Juicio CNU: Demarchi, Durquet y Otero a prisión perpetua

Hubo penas de 3, 5 y 7 años para otros cuatro imputados, y dos absoluciones.

El Tribunal, integrado por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas, leyó este martes el veredicto, cuyos argumentos se conocerán el próximo 20 de marzo. En primer lugar, declararon que los hechos juzgados constituyeron delitos de lesa humanidad, ante el pedido de las defensas que habían requerido la prescripción de los delitos cometidos el año previo a la instauración de la última dictadura cívico militar.

El ex fiscal federal Gustavo Modesto Demarchi, el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mario Ernesto Durquet fueron condenados a la pena de prisión perpetua, por ser coautores de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg –cometidos en la denominada noche del 5×1-, la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de María del Carmen Maggi, y en el caso de los dos últimos imputados también los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. A su vez, Demarchi y Durquet fueron condenados también por el delito de asociación ilícita.

Por su parte, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión por ser coautor del delito de asociación ilícita. De acuerdo al veredicto, continuará en libertad hasta tanto la sentencia quede firme, aunque se dispuso la prohibición de la salida del país. Juan Pedro Asaro, en tanto, fue condenado a cinco años, por el delito de asociación ilícita y absuelto respecto al homicidio de Maggi. La pena, advirtió el Tribunal, ya fue cumplida por los cinco años que lleva de prisión preventiva.

Por otro lado, Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados por el delito de asociación ilícita a la pena de tres años de prisión en suspenso y no quedarán detenidos. Raúl Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón, en tanto, fueron absueltos. Respecto de los imputados fallecidos, Roberto Coronel y Marcelo Arenaza, se determinó extinguida la acción penal.

Al finalizar la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal resaltaron la importancia de la sentencia como una reparación, 41 años después de cometidos los gravísimos crímenes, para familiares, amigos y compañeros de las víctimas.

“Existen legajos que vinculan a la CNU con el Ejército, la Side, policías y la Universidad”

Así lo expresó Claudia Bellingeri, directora del Programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco del juicio a integrantes de CNU por asociación ilícita y ocho homicidios. También prestaron declaración otros ocho testigos.

Con la declaración de nueve testigos, se realizaron dos nuevas audiencias en el juicio a integrantes de la agrupación de ultraderecha CNU (Concentración Nacional Universitaria), que tiene sentados en el banquillo de los acusados a nueve civiles y un militar retirado, por ocho crímenes cometidos en 1975 y el delito de asociación ilícita.

Ante el Tribunal, compuesto por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas, declaró Claudia Bellingeri, directora del Programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien dio cuenta del trabajo de peritaje realizado en base a los archivos de la ex DIPBA (la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que funcionó entre 1956 y 1998), que concentra, entre otras cosas, información que intercambiaba con inteligencias de las otras fuerzas como la Prefectura Naval Argentina y organismos del Estado.

Allí constan las acciones desarrolladas en el territorio por los agentes de las fuerzas, las fichas personales de los ciudadanos espiados y los legajos donde se articulaba la información. En total, se llevan entregadas unas 2000 fojas en distintas instancias judiciales.

Bellingeri relató que la CPM es un organismo público, autónomo y autárquico creado por ley en el 2000. Planteó que el trabajo de peritaje realizado tiene una mirada dinámica, dado que hay legajos, por ejemplo, que empiezan en 1968 y concluyen en 1975, lo que hace no tener una mirada lineal sobre la información, sino de acumulación.

“Existen legajos donde existe vinculación entre miembros de CNU con el Ejército, con el GADA, con miembros de la Side, también de la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, incluso con rectores de Universidad, que contrataban miembros de la CNU para tareas de ‘seguridad’ del edificio”, relató Bellingeri.

La funcionaria de la CPM mencionó que también se cuenta con un informe confeccionado en 1985 sobre integrantes de la CNU, donde aparecen los imputados. A su vez, reparó en una reunión en el Marquesado Country Club, que consta en un informe de inteligencia de Prefectura, donde acudieron miembros de CNU, como Mario Durquet y Gustavo Demarchi.

Y que en un control en la zona de Punta Mogotes los obliga a detener el auto en que viajaban algunos de ellos, se entrega una cédula de la Side, y se determina que “el verdadero ocupante del rodado era Mario Durquet”, según consta en la información brindada al Tribunal.

Consultada por el Ministerio Público Fiscal, dijo que los informes de inteligencia de la Policía vinculan a la CNU con los cinco crímenes cometidos en la madrugada del 21 de marzo de 1975. Y el servicio de inteligencia de Prefectura de Mar del Plata asevera: “Este hecho se observó como una respuesta directa de la derecha, en venganza a la muerte de Piantoni (líder de la CNU), bajo consignas de ‘5x1’”.

Bellingeri señaló que en los informes elaborados por ella se entrecruzan documentos y datos para llegar a afirmar relaciones y vínculos. Ante la pregunta de uno de los abogados oficiales sobre posibles errores detectados en informes, la profesora señaló: “Toda persecución política es tendenciosa”.

Explicó que su trabajo no era valorar la información y que era la ex DIPBA la encargada de valorar la veracidad, y lo hacía a través de la clasificación de distintas letras (de la A hasta la E) en función de quién la aportaba. “Cuando las informaciones se reiteran es que el dato ha sido considerado no solo por la policía y la DIPBA sino también por la comunidad informativa”, expresó.

Juicio CNU: 117 disparos en tres cadáveres y ninguna citación de la Justicia

José María Di Lorenzo, médico forense con asiento en la seccional cuarta de la policía bonaerense, debió ir la madrugada del 21 de marzo de 1975 hasta la entrada del barrio El Grosellar: a pocos metros, según su relato, encontró tres cuerpos sin vida, asesinados por múltiples impactos de bala de grueso calibre.

Uno de los cuerpos tenía 57 tiros, otro 33, otro 27, de acuerdo a las autopsias por él realizadas. Eran padre e hijos: Jorge Enrique, Jorge Lisandro y Guillermo Videla.

A los tres asesinatos, cometidos en el marco de la noche denominada 5×1, tras la muerte del líder de la CNU, Ernesto Piantoni, se sumaron los de Enrique “Pacho” Elizagaray y el médico Bernardo Goldemberg. Estos crímenes, además de los homicidios de María del Carmen Maggi y los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, tienen como imputados -como miembros de una asociación ilícita- a entonces integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

En el marco de una nueva audiencia oral, Di Lorenzo fue aportando detalles de su trabajo realizado ante las preguntas de las partes. Se leyeron una a una las autopsias que dieron detalle de los numerosos impactos de bala que recibieron los Videla. La lectura de cada balacera que impactó sobre sus cuerpos posiblemente haya sido más extensa que las ráfagas de balas que los ejecutaron.

De allí, el testigo entendió que posiblemente haya participado “más de un tirador”, y que las heridas en los cadáveres hablaban de distintos calibres y de armas de guerra.

Además, dejó en claro que nunca fue citado por las autoridades judiciales a cargo de la investigación para declarar. Entonces, el fiscal federal era el principal imputado, Gustavo Modesto Demarchi.

Consultado sobre el análisis de esas muertes violentas, refirió el testigo que “uno trataba de apartarse de todo lo que pasaba, trataba de olvidarme de todo sino no se podía seguir viviendo”. Habló además de “un contexto de violencia” e interrogado por uno de los jueces sobre si tenía temor ante lo que estaba aconteciendo, señaló: “Por supuesto, uno tiene familia, hijos. Había que tener cuidado y ser prudentes”.

“LA JUSTICIA NO ESTABA FUNCIONANDO”

En teleconferencia desde España, el médico pediatra jubilado, Andrés Cabo, dio cuenta de su tarea al frente de la coordinación de la Zona Sanitaria de la ciudad en el año 1975.

Dijo el testigo que conoció a Bernardo Goldemberg cuando algunas semanas antes de que lo asesinaran había ido a ponerse a disposición, junto a su esposa, para trabajar en los barrios por la salud pública. Incuso, dijo que cuando lo asesinaron, en algunos medios salió su nombre y apellido como una de las víctimas del 5×1, por lo que entendió que lo habían confundido con él.

Cabo fue terminante cuando se le preguntó a quién atribuye los crímenes de entonces: “A CNU”, respondió. Y habló de “una terrorífica venganza”. “Cuando se produce el asesinato de Piantoni aparece el discurso del 5 por 1, era público”, señaló.

Además, contó que sufrió dos atentados fallidos en su casa con bombas que no detonaron, y en una oportunidad le quemaron su vivienda: ni él ni su familia estaban allí.

A Daniel Gasparri lo recordó tocando la guitarra y cantando canciones de compromiso, y a Coca Maggi la definió como una “intelectual comprometida con el pueblo”. “La asesinaron poco a poco, se aprovecharon de su diabetes. Más allá de la tortura del secuestro, pudo estar el maltrato clínico”, mencionó el médico.

El testigo también fue crítico sobre el accionar judicial ante estos homicidios: “La respuesta de la Justicia fue totalmente negativa, no funcionaban los habeas corpus. La Justicia no estaba funcionando”. Al terminar su declaración se despidió “hasta siempre” desde Barcelona.

A su vez, prestó declaración José Atilio Sampietro, hijo del dueño de la funeraria donde velaron a Piantoni. Dijo que una vez vio que entraba a un local situado justo al lado del comercio familiar: era, según le contó “un empleado que siempre le comentaba cosas”, un centro de estudiantes universitarios, político.

Sobre el final de la audiencia, hubo algunos planteos por parte de las defensas y se habló de un juicio que no es “normal”. Ante ello, tomó la palabra el fiscal de Distrito Daniel Adler, quien señaló: “Este es el juicio que se puede realizar en Argentina después de 40 años de impunidad e imputados prófugos”.

Y por último, la fiscal Laura Mazzaferri solicitó que se convoque a declarar al médico Carlos Petri, de acuerdo al artículo 388 del Código Procesal Penal de la Nación, dado que es quien firmó el informe necrológico de María del Carmen Maggi.

Juicio CNU: inspección ocular en el Pasaje Catedral

En la primera inspección ocular del juicio CNU, magistrados, fiscales, querellantes, defensas y organismos de Derechos Humanos se congregaron este martes en la puerta del Pasaje Catedral.

La intención era conocer las distancias y los lugares donde actuaban los integrantes de la Concentración Nacional Universitaria que están siendo juzgados, y donde trabajaban o estudiaban las víctimas.

Primero, fueron hacia la esquina de Peatonal San Martín y Mitre, donde se emplazaba un quiosco de flores, que actualmente se encuentra ubicado sobre la calle lateral a la Iglesia.

La importancia de aquel puesto parte del testimonio de Julio D’Auro, quien reveló que el día después del secuestro –que terminó con el asesinato- de María del Carmen “Coca” Maggi, Ricardo Tortosa –a cargo del comercio con su hijo Juan- les dijo: “Yo sé quiénes son. Son la gente de CNU. Los abogaduchos se la llevaron”.

La cercanía de la florería con el Pasaje Catedral, donde funcionaba la Facultad de Derecho de la Universidad Católica -uno de los lugares donde actuaba la CNU- es lo que le habría permitido escuchar lo sucedido, y lo que los magistrados Horacio Bianco, Luis Imas y Alfredo Ruiz Paz pudieron constatar.

Cabe mencionar que los cuerpos de padre e hijo Tortosa aparecieron acribillados días después.

Pero también Elena Arena, otra testigo del juicio, dio cuenta del funcionamiento de la Facultad de Derecho, donde ella desarrollaba tareas administrativas.

Arena había contado cómo salían corriendo de allí con alguna compañera, cruzaban el pasaje, para salvaguardar libros y documentación oficial en el Obispado, ante las amenazas de integrantes de la CNU, según logró interpretar. Muchas veces, dijo, eran sólo llamados de atención, y otras veces se escuchaban sus gritos y ruidos de cadenas.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Laura Mazzaferri y la fiscal ad hoc, María Eugenia Montero.

JUICIO CNU: “Trabajar por la educación le llevó la vida a Coca Maggi”

Elena Arena militaba en el peronismo de base y trabajaba en la Universidad Católica. En septiembre de 1975 la hicieron renunciar y dos meses después fue secuestrada y desaparecida. En la cárcel de Olmos se enteró que tenía una causa y el fiscal era Gustavo Demarchi.

Días antes del 9 de mayo de 1975, cuando María del Carmen “Coca” Maggi fue secuestrada de su casa, de madrugada y por un grupo armado de civil, Elena Arena, junto a una compañera de trabajo, tomó un café con quien entonces era decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica. Ellas le dijeron que tenía que irse, pedir licencia. Coca se negó.

“Coca Maggi era la última resistencia que quedaba ahí por la unificación. Ya había recibido amenazas, era un peligro para ella”, relató Arena ante el Tribunal que juzga a diez civiles y un militar, que integraban la CNU, por asociación ilícita y ocho homicidios.

Pero Maggi dijo que no se iría, que ella no pertenecía a ninguna organización. Era así: no tenía militancia política, aunque sí defendía la universidad popular y la educación como base de igualdad. “Trabajar por la educación le llevó la vida”, mencionó la testigo. Cuando la mañana siguiente al secuestro de Coca, Arena llegó a la Universidad como cada mañana le aconsejaron irse. El clima de tensión y violencia había recrudecido.

Elena Arena, cuando se sentó frente a los jueces, aclaró que es víctima del terrorismo de Estado y de entrada dejó en claro: “No quisiera que los imputados me interrogaran”. Así fue.

En la oficina donde estaba relató que recibían amenazas telefónicas periódicamente, donde les decían –entre otras cosas- que incendiarían el lugar o pondrían una bomba. Ante el avance de la CNU con este tipo de amenazas, ella con sus compañeras se encargaba de preservar la documentación: tomaban los libros y salían corriendo hasta el Obispado.

Muchas veces, quienes acudían al momento de las amenazas, entraban al lugar, que funcionaba en el Pasaje Catedral. Entre ellos nombró a Piantoni, Viglizo, Demarchi, Durquet, Delgado, “bigotes” Gómez, los dos Arenaza y Piatti.

Arena recordó que tras la muerte del líder de la CNU, Ernesto Piantoni, que luego derivó en cinco asesinatos en lo que se conoció como el “5 x 1”, “las cosas se pusieron muy mal”. Ella decidió seguir trabajando en la Universidad porque necesitaba el dinero para ayudar en su casa.

Pero el trabajo, relató, debió dejarlo ante la coacción del padre Sorrentino, quien en septiembre de 1975 llegó como “encargado de facilitar la integración” de las universidades Católica y Provincial. Primero, habló con una compañera de nombre Inés: ella salió llorando de la oficina porque la obligaban a renunciar. Luego fue el turno de Elena.

Sorrentino le contó que había personas que no deberían estar ahí a partir de la unificación, y que ella era una de esas, por lo que tenía que renunciar. Elena se negó.

“Lo que yo no consigo por las buenas, otros lo consiguen por las malas”, le advirtió entonces, y le manifestó que esa información se la daría a “los servicios”. El plazo era de 24 horas y a pesar de la necesidad del trabajo, sus compañeros le recomendaron irse.

“No fui nunca más a la Universidad. Tenía mucho fastidio”, mencionó. Volvió cuando tenía que jubilarse pero no había allí ningún papel que dejara asentado su trabajo universitario.

Por casi dos meses estuvo trabajando como envasadora en el puerto de Mar del Plata, hasta que el 14 de noviembre fue secuestrada en un allanamiento realizado en su casa. Luego de permanecer un mes desaparecida fue llevada a la cárcel de Olmos, donde le comunicaron que tenía una causa por ley 20.840 y que el fiscal era Gustavo Modesto Demarchi, quien nunca fue a verla al penal. El mismo fiscal actuó ante los habeas corpus que su mamá presentó por su desaparición: allí, no sólo pidieron informes únicamente a la policía, sino que luego se los rechazaron con costas a cargo de su madre.

Antes de retirarse, fue convocada por el Tribunal para la inspección ocular que este martes se realizará a las 11.30 en el Pasaje Catedral, a pedido del Ministerio Público Fiscal.

Cuando Elena Arena señala que Coca Maggi –una mujer de apenas 28 años- era “la última resistencia” dentro del ambiente universitario en defensa de conquistas por una educación popular, dice también que tras su secuestro y asesinato “la derecha”, que ella identificó con la CNU, primero amenazó, luego ocupó lugares en la Universidad, hasta quedarse con todo, en la previa del Golpe de Estado de 1976.