Irá a juicio un policía por un presunto caso de «gatillo fácil» en Mar del Plata

Se trata del subteniente Pedro Arcángel Bogado (36), quien se encuentra en libertad y será juzgado por el homicidio de Brandon Romero (18), ocurrido en la madrugada del 5 de julio último en el ingreso a la localidad balnearia por la Ruta 226.

Un efectivo de la policía bonaerense acusado de matar de siete disparos a un joven durante un presunto intento de robo en las afueras de Mar del Plata deberá enfrentar un juicio oral, luego de que la Justicia de Garantías rechazara un sobreseimiento pedido por la fiscalía, que consideró que se trató de un caso de legítima defensa, informaron fuentes judiciales.

Se trata del subteniente Pedro Arcángel Bogado (36), quien se encuentra en libertad y será juzgado por el homicidio de Brandon Romero (18), ocurrido en la madrugada del 5 de julio último en el ingreso a la localidad balnearia por la Ruta 226.

El titular del Juzgado de Garantías 2 marplatense, Saúl Errandonea, dispuso la elevación a juicio de la causa, en la que Bogado está imputado por el delito de «homicidio agravado por haberse cometido abusando de su función o cargo por ser miembro integrante de las fuerzas policiales y por el empleo de arma de fuego», el cual contempla una pena de prisión perpetua.

La resolución del magistrado hizo lugar a una acusación particular realizada por la familia de Romero, representada por el abogado César Sivo.

Rechazó en tanto el pedido de sobreseimiento para el policía que había pedido el fiscal que llevó adelante la instrucción del caso, Alejandro Pellegrinelli, y que había sido acompañado por la Fiscalía General.

Para Pellegrinelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 5, Bogado actuó en defensa propia en el marco de un presunto intento de robo ocurrido mientras circulaba con su scooter y fue abordado por Romero y un amigo en otra moto.

En la misma línea, se opusieron al requerimiento de elevación a juicio y pidieron el sobreseimiento los defensores del acusado, Fernando Dasilva y Guillermo Perez Rudnik, quienes consideraron que «se dan los presupuestos de la legítima defensa».

De acuerdo a la acusación impulsada por la familia del joven asesinado, en tanto, en la madrugada del homicidio el policía «coincidió circunstancialmente con un grupo de tres sujetos masculinos que también circulaban» en otras motos en la rotonda del acceso oeste a la ciudad, y mantuvo con ellos «algún tipo de incidente, breve y fugaz, que ni siquiera motivó la detención de su marcha».

Según sostuvo el abogado del los padres de Romero, Bogado «continúo la marcha, desviándose nuevamente por la rotonda e incorporándose en contramano a la Ruta 226 con dirección a Sierra de los Padres» y se detuvo «a la altura del kilómetro 6», donde «descendió, dejando la moto sobre la vera de la ruta, apagada, sin llaves y sin luces y se apostó por detrás» de ella y disparó «la totalidad» del cargador de su pistola 9 milímetros reglamentaria.

La familia del joven asesinado consideró que el efectivo tuvo «la intención deliberada» de matarlo a él y a Kevin Farías, un amigo suyo, quien también recibió un tiro.

De acuerdo a las pericias realizadas en el marco de la causa, Romero recibió siete impactos de bala, y tras caer sobre el pavimento fue arrollado por vehículos que circulaban por la ruta.

El policía acusado declaró que él había sido baleado previamente, pero según indicó el juez en su resolución, «la investigación no ha aportado elemento cierto que dé cuenta de la existencia del arma cuya manipulación se adjudica a Farías, ni vestigios de que esta hubiera sido disparada contra Bogado».

«No obstante ello -agregó el magistrado-, sí parece confirmarse que Romero se encontraba desarmado, por lo que aún si se aceptará que avanzó sobre la persona de Bogado, la defensa emprendida se despega claramente de la racionalidad que exige la causa de justificación».

El juez señaló en ese sentido: «No encuentro justificación alguna a semejante ataque, agotando la provisión de su cargador sobre una persona desarmada y con escasas posibilidades de comprometerlo». (Telam)

Piden juzgar al acusado de matar a una adolescente de un disparo en el pecho en Mar del Plata

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 (UFI 6), Juan Pablo Lódola, solicitó a la Justicia de Garantías que Mariano Leonel Balasteguin (28) enfrente un juicio oral, imputado por el homicidio de la adolescente, ocurrido el 2 de agosto de 2020.

Un fiscal de la ciudad de Mar del Plata pidió que sea juzgado un hombre acusado del crimen de Milagros Soledad Tornari, una adolescente de 17 años que fue asesinada el año pasado de un balazo en el pecho durante un enfrentamiento entre dos bandas, informaron hoy fuentes judiciales.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 (UFI 6), Juan Pablo Lódola, solicitó a la Justicia de Garantías que Mariano Leonel Balasteguin (28) enfrente un juicio oral, imputado por el homicidio de la adolescente, ocurrido el 2 de agosto de 2020.

Balasteguin, apodado «Leo», está acusado de haber disparado en la madrugada de ese día hacia un grupo de personas, en el marco de una pelea callejera entre bandas de los barrios Santa Rita y Pampa, a unas ocho cuadras del estadio José María Minella.

De acuerdo a la investigación del caso, un balazo impactó en el tórax de Tornari, quien fue trasladada en moto por un vecino del lugar al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se constató su fallecimiento.

Testigos del hecho aportaron datos sobre el presunto autor de los disparos, y Balasteguin fue detenido minutos después en avenida 39 y Ciudad de Dolores.

Según indicó un testigo en la causa, él fue quien disparó «al montón», y luego «la piba cae muerta» en medio de la calle Bouchard, tras recibir un tiro que, según reveló la autopsia, correspondía a un proyectil de un revólver .38 largo.

El acusado fue capturado por efectivos del Grupo Táctico Operativo y de la comisaría 16ta, y tuvo que ser protegido por los efectivos policiales para evitar que los vecinos del lugar lo lincharan,

Por disposición de la fiscal Andrea Gómez, titular de la UFI 4, quien estuvo inicialmente al frente del caso, Balasteguin fue imputado por el delito de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

En febrero último, Gómez había pedido el sobreseimiento del acusado por considerar que no había elementos suficientes para probar la autoría del crimen, pero el planteo fue rechazado por la Fiscalía General, y la instrucción pasó a manos de la fiscalía 6, que avanzó con otras medidas de prueba y pidió la elevación a juicio. (Telam)

Piden la elevación a juicio de la causa por crímenes de lesa humanidad contra Fernández Garello

Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y Jorge Apa del Ejército quedaron a un paso del juicio oral y público por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.

 

Luego de que la jueza federal de San Martín Alicia Vence cerrara la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires requirieron la elevación a juicio de la causa.

 

En sus respectivas presentaciones, las querellas coincidieron en señalar la existencia en la investigación judicial de pruebas suficientes para avanzar con el proceso y llegar a la instancia del juicio oral y público. En ese sentido, valoraron las declaraciones de las víctimas y destacaron la incontrastable información que surge de los documentos del archivo de la DIPPBA que fueron presentados por la CPM.

 

De acuerdo a estos documentos, para las querellas se puede reconstruir cómo fue el circuito represivo que el 23 de julio de 1981 terminó con el secuestro y tortura de los militantes Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.

 

Según consta en los documentos de la DIPPBA, la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.

 

Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.

 

Los objetivos de estos operativos eran estrictamente políticos: forzar a las víctimas a suministrar información sobre otros “blancos” mediante “interrogatorios de inteligencia” que, en la mayor parte de los casos, implicó la tortura física y psicológica. En el pedido de elevación a juicio, la CPM remarcó que “los interrogatorios debían arrojar datos precisos para la continuación del raid represivo, tal como lo requería el Destacamento de Inteligencia 201”.

 

Sobre las torturas durante estos operativos, la declaración de Jorge Bulacios fue contundente: la víctima recordó que lo alojaron en un baño donde lo golpearon, después lo subieron a un auto y, con la puerta abierta, lo amenazaban con meter su cabeza debajo de la rueda.

 

De acuerdo a la prueba aportada por la CPM, la participación del actual fiscal general de Mar del Plata en estos grupos de tareas le valió la felicitación promovida por el jefe de la Delegación DIPPBA San Martín, comisario Ramón Roberto Bustos —condenado por crímenes de lesa humanidad— y firmada por el director general de la DIPPBA. En la valoración anual de sus tareas, obtuvo un “sobresaliente”.

 

Fernández Garello fue denunciado en 2016 por la CPM. En ese momento, presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en ese hecho y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

 

“La instrumentación del aparato de inteligencia como elemento represivo indisociable de las operaciones ‘antisubversivas’, fue planificada y determinada en las diversas directivas y órdenes militares desde, al menos, el año 1975”, destacó la CPM.

 

Sobre este mismo punto, el Ministerio Público Fiscal señaló: “Las pruebas demuestran que los hechos ocurridos no fueron un procedimiento de rutina sino que fue un operativo que siguió los lineamientos de los planes militares de la época. Es más, la modalidad delictiva empleada y la forma en que esta restricción se llevó adelante confirman que fueron vulnerados derechos humanos fundamentales”.

 

La supuesta legalidad de las detenciones fue una de las estrategias de la defensa de los imputados. El mismo argumento, sin embargo, ya había sido rechazado por la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín en noviembre pasado cuando confirmó los procesamientos dictados en primera instancia.

 

Mientras se espera la decisión de la jueza Vence sobre el requerimiento de elevación a juicio, todavía está pendiente de resolverse el juicio político contra Fernández Garello. Luego de dos audiencias que fracasaron por falta de quórum, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debe volver a reunirse para decidir si abre un jury contra el fiscal.

 

En noviembre de 2017, el jurado de enjuiciamiento, con otra composición a la actual, archivó el trámite sin abrir la investigación; sin embargo, en estos dos años, la situación procesal del fiscal cambió: imputado, procesado en dos instancias y, ahora, a un paso del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad.

 

“Las instituciones de la democracia no pueden seguir protegiendo al fiscal general de Mar del Plata, sostenido institucionalmente por el procurador general Dr. Julio Conte Grand y políticamente por el bloque legislativo de Cambiemos, que evitó el juicio político. En la persecución y condena de los crímenes de lesa humanidad no puede hacer excepciones ni justificaciones. Fernández Garello debe ser inmediatamente suspendido de su cargo. El sistema democrático así lo requiere”. señalaron.

Padres de Lucía Pérez marcharán a La Plata para exigir un nuevo juicio

Los padres de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016, marcharán el jueves hasta La Plata para exigir que se realice un nuevo juicio a los dos hombres que fueron absueltos por el abuso sexual y femicidio de la menor de edad.

Familiares, amigos de la joven y organizaciones feministas se concentrarán el 5 de marzo, a las 11, ante el Tribunal Penal de Casación bonaerense, ubicado en las calles 7 y 56 de La Plata, y con un «Ruidazo» exigirán la anulación del fallo absolutorio y la realización de un nuevo juicio, según detallaron los organizadores de la movilización.

A través de un comunicado, la Campaña Nacional Somos Lucía convocó «a acompañar a la familia de Lucía Pérez Montero en su reclamo por justicia» y sostuvo que «el fiscal Daniel Vicente y los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale son los responsables de que nos presentemos nuevamente en La Plata, debido al fallo aberrante y nefasto en el que dejaron impunes a los 3 implicados en la violación y femicidio de Lucía».

«Alejandro Maciel quedó en libertad, mientras que Matías Farías y Juan Pablo Offidani solo fueron condenados a 8 años por tenencia y venta de estupefacientes a menores de edad en cercanía de una institución educativa», precisó la Campaña.

, destacó que «ninguno de los tres hombres fue condenado por el delito de violación y femicidio para la (in)justicia a Lucía Pérez Montero no la mató nadie».

Según la agrupación, el 5 de marzo «los abogados de los femicidas van a solicitar que quede nula toda condena, mientras que la familia de Lucía pedirá un nuevo juicio que sea justo».

El 8 de octubre de 2016, a las 10.30 Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías, quienes vendían drogas a adolescentes en cercanías a escuelas de Mar del Plata, llevaron a Lucía hasta una vivienda y abusaron sexualmente de ella, tras lo cual la dejaron muerta en un centro médico alejado de la ciudad.

La familia Pérez apeló el fallo y solicitó un nuevo juicio en el que se condene a Farías (25) a prisión perpetua como autor material de abuso sexual y femicidio y a Offidani a 18 años de cárcel como partícipe secundario.

El fallo recurrido fue emitido por los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, quienes concluyeron que en el juicio oral no pudo acreditarse el abuso sexual ni el femicidio de la adolescente de 16 años. (Télam)

Pidieron perpetua para 13 represores en Mar del Plata

En el marco del juicio que se sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la Subzona 15 y los Centros Clandestinos de detención conocidos como «la Cueva» y «la Base Naval.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió se condene a prisión perpetua a 13 represores, en el marco del juicio que se sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos dentro de la Subzona 15 y los Centros Clandestinos de detención conocidos como «la Cueva» y «la Base Naval» que funcionaron en la ciudad de Mar del Plata, informó un comunicado de la mencionada subsecretaria.

El abogado de la Subsecretaría, Manuel Marañón, alegó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata y solicitó la pena de «prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua» para 13 acusados, por considerarlos coautores de delitos de «privación ilegítima de la libertad en calidad de funcionarios públicos», «imposición de tormentos» en perjuicio de perseguidos políticos y «homicidio calificado».

«En concreto requerimos 13 prisiones perpetuas y una condena de 12 años de prisión para el imputado Gómez Centurión. Los hechos criminales de estos imputados afectaron a más de cien víctimas, cuyos familiares y algunos de ellos estuvieron dando testimonio en el juicio», explicó Marañón en el comunicado.

Los imputados por los que la Subsecretaría pidió penas de prisión perpetua son Carlos Alberto Suárez, Gonzalo Gómez Centurión, Fortunato Valentín Rezzet, Virtom Modesto Mendiaz, Juan Carlos Aiello, Carlos María Robbio, Raúl Enrique Pizarro, Oscar Ramón Gronda, Oscar Ayendez, Miguel Angel Domingo Parola, Osvaldo Gaspar Siepe, Carlos Arturo Mansilla, Policarpo Vázquez y Néstor Ramón Eduardo Vignoles.

Solamente a Gómez Centurión se le pidió una pena de 12 años de prisión por considerarlo culpable de privación ilegítima de la libertad y tormentos en 5 hechos.

El alegato de la Subsecretaría fue unificado con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El juicio se realiza en Mar del Plata desde hace más de dos años por los crímenes cometidos contra más de 170 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Cueva, la Comisaría Cuarta y La Base Naval.

Los imputados fueron miembros de las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tuvieron como ámbito de actuación los centros clandestinos de detención situados en la Subzona 15. (Télam)