Desde la Defensoría del Pueblo advierten que «las adicciones no paran de crecer»

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, alertó que la Argentina es el país del continente donde más aumentó el uso de cocaína, mientras se redujo la edad de inicio en el consumo de alcohol y éxtasis.

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, alertó que la Argentina es el país del continente donde más aumentó el uso de cocaína, mientras se redujo la edad de inicio en el consumo de alcohol y éxtasis. Alertó por las consecuencia de los recortes presupuestarios en el sistema de prevención y asistencia de las adicciones.

 

“El récord de incautaciones realizadas por las fuerzas de seguridad, en los últimos años, no se ha traducido en una disminución del consumo de estupefacientes. Atacar solo la oferta de droga no alcanza. Tenemos que ir hacia un nuevo paradigma y establecer un programa integral, que ponga el esfuerzo en atacar los circuitos de financiamiento y lavado de dinero de las organizaciones narcocriminales, y que al mismo tiempo apunte a reducir la demanda mediante la prevención y extrañamiento de las adicciones. Son dos caras de una misma moneda”, expuso Martello en la apertura de la conferencia “El Futuro de la Política sobre Drogas en la Argentina”, que se realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas. 

 

Estuvieron presentes autoridades de la Sedronar, representantes de la Pastoral Social y referentes de Madres del Paco.

 

El Defensor del Pueblo Adjunto detalló algunos indicadores basados en datos de la Sedronar y en relevamientos realizados por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensora del pueblo bonaerense:

 

-La edad de inicio en el consumo de alcohol se ubica en los 11 años

-En comparación con el año 2010, se triplicó el consumo “alguna vez en la vida” de cocaína entre adolescentes (Sedronar).

-Argentina ocupa el tercer lugar entre los países de América con mayor consumo de cocaína. Y es donde más aumentó la prevalencia de su uso entre 2010 y 2017: 129%

-La edad de inicio del consumo de éxtasis, en la última década, pasó del los 16 a 14 años

-El inicio en el consumo sin prescripción médica (s/pm) de tranquilizantes se ubica cercano a los 25 años con una tasa de consumo reciente del 0,7 %, algo superior entre las mujeres y entre los adultos de 25 a 34 años (0,9 % y 1,4% respectivamente).

 

“Ante este panorama, realmente cuesta entender cuál es el motivo por el cual no se extendió el estado de emergencia que había decretado el presidente Macri y que venció en diciembre de 2018, sin que siquiera haya adherido la provincia de Buenos Aires. Incluso, lo que resulta aún más preocupante, es que se mantenga el recorte sobre el presupuesto de la Sedronar, organismo que tiene a su cargo el desarrollo de las políticas integrales para el tratamiento y prevención de las adicciones”, sostuvo Martello, quien es responsable el Observatorio de Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

 

Remarcó que es necesario “declarar la emergencia en todo el país para dotar de recursos al sistema de prevención y tratamiento, y configurar una nueva política de Estado que incluya el fortalecimiento y creación de nuevos dispositivos”.

 

El Defensor del Pueblo Adjunto también propuso

 

-Desarrollar los Tribunales de Tratamiento de Drogas para que aquellas personas adictas, que hayan cometido delitos menores, realicen tratamientos de rehabilitación a cambio de la extinción de la pena.

-Revisar la Ley de Estupefacientes y la Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes

-Es indispensable que el sistema judicial respalde un nuevo criterio: asegurar que las sanciones sean proporcionadas.

-Capacitación para los/as operadores judiciales y administrativos y de seguridad respecto a lo que representa la política de drogas con perspectiva de género y derechos humanos

-Adoptar un enfoque integrado y equilibrado, vinculado a la salud pública.

Autismo: piden aplicar la ley de abordaje integral social e introducir cambios en el sistema educativo

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, advirtió que no existen registros estadísticos oficiales y mostró preocupación por el financiamiento de programas específicos

De acuerdo a la Asociación Argentina de Padres de Autistas, esa condición alcanzaría a unas 400.000 personas en nuestro país. Y se estima que a nivel internacional alcanzaría a 1 de cada 59 niños/as. El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, advirtió que no existen registros estadísticos oficiales y mostró preocupación por el financiamiento de programas específicos: los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) durante 2018 se incrementaron solo en un 22,3%, muy por debajo de la inflación real que llegó al 47,6%. Asimismo, en 2018, quedó aproximadamente el 2,8% del presupuesto sin devengar, lo equivale a unos $23,5 millones.

Martello participó como invitado en una jornada de concientización sobre la Condición del Espectro Autista (CEA) denominada “De la adultez para las Infancias: nuevas prácticas”, que se realizó en el Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata en el marco de las actividades por el Día Mundial del Autismo, que se celebra el 2 de abril. También disertó el neonatólogo Juan Guillermo Salas, director de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud bonaerense y presidente de la Fundación Ludovica-Hospital de Niños; y la licenciada Sandra Katz, Coordinadora de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata.  

Durante su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto pidió la urgente reglamentación de la ley nacional 27.043, aprobada hace 5 años, que garantiza el abordaje integral e interdisciplinario, como así también la cobertura médica terapéutica, a las personas autistas, especialmente a niños, niñas y adolescentes que presentan esa condición.  “Hay una tendencia generalizada en pensar el espectro autista desde las implicancias en la niñez, pero muy poco en el desarrollo de dichas personas en su etapa adulta”, remarcó el Defensor del Pueblo Adjunto, quien tiene a su cargo el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de dicho organismo.

En sintonía con las propuestas de reconocidos especialistas como Alexia Rattazzi, Martello remarcó la necesidad de avanzar en un nuevo paradigma que implique, por ejemplo, dejar de usar el término Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Tenemos que animarnos y cambiar la palabra Trastorno por Condición, para evitar la estigmatización. Hay que dejar de lado la imagen de que los niños/as autistas están relacionados directamente con personas no verbales y conductas problemáticas, cuando existe todo tipo de perfiles. Los TEA deben pasar a ser CEA. Cada niño/a es un universo con su propia norma”, remarcó.

La ley 27.043, que cuenta con la adhesión de la provincia de Buenos Aires, promueve la investigación clínica y epidemiológica, detección temprana, diagnóstico y tratamiento, la difusión de la información y el acceso a las prestaciones. Además, exige que se ponga en marcha la elaboración de registros sobre el tema, dado que en la Argentina no existen estadísticas desagregadas. En ese sentido, Martello reiteró que resulta necesario que la reglamentación de dicha ley reformule los paradigmas de la norma, evitando retrocesos que no guardan correlación con los postulados de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, siendo el primer tratado de derechos humanos con rango constitucional en nuestro país.

El comité internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en oportunidad de monitorear y evaluar el nivel de cumplimiento de la convención en la Argentina, advirtió sobre “la inexistencia de un plan integral para transformar el sistema educativo de uno segregador y excluyente a uno inclusivo”. Dicho informe también dio cuenta que el Estado ha indicado, en el marco del relevamiento hecho por el Sistema Regional de Información Educativa de los estudiantes con discapacidad (SIRIED), que “del total de 141.627 estudiantes con discapacidad matriculados, unos/as 61.552 estaban en escuelas regulares/comunes y que 80.075 lo estaban en escuelas especiales, es decir el 56%”.

“Es necesario abordar la condición del espectro autista desde un nuevo paradigma de discapacidad, basado en un modelo social que contemple la diversidad entre los seres humanos. Tenemos que apuntar contra las barreras que existen en el ambiente, que impiden a las personas autistas poder ejercer a pleno sus derechos”, explicó Martello durante la jornada de concientización, organizada por la Fundación Fausto, con el apoyo de la UNLP, el Colegio de Abogados de La Plata (CALP), la Fundación Ludovica, la Fundación Brincar, TGD-TEA Berazategui y el Centro de Estudios “Pensando Políticas Públicas”.

«En tres años, las subas en las tarifas de gas acumulan el 2300%”

Así lo afirmó el Defensor de Pueblo Adjunto, Walter Martello, al participar en la audiencia pública que fue convocada para tratar el aumento de las tarifas propuesto por las distribuidoras. Alertó sobre el impacto del Impuesto al Cheque que las compañías transfieren a los usuarios: alrededor de $150 millones por año.

El Defensor de Pueblo Adjunto, Walter Martello, participó en la audiencia pública que fue convocada para tratar el aumento de las tarifas propuesto por Camuzzi, Metrogas y el resto de las distribuidoras.

A su vez, el defensor del Pueblo Adjunto sostuvo que el marco normativo instituido en los años 90 también posibilita el traslado de Ingresos Brutos y ello genera, a partir de las diferencias existentes entre jurisdicciones, serias inconsistencias. “Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Madero, el primero paga un cargo variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.

El Defensor del Pueblo Adjunto también advirtió que, mientras se multiplican las utilidades de las empresas distribuidoras, cae el número de usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares que no acceden a la red.

“Los incrementos que se vienen aplicando desde hace tres años violan los requisitos de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una suba de más de 2300% en los últimos tres años. El último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense.

Otro aspecto controvertido del pedido de revisión tarifaria radica en que, en el caso de la empresa Metrogas, no se tuvieron en cuenta los 3 indicadores económicos -ponderados en un tercio cada uno- establecidos por el organismo de control (ENARGAS). Este sistema fue utilizado el año pasado, provocando una variación tarifaria menor a la que había propuesto la compañía. Por tal motivo, la empresa presentó un recurso de reconsideración que, llamativamente, aún está pendiente de resolución por parte del organismo de control. “Producto de ello, ahora Metrogas vuelven a utilizar los indicadores que más le conviene a sus intereses. Propone subas de entre 32 y 35 por ciento en los cargos fijos y variables, cuando la inflación proyectada por el gobierno del Presupuesto 2019 es del 23%”, dijo el defensor del Pueblo Adjunto.

Otro dato que genera preocupación es la caída en la entrega de gas a clientes residenciales, que en el caso de Metrogas se encuentra en el nivel más bajo desde 1998. Eso no es todo: los últimos meses del año pasado, según datos del ENARGAS, esta compañía que distribuye gas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires perdió más de 87 mil clientes. “Si bien la situación puede deberse a varios factores, uno de los motivos principales de esa reducción sería la imposibilidad de hacer frente a los aumentos de tarifas”, sostuvo Martello.

En ese contexto, salieron a la luz incongruencias manifiestas en lo que se refiere a la importación y exportación de gas. Concretamente, YPF viene realizando contratos de exportación a Chile que contemplan precios mucho más bajos respecto a lo que se le paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.

“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 US$/MMBTU, mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 US$/MMBTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, concluyó Martello.

Piden con «urgencia“ en la provincia de Buenos Aires un ley de dislexia

Se trata de una dificultad en el aprendizaje que afecta entre 10 y 15% de los niños.

Tras la reglamentación de la ley nacional, el Defensor del Pueblo Adjunto remarcó que el objetivo es crear un Programa para la Detección Temprana, Diagnóstico, Tratamiento y Capacitación de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) en el sistema educativo y en el sistema de salud de la Provincia.

Existen varias iniciativas en la Legislatura que van en esa dirección. La pronta sanción permitiría dejar atrás dificultades para la adecuada formación docente y para la cobertura que debería brindar el IOMA. También posibilitaría que el Estado brinde herramientas en hospitales públicos para poder dar atención a aquellos adultos y Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) a quienes se les detectó dislexia y no tienen obra social

Walter Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Derechos de NNyA de la Defensoría, viene generando encuentros con Ongs, profesionales y docentes. En ese ámbito, se elaboró una guía básica de difusión.

Durante las reuniones nos plantearon que uno de los principales problemas es que no existen datos y no hay información certera sobre ésta condición que, se estima, afecta entre un 10% y 15% de los niños y niñas. Desde la Defensoría apoyamos la lucha que vienen realizando estas entidades por la sanción de la Ley”, manifestó.

El responsable del Observatorio de Derechos de NNyA remarcó que “hemos consultado a numerosos docentes de la Provincia, que están preocupados por la problemática, y nos expresaron su deseo de recibir capacitación. También nos dijeron muchos de ellos que solo conocen la existencia de cursos privados”.

Los proyectos que tramitan en la Legislatura contemplan un sistema público de capacitación docente para la detección temprana, prevención y adaptación de las formas de acceso a los contenidos educativos por parte de los alumnos disléxicos, disponiendo al mismo tiempo de un sistema integral en atención a las necesidades y requerimientos de cada caso en particular. También obligan al IOMA a garantizar la cobertura.

El Programa de Detección Temprana, Diagnóstico, Tratamiento y Capacitación busca que los alumnos con DEA tengan la debida inclusión en el ámbito escolar. Además de la dislexia, otras dificultades en el aprendizaje son:

  • Dislalia: dificultad en el habla
  • Disgrafia y disortografía: dificultades a la hora de observar errores ortográficos; omisiones y sustituciones de letras al momento de escribir; lectura muy silábica, que impide asociar automáticamente fonema y grafema
  • Discalculia: dificultades para reconocer los números y ello impide, por ejemplo, poder aprender las tablas de multiplicar y distintos contenidos automatizados.

La dislexia tiene como dificultad central el reconocimiento de las palabras y la fluidez de la lectura. Se pueden observar errores también en el deletreo y escritura. Algunos disléxicos aprenden a leer en los primeros grados pero comienzan a mostrar dificultades más serias a medida que se complejiza el material escolar.

Las DEA no son una enfermedad,  no se curan. Es para toda la vida. Con las adaptaciones necesarias se puede lograr una escolaridad normal, pero ello requiere que esas adaptaciones se mantengan en el tiempo.

El Defensor del Pueblo Adjunto destacó que la ley 27306, que declara de Interés Nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan DEA, “fue un gran avance”. Pero también consideró que “vemos con preocupación que varios artículos esenciales de esa norma aún no hayan sido reglamentados. Entre ellos, el que establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe designar una autoridad de aplicación”.