El TSJC rechaza el recurso de Mas, Ortega y Rigau y la causa del 9-N continúa su curso

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Los abogados defensores pedían el archivo de la causa contra los dirigentes políticos

 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó un auto rechazando el recurso de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau que pedía de archivar la causa abierta contra por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Los abogados defensores del ex-presidente, la ex-vicepresidenta y la ex-consejera de Enseñanza habían presentado a principios de julio tres solicitudes para archivar el caso una vez concluida la instrucción de la causa.

Las defensas creían que había quedado demostrado que ninguno de los tres cometió ningún delito de desobediencia ni prevaricación. En los escritos aseguraban que en ningún momento el gobierno incumplió la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre, ya que no organizó ninguna consulta vinculante con censo de votantes y no llegó ningún requerimiento formal y expreso a los encausados.

En sus escritos los abogados recordaban que el Estatuto de autonomía (norma institucional básica de autogobierno) permite al gobierno catalán organizar procesos participativos y una parte de la Ley de Consultas que no fue suspendida por el TC también insta al Ejecutivo a fomentar la participación ciudadana en decisiones políticas. Así, consideraban que su actuación había sido totalmente política.

Madrid (INCAT-Vilaweb).

La Fiscalía podría pedir 10 años de inhabilitación para Mas por el 9-N

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Según publica “El Mundo”, no habría petición de cárcel

La Fiscalía podría pedir 10 años de inhabilitación para Artur Mas y una sanción económica por la consulta ciudadana del 9-N, en un juicio que podría celebrarse en los próximos meses.

Según publica hoy el diario “El Mundo”, la Fiscalía pondrá el foco “muy especialmente” sobre el ex-presidente de la Generalitat, al que acusan de prevaricación administrativa y desobediencia grave al Constitucional por haber celebrado el proceso participativo el 9 de noviembre de 2014. No habría petición de prisión, según esta información, porque los fiscales creen que no hubo despilfarro de dinero público, ya que los gastos se comprometieron antes de la suspensión de la consulta por parte del Constitucional.

 

Barcelona (INCAT-TVC).