Indagarán a dos hombres acusados de organizar fiestas clandestinas en Mar del Plata

La Justicia Federal de Mar del Plata pidió que sean indagados dos hombres acusados de generar un alto riesgo de propagación del coronavirus, al haber organizado al menos cuatro fiestas clandestinas en la zona norte de la ciudad.

La Justicia Federal de Mar del Plata pidió que sean indagados dos hombres acusados de generar un alto riesgo de propagación del coronavirus, al haber organizado al menos cuatro fiestas clandestinas en la zona norte de la ciudad, informaron fuentes judiciales.

Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal 1 de la localidad balnearia, ordenó esta medida, en línea con un pedido de la Fiscalía Federal 2, a cargo interinamente de Daniel Adler.

La fiscalía pidió además el secuestro de teléfonos celulares que podrían haber sido utilizados para difundir las convocatorias ilegales.

Los acusados fueron denunciados por vecinos del barrio Montemar, quienes indicaron que al menos el 16 de agosto de 2020, el 29 y 31 de enero y el 14 de febrero de 2021, se realizaron eventos con gran cantidad de personas en una vivienda ubicada en la calle Calasanz, en violación a la normativa vigente en el marco de la pandemia.

Según se constató en distintas intervenciones policiales, en al menos uno de estos encuentros, además de una gran cantidad de vehículos en el patio delantero y música a alto volumen, se detectó que los asistentes llevaban pulseras fucsia, como si se tratara de una fiesta vip.

En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que uno de los acusados es dueño de un reconocido bar de la zona de Playa Grande, por lo que no se descartaba en la investigación que hubiera utilizado esa condición para la realización de las fiestas en su domicilio particular.

Vecinos del inmueble declararon en el marco de la investigación que las fiestas eran recurrentes, y que incluso se realizaban varias por semana y en distintos horarios, pese a las advertencias policiales.

La Secretaría de Seguridad del partido de General Pueyrredón recibió de hecho 15 denuncias sobre este domicilio, a través de la línea de Whats-App habilitada para ese fin.

«La organización reiterada por parte de los imputados de eventos masivos como los que aquí nos convocan (fiestas sin ningún tipo de habilitación ni control del Estado, en una casa alquilada, para un importante número de personas y en franca violación a la normativa vigente) sin duda implicó un alto riesgo de propagación de la enfermedad Covid-19», sostuvo la fiscalía. (Telam)

La causa por espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan tramitará en Juzgado Federal de Dolores

La Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se investigue en el Juzgado Federal de Dolores, al denegar un recurso presentado por el fiscal Daniel Adler para que el expediente se siga instruyendo en los Tribunales de la ciudad balnearia.

La Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan se investigue en el Juzgado Federal de Dolores, al denegar un recurso presentado por el fiscal Daniel Adler para que el expediente se siga instruyendo en los Tribunales de la ciudad atlántica, informaron fuentes judiciales.

El juez de Mar del Plata Santiago Inchausti tenía a su cargo el expediente en una primera instancia pero se declaró incompetente, y ante esa decisión el fiscal Adler presentó una apelación ante la Cámara para seguir a cargo de la acusación en ese expediente.

«La resolución adoptada no causa un gravamen irreparable al Ministerio Publico Fiscal en tanto la causa continúa bajo la órbita del fuero federal, a la vez que la misma no resulta definitiva, dado que la remisión a la Justicia Federal de Dolores implica que la misma deberá ser objeto de análisis por el juez del caso», sostuvieron los jueces de la Cámara Federal Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez en un fallo que además lleva la firma del secretario de cámara Rafael Oscar Julián.

En la resolución, los magistrados subrayaron que el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Adler fue «declarado inadmisible en orden a distintos motivos: falta de fundamentación/motivación, ausencia de gravamen irreparable debido a que la decisión no resulta definitiva y, por último, que la apelación no resulta la vía idónea para tal planteo».

Adler apeló en noviembre pasado el fallo con el que Inchausti había dispuesto que el expediente pase a Dolores para que se acumule con otro que tramita en el juzgado federal de esa ciudad, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión integrada por el falso abogado Marcelo D´Alessio, entre otras personas.

El representante del Ministerio Público Fiscal, en sus fundamentos, sostenía que la causa por espionaje ilegal que se investiga en Dolores analiza otro período temporal y, además, planteó de que «no hay coincidencia con las víctimas, concretamente el grupo de familiares de las tripulaciones del submarino ARA San Juan, ni el buque pesquero El Repunte o el buque pesquero Rigel» y «los hechos concretos tampoco están abarcados» en la trama de inteligencia ilícita y extorsión llevada a cabo por D’Alessio y otros investigados.

La causa por espionaje ilegal que tramita en Dolores investiga supuestas maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017, mientras que los hechos denunciados en Mar del Plata por la interventora de la central de espías Cristina Caamaño refieren a hechos ocurridos a partir de 2018.

El Juzgado Federal de Dolores es subrogado por el magistrado Martín Bava, a cargo del Juzgado Federal de Azul, luego de que su anterior titular, Alejo Ramos Padilla, asumiera al frente del Juzgado Federal de La Plata (con competencia electoral) el viernes 26 de febrero último. (Telam)

Piden juzgar a los miembros de una organización narco en Mar del Plata

Un fiscal federal de Mar del Plata pidió que siete personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba bajo la fachada de un emprendimiento agrícola en la localidad de Batán sean llevadas a juicio

Un fiscal federal de Mar del Plata pidió que siete personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba bajo la fachada de un emprendimiento agrícola en la localidad de Batán sean llevadas a juicio, informaron hoy fuentes judiciales.

Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal 2 marplatense, pidió la elevación a juicio parcial de una causa en la que se investiga el accionar de una banda dedicada a la distribución de estupefacientes en las localidades bonaerenses de Gutiérrez, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Punta Alta y también en la Ciudad de Buenos Aires.

Según las fuentes, Adler pidió al juez federal Santiago Inchausti que sean llevados a juicio oral los siete imputados en este tramo de la investigación, entre los que figuran cinco ciudadanos de origen boliviano y uno paraguayo.

La pesquisa se puso en marcha a mediados de 2018, a raíz de una denuncia anónima ante la División Antidrogas de Mar del Plata de la Policía Federal Argentina (PFA), que advertía sobre actividades de producción y distribución de estupefacientes, detrás de una supuesta explotación hortícola.

La fiscalía estableció que se trataba de «un grupo altamente organizado de personas que se dedicaba al acopio, suministro y comercialización a una escala superior de estupefacientes».

«Asimismo, pudo observarse gran cantidad de vehículos de alta gama en diversos predios -algunos de los cuales contaban con abundantes medidas de seguridad o imposibilitaban visualizar la actividad desde el exterior-, al tiempo que también registraban numerosos cruces a Bolivia y otros países limítrofes», indicó el fiscal.

De acuerdo a la instrucción del caso, la banda era encabezada por una pareja y por el padre de la mujer, quien se encuentra prófugo, y entre ellos organizaron y financiaron las actividades, con una estructura que operaba al menos desde marzo de 2016.

«Dicha organización, que utilizaba como pantalla la producción y la venta de verduras en la zona de Batán, se encontraba dedicada a la comercialización a gran escala de estupefacientes, principalmente clorhidrato de cocaína pero también marihuana», aseguró el fiscal.

Adler señaló además que «contaba con distintos eslabones de mando y roles en la cadena de comercialización, que abarcaba la producción, fabricación, la preparación, el estiramiento, el transporte, el acopio, el fraccionamiento y la comercialización del material estupefaciente».

Para la fiscalía se estableció que la droga era «preparada y estirada» en al menos siete predios de Batán, y luego distribuida a otras localidades.

La banda fue desarticulada en octubre de 2019, tras más de 20 allanamientos realizados en distintos puntos del país, en los que fueron detenidos los siete imputados, y en los que se secuestraron casi 115 kilogramos de cocaína y dinero en distintas monedas por más de 5 millones de pesos.

Estos operativos fueron realizados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en inmuebles y predios de esas dos localidades del Partido de General Pueyrredon, y en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Bahía Blanca y en la provincia de Salta.

En los procedimientos se incautaron también más de 200 kilos de hojas de coca, siete vehículos, dos armas de fuego, 35 teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

A través su página web, el Ministerio Público Fiscal de la Nación informó que «en relación a los seis imputados de nacionalidad extranjera, se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones a los fines correspondientes». (Télam)

Piden juzgar a los integrantes de una organización narcocriminal en Mar del Plata

La organización fue desbaratada en marzo de 2019, tras 26 allanamientos simultáneos, en el marco de un operativo denominado «Poseidón».

Una fiscal federal de Mar del Plata pidió que un hombre acusado de liderar una de las principales organizaciones narcocriminales de la ciudad sea llevado a juicio oral, al igual que otras diez personas, como acusado de formar parte de una asociación ilícita dedicada a la venta de estupefacientes a nivel nacional e internacional, informaron fuentes judiciales.

Laura Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federal 1 de la localidad balnearia, consideró cerrada una etapa de la instrucción del caso, que estuvo a cargo del juez federal Santiago Inchausti, y en la que intervino además la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

En el marco de esta causa fueron embargados con fines de decomiso 48 vehículos, muchos de ellos de alta gama, y 15 inmuebles adquiridos en distintos puntos de la ciudad y la Costa Atlántica.

La organización fue desbaratada en marzo de 2019, tras 26 allanamientos simultáneos, en el marco de un operativo denominado «Poseidón».

En el tramo de la investigación incluido en el requerimiento de elevación a juicio, los once imputados están acusados de conformar una asociación ilícita, haber traficado estupefacientes en territorio nacional e internacional, haber volcado las ganancias ilícitas obtenidas al mercado formal a través de la compra de vehículos y propiedades, y prestado sus nombres para facilitar el accionar ilícito de la banda.

El principal imputado es Sergio Víctor Sala, apodado «Cocón», sindicado como jefe y organizador de la asociación ilícita, quien cumple prisión preventiva.

El resto de los acusados son familiares y allegados de su círculo íntimo, y de acuerdo a la investigación, «a través de la distribución de roles y capacidad para articular acciones, habrían desarrollado al menos desde abril de 2008 y hasta su desarticulación, maniobras de tráfico ilegal nacional y trasnacional de estupefacientes y el lavado de activos».

Según se desprende de la investigación, las maniobras delictivas consistían en la adquisición de clorhidrato de cocaína y otras sustancias como éxtasis en el conurbano bonaerense o en el norte del país, a través del vínculo con otra organización criminal.

«La droga era luego transportada hasta Mar del Plata y distribuida dentro de la ciudad y en localidades aledañas», de acuerdo a la instrucción.

La investigación determinó además que la organización contrabandeaba cocaína a España, y para eso «empleaba distintas formas de ocultamiento como la utilización de personas que llevaban el estupefaciente entre sus ropas -denominadas comúnmente ´mulas´-, o bien mediante el envío de piezas postales».

Para la fiscal, quedó probado que la banda realizaba operaciones inmobiliarias y comerciales para lavar el dinero obtenido de manera ilícita.

«Entre las maniobras desplegadas estaba, principalmente, la adquisición de bienes inmuebles y de automóviles de alta gama, de competición, vehículos antiguos, cuatriciclos y motos de agua, para lo cual los vendedores mantenían su titularidad registral pero entregaban a los integrantes de la organización toda la documentación del bien, o registraban tales bienes a nombre de terceras personas», indicó el Ministerio Público en el sitio Fiscales.gob.ar.

Entre los bienes embargados con fines de decomiso tras la desarticulación de la banda, figuran doce inmuebles situados en Mar del Plata, dos en el Partido de Mar Chiquita y uno en Pinamar.

Se secuestraron además 48 vehículos, más de un millón de pesos y casi 31 mil dólares, una escopeta y 27 teléfonos celulares, entre otros elementos. (Télam)

Entregarán a una asociación civil el local donde funcionó Madaho’s

Un inmueble donde funcionó durante casi veinte años el prostíbulo Madaho´s, en Mar del Plata, será entregado en custodia provisoria a una organización civil o una entidad pública de la ciudad, por decisión de la Justicia Federal, que dispuso el embargo preventivo de la unidad.

Un inmueble donde funcionó durante casi veinte años el prostíbulo Madaho´s, en Mar del Plata, será entregado en custodia provisoria a una organización civil o una entidad pública de la ciudad, por decisión de la Justicia Federal, que dispuso el embargo preventivo de la unidad, informaron fuentes judiciales.

El local, ubicado en Alem 4285, en la zona de Playa Grande, se encuentra clausurado desde septiembre de 2014, en el marco de una investigación por lavado de activos y explotación sexual de mujeres, que ya fue elevada a juicio oral y público.

El inmueble será cedido con la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con el fin de conservar el valor del bien.

La cesión fue dispuesta por el juez federal de la localidad balnearia Santiago Inchausti, tras un pedido por parte del fiscal general Daniel Adler, y de los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Mario Villar y María Laura Roteta, y la directora interina de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, Daniela Sodini.

El magistrado hizo lugar a esta propuesta, para evitar el deterioro del inmueble hasta su eventual disposición final, una vez que se concrete el juicio oral.

Inchausti dispuso que se habilite su utilización provisoria por parte de «una entidad dedicada a la asistencia de un colectivo vulnerado en sus derechos», e introdujo que en caso de obtenerse ganancias por su administración serán destinadas en favor del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

El Ministerio Público entendió que la asociación elegida deberá cumplir con los requerimientos necesarios para conservar el valor del inmueble, y tener entre sus funciones «la promoción y defensa de los derechos de colectivos vulnerados en situaciones de trata, prostitución y/o extrema vulnerabilidad».

«Esta opción nos brinda la posibilidad de cumplir con las diligencias y medidas por las que el Estado Nacional se comprometió a adoptar al suscribir la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la Mujer», señaló en su requerimiento.

Los fiscales consideraron «un contrasentido dejar en poder de los imputados la custodia del activo» y pidieron «resguardar los derechos de la sociedad en pos del recupero de activos utilizados en forma ilícita, siendo que se trató del inmueble donde se llevó a cabo la explotación sexual y que se trata del objeto de una de las operaciones de lavado de activos investigadas».

Según la causa elevada a juicio días atrás, Madaho´s funcionó durante casi 20 años con la fachada de un bar nocturno donde se ofrecían bebidas, comida y espectáculos de baile, mientras «lucraba ilegalmente con la explotación sexual de mujeres».

Tres de los principales responsables del local fueron condenados en marzo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local por el delito de «explotación de la prostitución ajena», y en el nuevo juicio se definirán las eventuales responsabilidades de diez personas por «lavado de activos agravado». (Télam)