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Responderán ante la Justicia 4 ex ministros, 4 ex presidentes autonómicos, 11 ex diputados, 10 alcaldes, 4 tesoreros y decenas de cargos regionales y municipales
“¡Rita, eres la mejor!” Mariano Rajoy, un hombre de emociones controladas, no paraba de repetir esa frase. Su discurso, entre ovaciones, era una oda a Rita Barberá, entonces alcaldesa de Valencia, que agradecía de pie. Un año más tarde el presidente español quisiera quemar ese video.
A Barberá, actual senadora, el Tribunal Supremo la imputó esta semana por maniobras de lavado de dinero cometidas durante los 24 años que gobernó la tercera ciudad del país. Presionada por el gobierno, se dio de baja del Partido Popular (PP), pero se niega a renunciar a su banca y a los fueros que la protegen. Rajoy tiembla. En medio del tortuoso proceso para formar gobierno, el lastre de la corrupción en el PP dinamita los últimos puentes para alcanzar un acuerdo de investidura que evite otras elecciones.
El caso Barberá, de enorme simbolismo, es apenas una muestra de lo que se le viene encima a Rajoy. Juicios, procesamientos, confesiones, denuncias: la política se traslada a los tribunales en un momento decisivo del bloqueo institucional que lleva ya nueve meses. Este lunes 19 empieza el juicio oral por el escandaloso uso de tarjetas corporativas por parte de los directivos de Bankia, la entidad financiera cuya crisis casi lleva a la quiebra a España en 2012. En el banquillo estará Rodrigo Rato, ex ministro de Economía de los conservadores del PP. La semana siguiente se abre el juicio por el caso Gürtel, en el que se investiga a una red de empresarios y funcionarios del PP que durante años amañó contratos públicos y ocultó sobornos.
Un verdadero dream team de la era Rajoy desfilará por la sala de audiencias. Las cámaras apuntarán al ex tesorero Luis Bárcenas, hombre de confianza del presidente hasta que la Justicia descubrió que escondía cuentas en Suiza con más de 40 millones de euros. El mismo que llevaba una contabilidad negra donde anotaba los sobresueldos que según él pagaba a la cúpula del PP, Rajoy incluido.
Por si no fuera suficiente, esta semana Jaume Matas, ex presidente por el PP de las Islas Baleares, negoció un pacto con la Fiscalía que lo investiga por corrupción que implica confesarse culpable y entregar datos de otros dirigentes del partido a cambio de una pena que lo libre de prisión. Rajoy evita los micrófonos. Barberá, Matas, los juicios… y encima le tocó lidiar con un costoso error propio al designar en el Banco Mundial a su amigo y ex ministro José Manuel Soria, que en abril debió dejar el gobierno cuando los Panamá Papers revelaron que tuvo empresas ocultas en paraísos fiscales. Y aunque al final dio marcha atrás, no pudo evitar el martes una interpelación a su ministro de Economía, Luis de Guindos, en la que la oposición lo puso contra las cuerdas.
“No podemos pactar con Rajoy si ampara a Barberá o trata de «enchufar» a Soria”, advirtió el liberal Albert Rivera, líder de Ciudadanos, el partido con el que el PP firmó en agosto un acuerdo para formar gobierno. Aquel intento fue insuficiente: Rajoy perdió por seis votos en la sesión de investidura del día 2, vetado por el socialismo, la izquierda radical y los partidos nacionalistas. Pero el apoyo de Rivera es vital si pretende ser reelegido en algún momento. Hasta el 31 de octubre hay tiempo para que el Congreso elija por mayoría a un presidente. En caso contrario, se llamará a nuevas elecciones para diciembre, las terceras en un año.
Los juicios que devolverán a la primera plana el financiamiento ilegal del PP caen en los días finales de las negociaciones y se extenderán durante una eventual campaña. El costo de pactar será alto para Rivera, pero más aún para el socialismo si decidiera permitir gobernar a Rajoy. La corrupción figura en todas las encuestas como la segunda preocupación de los españoles, detrás del desempleo.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechó la avalancha judicial para reafirmarse. “No vamos a indultar a Rajoy”, dijo ayer. Es la excusa perfecta para resguardarse de los poderosos sectores internos que le piden ceder para que España pueda al fin tener un gobierno estable. “¿Quién puede dar la cara por el PP después de esta semana?”, admitía ayer un dirigente del sector crítico del socialismo.
En estos momentos hay 30 procesos por corrupción que involucran al PP, incluidos cinco en los que el partido en sí es acusado. Tienen que responder ante la Justicia cuatro ex ministros, tres ex presidentes autonómicos, 11 ex diputados, 10 alcaldes, cuatro tesoreros y decenas de cargos regionales y municipales.
Madrid (INCAT-La Nación, por Martín Rodríguez Yebra).-
