aglomeración de gente¨. Al día siguiente (no esperaron mucho), la CAMETAP (Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros), a través de una nota firmada por Juan Inza, advirtió que no estaba en condiciones financieras de cumplir con el pedido de aumento de frecuencia. Este intercambio se dio en una situación similar a la actual, que requería la prestación del servicio con la totalidad del parque automotor para reforzar las frecuencias en el horario pico y, de esta manera, garantizar el distanciamiento social en las unidades. ¿Se avanzó ahora lo que no se pudo antes? ¿Los empresarios se allanaron a colaborar, desinteresadamente, o las ¨condiciones financieras¨ mutaron favorablemente, luego del último aumento del 47% dado a los empresarios?.

En lo atinente a los establecimientos educativos, sería conveniente afectar parte de los millonarios recursos que ingresan por vía del presupuesto municipal, y los que llegan al distrito en concepto de Fondo de Financiamiento Educativo, a fin de colaborar en la mejora de los mismos (hablo de TODOS), y en aumentar los cupos del servicio alimentario escolar. También sería importante dotarlos de los insumos imprescindibles (léase barbijos, máscaras, lavandina, alcohol en gel, etc.), para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y evitar contagios.

Párrafo aparte para bregar por la resolución del conflicto (ahora judicializado) que tiene en vilo a centenares de  alumnos, padres y madres que reclaman por la restitución del boleto estudiantil en las líneas de colectivo de Costa Azul, y que ven vulnerada la posibilidad de acceder a la educación, ante la imposibilidad de afrontar los costos del valor ordinario del boleto. En el 2019, cuando yo presidía la Comisión de Educación y el entonces Concejal Marcelo Carrara presidía la Comisión de Transporte logramos hallar la solución, por el compromiso de madres, padres y alumnos, concejales, consejeros escolares, defensores del pueblo, representantes de los gremios docentes (SUTEBA principalmente) y los entonces funcionarios municipales Alejandro Vicente (ex Secretario de Gobierno) y Claudio Cambareri (ex Subsecretario de Transporte y Tránsito). Es tiempo de resolver este tema ya, sin más dilaciones. Si antes pudimos hacerlo, ahora debemos lograrlo nuevamente.

Para finalizar, entiendo que todas estas cuestiones sobre las cuales he discurrido, y otras, tienen que aclararse en el Concejo Deliberante pero, además, desde el Departamento Ejecutivo se deben propiciar o constituir ámbitos donde tratarlas, si de verdad queremos concretar una presencialidad efectivamente cuidada.

Sin Misas en fase 3: ¿medida sanitaria o desprecio a la fe?

El presbítero Juan Cruz Mennilli, cura párroco de la parroquia Santa Ana de Mar del Plata, expresó su malestar por las restricciones a las actividades religiosas.

Por: Presbítero Juan Cruz Mennilli – cura párroco

No puedo seguir viendo la incoherencia y desproporción de algunas medidas de las autoridades, sin dejar en claro que –como a tantos- no me es indiferente el atropello sobre la libertad religiosa que se está llevando adelante.

Mientras que limitan el culto a 10 personas en espacios abiertos (que no todos tienen)  y envían la Policía de la Provincia a interrumpir una celebración religiosa al aire libre y con distanciamiento social, hoy (ayer, antes de ayer y seguramente mañana) nuestras autoridades realizan actos del mismo tenor (además de avalar ciertas manifestaciones y velatorios masivos) sin el menor problema. 

No es mi intención polemizar ni quitar el foco de donde debe estar: el cuidado de la salud y asimismo el resguardo de los derechos de todos. La misma Corte Suprema de la Nación afirmó el día de ayer que “la emergencia sanitaria no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. Derecho que –vale recordar- consagra en su Carta Magna la libertad religiosa en su artículo 14. Profesar la fe es esencial para muchos.

No tengo la menor duda de que estamos ante una situación de emergencia y de que cuidar la vida es un valor al que no debemos renunciar. Nunca lo hicimos.

Es por eso que jamás (ni en la cuarentena más dura del año pasado) hemos interrumpido las obras de caridad que llevamos adelante desde las comunidades religiosas: miles de familias acompañadas en nuestra ciudad. Es por eso que también en medio del desconcierto que el nuevo virus había generado, hemos obedecido las disposiciones y celebramos la fe el año pasado durante meses sin la presencia de fieles, inaugurando el modo virtual, además de haber rediseñado hasta el día de hoy las habituales manifestaciones masivas de fe (Marcha de la Esperanza, Corpus Christi, las fiestas patronales de cada comunidad), haciéndolas limitadas, virtuales, al aire libre o en vehículos: siempre observando los protocolos sanitarios. Siempre.

Pero las medidas de estos días parecen tener una motivación más peligrosa, o –en el mejor de los casos- ignoran el hecho de que las celebraciones han sido lugares “cuidados” con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Si el caso fuera este, sirvan estas líneas para notificar de ello a nuestras autoridades e invitarlas a salir a mirar cómo son las cosas en la realidad.

La reciente decisión que pretende prohibir en fase 3 las celebraciones en las Iglesias y las limita a 10 personas al aire libre (Resol. 1555/2021) es la que -en la misma fase 3- permite entre otras cosas (bien permitidas desde ya) las clases presenciales, los museos, restaurantes y shoppings con aforo del 30%, los talleres culturales con hasta 20 personas, entre otras actividades. Aún más: la misma resolución prevé que en la fase 4 y hasta en la 5, cuando prácticamente todo está habilitado, solo se permitan las celebraciones en las Iglesias con hasta 20 personas (independientemente de la dimensión de los templos).

Ante esta situación se presentan dos alternativas: pensar bien o pensar mal. Desde ya que elijo pensar bien. Si bien el detalle de los datos expuestos (con los que  no fue mi intención aburrir) podría demostrar manifiesta intencionalidad contra la fe y los derechos de los ciudadanos, prefiero pensar que la resolución mencionada es una norma de un gobierno que lógicamente no puede legislar con precisión y equilibrio sin sentarse a dialogar, en este caso con la Iglesia y todas las confesiones religiosas, en pos de lograr una medida que logre integrar todos los aspectos que se deben cuidar. Y elijo pensar que ese diálogo se dará a la mayor brevedad posible. 

No se trata de cumplir o no cumplir, de ser de CABA o de Provincia, Kirchnerista o antikirchnerista. Se trata de dialogar y buscar siempre las mejores soluciones. Más que nunca hace falta el encuentro de los argentinos. Mientras tanto, a la espera de ese diálogo que genere normas que no sean desproporcionadas e injustas, sigamos haciendo valer nuestros derechos y cuidándonos como ya sabemos y hemos hecho hasta ahora, porque, como dice el Papa Francisco, “nadie se salva solo”.

Presencialidad Educativa en tiempos de pandemia

Documento que sacó el equipo de Educación del senador provincial Lucas Fiorini.

Por: equipo de Educación de Lucas Fiorini – Crear

Las sociedades humanas, se crean y crecen a través de la sociabilización de los seres que la componen; la escuela después de la familia, es una de las instituciones sociales más importante dentro de la organización de un Estado.

Más allá del proceso de circulación de los saberes que se produce en el ámbito educativo, allí también se crean, crecen y fortalecen lazos afectivos y sociales entre todos los miembros de la comunidad educativa que son imprescindibles para la concreción de un proceso formativo integral que va más allá de lo meramente intelectual, abarcando todos los aspectos de desarrollo de la persona, tanto morales, como sociales y espirituales.

Hoy la realidad nos interpela, y por más esfuerzo docente que exista, la virtualidad no es suficiente para garantizar que la escuela cumpla acabadamente con su rol que es educativo, pero también socio comunitario.

El año de pandemia de Covid-19 que conllevó al ASPO tuvo consecuencias devastadoras en torno a la educación, afectando de manera considerable la continuidad pedagógica y el bienestar de los estudiantes. De esta manera, 1 de cada 4 estudiantes de barrios populares interrumpió su escolaridad durante el 2020, profundizando la desigualdad existente dado que los niños de contextos más desfavorecidos experimentaron mayores pérdidas de aprendizaje. Así se manifiesta en el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) el cual señala que solo uno de cada diez hogares bajo la línea de pobreza, pudo conectarse con la escuela.

En este sentido es inevitable reparar en la idea de que, dentro de la escuela, se detectan y abordan problemáticas mucho más difíciles de identificar a través de la virtualidad como ocurre con el abuso o maltrato infantil. Si a ello le anexamos que los agentes que más reportan situaciones de violencia intrafamiliar son los maestros, estaríamos en condiciones de afirmar que la virtualidad impide la visibilización de tales problemáticas.

Uno de los argumentos que fundamenta el cierre de las escuelas es que se reduce la circulación de personas y por lo tanto del virus, sin embargo estudios disponibles dan cuenta que la proliferación del virus y los contagios por Covid-19 no se producen en el ámbito escolar, máxime cuando la actividad educativa se desarrolla en el marco de aplicación de estrictos protocolos. En General Pueyrredón en lo que a la educación municipal se refiere, las estadísticas indican que de las más de 1600 burbujas existentes solo 46 fueron aisladas en marzo. En lo atinente a la educación provincial, de las más de 7000 burbujas que funcionan en el distrito, solo 44 fueron aisladas en lo que va de abril. Cabe resaltar que en muchos casos el aislamiento fue preventivo sin que se hubieran producido contagios. Según lo expresado, entendemos que cerrar las escuelas debería ser una medida de último recurso.

La no presencialidad afecta de cuajo el pleno ejercicio del derecho a la educación en todas sus dimensiones, pero somos conscientes que la continuidad de las clases presenciales requiere del diálogo permanente y del consenso de los distintos sectores, debiendo trascender las posturas partidarias y unificar a la sociedad priorizando a aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. No es una postura inflexible, lógicamente que deberá adecuarse a la realidad epidemiológica pero siendo conscientes que la escuela debe ser la última institución en cerrarse y la primera en abrirse.

En ese orden de ideas consideramos acertadas y acompañamos las medidas adoptadas por el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, sintetizadas en los siguientes puntos:

  • En el mundo, todos los expertos y expertas han enfatizado la importancia de la presencialidad.
  • En una sociedad como la nuestra con un altísimo índice de pobreza, no podemos darnos el lujo de no trabajar juntos por la educación.
  • Cerrar las escuelas causa daño a todos los miembros de la comunidad educativa, en forma particular a los alumnos, que por un lado se ven impedidos de socializar con compañeros y amigos que forman parte de su vida, y por otro no siempre cuentan con los medios tecnológicos para poder conectarse.
  • No se trata de elegir entre la educación o la salud de los chicos y sus familias. Se trata de aprender a convivir con el virus cuidando el bienestar integral.
  • Cada paso hacia la presencialidad se sustenta en evidencia acreditada por datos contundentes y se desarrolla sobre la base del cuidado de las personas.  
  • Lo importante es mantener la calma y seguir cumpliendo con cada uno de los protocolos.

Que los niños vuelvan a la escuela de manera presencial, es la garantía del respeto a la igualdad de derechos que debemos exigir a nuestros gobernantes porque: «El aula más peligrosa de todas es la que está cerrada».

Seguridad en Mar del Plata: «El Intendente debe definir un rumbo con claridad»

Ante la inseguridad reinante en el distrito, el ex concejal Mario Rodríguez se expresó al respecto.

Ante la inseguridad reinante en el distrito, el ex concejal Mario Rodríguez se expresó al respecto. «Durante mi paso por el Concejo Deliberante participé activamente del Foro de Seguridad, y fuí uno de los impulsores de la creación de la Comisión de Seguridad. Ahora, celebro que finalmente se haya podido constituir, ya que la considero el ámbito propicio para debatir y trabajar en construir políticas públicas en esa materia. Pero, para ello, el Intendente Municipal debe definir un rumbo claro y cierto, cosa que, lamentablemente, hasta hoy no se ve».

Rodríguez recordó que en el anterior gobierno, «marcamos como un error la designación de funcionarios que no eran de la ciudad, como Toty Flores, Agustín Cinto, Hernán Mourelle y otros, cuyas gestiones dejaron mucho que desear; o la injerencia desde la provincia de Joaquín de la Torre, como una especie de contralor del gobierno municipal. Hoy, Montenegro ha cometido el mismo error, nada menos que en el área de Seguridad, designando primero a Darío Oroquieta y luego a Horacio «Totó» García, y un equipo de colaboradores integrado también por foráneos que desconocen absolutamente la realidad del distrito, y algunos de ellos, encima, han llegado no precedidos por los mejores antecedentes».

«Las últimas manifestaciones del Presidente de la Comisión de Seguridad del HCD, el Concejal Nicolás Lauría, suman al desconcierto, máxime si, como se afirma públicamente, las mismas están avaladas por el Secretario de Seguridad y el Presidente del Foro de Seguridad. Ojalá en próximos días se aclare la propuesta y se propongan otras alternativas para erradicar la llamada «zona roja» que, es necesario afirmarlo, cada vez tiene menos que ver con el ejercicio de la prostitución y cada vez más con la venta de droga, con complicidades evidentes», continuó.  

«En esa linea, el dirigente radical manifestó que «sabemos que el Jefe de Gabinete, Alejandro Rabinovich, tampoco es de la ciudad, y que Guillermo Montenegro hace poco que ha vuelto a Mar del Plata, por lo cual, humildemente, debieran dejarse ayudar en esta materia pendiente de su gestión, para garantizar, a partir de los consensos, la aplicación de medidas que traigan mayor tranquilidad a los vecinos. Hay en nuestra ciudad personas realmente idóneas y con conocimiento de la problemática en el territorio, a las cuales consultar para diseñar una política de seguridad sostenible en el tiempo. Ojalá las convoquen».

A la hora señalada

El ex juez federal Juan Manuel Fernández Daguerre analizó los recientes cruces entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Por: Juan Manuel Fernández Daguerre – ex juez

Hacía falta un “sacudón” importante -casi un terremoto- para terminar con el lógico letargo que la edad y el retiro de la actividad provocan, cuando se toma conciencia que el tiempo de uno ha pasado y que hay que dejar la posta a una generación que debe hacerse cargo y que en el caso del Poder Judicial de la Provincia  de Buenos Aires, cuenta con funcionarios y empleados formados en un nivel de excelencia, con un alto compromiso con su función y con los justiciables.

El discurso del Presidente de la Nación en la apertura de sesiones en la Legislatura y luego el contenido -y principalmente el tono- de la intervención de la Vicepresidente ante el Tribunal que la juzga, constituyeron un verdadero “sismo” para las instituciones de la república en general y para el sistema judicial en particular. Claramente también para todos los que habiendo tenido una posición comprometida en la sociedad, seguimos con atención los temas que afectan a nuestro país.

En uno de los cines de mi Balcarce natal, cuando cursaba la escuela primaria, me topé con una película de vaqueros del lejano oeste norteamericano, que se conoció como “A LA HORA SEÑALADA” (Gary Cooper y Grace Kelly, – Dir. Fred Zinnemann – 1952) en la que un sheriff recibe la noticia de que en el tren del  mediodía un convicto que había encarcelado tiempo atrás volvía al pueblo y su banda llegaría para recibir a su jefe, consumar su venganza -anunciada durante el juicio- y luego, desaparecido el representante de la ley, hacer lo que les viniera en gana. La trama describía sus esfuerzos para que el pueblo asumiera la gravedad de la situación y se comprometiera a defender a esa comunidad de  la violenta banda, pero uno a uno lo van dejando solo, intentando algunos (hasta su mujer) convencerlo de los riesgos de enfrentarlos y que la mejor alternativa era que dejara el pueblo antes de  la llegada del tren.

A las 12 de ese domingo se colocó su chapa y salió solo con su revólver al centro de la calle principal a enfrentarse con ellos.

No sé si fue por el muy logrado suspenso de la película o por el insoslayable temor del personaje de Gary Cooper por tener que enfrentar solo el desigual reto, palpable en cada gesto o mirada -aunque no evitó que saliera a defender la vigencia de la ley-, pero su heroica decisión me marcó para siempre y ayudó a que se formara en mí una convicción que me ha acompañado toda la vida, respecto a que quien asume una responsabilidad o es convocado para un cargo relevante en la sociedad, tiene la obligación de hacer lo que se espera de él, lo que juró al asumir.

Cuando desde la cima del Poder Ejecutivo, en un accionar sin precedentes, se ataca a otro de los poderes del Estado con la virulencia que contienen ambos mensajes, con generalizaciones que no pueden tolerarse por los cargos que ambos ocupan, y menos aún cuando ejemplifican con un miembro de la Corte Suprema, o  jueces y fiscales en actividad, la cuestión adquiere singular gravedad e importancia, porque es precisamente la justicia quien por mandato constitucional es la custodia de la ley -que dictan los poderes que los acusadores detentan- y de la propia Constitución Nacional.

¿Qué es lo que se espera de un juez? Una aproximación simple nos diría que debe ser una persona que desde la imparcialidad propia del cargo (si hay alguna causa que afecte esa condición, debe inexorablemente excusarse de intervenir) decida una cuestión sometida a su jurisdicción por las partes, conforme las pretensiones y probanzas  de la causa y aplicando las normas legales vigentes.

Esa decisión no es infalible, por lo que existen instancias de revisión de su sentencia, que debe plasmar (bajo sanción de nulidad) los fundamentos que lo llevaron a dictarla. Esa instancia superior analiza el razonamiento del juez para arribar a su fallo y si los mismos son congruentes con el resultado, pudiendo revocarla si no es así y no es raro que ante groseros errores del inferior, requiera que organismos de control analicen la conducta del magistrado y si se prueba el mal desempeño o la comisión de un ilícito en el ejercicio del cargo, se inicie un procedimiento para su destitución.

Antes que alguien se pregunte de qué país es la justicia de la que estoy hablando, debo aclarar que es una descripción neutra y que es la forma en que deben actuar los jueces en una república, pero también afirmo que en mis más de veinticinco años en la justicia de la Provincia de Buenos Aires, es también la forma en que la inmensa mayoría de los jueces honran la gran responsabilidad del cargo para el que se capacitaron y juraron desempeñar cabalmente. Claro que hay otra justicia que es la que ocupa las primeras planas de los medios con indisimulados vínculos con el poder, que por acción u omisión parecería no encajar en estos parámetros, y la sociedad no diferencia unos de otros.

Eso es lo que me motivó a escribir esta carta, que se vincula a la pregunta anterior en cuanto a lo que puede esperarse cuando la situación a decidir tiene una inusual trascendencia o afecta los intereses del poder -político, económico o inclusive mediático- que si bien implican una presión adicional a la ya de por sí difícil tarea de tomar decisiones trascendentes –y muchas veces contramayoritarias- es parte de la función judicial y principal justificación de la protección constitucional de su independencia, que el juez no solo la soporte, sino que resuelva la cuestión aplicando la ley conforme su convicción basada en la prueba legalmente recogida en el proceso.

Si no es capaz de hacerlo por falta de valor o por cualquier otro motivo no vinculado al caso, no sirve para el cargo y si cede a cualquier interés extraño, debería ser destituido solo por eso. Si quienes han iniciado esta brutal ofensiva contra uno de los poderes del estado -no por casualidad el encargado de velar por la vigencia de la Constitución Nacional de la que es el último intérprete- tienen pruebas del mal desempeño de alguno de los magistrados que mencionaron, en vez de describir la cuestión de forma general como lo hicieron, presionando con modificar la composición de la Corte Suprema,  del Consejo de la Magistratura o el “control cruzado” del parlamento -que algún obsecuente transformó en un pedido de formación de una comisión bicameral -deben hacer lo que es obligación legal de todo funcionario público, hacer la denuncia y confiar en el funcionamiento del Estado de Derecho.

Cualquier otro camino pone en riesgo todo el orden institucional de la nación, y nuevamente habrá que volver a la pregunta retórica que subyace en este tema: Qué harán nuestros jueces A LA HORA SEÑALADA? Si como espero, son fieles a su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes -que emanan de los otros dos poderes del estado-, no habrá que dejarlos solos como al Sheriff de la película que me marcó.